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Sentencia AP-103-23 — Registro 17667

Resumen

Acto recurrido que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la del a-quo, con relación a la causa instruida ,por supuesta responsabilidad en el delito de Estafa Continuada.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que los alegatos de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y  consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…" Que los alegatos de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..." ..." Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de mayo del año dos mil veintitrés. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por las Abogadas NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES y ADRIANA ISABEL BARAHONA CÁRCAMO, a favor de JOSÉ LUIS RODRIGUEZ GARMEDIA, contra la resolución emitida en fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil veintidós, por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veintidós, por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la causa instruida contra JOSÉ LUIS RODRIGUEZ GARMEDIA, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio de HECTOR ENRIQUE SANTOS VILLEDA y JAVIER ENRIQUE SANTOS CÁCERES. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de mérito se advierte que las recurrentes contienden con la resolución del Ad-quem al haber confirmado la medida privativa de libertad sin considerar que a su representado le asiste el principio de inocencia, así como el derecho a la vida al padecer de diferentes patologías que con la medida de privación de libertad no recibe los cuidados necesarios con lo que afirman le hacen peligrar su vida. CONSIDERANDO: Que las recurrentes estiman que, con la Resolución de la Alzada, han sido transgredidos las declaraciones, derechos y garantías establecidas en los artículos 59, 60, 80, 82, 84, 90 entre otros de la norma fundamental. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal bajo el epígrafe “Motivación de las resoluciones judiciales”, se demanda en su párrafo segundo que: “Los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación…”. CONSIDERANDO: Que, esta Sala aprecia luego del estudio del acto reclamado que la Alzada plasma como motivos que movieron a dicho órgano jurisdiccional a confirmar el auto del A-quo, que los presupuestos que sirvieron para adoptar la medida de prisión preventiva no han desaparecido, de manera que la resolución que ha sido dictada, se encuentra con arreglo a las garantías que la ley establece. CONSIDERANDO: Que este Tribunal aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa alegado, puesto que es evidente de los antecedentes, como de la actividad recursiva concedido a las recurrentes, teniendo acceso a los recursos que la ley le franquea, obteniendo respuesta debida a sus peticiones, con las formalidades y fundamentos previstos por la norma penal aplicable, por lo cual no se evidencia la existencia de una violación al derecho de defensa del recurrente. CONSIDERANDO: Que por otro lado, el principio de presunción de inocencia tal y como se consigna en el artículo 89 del texto fundamental, se dirige a garantizar que toda persona a quien se le sigue proceso penal, reciba un tratamiento propio de una inocente, hasta el momento en que tras un juicio contradictorio y público no recaiga sentencia condenatoria firme en su contra. En este sentido, del examen de los antecedentes no se desprende que el Tribunal de Segunda Instancia en su resolución, imponga sanciones u otro tipo de medidas al hoy procesado, cuya adopción solo quepa respecto a personas declaradas culpables de la comisión de un delito; antes bien, un examen de la primera pieza de autos revela que se ha decretado la medida cautelar privativa de su libertad ambulatoria, conforme lo enmarca la norma adjetiva y en razón a los argumentos vertidos por el peticionario. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que la imposición de medidas cautelares estima esta Sala, comporta un juicio propio de instancia y por tanto no es susceptible de amparo, a menos que se advierta arbitrariedad en la decisión del juzgador o que tal decisión ponga en precario los derechos que la Constitución reconoce, ni se advierte que la misma se haya tomado como resultado de una valoración defectuosa de los hechos o de la prueba aportada en forma oportuna por las partes. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que los alegatos de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 172, 297 Numeral 1) del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por las Abogadas NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES y ADRIANA ISABEL BARAHONA CÁRCAMO, a favor de JOSÉ LUIS RODRIGUEZ GARMEDIA, contra la resolución emitida en fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil veintidós, por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; al entablar el recurrente cuestiones de mera legalidad. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de junio de dos mil veititrés, certificación de la resolución de fecha cuatro de mayo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-103-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL