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Sentencia AP-1031-21 — Registro 17576

Resumen

con relación a la causa instruida contra imputada por suponerla responsable del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública y la Comunidad Garífuna de Nueva Armenia. al hecho de haber registrado una transacción de una porción de tierra que se desmembró de un titulo comunal a favor de un miembro de la comunidad garífuna de Nueva Armenia, actuar que lesiona el interés de la comunidad en referencia, que También vulnera el convenio 169 de la organización Internacional del trabajo a través del cual se protege que estas comunidades tengan seguridad sobre los territorios que han ocupado ancestralmente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

. Que de la resolución recurrida se aprecia la motivación probatoria y Jurídica que realiza el A-quem donde establece y relaciona su decisión en conclusiones razonables, derivadas y deducidas de las pruebas realizadas en audiencia inicial por lo que confirma el Sobreseimiento definitivo dictado por el A-quo haciendo un relación y concluyendo que del caso Subjudice no se trata de un procedimiento de Regulación predial sino de un acto donde la misma comunidad de nueva armenia a través de junta directiva del patronato realizo el desmembramiento del titulo ancestral; que al efecto el articulo 100 de la ley de propiedad que declara el régimen comunal de tierras es inalienable, inembargable, imprescriptible debe ser entendido y aplicado en función del párrafo 1 del articulo 102 de la ley de propiedad que establece: el ordenamiento legal si autoriza la transferencia del dominio entre comuneros de la comunidad, no a si a terceros ajenos a dichas comunidades, ósea que la ley o titulo comunitario prohibió es que se hagan transferencias de terrenos a personas extrañas a dichas comunidades, quienes son los terceros ( personas extrañas a la comunidad) en el caso Subjudice la encausada Vilma Méndez cuando hizo el proceso de inscripción de la desmembración que fue efectuada el seis de marzo del 2008 registrado bajo el asiento numero 40 tomo 1335 lo hace amparada en una escritura de donación autorizada por la presidenta del patronado de Nueva armenia, por lo que no pudo haber sabido la encausada que la contratante Cornelia Calix Flores era persona extraña a la comunidad; cumpliendo en este caso la señora VILMA DORIS MENDEZ ROMERO con la acción de inscribir la escritura de donación hecha por el Patronado de la comunidad de Nueva armenia-, entendiendo que cumplía con su deber de registradora que le imponía el artículo 25 de la ley de propiedades Examen practicado por la Sala sobre la presunta violación de los artículos constitucionales invocados 1.- Que con arreglo a lo prescrito por el articulo 90 párrafo primero de la Constitución de la Republica “ nadie puede ser juzgado si no por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..” la garantía del debido proceso se concreta en un serie de derechos establecidos a favor de las partes de tal manera que estas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas, de este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medíos de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar resoluciones judiciales.

Legislación citada

  • Ley de Propiedad, art. 25 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convenio 169 de OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

3.-.Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, es por ello necesario determinar si el razonamiento externado por la Corte primera de Apelaciones de la Ceiba en su resolución cumplió con esa exigencia. 4.- Que de los argumentos expuestos, la recurrente señala que la corte vulnero el debido proceso al carecer de una motivación suficiente, inobservando con ello el deber de motivación reconocido en nuestra constitución e instrumentos internacionales y desarrollado en el artículo 141 con relación al artículo 202 del código procesal penal, sin embargo de la lectura de la resolución que se impugna, este tribunal observa que la resolución de la Alzada desarrolla una exposición argumentativa lo suficientemente amplia, clara y congruente a efecto de exteriorizar la justificación razonada que le permitió llegar a la conclusión de confirmar el Sobreseimiento Definitivo a favor de la señora VILMA DORIS MENDEZ ROMERO. - 5.-Que examinados los antecedentes y el acto reclamado este alto Tribunal estima que se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, y ajustable al asunto que resolvió en estricto apego a las garantías que la ley establece, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, por lo que no han sido quebrantadas las normas que relaciona el impetrante, al haberse dictado la resolución respetando todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable, por lo que no son de recibo los argumentos expuestos por el amparista pues la resolución se muestra lo suficientemente motivada y coherente en respuesta a los agravios externados por el ente acusador, el que la respuesta no sea conforme a las pretensiones de la recurrente no es indicativo de vulneración del principio del debido proceso. Pues esta sala aprecia que en la resolución impugnada se ha observado los requisitos esenciales en cuanto a la motivación de las resoluciones que exige la Corte interamericana de derechos humanos, apartándose con ello del acto reclamado en amparo y de la finalidad y sentido de esta acción Constitucional por lo que el recurso no puede ser considerado por esta sala y por ende debe denargarse de plano y así declararse por parte de este alto tribunal.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Diana Elizabeth Rodriguez Corea, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento Atlántida, en fecha cinco de agosto de dos mil veintiuno, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha (Sic) veintidós de febrero de dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra la señora Vilma Doris Méndez Romero, por suponerla responsable de la comisión del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública y la Comunidad Garífuna de Nueva Armenia. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES 1) En fecha once de diciembre de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, la Abogada Waleska Valentina Salgado, en su condición de Agente Fiscal, presentando requerimiento fiscal en contra la señora Vilma Doris Méndez Romero, por suponerla responsable de la comisión del delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública. (Folios 1-12 de la pieza del A-quo) 2) En fecha veintidós de febrero de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, resolvió: “SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora VILMA DORIS MENDEZ ROMERO, a quien se le supone responsable del delito de VIOLACION A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, ya que si hacemos un enlace entre las declaraciones y medios de prueba documentales, sale a la luz la circunstancia especial de que la señora Vilma Doris Méndez no ha cometido delito alguno, Teniendo en cuenta la castidad del estado de inocencia que goza por lo que Sostenemos que el ente acusador, con las declaraciones de los ofendidos y con los medios documentales no aportó el material mínimo indiciario para llegar a concluir en la probable realización del hecho por parte la señora Vilma Doris Méndez, por el contrario ha quedado probado que si cumplió con su deber de funcionaria, que el Juez de Letras Penal, además de ser el Director del proceso de instrucción, tiene una importante función garantista constitucional a lo largo del desarrollo del proceso en que se instruye y se investiga a una persona como supuesta responsable de la comisión de una conductiva tipificable como delictiva. En ese contexto, tiene la especial facultad de apreciar el material probatorio, valorándolo, así como también de apreciar los hechos que alegasen las partes y la concurrencia o no del tipo penal alegado en su tesis acusatoria por el Ministerio Público. Todo lo anterior, a la luz de los artículos 198, 199 y 200 del Código Procesal Penal.” (Folios 168-180 de la pieza del A-quo) 3) Conociendo el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Dionne Deras en su condición de agente del Ministerio Publico, contra la resolución referida en el acápite que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha cinco de agosto de dos mil veintiuno, falló: (Sic) “…PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada DIONNE DERAS, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y parte apelante, contra la resolución del Juzgado de Letras de la sección judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, de fecha trece de mayo de dos mil veintiuno, mediante la cual se dicta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora VILMA DORIS MENDEZ ROMERO, en la causa que se sigue por suponerla responsable del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA Y LA COMUNIDAD GARIFUNA DE NUEVA ARMENIA. SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución judicial de fecha trece de mayo de dos mil veintiuno. Y MANDA: PRIMERO: Notificar la presente resolución personalmente a los intervinientes, a más tardar el día siguiente al de su fecha, de no ser esto posible, las notificaciones se harán por medio de Cédula o Edictos. SEGUNDO: Con Certificación de la misma se devuelvan los antecedentes al órgano jurisdiccional de su procedencia para su ejecución y demás efectos legales.- NOTIFIQUESE. ” (Folios 8-14 vuelto de la pieza del Ad-quem) 4) Que la , Abogada Diana Elizabeth Rodriguez Corea, compareció ante este Tribunal, en fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós, éste alto tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma, el recurso de amparo de mérito, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 30 del recurso de mérito) Fundamentación Jurídica sobre la Garantía Constitucional de Amparo: Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, de carácter extraordinario, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. II. Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado Hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos. III. Resumen de la formalización de la presente garantía, con relación a los alegatos del garantista, denunciando violación de los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. 1.-Que de la lectura detenida de la resolución ahora impugnada, el recurrente muestra su descontento con la resolución dictada por el A-quem al confirmar este la resolución de sobreseimiento definitivo, dictado por el A-quo en audiencia inicial a favor de la encausada VILMA DORIS MENDEZ, se aprecia que la Corte Primera de Apelaciones de la sección Judicial de la ceiba departamento de Atlántida vulnero el debido proceso contenido en el articulo 90 constitucional al carecer de una motivación suficiente ya que el razonamiento externado por el A-quem se limito a establecer que se extrae de la evacuación de los medios de prueba admitidos, que no encontraron el menor indicio o que la señora Mendez Romero haya participado en los hechos alegados por el Ministerio Publico como delito, no se trata de un procedimiento de regularización predial sino de un acto donde la misma comunidad de nueva Armenia a través de su junta directiva, autorizo el desmembramiento del título ancestral, al hacer donación de un predio a la señora CORNELIA CALIX FLORES por lo que el Ministerio Publico no logro probar que la señora Vilma Doris Méndez Romero con su actuar haya incurrido en el hecho que se le imputo en la comisión del delito de Violación de los deberes de los funcionarios. 2.- Que continua estableciendo la recurrente que el hecho en discusión no es determinar si la encausada tenia facultad o no para inscribir un bien inmueble, sino el hecho de haber registrado una transacción de una porción de tierra que se desmembró de un titulo comunal a favor de un miembro de la comunidad garífuna de Nueva Armenia, actuar que lesiona el interés de la comunidad en referencia, así como También vulnera el convenio 169 de la organización Internacional del trabajo a través del cual se protege que estas comunidades tengan seguridad sobre los territorios que han ocupado ancestralmente, con el propósito que puedan producir sus formas de vida y costumbres y sus formas tradicionales de subsistencia , garantizando con ello el reconocimiento de otros derechos; la acción de registrar el bien inmueble a favor de la señora CORNELIA CALIX que se desmembró de un titulo comunitario y que registro como donación de un predio de terreno de 4,440,04 metros cuadrados a favor de la señora Cornelia Calix Flores y registrado bajo el numero de asiento 40, tomo 1335 del instituto de la propiedad, menoscaba el derecho de propiedad comunal y por ende el derecho colectivo de los pueblos de la comunidad garífuna de nueva armenia. IV. Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. Que de la resolución recurrida se aprecia la motivación probatoria y Jurídica que realiza el A-quem donde establece y relaciona su decisión en conclusiones razonables, derivadas y deducidas de las pruebas realizadas en audiencia inicial por lo que confirma el Sobreseimiento definitivo dictado por el A-quo haciendo un relación y concluyendo que del caso Subjudice no se trata de un procedimiento de Regulación predial sino de un acto donde la misma comunidad de nueva armenia a través de junta directiva del patronato realizo el desmembramiento del titulo ancestral; que al efecto el articulo 100 de la ley de propiedad que declara el régimen comunal de tierras es inalienable, inembargable, imprescriptible debe ser entendido y aplicado en función del párrafo 1 del articulo 102 de la ley de propiedad que establece: el ordenamiento legal si autoriza la transferencia del dominio entre comuneros de la comunidad, no a si a terceros ajenos a dichas comunidades, ósea que la ley o titulo comunitario prohibió es que se hagan transferencias de terrenos a personas extrañas a dichas comunidades, quienes son los terceros ( personas extrañas a la comunidad) en el caso Subjudice la encausada Vilma Méndez cuando hizo el proceso de inscripción de la desmembración que fue efectuada el seis de marzo del 2008 registrado bajo el asiento numero 40 tomo 1335 lo hace amparada en una escritura de donación autorizada por la presidenta del patronado de Nueva armenia, por lo que no pudo haber sabido la encausada que la contratante Cornelia Calix Flores era persona extraña a la comunidad; cumpliendo en este caso la señora VILMA DORIS MENDEZ ROMERO con la acción de inscribir la escritura de donación hecha por el Patronado de la comunidad de Nueva armenia-, entendiendo que cumplía con su deber de registradora que le imponía el artículo 25 de la ley de propiedades Examen practicado por la Sala sobre la presunta violación de los artículos constitucionales invocados 1.- Que con arreglo a lo prescrito por el articulo 90 párrafo primero de la Constitución de la Republica “ nadie puede ser juzgado si no por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..” la garantía del debido proceso se concreta en un serie de derechos establecidos a favor de las partes de tal manera que estas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas, de este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medíos de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar resoluciones judiciales. 2.- Que en relación a la motivación la Corte Interamericana de derechos humanos ha afirmado que la motivación” es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión y que la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado, así mismo la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores,” sin embargo también aclaro que el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión. 3.-.Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, es por ello necesario determinar si el razonamiento externado por la Corte primera de Apelaciones de la Ceiba en su resolución cumplió con esa exigencia. 4.- Que de los argumentos expuestos, la recurrente señala que la corte vulnero el debido proceso al carecer de una motivación suficiente, inobservando con ello el deber de motivación reconocido en nuestra constitución e instrumentos internacionales y desarrollado en el artículo 141 con relación al artículo 202 del código procesal penal, sin embargo de la lectura de la resolución que se impugna, este tribunal observa que la resolución de la Alzada desarrolla una exposición argumentativa lo suficientemente amplia, clara y congruente a efecto de exteriorizar la justificación razonada que le permitió llegar a la conclusión de confirmar el Sobreseimiento Definitivo a favor de la señora VILMA DORIS MENDEZ ROMERO. - 5.-Que examinados los antecedentes y el acto reclamado este alto Tribunal estima que se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, y ajustable al asunto que resolvió en estricto apego a las garantías que la ley establece, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, por lo que no han sido quebrantadas las normas que relaciona el impetrante, al haberse dictado la resolución respetando todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable, por lo que no son de recibo los argumentos expuestos por el amparista pues la resolución se muestra lo suficientemente motivada y coherente en respuesta a los agravios externados por el ente acusador, el que la respuesta no sea conforme a las pretensiones de la recurrente no es indicativo de vulneración del principio del debido proceso. Pues esta sala aprecia que en la resolución impugnada se ha observado los requisitos esenciales en cuanto a la motivación de las resoluciones que exige la Corte interamericana de derechos humanos, apartándose con ello del acto reclamado en amparo y de la finalidad y sentido de esta acción Constitucional por lo que el recurso no puede ser considerado por esta sala y por ende debe denargarse de plano y así declararse por parte de este alto tribunal...-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDAD, en fecha Cinco de Agosto del 2021, toda vez que la autoridad denunciada se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como ya ha sido relacionado; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. -FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLELA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha nueve de junio de do mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-1031-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL