Sentencia AP-1033-21 — Registro 17424
Resumen
Sentencia declaró ha lugar Recurso de apelación y revocó resolución dictada en Audiencia de Conciliación por Juzgado de Primera Instancia que acordó homologar Acuerdos conciliatorios donde la encartadas resarcieron los daños causados en una cantidad determinada; Decretó la extinción de la acción penal a favor de imputadas y dispuso la entrega de su carta de libertad y el cese de medidas aplicdas, en causa por suponerlas responsables de delitos de Destrucción de Documentos Confiados a la Custodia de un Funcionario Público y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública; La Autoridad recurrida consideró que si bien la Conciliación es una medida desjudicializadora, el mismo código procesal penal establece los presupuestos y los límites para su aplicación; indicó que los delitos de que se trata se encuentran tipificados en dicho código al momento de realización del hecho (Decreto 144-83) por lo que debe aplicarse el Principio de Tempus Regit Actum (El tiempo rige el acto); Indicó que la aplicación de la medida alterna de Conciliación se reduce a tres aspectos específicos, asegurando que dichos delitos son de acción pública según el código procesal penal; por lo que procede revocar la resolución apelada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"el amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad recurrida, vulnera garantías o derechos fundamentales, en relación a lo preceptuado en el artículo 183 constitucional, por lo que en el caso de autos, es menester determinar si la decisión del Tribunal de Segunda Instancia vulnera en perjuicio de las recurrentes los derechos reconocidos en los artículos 82, 90 y 96 de nuestra ley suprema, en relación inter alia a la aplicación retroactiva de la Ley, que es el argumento toral expuesto por la recurrente en Amparo, en la acción constitucional promovida; en este punto y a efecto de dar respuesta a la acción de Amparo promovida, resulta importante conocer los conceptos de retroactividad y tempus regit actum, por ser los principios invocados por las peticionarias de esta garantía constitucional y el argumento invocado por la Alzada para declarar con lugar el recurso de Apelación promovido por el Ministerio Público,.."..."Al respecto es importante para esta Sala, determinar el momento en que tiene su génesis el asunto sometido a estudio, observándose a folio 1 del Tomo 1 de los antecedentes de primera instancia que el Requerimiento Fiscal fue presentado en fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán y la audiencia de conciliación fue celebrada en fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veinte (2020), situaciones que abordaremos en acápites posteriores, en la presente sentencia..."..."esta Sala estima que la recurrente invoca en forma incorrecta el principio de retroactividad de la ley penal más favorable, ello es así porque según la disposición constitucional contenida en el precepto 96, nos indica que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado; en ese orden de ideas, invocar tal principio en el caso bajo estudio no es factible, porque la reforma surgida al artículo 45 del Código Procesal Penal, establecida en el Decreto 130-2017[4] que contiene el Código Penal vigente, excluye que los casos que admitan la suspensión de la persecución penal sean susceptibles de conciliación. Es así que acertadamente la Alzada en su resolución de fecha once de mayo del año dos mil veintiuno, motiva que se trata de la aplicación de una norma adjetiva, de procedimiento indicada en el artículo 45 del Código Procesal Penal, la cual ha sido reformada al momento de realizar la audiencia inicial en fecha veintiocho de octubre del año dos mil veinte, por ello aplica el principio de tempus regit actum, que significa el tiempo rige el acto, o sea se aplica la norma vigente al momento de resolver el acto procesal..."..."si bien la recurrente hace énfasis en invocar el principio de retroactividad de la ley penal más favorable, lo que hace en forma incorrecta como ut supra se señala, no obstante a ello también le indica a este Tribunal Constitucional que la conciliación ya había sido admitida mucho tiempo antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, pero no se había realizado en virtud del Covid-19; resultando de vital importancia establecer en este punto, los momentos en que se suscitaron las incidencias en cuanto a la solicitud de conciliación a que hace mención la recurrente, a efecto de determinar conforme al principio del tempus regit actum, si la solicitud de conciliación se produjo estando en vigencia el artículo 45 del Código Procesal Penal sin la reforma operada con el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal..."..."A folio 628 frente y vuelto, se encuentra Auto de fecha 18 de junio del año 2020, emitido por el A-quo, haciendo alusión a la petición de conciliación en el caso sub-júdice, acto procesal que quedo en suspenso debido a la Emergencia Nacional Sanitaria declarada a causa de la Pandemia del Coronavirus, haciendo referencia al Acuerdo número CSJ-02-2020 del proceso de Reincorporación Gradual y Responsable de los servidores judiciales a labores presenciales; y f) A folio 633 se encuentra la forma en como se desarrolla la audiencia de conciliación, presentando asimismo por escrito documento intitulado “PRONUNCIAMIENTO LEGAL QUE ALUDE A UNA SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN POR LA DENEGACIÓN PARCIAL DE UN ACUERDO CONCILIATORIO ESTABLECIDO MEDIANTE PRONUNCIAMIENTO LEGAL EMITIDO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROCURACIÓN JUDICIAL.-POSICIÓN DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.”, fechado en 14 de febrero del año 2020..."..."revisando los antecedentes y la cronología de las actuaciones realizadas, desde la presentación del Requerimiento Fiscal, hasta la solicitud de Conciliación por los delitos de Destrucción de Documentos confiados a la custodia de un funcionario público y Violación de los Deberes de los funcionarios y conforme al principio del tempus regit actum, invocado por la Alzada para declarar con lugar el recurso de apelación promovido por el Ministerio Público y revocar la resolución apelada que homologa el acuerdo conciliatorio entre las encausadas y la Procuraduría General de la República, este Alto Tribunal estima que son de recibos los argumentos expuestos por la recurrente en Amparo, ello es así porque conforme al principio del tempus regit actum, la solicitud de conciliación fue presentada desde el año 2019 por el delito de Destrucción de Documentos confiados a la custodia de un funcionario público, en tanto la defensa sometió a reconsideración de la Procuraduría General de la República, se pudiera asimismo conciliar por el delito de Violación de los Deberes de los funcionarios, el que fue aprobado según documento fechado en 14 de febrero del año 2020, no pudiéndose realizar en aquellas fechas la audiencia de conciliación a causa de la suspensión de labores decretadas por la Honorable Corte Suprema de Justicia, a acusa de la Pandemia del Coronavirus, según las diferentes constancias, providencias y autos relacionadas en el acápite que antecede y que obran en las diligencias del expediente del A-quo; asimismo en consideración que el artículo 45 del Código Procesal Penal, fue reformado mediante el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, el cual entró en vigencia en fecha 25 de junio del año 2020, por lo tanto dicha reforma que excluye el someter a conciliación los casos susceptibles de Suspensión Condicional de la Persecución Penal entro en vigencia el 25 de junio del año 2020, tiempo después en que se haya solicitado y programado la audiencia de conciliación, audiencia que no pudo realizarse a raíz de las suspensión de labores decretada..."..."la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, en el que implícitamente se encuentra recogido el derecho a la tutela judicial efectiva, entendido como un sistema de garantías para las partes en el proceso, en igualdad de condiciones y en atención a ser escuchadas en sus pretensiones y obtener una resolución de fondo justa y motivada, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos de derecho enunciados en el presente libelo, asimismo en atención a las actuaciones realizadas desde el año 2019, tendientes a la realización de la conciliación en el caso sub-júdice, proceda a restituir a las recurrentes en Amparo, los derechos que les han sido vulnerados con el dictado de la resolución de fecha once de mayo del año dos mil veintiuno, que declara ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y revoca la resolución apelada, debiendo para ello declarar sin lugar el recurso de apelación relacionado y mantener la resolución dictada en audiencia de conciliación celebrada en fecha veintiocho de octubre del año dos mil veinte, que homologa el acuerdo conciliatoria entre la Procuraduría General de la República y las encausadas Yenny Petra Seidel Argueta y Adela Elizabeth Sánchez..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 63 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 70 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 42 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 51 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 67 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de mayo del año dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Gloria Maritza García Suarez, a favor de las señoras Yenny Petra Seidel Argueta y Adela Elizabeth Sánchez García, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once (11) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), que declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada en Audiencia de Conciliación, por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil veinte (2020), en relación a la causa instruida contra las señoras Yenny Petra Seidel Argueta y Adela Elizabeth Sánchez García, por suponerlas responsables de los delitos de Destrucción de Documentos Confiados a la Custodia de un Funcionario Público y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de sus representadas, los derechos de defensa, debido proceso y el principio de irretroactividad de la ley, contenidos en los artículos 82, 90 y 96 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Agente Fiscal, Abogado Isaías Oliva Palma, presentando requerimiento fiscal en contra de las señoras Yenny Petra Seidel Argueta y Adela Elizabeth Sánchez García, por considerarlas responsables del delito de Destrucción de Documentos Confiados a la Custodia de un Funcionario Público, en perjuicio de la Administración Pública. (Folios del 1-5 del Tomo I de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que, en Audiencia Inicial, celebrada en fecha veintiuno de octubre del año dos mil dieciséis, el Ministerio Público ratificó el Requerimiento Fiscal por el delito de Destrucción de Documentos Confiados a la custodia de un funcionario público y amplio el Requerimiento Fiscal por el delito de Violación de los Deberes de los funcionarios Públicos, en contra de las imputadas Yenny Petra Seidel Argueta y Adela Elizabeth Sánchez. (Folios del 206-225 del Tomo I de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) En fecha veinticinco de agosto del año dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Gloria Maritza García Suarez, actuando en su condición de Apoderada Legal de las señoras Yenny Petra Seidel Argueta y Adela Elizabeth Sánchez García, presentando escrito en el que se solicita señalamiento de audiencia para conciliación y así se extinga la acción penal. (Folio 631 del Tomo II de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) En fecha veintiocho de octubre del año dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la celebración de la audiencia de conciliación resolvió: (Sic) “1).- Habiendo escuchado el planteamiento de las partes en donde las imputadas YENNY PETRA SEIDEL ARGUETA y ADELA ELIZABETH SANCHEZ, en Audiencia de Conciliación se homologan acuerdos conciliatorios donde las encartadas resarcieron los daños causados pagando la Cantidad con la indemnización al pago de SESENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 65,000.00) por cada una y corroborando que el pago ya se realizó mediante la Copia del Depósito hechas al Banco de Occidente. 2).- SE DECRETA LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, a favor de las señoras YENNY PETRA SEIDEL ARGUETA y ADELA ELIZABETH SANCHEZ a quienes se le suponía responsables del delito de DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIADOS A LA CUSTODIA DE UN FUNCIONARIO PUBLICO y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA a favor del mismo, a quien se le hará entrega de su carta de libertad de manera inmediata y se ordena el cese de las medidas a las cuales se encontraban sujetas. 3).-Se declara no ha lugar la retroactividad procesal referente a la no aplicación de la figura de Conciliación según indica el Código Penal Vigente solicitada por el Ministerio Público…” (Folio 633fv del Tomo II de la pieza de antecedentes del A-quo) 5) En fecha veintinueve de octubre del año dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Maria Teresa Quezada Márquez, actuando en su condición de Procuradora Judicial del Estado de Honduras, presentando documento intitulado “PRONUNCIAMIENTO LEGAL QUE ALUDE A UNA SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN POR LA DENEGACIÓN PARCIAL DE UN ACUERDO CONCILIATORIO ESTABLECIDO MEDIANTE PRONUNCIAMIENTO LEGAL EMITIDO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROCURACIÓN JUDICIAL.- POSICIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”. (Folios del 644-648 del Tomo II de la pieza de antecedentes del A-quo) 6) En fecha veintinueve de octubre del mismo año dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolvió: (Sic) “1) Téngase por admitido el escrito que antecede, juntamente con Pronunciamiento Legal mismo que se mandan agregar a sus antecedentes, en la causa instruida en contra de ADELA ELIZABETH SANCHEZ GARCIA Y YENNY PETRA SEIDEL ARGUETA por suponerlas responsables de los delitos de DESTRUCCION DE DOCUMENTOS CONFIADOS A LA CUSTODIA DE UN FUNCIONARIO PUBLICO Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. Artículos: 8, y 141 del Código Procesal Penal relacionado con el 153 del Código Procesal Civil. CUMPLASE…” (Folio 649 del Tomo II de la pieza de antecedentes del A-quo) 7) Que no conforme con la Audiencia de Conciliación celebrada, entre las imputadas y la Procuraduría General de la Republica, el Ministerio Público a través del Agente Fiscal Abogado Misael Zuniga Alvarado, interpone Recurso de Apelación contra la resolución dictada en fecha 29 de octubre del año 2020; es así que la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación promovido por el Ministerio Público, en fecha once de mayo del año dos mil veintiuno, dictó resolución mediante la cual resolvió: (Sic) “1) Declarar ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal.-2) Revocar la resolución apelada.” (Folios del 700-702fv del Tomo II de la pieza de antecedentes del A-quo) 8) Que la recurrente, Abogada Gloria Maritza García Suarez, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta de septiembre del año dos mil veintiuno, interponiendo recurso de amparo a favor de las señoras Yenny Petra Seidel Argueta y Adela Elizabeth Sánchez García, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a sus representadas los derechos de defensa, debido proceso y el principio de irretroactividad de la ley, contenidos en los artículos 82, 90 y 96 de la Constitución de la República. 9) Que en fecha veintinueve de marzo del año dos mil veintidós, ésta Sala de lo Constitucional tuvo por formalizado en tiempo y forma, el recurso de mérito, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO(1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, de tal forma que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha once de mayo del año dos mil veintiuno, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Conciliación celebrada entre las encausadas Yenny Petra Seidel Argueta y Adela Elizabeth Sánchez García y la Procuraduría General de la República, por los delitos de Destrucción de Documentos confiados a la custodia de un funcionario público y Violación a los Deberes de los Funcionarios, conciliación con la que muestra su desacuerdo el Ministerio Público a través de su Agente Fiscal Abogado Misael Zuniga Alvarado, resolución mediante la cual el Tribunal ad-quem resolvió declarar HA LUGAR el Recurso promovido por el Ministerio Público y revoca la resolución apelada, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO (3): Que la impetrante en amparo expone en el libelo de la acción constitucional promovida, que la Corte de Apelaciones revoca la resolución dictada por el Juez de Letras, en donde la Procuraduría General de la República y sus representadas comparecen para llevar a cabo una conciliación la cual fue otorgada y en donde sus representadas ya cumplieron con las medidas impuestas por el Juez; sostiene la recurrente que el Ministerio Público no esta de acuerdo con la homologación porque el artículo 45 del Código Procesal Penal ha sido reformado, conforme lo establece el artículo 633 del Código Penal vigente, el cual cambia los requisitos para la realización de la conciliación, en virtud que no se puede conciliar por delitos que admitan la suspensión condicional de la persecución penal y la persecución penal cambia en cuanto a los requisitos. CONSIDERANDO (4): Que, en relación a la resolución impugnada, la impetrante señala que la conciliación ya había sido admitida mucho tiempo antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, pero no se había realizado en virtud del Covid-19, por lo que la interpretación y aplicación que le da la Corte de Apelaciones en su resolución al artículo 45 del Código Procesal Penal es errónea, violentando derechos a sus representadas. La recurrente hace alusión a la interpretación que hace este Tribunal Constitucional al principio Pro Homine, en cuanto a que el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que mas favorezca al ser humano, en tanto este principio deriva de la posición básica que los derechos fundamentales ocupan como elemento estructural de ordenamiento y como valor fundamental del Estado de Derecho. Hace alusión asimismo la recurrente al principio conocido como el de preferencia de normas, contenido en el artículo 29.b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. CONSIDERANDO (5): Que la garantista hace mención de los artículos 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15.1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que refieren a la aplicación retroactiva de leyes sustantivas cuando fueren mas favorables al reo, argumentando que ello no debe entenderse como la negación o imposibilidad de que al tenor de lo previsto en el ordenamiento jurídico hondureño, puedan aplicarse de igual modo, leyes de carácter adjetivo o instrumental, toda vez que el reconocimiento de los derechos contenidos en esos instrumentos jurídicos internacionales no excluyen otros que fueren reconocidos por el ordenamiento jurídico interno de cada país, si los amplían o extienden en beneficio de las personas y pasa a citar la recurrente el artículo 5.2) y 29.b) y c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Concluyendo la impetrante que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones es violatoria al no interpretar correctamente las normas aplicables al caso y por lo tanto el recurso de Amparo debe ser otorgado a efecto que se restituyan las garantías a sus representadas. CONSIDERANDO (6): Que tal y como ya hemos referido, en este Libelo, la presente Acción Constitucional de amparo fue promovida por la Abogada GLORIA MARITZA GARCIA SUAREZ, al considerar que el Tribunal Ad-quem ha vulnerado las disposiciones contenidas en los artículos 82, 90 y 96 de la Constitución de la República, siendo de importancia para el estudio de la presente acción constitucional determinar a continuación lo prescrito en cada una de estas disposiciones constitucionales; artículo 82 “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; artículo 90 “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”; y artículo 96: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado”. CONSIDERANDO (7): Que la motivación externada por la Alzada, hace referencia a que el artículo 45 párrafo primero del Código Procesal Penal, fue reformado mediante Decreto 130-2017 que contiene el Código Penal vigente. En ese orden de ideas, la Alzada sostiene que los agravios expresados por el Ente Fiscal son de recibo, pues la aplicación de la medida alterna como ser la conciliación se reduce a tres aspectos específicos a saber: 1) En las Faltas; 2) En los delitos de acción privada; y 3) En los delitos de acción pública dependientes de instancia particular. De manera que siendo en el caso los delitos que se le imputan a las señoras Yenny Petra Seidel Argueta y Adela Elizabeth Sánchez los de Destrucción de Documentación confiados a la custodia de un funcionario público y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública, dichos delitos no constituyen ninguno de los presupuestos arriba indicados, pues constituyen delitos de acción pública, según lo dispone el artículo 25 del CPP. En el numeral 3 de la motivación de la Alzada y en relación al recurso de Amparo promovido, sobre el cual versa el asunto central de la presente garantía constitucional se lee: “3. Que si bien la conciliación constituye una medida desjudiciliadora, es el mismo Código Procesal Penal que establece los presupuestos que deben cumplirse y los límites para su aplicación. No se trata en el presente caso de una aplicación retroactiva de la norma sustantiva nueva que es el Código Penal vigente (Decreto 130-2017), pues los delitos de que se trata se encuentran tipificados en el Código Penal vigente al momento de realización del hecho (Código Penal Decreto 144-83); sino de la aplicación de una norma adjetiva, de procedimiento que se encuentra indicada en el artículo 45 del Código Procesal Penal, para lo cual aplica El principio de TEMPUS REGIT ACTUM, que significa “EL TIEMPO RIGE EL ACTO” siendo de aplicación en las normas vigentes al momento de resolver un acto procesal, es decir de forma inmediata, no rigiéndose de normas modificadas o derogadas; como hace el a-quo al aplicar la norma procesal como se indicaba antes de ser reformada…” CONSIDERANDO (7): Que el amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad recurrida, vulnera garantías o derechos fundamentales, en relación a lo preceptuado en el artículo 183 constitucional, por lo que en el caso de autos, es menester determinar si la decisión del Tribunal de Segunda Instancia vulnera en perjuicio de las recurrentes los derechos reconocidos en los artículos 82, 90 y 96 de nuestra ley suprema, en relación inter alia a la aplicación retroactiva de la Ley, que es el argumento toral expuesto por la recurrente en Amparo, en la acción constitucional promovida; en este punto y a efecto de dar respuesta a la acción de Amparo promovida, resulta importante conocer los conceptos de retroactividad y tempus regit actum, por ser los principios invocados por las peticionarias de esta garantía constitucional y el argumento invocado por la Alzada para declarar con lugar el recurso de Apelación promovido por el Ministerio Público, así tenemos entonces los conceptos brindados por el Diccionario Hispanoamericano de Derecho a saber: “retroactividad. Cualidad de aquello que tiene fuerza o puede surtir efectos en el pasado, de modo ilimitado o a partir de cierto momento. Es un principio de derecho la irretroactividad de la ley, este aplica en la generalidad de los casos, pero no tiene carácter absoluto y la normatividad y jurisprudencia de cada Estado determina sus alcances y efectos. “retroactividad de la ley penal. En materia penal, la retroactividad se admite para aplicar al procesado o condenado la norma mas favorable. Así, si una nueva ley disminuye los efectos o sanciones de un delito, crea atenuantes y eximentes de responsabilidad para el mismo, o elimina dicha figura delictiva, los condenados y procesados que hubieren obrado o estuvieran siendo juzgados por la ley previa, tienen derecho a los beneficios que les da la ley posterior.”[3] “tempus regit actum. af. lat. El tiempo rige el acto la ley penal es aplicable a los actos cometidos durante su vigencia; alude esta expresión al principio de legalidad donde todo efecto del sistema jurídico debe producirse en virtud de una norma aplicable al mismo por tiempo y por materia.” Al respecto es importante para esta Sala, determinar el momento en que tiene su génesis el asunto sometido a estudio, observándose a folio 1 del Tomo 1 de los antecedentes de primera instancia que el Requerimiento Fiscal fue presentado en fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán y la audiencia de conciliación fue celebrada en fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veinte (2020), situaciones que abordaremos en acápites posteriores, en la presente sentencia. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala estima que la recurrente invoca en forma incorrecta el principio de retroactividad de la ley penal más favorable, ello es así porque según la disposición constitucional contenida en el precepto 96, nos indica que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado; en ese orden de ideas, invocar tal principio en el caso bajo estudio no es factible, porque la reforma surgida al artículo 45 del Código Procesal Penal, establecida en el Decreto 130-2017[4] que contiene el Código Penal vigente, excluye que los casos que admitan la suspensión de la persecución penal sean susceptibles de conciliación. Es así que acertadamente la Alzada en su resolución de fecha once de mayo del año dos mil veintiuno, motiva que se trata de la aplicación de una norma adjetiva, de procedimiento indicada en el artículo 45 del Código Procesal Penal, la cual ha sido reformada al momento de realizar la audiencia inicial en fecha veintiocho de octubre del año dos mil veinte, por ello aplica el principio de tempus regit actum, que significa el tiempo rige el acto, o sea se aplica la norma vigente al momento de resolver el acto procesal. Como bien lo señala el concepto, retroactividad es la cualidad de aquello que tiene fuerza o puede surtir efectos en el pasado, en otras palabras, en materia de aplicación de la ley penal, retrotraer la aplicación de una nueva ley por ser más favorable al delincuente o procesado, como indica nuestra norma constitucional. CONSIDERANDO (9): Que, si bien la recurrente hace énfasis en invocar el principio de retroactividad de la ley penal más favorable, lo que hace en forma incorrecta como ut supra se señala, no obstante a ello también le indica a este Tribunal Constitucional que la conciliación ya había sido admitida mucho tiempo antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, pero no se había realizado en virtud del Covid-19; resultando de vital importancia establecer en este punto, los momentos en que se suscitaron las incidencias en cuanto a la solicitud de conciliación a que hace mención la recurrente, a efecto de determinar conforme al principio del tempus regit actum, si la solicitud de conciliación se produjo estando en vigencia el artículo 45 del Código Procesal Penal sin la reforma operada con el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal. Para ello se hace necesaria la revisión de las diligencias desarrolladas por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, observando las siguientes actuaciones en el proceso: a) A folios del 576 al 591[5], se encuentra escrito presentado por la Abogada Maria Teresa Quezada Márquez, actuando en su condición de Procuradora Judicial del Estado de Honduras, mediante el cual presenta documento intitulado “PRONUNCIAMIENTO LEGAL SOBRE SOLICITUD DE CONCILIACIÓN Y ACUERDO DE REPARACIÓN DE DAÑOS ACUSADOS AL ESTADO DE HONDURAS.-CONDICIONES LEGALES A ESTABLECERSE.”, fechado en 21 de octubre del año 2019; b) A folio 622, se encuentra constancia emitida por la secretaria adjunta, fechada en 23 de enero del 2020, haciendo constar que la audiencia preliminar no se realizó en virtud de manifestar la Procuradora que la Defensa presentó ante el superior jerárquico de la Procuraduría General de la República, reconsideración por el delito de Violación de los deberes de los funcionarios, mismo que no había sido firmado y la ausencia del Fiscal del Ministerio Público a la audiencia señalada; c) A folio 623, se encuentra providencia de fecha 20 de febrero del año 2020, emitida por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, señalando Audiencia de Conciliación para el día lunes 30 de marzo del año 2020; d) A folio 627 de observa constancia emitida por la Secretaria por Ley, mediante la cual se hace constar que la audiencia de conciliación programada para el 30 de marzo del año 2020, no se realizó en virtud de la Suspensión de Labores decretadas en el Poder Judicial debido a la Emergencia Sanitaria declarada a causa de la Pandemia del Coronavirus; e) A folio 628 frente y vuelto, se encuentra Auto de fecha 18 de junio del año 2020, emitido por el A-quo, haciendo alusión a la petición de conciliación en el caso sub-júdice, acto procesal que quedo en suspenso debido a la Emergencia Nacional Sanitaria declarada a causa de la Pandemia del Coronavirus, haciendo referencia al Acuerdo número CSJ-02-2020 del proceso de Reincorporación Gradual y Responsable de los servidores judiciales a labores presenciales; y f) A folio 633 se encuentra la forma en como se desarrolla la audiencia de conciliación, presentando asimismo por escrito documento intitulado “PRONUNCIAMIENTO LEGAL QUE ALUDE A UNA SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN POR LA DENEGACIÓN PARCIAL DE UN ACUERDO CONCILIATORIO ESTABLECIDO MEDIANTE PRONUNCIAMIENTO LEGAL EMITIDO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROCURACIÓN JUDICIAL.-POSICIÓN DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.”, fechado en 14 de febrero del año 2020. CONSIDERANDO (10): Que revisando los antecedentes y la cronología de las actuaciones realizadas, desde la presentación del Requerimiento Fiscal, hasta la solicitud de Conciliación por los delitos de Destrucción de Documentos confiados a la custodia de un funcionario público y Violación de los Deberes de los funcionarios y conforme al principio del tempus regit actum, invocado por la Alzada para declarar con lugar el recurso de apelación promovido por el Ministerio Público y revocar la resolución apelada que homologa el acuerdo conciliatorio entre las encausadas y la Procuraduría General de la República, este Alto Tribunal estima que son de recibos los argumentos expuestos por la recurrente en Amparo, ello es así porque conforme al principio del tempus regit actum, la solicitud de conciliación fue presentada desde el año 2019 por el delito de Destrucción de Documentos confiados a la custodia de un funcionario público, en tanto la defensa sometió a reconsideración de la Procuraduría General de la República, se pudiera asimismo conciliar por el delito de Violación de los Deberes de los funcionarios, el que fue aprobado según documento fechado en 14 de febrero del año 2020, no pudiéndose realizar en aquellas fechas la audiencia de conciliación a causa de la suspensión de labores decretadas por la Honorable Corte Suprema de Justicia, a acusa de la Pandemia del Coronavirus, según las diferentes constancias, providencias y autos relacionadas en el acápite que antecede y que obran en las diligencias del expediente del A-quo; asimismo en consideración que el artículo 45 del Código Procesal Penal, fue reformado mediante el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, el cual entró en vigencia en fecha 25 de junio del año 2020, por lo tanto dicha reforma que excluye el someter a conciliación los casos susceptibles de Suspensión Condicional de la Persecución Penal entro en vigencia el 25 de junio del año 2020, tiempo después en que se haya solicitado y programado la audiencia de conciliación, audiencia que no pudo realizarse a raíz de las suspensión de labores decretada. CONSIDERANDO (11): Que la garantía del debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[6], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (13):Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, en el que implícitamente se encuentra recogido el derecho a la tutela judicial efectiva, entendido como un sistema de garantías para las partes en el proceso, en igualdad de condiciones y en atención a ser escuchadas en sus pretensiones y obtener una resolución de fondo justa y motivada, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO (14): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos de derecho enunciados en el presente libelo, asimismo en atención a las actuaciones realizadas desde el año 2019, tendientes a la realización de la conciliación en el caso sub-júdice, proceda a restituir a las recurrentes en Amparo, los derechos que les han sido vulnerados con el dictado de la resolución de fecha once de mayo del año dos mil veintiuno, que declara ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y revoca la resolución apelada, debiendo para ello declarar sin lugar el recurso de apelación relacionado y mantener la resolución dictada en audiencia de conciliación celebrada en fecha veintiocho de octubre del año dos mil veinte, que homologa el acuerdo conciliatoria entre la Procuraduría General de la República y las encausadas Yenny Petra Seidel Argueta y Adela Elizabeth Sánchez. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 4, 13, 14, 36 y 45 del Código Procesal Penal; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 49, 54 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1.- OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por la abogada GLORIA MARITZA GARCIA SUAREZ, a favor de las señoras YENNY PETRA SEIDEL ARGUETA y ADELA ELIZABETH SANCHEZ GARCIA, contra la Resolución de fecha ONCE (11) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. 2.- Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nuevamente la resolución impugnada, en estricto cumplimiento a las observaciones relacionadas en este libelo, declarando sin lugar el Recurso de Apelación promovido por el Ministerio Público y manteniendo la resolución dictada en audiencia de conciliación celebrada en fecha veintiocho de octubre del año dos mil veinte, que homologa el acuerdo conciliatorio entre la Procuraduría General de la República y las encausadas. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la magistrada VILLELA ZAVALA.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. MARIO ROLANDO DIAZ FLORES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha cuatro de mayo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-1033-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.
[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[3] Diccionario hispanoamericano de derecho/ equipo de redacción Margarita María Durán Urrea … [et al.]; equipo colaborador Wilman Amaya León … [et al.] . Bogotá: Grupo Latino Editores, 2008. Páginas 2032, 2033 y 2266.
[4] Artículo 633. reformas al Código Procesal Penal. Reformar los articulo 28 numeral 1), 36 numeral 1), 45 párrafo primero… “Artículo 45. Conciliación. En las faltas, en los delitos de acción privada y en los de acción pública dependientes de instancia particular, siempre y cuando el límite máximo de cualquiera de las penas principales aplicables al delito cometido sea inferior a cinco (5) años, procede la conciliación entre victima e imputado en cualquier momento hasta antes de la apertura a juicio…”
[5] Tomo II de la pieza de antecedentes del A-quo.
[6] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11.