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Sentencia AP-1010-21 — Registro 17472

Resumen

Resolución que confirma sobreseimiento definitivo en relación a la causa instruida contra imputada , por suponerla responsable del delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(7): Que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[2], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[3]. Sin embargo, también aclaró que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[4]. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader[5], cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[6]CONSIDERANDO (8): Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, por ello es necesario determinar si el razonamiento externado por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en su resolución de fecha veintinueve de junio del año dos mil veintiuno, al declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada por el A-quo en Audiencia Inicial, que decreta Sobreseimiento Definitivo a favor de la imputada por el delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios, cumple con esa exigencia. CONSIDERANDO (9): Que, de los argumentos expuestos por la recurrente, ésta señala que la Corte recurrida vulneró el debido proceso al carecer de una motivación suficiente, inobservando con ello el deber de motivación reconocido en nuestra Constitución e Instrumentos Internacionales y desarrollado en el artículo 141, con relación al artículo 202 del Código Procesal Penal. De la lectura de la resolución que se impugna, este Tribunal observa que la Alzada desarrolla en siete ordinales los que intitula como “MOTIVACIÓN PROBATORIA Y JURÍDICA”, una exposición argumentativa lo suficientemente amplia, clara y congruente a efecto de exteriorizar la justificación razonada que le permitió llegar a la conclusión de confirmar la resolución apelada y que fuera dictada por el A-quo en audiencia inicial, mediante la cual favorece a la encausada con el dictado de un Sobreseimiento Definitivo, exigencia que es de amplia jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha sido debidamente observada por la Corte de Apelaciones recurrida. De la lectura de la acción constitucional promovida, este Alto Tribunal advierte que la recurrente expone en sus argumentos que: (Sic) “el Ad-Quem omitió pronunciarse, inobservando los parámetros que comprenden una debida motivación de las resoluciones judiciales y, con ello, es una violación al derecho que toda persona tiene de acceder a la justicia, mediante resoluciones razonablemente motivadas y fundadas en ley”, argumento que no es de recibo por este Alto Tribunal, pues la resolución se muestra lo suficientemente motivada y coherente en respuesta a los agravios externados por el ente acusador, el que la respuesta no sea conforme a las pretensiones de la recurrente no es indicativo de vulneración del principio al debido proceso, como uno de los derechos al que tienen las partes en un proceso, de obtener una respuesta motivada de sus pretensiones. CONSIDERANDO (10): Que vista y analizada la resolución que se recurre, podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal Ad-quem al declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, no ha vulnerado en perjuicio de su representado el Estado de Honduras, el derecho constitucional invocado. Conclusión a la que arriba esta Sala de lo Constitucional, pues la recurrente cuestiona que la resolución no contiene una motivación suficiente; no obstante, a ello en la resolución impugnada se han observado los requisitos esenciales en cuanto a la motivación de las resoluciones que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunado a ello la impetrante centra sus argumentos en los medios probatorios aportados y los elementos del tipo, cuestiones que son propias de resolver en los Juzgados y Tribunales de instancia, como lo ha expresado este Alto Tribunal en reiteradas sentencias, debiendo únicamente intervenir cuando se observe que en el acto recurrido se han vulnerado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales de protección de derechos humanos y fundamentales, ratificados por Honduras, lo cual no ocurre en el caso sub júdice, por ello y como corolario de lo anterior el recurso de amparo interpuesto debe ser DENEGADO"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: EL fallo que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de marzo del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el recu rso de amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil veintiuno (2021), que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la decisión adoptada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en Audiencia Inicial concluida en fecha veinticuatro de mayo del año dos mil veintiuno (2021), en relación a la causa instruida contra la señora VILMA DORIS MENDEZ ROMERO, por suponerla responsable del delito de VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Estimando la recurrente que la decisión del Ad-quem, vulnera el derecho constitucional contenido en el artículo 90, 304 y 321 de la Constitución de la República, en relación con lo preceptuado en el artículo 141 del Código Procesal penal, que establece el deber de motivación de las resoluciones judiciales dictadas en materia penal. ANTECEDENTES 1) Que en fecha once (11) de diciembre del año dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, la Abogada WALESKA VALENTINA SALGADO, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra la Señora VILMA DORIS MENDEZ ROMERO, por suponerla responsable del delito de VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (Folios del 1–12 de la pieza de antecedentes del A-Quo) 2) Que en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), el referido Juzgado celebró Audiencia Inicial, concluyendo en fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), con el di acto de la resolución, mediante la cual decide: (Sic) “Por tanto luego de analizar todo lo actuado en la presente audiencia, a criterio de la suscrita, no se desprenden los indicios racionales de la existencia de delito ni de participación por parte de la imputada, por ende esta juzgadora decreta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de VILMA DORIS MENDEZ ROMERO a quien se le supone responsable a titulo de autor del delito VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio del LA ADMINISTRACION PÙBLICA, con base al artículo 296 del Código Procesal Penal que consiste en que NO EXISTEN FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DECRETAR AUTO DE PRISION O DECLARATORIA DE REO.- Y en atención a lo anterior se debe levantar cualquier restricción que sobre la libertad del encausado exista, por lo que se suspenden las medidas impuestas en audiencia declaración de imputado, debiéndose extender su carta de libertad definitiva. NOTIFIQUESE…” (Folios del 69-76fv de la pieza de antecedentes del A-Quo) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada DIONNE DERAS, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución que se deja relacionada en el acápite anterior y emitida en Audiencia Inicial por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil veintiuno (2021), emitió Auto, por medio del cual Falló: (Sic): “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, en su condición de Fiscal del ministerio Público y apelante.- SEGUNDO: SE CONFIRMA LA RESOLUCION JUDICIAL de fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida…” (Folios del 8–14 de la pieza de antecedentes del Ad-Quem) 4) Que la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, compareció ante este Tribunal Constitucional en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma vulnera lo dispuesto en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. (Folios del 01–9 de los autos) 5) Que en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veintidós (2022), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, omitiendo la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37[1] de la Ley del Ministerio Público. (Folio 33 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, misma que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha veintinueve de junio del año dos mil veintiuno, por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, por la cual se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución dictada en audiencia inicial por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, que decreta Sobreseimiento Definitivo a favor de la encausada Vilma Doris Mendez Romero, por el delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública. CONSIDERANDO (4): Que, en la acción constitucional promovida, la recurrente muestra su descontento con la resolución dictada por el Ad-quem, al confirmar éste, la resolución de Sobreseimiento Definitivo dictado por el A-quo en Audiencia Inicial, a favor de la encausada Vilma Doris Mendez Romero. Expone la garantista que de la lectura de la resolución ahora impugnada, se aprecia que la Corte primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, vulneró el debido proceso, contenido en el artículo 90 constitucional, al carecer de una motivación suficiente; sostiene que el razonamiento externado por el Ad-quem, inobservó el deber de motivación reconocido en nuestra Constitución e instrumentos internacionales y desarrollado en el artículo 141, con relación al artículo 202 del Código Procesal Penal, ya que no se aprecia que el Ad-quem apoyo su decisión en conclusiones razonables, derivadas y deducidas de las pruebas evacuadas en audiencia inicial, así como tampoco explica que circunstancias fueron tomadas en consideración para no atribuirles valor probatorio a la prueba de cargo aportada por el ente acusador, lo que a su vez constituye una inobservancia del mandato legal de valoración conjunta que requiere el Debido proceso. CONSIDERANDO (5): Dice la recurrente que el Ad-quem al confirmar la resolución del A-quo, no aprecio que el acto reprochable radica en el hecho que la encausada no tenia facultad para inscribir una transacción de una porción de tierra que se desmembró de un titulo comunal, a favor de un miembro de la comunidad garífuna de Nueva Armenia, en detrimento del interés de la comunidad en referencia, por contravenir el bloque de constitucionalidad que protege las comunidades indígenas sobre territorios que han ocupado ancestralmente, con el propósito que puedan producir sus formas de vida, costumbres y sus formas tradicionales de subsistencia, garantizando con ello el reconocimiento de otros derechos. CONSIDERANDO (6): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. La garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (7): Que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[2], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[3]. Sin embargo, también aclaró que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[4]. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader[5], cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[6]CONSIDERANDO (8): Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, por ello es necesario determinar si el razonamiento externado por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en su resolución de fecha veintinueve de junio del año dos mil veintiuno, al declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada por el A-quo en Audiencia Inicial, que decreta Sobreseimiento Definitivo a favor de la imputada por el delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios, cumple con esa exigencia. CONSIDERANDO (9): Que, de los argumentos expuestos por la recurrente, ésta señala que la Corte recurrida vulneró el debido proceso al carecer de una motivación suficiente, inobservando con ello el deber de motivación reconocido en nuestra Constitución e Instrumentos Internacionales y desarrollado en el artículo 141, con relación al artículo 202 del Código Procesal Penal. De la lectura de la resolución que se impugna, este Tribunal observa que la Alzada desarrolla en siete ordinales los que intitula como “MOTIVACIÓN PROBATORIA Y JURÍDICA”, una exposición argumentativa lo suficientemente amplia, clara y congruente a efecto de exteriorizar la justificación razonada que le permitió llegar a la conclusión de confirmar la resolución apelada y que fuera dictada por el A-quo en audiencia inicial, mediante la cual favorece a la encausada con el dictado de un Sobreseimiento Definitivo, exigencia que es de amplia jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha sido debidamente observada por la Corte de Apelaciones recurrida. De la lectura de la acción constitucional promovida, este Alto Tribunal advierte que la recurrente expone en sus argumentos que: (Sic) “el Ad-Quem omitió pronunciarse, inobservando los parámetros que comprenden una debida motivación de las resoluciones judiciales y, con ello, es una violación al derecho que toda persona tiene de acceder a la justicia, mediante resoluciones razonablemente motivadas y fundadas en ley”, argumento que no es de recibo por este Alto Tribunal, pues la resolución se muestra lo suficientemente motivada y coherente en respuesta a los agravios externados por el ente acusador, el que la respuesta no sea conforme a las pretensiones de la recurrente no es indicativo de vulneración del principio al debido proceso, como uno de los derechos al que tienen las partes en un proceso, de obtener una respuesta motivada de sus pretensiones. CONSIDERANDO (10): Que vista y analizada la resolución que se recurre, podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal Ad-quem al declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, no ha vulnerado en perjuicio de su representado el Estado de Honduras, el derecho constitucional invocado. Conclusión a la que arriba esta Sala de lo Constitucional, pues la recurrente cuestiona que la resolución no contiene una motivación suficiente; no obstante, a ello en la resolución impugnada se han observado los requisitos esenciales en cuanto a la motivación de las resoluciones que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunado a ello la impetrante centra sus argumentos en los medios probatorios aportados y los elementos del tipo, cuestiones que son propias de resolver en los Juzgados y Tribunales de instancia, como lo ha expresado este Alto Tribunal en reiteradas sentencias, debiendo únicamente intervenir cuando se observe que en el acto recurrido se han vulnerado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales de protección de derechos humanos y fundamentales, ratificados por Honduras, lo cual no ocurre en el caso sub júdice, por ello y como corolario de lo anterior el recurso de amparo interpuesto debe ser DENEGADO.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha VEINTINUEVE (29) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de mayo de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fechas veintidós de marzo de dos mil veintitrés recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1010-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] En los asuntos promovidos por el Ministerio Público, se omitirá el dictamen fiscal previsto en las leyes de la República.

[2] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.

[3] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.

[4] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.

[5] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 243 y 244.

[6] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 249.