Sentencia AP-0862-22 — Registro 17285
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró no ha lugar el recurso en la causa instruida por el delito de trafico de drogas en su modalidad de posesión, en perjuicio de la salud pública del estado de Honduras. Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (11): Que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que las prueba serán valoradas con arreglo la sana critica; el órgano jurisdiccional tomará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida, sin embargo el Ad-Quem se decanta en su motivación en la no aplicabilidad por parte del A-Quo del último párrafo de la reforma al Artículo 184 del código Procesal Penal Decreto 36-2020, que no procede la aplicación de medidas distintas a la prisión preventiva en los delitos de narcotráfico y Decreto 56-2014 en los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes, dejando de apreciar para efectos de revocar el fallo, lo relativo a la cantidad de especial importancia según lo establece el citado artículo en el considerando que antecede o si la droga encontrada al imputado es para consumo personal, tomando en cuenta que el dictamen toxicológica revela 1.38 gramos de cocaína encontrada, cabe señalar que se ha derogado parcialmente la Ley Especial Sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, en lo que respecta a los artículos 16 al 30 y 45, de los cuales disponía el artículo 26, la nueva norma penal que regula la conducta relacionada con drogas, sin perjuicio de la graduación de la cantidad de drogas para determinar la de especial importancia en la actividad citada en el artículo 321 párrafo tercero del Código Penal; por otro lado, la configuración del tipo penal ya no es en función al consumo personal, es en función del cumplimiento de cada uno de los verbos rectores mencionados en la normativa penal vigente en su artículo 311, llámese: siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas toxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines; en ese sentido, la nueva norma regula la posesión y que esta puede ser para fines de facilitación del consumo ilegal de drogas o para el auto consumo; en el primer caso, pondría en peligro bienes de relevancia como es la salud pública, no así en el segundo, pues por razones de política criminal no se sanciona el auto consumo, y siendo que la declaración del imputado así lo revela, es decir, que la droga encontrada (posesión) es para ese fin, al auto consumo o consumo personal; es por ello, que con solo el dictamen toxicológico no se acredita la posesión ilícita de drogas; existe criterio de la Sala Penal, Sentencia SP-239-2009, en cuanto a los problemas esenciales que en la práctica presenta el juzgamiento de los actos típicos de posesión ilícita de drogas, referido a la prueba y la finalidad del tráfico o difusión de la misma. La determinación del destino al tráfico o consumo, lo que exige es la elaboración de un juicio de ilación revisable en casación a partir de los datos objetivos acreditados en el juicio (cantidad, variedad y pureza de la droga incautada, condición de drogodependiente, consumidor ocasional o no consumidor del tenedor de la misma, circunstancia de la ocupación, tenencia de relevantes cantidades de dinero en metálico de procedencia no justificada, ocupación de útiles, instrumento o materiales para el pesaje, distribución, “cortado”, adulteración o empaquetado de la droga, etc.…, teniendo siempre en cuenta en primer lugar, que siendo la finalidad del tráfico un elemento del tipo, debe quedar acreditado como cualquier otro, por lo que es a la parte acusadora a quien incumbe acreditar el destino al tráfico y la tenencia (posesión) para el consumo; 2. Ciertamente….”CONSIDERANDO (12): Que, partiendo del precedente en comento, concluye esta Sala, que es importante considerar para efectos de la decisión recurrida, que ya no se toma en cuenta la referencia medica legal de la cantidad decomisada, en relación a la pasada legislación la cantidad decomisada era relevante para configurar el delito de Posesión para Tráfico de Drogas. En la acreditación de la evidencia de la comisión de un delito cualquiera de los contenidos en la nueva normativa, es necesario como lo advierte la Jurisprudencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que “no basta para determinar el delito de Tráfico de Drogas, que la cantidad de droga exceda según el dictamen médico legal a la dosis considerada para consumo, sino que deben existir otros elementos indiciarios, indicadores que prueben o indiquen la intención del sujeto, en el caso sub judice, el análisis de la muestra es que da positivo para Cocaína y que la cantidad decomisada es 1,38 gramos, sin que la investigación presente elementos o indicadores del destino de la misma, es decir, que su destino sea diferente al del auto consumo, el prejuzgar que la droga era para comerciarla sin tener elementos probatorios que resulten de un hecho controvertido, implica una evidente falta de motivación factico jurídica, asimismo, no se consideró lo que dispone el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9 numeral 3, la prisión preventiva de las personas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del encausado en el acto del juicio, así como de otras convenciones y convenios internacionales relacionados con la prisión preventiva y de los que Honduras es signataria. CONSIDERANDO (13); Que, vistos y analizados todos los actos procesales del caso en concreto, es evidente que la Alzada no estimó de manera exhaustiva la resolución recurrida en apelación, en cuanto a todos los elementos indiciarios del presunto delito de Tráfico de Drogas en su modalidad de Posesión en perjuicio de la Salud Pública que se le imputa al señor Fredis Alexis Villatoro Larios, se decanta únicamente por lo que dispone la reforma al artículo 184 del código Procesal Penal en los dos precitados decretos, dejando de apreciar de manera conjunta la normativa penal aplicable, tanto nacional como de los convenios y tratados de los que Honduras en parte en esta materia, el artículo 174 del Código Procesal Penal al seleccionar la medida aplicable deberá tomar en cuenta su idoneidad y proporcionalidad y demás motivos que son relevantes para la aplicación de medidas menos gravosas a la prisión preventiva, por tanto, esta Sala no comparte el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba por falta de motivación factico jurídica suficiente, los Órganos Jurisdiccionales en materia penal formarán su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida, y en lo que concierne a la interpretación de pasajes oscuros o contradictorios de la ley Penal, se interpretaran de modo que más favorezca a la persona imputada; se deduce de la resolución judicial en amparo, la falta de motivación suficiente, habida cuenta de todas las circunstancias que rodean el presunto delito que se imputa al encausado, situación ésta que vulnera las garantías invocadas a favor del imputado; en consecuencia, resulta procedente de conformidad a derecho Otorgar la presente garantía de amparo.”
Legislación citada
- Código Penal, art. 321 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 174 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 184 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KERLLY YARETH YANEZ WOODS, a favor del señor FREDIS ALEXANDER VILLATORO LARIOS, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veintidós (2022), que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra resolución de fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en la causa instruida contra el señor FREDIS ALEXANDER VILLATORO LARIOS, por suponerlo responsable del delito de TRAFICO DE DROGAS EN SU MODALIDAD DE POSESION, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1)Que en fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veintidós (2022), compareció ante Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado NAHUN RAMOS TINOCO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el señor FREDIS ALEXANDER VILLATORO LARIOS , por suponerlo responsable del delito de TRAFICO DE DROGAS EN SU MODALIDAD DE POSESION en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folios 1 al 3 de la pieza del Juzgado).2) Que el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en audiencia Inicial de fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil veintidós (2022), RESOLVIÓ: “…Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, en contra del ciudadano FREDIS ALEXANDER VALLATORO LARIOS, a quien se le acusa como responsable del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS EN LA MODALIDA DE POSESION (MARIHUNA), en perjuicio de LA SALUD PUBLICA. (Folios 20 al 25 de la pieza del Juzgado).3) Que en fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veintidós (2022), la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, FALLA: “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE APELACION interpuesto por la Abogada KERLLY YARETH YANEZ WOODS en su condición de Defensora Pública del imputado. En consecuencia, se confirma la resolución judicial de fecha veintiuno de enero del dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida,en cuanto decreta Auto de formal procesamiento en contra del imputado FREDIS ALEXANDER VILLATORO LARIOS. - SEGUNDO: Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado NAHUN RAMOS TINOCO, en su condición de agente Fiscal del Ministerio Público. En consecuencia SE REVOCA LA RESOLUCION JUDICIAL de fecha veintiuno de enero del dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en cuanto aplicó al imputado Medidas Cautelares distintas a la Prisión Preventiva, para tal efecto deberá la Juez de primera instancia en la audiencia correspondiente decretar la medida cautelar de Prisión Preventiva y en caso de no presentarse el imputado, declarar la rebeldía del mismo librando las oportunas órdenes de captura…”(Folio 7 al 13 de la pieza de Corte de Apelaciones).4) Que la recurrente Abogada SUSSY COELLO GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS; afirmando la recurrente que la resolución del Ad-Quem, de fecha quince (15) de junio del año dos mil veintiuno (2021), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.5) Que en fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313, numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida de fecha veintidós de marzo del año dos mil veintidós que resuelve los recursos de apelación interpuestos por la defensa del imputado que lo declara Sin Lugar y Confirma la resolución recurrida de fecha veintiuno de enero del dos mil veintidós dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, Atlántida; asimismo, declara Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Agente Fiscal del Ministerio Público contra la misma resolución judicial y Revoca la aludida Resolución Judicial emitida por el precitado Juzgado relativa a la imposición de Medidas Cautelares Distintas al Prisión Preventiva, todo en relación a la causa instruida contra el señor Fredis Alexander Villatoro Larios a quien se le supone responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas en su Modalidad de Posesión en perjuicio de la Salud Publica. CONSIDERANDO (4): Que la abogada Kerlly Yareth Yanez Woods Defensora Pública del encausado interpone acción de amparo a favor del encausado, Fredis Alexander Villatoro Larios y estima que la resolución dictada por el Ad-Quem quebranta las garantías contenidas en los artículos 69, 82, 90 de la Constitución de la República en relación al 321 del Código Penal y 173 No.3 del Código Procesal Penal. CONSIDERADNO (5): Que la Amparista expone que presentado el respectivo requerimiento fiscal por parte del Ministerio Publico conta su representado por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas en su Modalidad de Posesión (1.38 Cocaína) en perjuicio de la Salud Pública se le decretó detención judicial. Posteriormente en audiencia inicial, evacuados los elementos de prueba, la juez decreta el auto de formal procesamiento e impone medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, las consignadas en los numerales 6 y 7 del artículo 173 del Código Procesal Penal. No conforme el Ministerio Público interpone recurso de apelación por considerar que existe una prohibición taxativa en el artículo 184 del mismo cuerpo legal, según reforma en Decreto 36-2020, último párrafo del artículo 1, que establece “en ningún caso procederá la aplicación de otra medida cautelar distinta a la prisión preventiva en los delitos de narcotráfico”, contestando la defensa dichos argumentos. CONSIDERANDO (6): Que según la Amparista, la Alzada erróneamente interpreta las leyes aplicables al caso, y mediante un simple análisis, motivando que la reforma del artículo 184 del CPP según Decreto 56-2013 (16 abril 2013) y 36-2220 (10 de junio 2020), establecen prohibición para decretar medidas en delitos relacionados con el narcotráfico y que de acuerdo al auto de formal procesamiento dictado debió tomarse en cuenta dicha disposición, mandando a revocar la medida cautelar adoptada. Que el artículo 172 del Código Procesal Penal tiene como finalidad la eficacia del procedimiento, que garantice que el imputado estará presente en el mismo y de una regular obtención de la prueba, que la gravedad de la pena por sí sola no es criterio suficiente para justificar una medida de coerción. Hondura es signataria del Paco Internacional de los derechos Civiles y Políticos y que en su artículo 9 numeral 3 establece, la prisión preventiva de las personas no debe ser la regla general, pero su liberad podrá estar subordinada a las garantías que aseguren la comparecencia del encausado en el acto del juicio en relación a lo que expresan los artículos 5, 16 y 69 de la Carta Magna. CONSIDERANDO (7): Que del estudio y análisis de las piezas del proceso y exclusivamente de la Resolución recurrida, esta Sala observa que en la motivación probatoria y jurídica del fallo, aun y cuando las partes procesales recurrieron en igualdad de condiciones a expresar los agravios contra la resolución apelada, concluye la Alzada, desestimando la apelación de la Defensa quien pedía sobreseimiento definitivo contra el auto de formal procesamiento en base a lo dispuesto el artículo 92 de la Constitución de la República, que reza “no podrá….”., con las pruebas documentales y testificales interpuestas por el agente Fiscal del Ministerio Público, se acreditó la existencia de un acto delictivo, como lo es la posesión de una droga con la finalidad de comerciarla siendo esta una modalidad del Tráfico de Drogas el indicio de participación del imputado en la comisión del mismo, y procede confirmando la resolución dictada en primera instancia en cuanto al Auto de Formal Procesamiento en contra del imputado. CONSIDERANDO(8): Que la Alzada responde a la apelación planteada del Ministerio Público, que reconoce que bajo el sistema acusatorio la prisión preventiva no es la regla general para aplicarla en un proceso penal, sino que es la excepción, y que para adoptarla deben concurrir alguno de los presupuestos del artículo 178 del Código Procesal Penal, y que no debe olvidarse, que el legislador enlisto varios delitos donde no procede la aplicación de medidas sustitutivas tal es el caso de los delitos relacionados con narcotráfico (ver decreto 56-2013 del 16/4/2013 y Decreto 36-2020 del 10/6/2020 que reforma el artículo 184 del Código Procesal Penal) en ambas reformas, persiste la disposición del legislador de prohibir la sustitución de la prisión preventiva por otras medidas cautelares en los delitos relacionados con narcotráfico y concluye que no comparte la decisión del juez de primera instancia por dictar a favor del imputado medidas distintas a la prisión preventiva aunque se decretó el auto de formal procesamiento por un delito relacionado al tráfico de drogas, pues no se está tomando en cuenta la pena a imponer al imputado en caso de una sentencia condenatoria, sino el tipo de delito por el cual se le está siguiendo un proceso penal, procede revocando la decisión adoptada y ordena su detención. CONSIDERANDO(9): Que, para esta Sala, si bien es cierto la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba argumenta en el fallo que el Juez de Primera Instancia no debe olvidar la disposición de la citada reforma del artículo 184 del Código Procesal Penal contenida en los Decretos 56-2013 y 36-2020 relativa a la prohibición de aplicar medidas distintitas a la prisión preventiva en delitos de narcotráfico y de delitos relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes; no menos cierto es, que en una decisión judicial penal, deben considerarse los principios generales y procesales del derecho y la doctrina en cuanto a fuentes auxiliar en todos los procedimientos, los que serán tenidos en cuenta, más aún cuando a consecuencia de ellos se deban aplicar sanciones penales o medidas restrictivas de la libertad a una persona. CONSIDERANDO (7): Que, de las piezas en estudio se extrae que al imputado Fredis Alexander Villatoro Larios mediante un patrullaje de rutina se le hizo un registro personal se le encontró en posesión de un polvo blanco en siete envoltorios plásticos transparentes, supuestamente cocaína, según Acta de Registro Personal de fecha 16 de enero del 2022 (f.17pp). El dictamen del Laboratorio Químico Toxicológico de Medicina Forense del 17 de enero del 2022, (f.18 pp) en el ITEM 4. Análisis Solicitado. Calidad y peso, sustancia y demás extremos de la pericia. 5. Resultados: Análisis: Cocaína (Clorhidrato. Método: Ensayo Químico. Polvo Blanco: 2.1. Peso: Examen Físico. Positivo: 1,38 g.- Conclusiones: De acuerdo a los análisis realizados a los polvos blancos decomisados del indicio 2.1 (Material Recibido) se concluye que se tratan de Cocaína/Clorhidrato. Por otro lado, en la audiencia inicial de fecha 21 de enero del 2022, (f.20-25 PP.) el encausado declara que la droga es de su propiedad porque la consume desde los 15 años y que trabaja en el aeropuerto y que actualmente tiene 19 años. CONSDERANDO (8): Que es de suma importancia en el proceso penal y específicamente en la causa en comento, dirimir por esta Sala si las medidas cautelares aplicadas al encausado distintas a la prisión preventiva procedía su aplicación por el delito que se le imputa; en primer término, la finalidad de dichas medidas es asegurar la eficacia del procedimiento, garantizar la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de prueba. En este sentido, en base a los presupuestos legitimadores del artículo 172 del Código Procesal Penal, los hechos controvertidos y las pruebas a su alcance es lo que permite al juzgador realizar un análisis valorativo para la toma de la decisión en cuanto a las medidas aplicar. Es así, que el artículo 311 del Código Penal establece que tráfico de droga es quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas toxicas, o las posee para aquellos fines, resulta del caso en estudio y de acuerdo a la dinámica de cómo sucedieron los hechos, que el Ministerio Público no ha probado que el imputado se dedique a lo que establece el precitado artículo, al tráfico de drogas; por otro lado, el artículo 321 párrafo tercero del mismo cuerpo legal en relación a las cantidades específicas de Droga o Estupefacientes encontrado al imputado es mínima; es decir, lo que dispone el artículo 174 del Código Procesal Penal es que mediante auto motivado el órgano jurisdiccional competente justificará la concurrencia de los presupuestos legitimadores invocando los indicios que resulten de las investigaciones, tomando en cuenta la idoneidad y proporcionalidad en relación a los fines que se pretende conseguir, a la gravedad del hecho y de la pena, que en caso de condena, podría ser impuesta y las circunstancias personales del imputado, como ha sucedido en el presente caso.COSNIDERANDO (9): Que es de trascendental importancia en el proceso penal, que el órgano jurisdiccional observe las garantías y principios generales previstos en la ley penal, más aún cuando a consecuencia de estos, se deban aplicar sanciones penales o medidas restrictivas a la libertad de una persona, en el caso de marras, se observa de la foliada, que el imputado acredito tener arraigo domiciliario, que el delito no es considerado grave, pues su pena de reclusión no excede de 5 años según valoración del Juzgador, no hay peligro de obstrucción de la investigación, y las pruebas de las puede hacerse valer el ente delator se hallan en su poder, por tal razón la motivación del A-Quo para dictar las medidas sustitutivas de la prisión preventiva son en razón a lo que dispone el artículo 180 numerales 1 y 2 del código Procesal Penal. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala observa que la cantidad de droga encontrada al imputado no es de especial importancia, tal y como lo relaciona el artículo 321 párrafo tercero del Código Penal; según el dictamen toxicológico que esta agregado a las piezas, revela que el peso en 1.38 gramos de cocaína lo que aunado a la declaración del encausado son elementos relevantes para motivar una decisión ajustada a derecho; por otro lado, el Ente Acusador no aporta elementos relevantes que marquen clara evidencia si la droga encontrada al imputado seria destinada a otros usos y no al consumo personal; la simple modalidad de posesión no determina en esta fase del proceso tal aseveración por parte del Ad-Quem el que motiva que es para comerciarla. La Corte Suprema en casos similares, se ha pronunciado en el sentido que no se ha probado que un encausado haya utilizado o facilitado su propio cuerpo para transportar droga para el tráfico ilícito contenido en una bolsa plástica, al no estar esta sustancia dentro de su organismo o adherida directamente en su cuerpo. Es por ello, que el dictamen toxicológico es vinculante únicamente en cuanto a demostrar el tipo y cantidad de droga encontrada, no determina que la misma seria destinada para comerciar como lo expone la Alzada en el fallo lo que se contrapone a lo declarado por el encausado, quien aseveró en su declaración que la droga es para su consumo personal, el artículo 321 del Código Penal en su Párrafo Tercero expresa: “Por cantidad de especial importancia se entienden las siguientes 1)… 2)… 3)dos mil (2000) gramos de cocaína o de alcaloide derivado de la cocaína, 4)… 5)…” en tanto que la encontrada al imputado es de 1.38 gramos, cantidad mínima en comparación con lo dispone el citado artículo. CONSIDERANDO (11): Que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que las prueba serán valoradas con arreglo la sana critica; el órgano jurisdiccional tomará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida, sin embargo el Ad-Quem se decanta en su motivación en la no aplicabilidad por parte del A-Quo del último párrafo de la reforma al Artículo 184 del código Procesal Penal Decreto 36-2020, que no procede la aplicación de medidas distintas a la prisión preventiva en los delitos de narcotráfico y Decreto 56-2014 en los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes, dejando de apreciar para efectos de revocar el fallo, lo relativo a la cantidad de especial importancia según lo establece el citado artículo en el considerando que antecede o si la droga encontrada al imputado es para consumo personal, tomando en cuenta que el dictamen toxicológica revela 1.38 gramos de cocaína encontrada, cabe señalar que se ha derogado parcialmente la Ley Especial Sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, en lo que respecta a los artículos 16 al 30 y 45, de los cuales disponía el artículo 26, la nueva norma penal que regula la conducta relacionada con drogas, sin perjuicio de la graduación de la cantidad de drogas para determinar la de especial importancia en la actividad citada en el artículo 321 párrafo tercero del Código Penal; por otro lado, la configuración del tipo penal ya no es en función al consumo personal, es en función del cumplimiento de cada uno de los verbos rectores mencionados en la normativa penal vigente en su artículo 311, llámese: siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas toxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines; en ese sentido, la nueva norma regula la posesión y que esta puede ser para fines de facilitación del consumo ilegal de drogas o para el auto consumo; en el primer caso, pondría en peligro bienes de relevancia como es la salud pública, no así en el segundo, pues por razones de política criminal no se sanciona el auto consumo, y siendo que la declaración del imputado así lo revela, es decir, que la droga encontrada (posesión) es para ese fin, al auto consumo o consumo personal; es por ello, que con solo el dictamen toxicológico no se acredita la posesión ilícita de drogas; existe criterio de la Sala Penal, Sentencia SP-239-2009, en cuanto a los problemas esenciales que en la práctica presenta el juzgamiento de los actos típicos de posesión ilícita de drogas, referido a la prueba y la finalidad del tráfico o difusión de la misma. La determinación del destino al tráfico o consumo, lo que exige es la elaboración de un juicio de ilación revisable en casación a partir de los datos objetivos acreditados en el juicio (cantidad, variedad y pureza de la droga incautada, condición de drogodependiente, consumidor ocasional o no consumidor del tenedor de la misma, circunstancia de la ocupación, tenencia de relevantes cantidades de dinero en metálico de procedencia no justificada, ocupación de útiles, instrumento o materiales para el pesaje, distribución, “cortado”, adulteración o empaquetado de la droga, etc.…, teniendo siempre en cuenta en primer lugar, que siendo la finalidad del tráfico un elemento del tipo, debe quedar acreditado como cualquier otro, por lo que es a la parte acusadora a quien incumbe acreditar el destino al tráfico y la tenencia (posesión) para el consumo; 2. Ciertamente….”CONSIDERANDO (12): Que, partiendo del precedente en comento, concluye esta Sala, que es importante considerar para efectos de la decisión recurrida, que ya no se toma en cuenta la referencia medica legal de la cantidad decomisada, en relación a la pasada legislación la cantidad decomisada era relevante para configurar el delito de Posesión para Tráfico de Drogas. En la acreditación de la evidencia de la comisión de un delito cualquiera de los contenidos en la nueva normativa, es necesario como lo advierte la Jurisprudencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que “no basta para determinar el delito de Tráfico de Drogas, que la cantidad de droga exceda según el dictamen médico legal a la dosis considerada para consumo, sino que deben existir otros elementos indiciarios, indicadores que prueben o indiquen la intención del sujeto, en el caso sub judice, el análisis de la muestra es que da positivo para Cocaína y que la cantidad decomisada es 1,38 gramos, sin que la investigación presente elementos o indicadores del destino de la misma, es decir, que su destino sea diferente al del auto consumo, el prejuzgar que la droga era para comerciarla sin tener elementos probatorios que resulten de un hecho controvertido, implica una evidente falta de motivación factico jurídica, asimismo, no se consideró lo que dispone el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9 numeral 3, la prisión preventiva de las personas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del encausado en el acto del juicio, así como de otras convenciones y convenios internacionales relacionados con la prisión preventiva y de los que Honduras es signataria. CONSIDERANDO (13); Que, vistos y analizados todos los actos procesales del caso en concreto, es evidente que la Alzada no estimó de manera exhaustiva la resolución recurrida en apelación, en cuanto a todos los elementos indiciarios del presunto delito de Tráfico de Drogas en su modalidad de Posesión en perjuicio de la Salud Pública que se le imputa al señor Fredis Alexis Villatoro Larios, se decanta únicamente por lo que dispone la reforma al artículo 184 del código Procesal Penal en los dos precitados decretos, dejando de apreciar de manera conjunta la normativa penal aplicable, tanto nacional como de los convenios y tratados de los que Honduras en parte en esta materia, el artículo 174 del Código Procesal Penal al seleccionar la medida aplicable deberá tomar en cuenta su idoneidad y proporcionalidad y demás motivos que son relevantes para la aplicación de medidas menos gravosas a la prisión preventiva, por tanto, esta Sala no comparte el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba por falta de motivación factico jurídica suficiente, los Órganos Jurisdiccionales en materia penal formarán su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida, y en lo que concierne a la interpretación de pasajes oscuros o contradictorios de la ley Penal, se interpretaran de modo que más favorezca a la persona imputada; se deduce de la resolución judicial en amparo, la falta de motivación suficiente, habida cuenta de todas las circunstancias que rodean el presunto delito que se imputa al encausado, situación ésta que vulnera las garantías invocadas a favor del imputado; en consecuencia, resulta procedente de conformidad a derecho Otorgar la presente garantía de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 18 y 202 del Código Procesal Penal; 311 y 321 del Código Penal vigente.- FALLA: Otorgando la Garantía Constitucional de Amparo solicitada por la abogada Kerlly Yireth Yanez Woods en su condición de defensora Pública a favor de Fredis Alexander Villatoro Larios, Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado VALLECILLO PAREDES- NOTIFIQUESE. - Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023) certificación de la Sentencia de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0862-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
ECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.