Sentencia AP-05-22 — Registro 16846
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó sobreseimiento definitivo dictado por Juzgado de Instancia a favor del imputado a quien se le supone responsable del delito de Tráfico de Drogas en su modalidad de Posesión de 2.5 gramos de marihuana, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras; La Autoridad recurrida considera que la cantidad decomisada al encausado se refiere para auto consumo, según la nueva norma penal; en consecuencia procede confirmar la resolución recurrida
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"para esta Sala, la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua ha argumentado y motivado debidamente el fallo venido en amparo, que si bien es cierto se encontró al imputado Carlos Alberto Lara Suazo en posesión de marihuana y que la cantidad de droga encontrada es 2,5 gramos, la dinámica de los hechos presentados, es que un grupo de personas aproximadamente de cinco, caminaban por la calle principal salida a Tepanguare, y que mediante un registro personal a todos, únicamente al acusado se le encontró la cantidad señalada, no indica otros elementos que señale que la droga seria destinada a otros usos; pues se considera cantidad de especial importancia la que supera los 10 mil gramos de marihuana, según el párrafo tercero del artículo 321 del código Penal, no siendo el caso. Ya la Corte Suprema en casos anteriores se ha pronunciado en el sentido de que no se ha probado que el encausado haya utilizado o facilitado su propio cuerpo para transportar la marihuana para el tráfico ilícito de droga contenido en una bolsa plástica, en virtud de no estar esta sustancia dentro de su organismo o adherida directamente en su cuerpo. Es por ello, que el dictamen toxicológico es vinculante únicamente en cuanto a demostrar que la hierba encontrada es marihuana, pero no para demostrar que la misma era destinada para facilitación de consumo; asimismo, no se establece con claridad si el encausado es consumidor o no, puesto que la muestra tomada no lo determina, sin embargo, el resultado da positivo por los métodos utilizados,..."..."el Ad-Quem considera referirse a la cantidad considerada para consumo personal inmediato según referencia medica toxicológica y que se encuentra regulada en la Ley Penal vigente, relativo a los delitos contra las drogas, tomando en cuenta que se ha derogado de manera expresa, la conducta que contenía la Ley Especial Sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, haciendo derogación parcial de la ley, tocante a los artículos 16 al 30 y 45, de los cuales disponía el artículo 26, la nueva norma penal que regula la conducta relacionada con drogas, sin perjuicio de la graduación de la cantidad de drogas para determinar la especial importancia de la actividad citada en el artículo 321 párrafo tercero del Código Penal; por otro lado, la configuración del tipo penal ya no es en función al consumo personal, es en función del cumplimiento de cada uno de los verbos rectores mencionados en la normativa penal vigente en su artículo 311...en ese sentido, la nueva norma regula la posesión y que esta puede ser para fines de facilitación del consumo ilegal de drogas o para el auto consumo; en el primer caso pondría en peligro bienes de relevancia como es la salud pública, no así en el segundo, pues por razones de política criminal no se sanciona el auto consumo, debiendo acreditarse esa circunstancia personal, es decir, que la posesión sea para ese fin, el auto consumo o consumo personal, lo que no se acredita con el dictamen toxicológico; existe criterio de la Sala Penal, Sentencia SP-239-2009, en cuanto a los problemas esenciales que en la práctica presenta el juzgamiento de los actos típicos de posesión ilícita de drogas, referido a la prueba de la finalidad del tráfico o difusión de la misma...teniendo siempre en cuenta en primea lugar que siendo la finalidad del tráfico un elemento del tipo debe quedar acreditado como cualquier otro, por lo que es a la acusación a quien incumbe acreditar el destino al tráfico y no a la defensa la tenencia par al consumo, 2. Ciertamente….”...", concluye esta Sala, que es importante considerar para efectos de la decisión, que ya no se toma en cuenta la referencia medica legal de la cantidad decomisada, en relación a la pasada legislación la cantidad decomisada era relevante para configurar el delito de Posesión para Tráfico de Drogas. En la acreditación de la evidencia de la comisión de un delito cualquiera de los contenidos en la nueva normativa, es necesario como lo advierte la Jurisprudencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que “no basta para determinar el delito de Tráfico de Drogas, que la cantidad de droga exceda según el dictamen médico legal a la dosis considerada para consumo, sino que deben existir otros indicios, elementos indicadores que prueben o indiquen la intención del sujeto, en el caso sub judice, la dinámica de los hechos presentados como se relacionan en el considerando seis del presente fallo y el dictamen médico forense, el análisis muestra que da positivo para marihuana y que la cantidad decomisada es 2,5 gramos, sin que la investigación presente elementos o indicadores del destino de la misma, es decir, que su destino sea diferente al autoconsumo..."..."vistos y analizados todos los actos procesales del caso en concreto, no se vislumbra que se haya vulnerado en absoluto las garantías invocadas por la impetrante, que los Órganos Jurisdiccionales en materia penal formarán su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida, y en lo que concierne a la interpretación de pasajes oscuros o contradictorios de la ley Penal, se interpretaran de modo que más favorezca a la persona imputada; en tal sentido, se deduce de la resolución judicial en amparo, que la misma se encuentra debidamente motivada y fundamentada en ley, observándose respeto al debido proceso y al desarrollado de las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional tal como lo dispone la Ley Sobre Justicia Constitucional; en consecuencia, resulta procedente de conformidad a derecho denegar la presente acción de amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 202 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 311 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 321 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
C E R T I F I C A C I O N
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ANGELA RIVERA MARUQEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha uno de noviembre de dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, con relación a la causa instruida contra el señor CARLOS ALBERTO LARA SUAZO por suponerlo responsable del delito de TRAFICO DE DROGAS EN SU MODALIDAD DE TRANSPORTE en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando la recurrente que la decisión del Ad-Quem, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dos (02) de mayo de dos mil veintiuno (2021), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Paz, Departamento de La Paz, el Abogado CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor CARLOS ALBERTO LARA SUAZO por suponerlo responsable del delito de TRAFICO DE DROGAS EN SU MODALIDAD DE TRANSPORTE en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01–08 de la pieza del A-Quo) 2) Que en fecha veintidós (22) de junio de dos mil veintiuno (2021), en la resolución dictada por el Juzgado citado, en la cual Resolvió: “1.- Decretar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del imputado CARLOS ALBERTO LARA SUAZO por el delito de TRAFICO DE DROGAS EN SU MODALIDAD DE POSESION, hecho ocurrido el día domingo dos de mayo del año dos mil veintiuno en el barrio la Concepción calle principal salida a Tepanguare La Paz, Departamento de La Paz. En consecuencia, se ORDENA su libertad. NOTIFIQUESE” (Folios 37-39 de la pieza del A-Quo).3) Que conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada SAMANTHA BARAHONA CASTRO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua dicto resolución en fecha uno (01) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), en la cual Falló: “PRIMERO: Declarando SIN LUGAR el recurso de Apelación que ha planteado El Ministerio Público contra EL AUTO DE SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, de fecha veintidós de junio del año dos mil veintiuno, en la causa instruida contra el acusado CARLOS ALBERTO LARA SUAZO por el delito de Tráfico en su modalidad de Posesión de 2.5 gramos de marihuana, en perjuicio de la salud de LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. EN CONSECUENCIA: SE CONFIRMA LA RESOLUCION RECURRIDA.” (Folios 08-12 de la pieza del Ad-Quem). 4) Que la Abogada ANGELA RIVERA MARQUEZ, compareció ante este Tribunal en fecha cuatro (04) de enero de dos mil veintidós (2022), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, de fecha uno (01) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. (Folios 01–04 del Presente Recurso) 5) Que en fecha dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 22 del Presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313, numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, emitida en fecha primero de noviembre de dos mil veintiuno; la cual falla declarando sin lugar el recurso de apelación que ha planteado el Ministerio Público contra el Auto de Sobreseimiento Definitivo de fecha veintidós de junio del año dos mil veintiuno en la causa instruida contra el acusado Carlos Alberto Lara Suazo por el delito de Tráfico en su Modalidad de Posesión de 2.5 gramos de marihuana, en perjuicio de la salud de la Población del Estado de Honduras, en consecuencia confirma la resolución recurrida. CONSIDERANDO (4): Que la abogada Angela Rivera Márquez, agente fiscal del Ministerio Púbico, adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución al formalizar la acción de amparo, estima que la resolución dictada por el Ad-Quem quebranta las garantías de los artículos 90 de la constitución dela República relativa al Debido Proceso y lo preceptuado en los artículos 297 y 311 del Código Procesal Penal; al considerar que el razonamiento externado por el Tribunal de Segunda instancia vulnera el derecho al debido proceso, pues el artículo 297 del Código Procesal Penal marca una autentica formalidad al señalar que es lo que debe ocurrir cuando se acrediten los elementos consistentes en la plena prueba de haberse cometido un delito e indicio racional de quien es su autor. El referido articulo cita si no procede el sobreseimiento provisional ni el definitivo, el juez resolverá según corresponda 1. Dictar auto de prisión y en tal caso, decidir si decreta la prisión preventiva del imputado u otras medidas cautelares de conformidad con la prueba practicada al respecto. Para decretar auto de prisión, el juez considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimara como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito… CONSIDERANDO (5): Que la quejosa motiva asimismo, que la Alzada en consonancia con el Juzgado de Letras reconocen que se encontró al imputado en posesión de 2,5 gramos de marihuana, este reconocimiento debió vincularse con el auto de formal procesamiento bajo algunas de las diversas conductas del artículo 311 del nuevo Código Penal, entre ellas la posesión con fines de facilitación de consumo, pues per se, esta aseveración contiene los dos elementos exigidos para el dictado del auto de formal procesamiento como lo manda el artículo 297 del Código Procesal Penal referido a la plena prueba de haberse cometido un delito al poseer droga y al indicio racional de que el imputado participó en el mismo al reconocer la alzada que efectivamente la portaba, sin embargo, hubo una inclinación por una interpretación voluble que la nueva norma penal no contiene el auto consumo, sin embargo, como conducta atípica el poseer la droga para facilitar el consumo, no distingue la norma si la referencia es al consumo de terceros o a su propio consumo, haciendo el enunciado de forma general, sin distinciones debiendo entonces en la interpretación echar mano del principio general del derecho que señala que donde la ley no distingue, no cabe hacer distinciones, principio que irrespetó la alzada en su interpretación omitiendo dictar el auto de formal procesamiento, formalidad prevista en el artículo 297 del Código Procesal Penal; poniendo en entredicho la Tutela Judicial Efectiva, por lo que debe decretarse con lugar la acción de amparo y ordenar se dicte el auto de formal procesamiento. CONSIDERANDO (6): Que, para esta Sala, la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua ha argumentado y motivado debidamente el fallo venido en amparo, que si bien es cierto se encontró al imputado Carlos Alberto Lara Suazo en posesión de marihuana y que la cantidad de droga encontrada es 2,5 gramos, la dinámica de los hechos presentados, es que un grupo de personas aproximadamente de cinco, caminaban por la calle principal salida a Tepanguare, y que mediante un registro personal a todos, únicamente al acusado se le encontró la cantidad señalada, no indica otros elementos que señale que la droga seria destinada a otros usos; pues se considera cantidad de especial importancia la que supera los 10 mil gramos de marihuana, según el párrafo tercero del artículo 321 del código Penal, no siendo el caso. Ya la Corte Suprema en casos anteriores se ha pronunciado en el sentido de que no se ha probado que el encausado haya utilizado o facilitado su propio cuerpo para transportar la marihuana para el tráfico ilícito de droga contenido en una bolsa plástica, en virtud de no estar esta sustancia dentro de su organismo o adherida directamente en su cuerpo. Es por ello, que el dictamen toxicológico es vinculante únicamente en cuanto a demostrar que la hierba encontrada es marihuana, pero no para demostrar que la misma era destinada para facilitación de consumo; asimismo, no se establece con claridad si el encausado es consumidor o no, puesto que la muestra tomada no lo determina, sin embargo, el resultado da positivo por los métodos utilizados, por otro lado, el párrafo segundo del artículo 321 del código Penal establece “Se entiende que no causan grave daño a la salud los derivados del cáñamo indico o americano o del cannabis sativa”, conocidas comúnmente como marihuana y el párrafo tercero del mismo artículo taxativamente señala: “Por la cantidad de especial importancia se entienden las siguientes: 1) Diez mil (10,000) gramos de marihuana, 2) … 3) …4) ... 5) …”. CONSIDERANDO (7): Que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que las prueba serán valoradas con arreglo la sana critica. El órgano jurisdiccional tomará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. En ese sentido, el Ad-Quem considera referirse a la cantidad considerada para consumo personal inmediato según referencia medica toxicológica y que se encuentra regulada en la Ley Penal vigente, relativo a los delitos contra las drogas, tomando en cuenta que se ha derogado de manera expresa, la conducta que contenía la Ley Especial Sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, haciendo derogación parcial de la ley, tocante a los artículos 16 al 30 y 45, de los cuales disponía el artículo 26, la nueva norma penal que regula la conducta relacionada con drogas, sin perjuicio de la graduación de la cantidad de drogas para determinar la especial importancia de la actividad citada en el artículo 321 párrafo tercero del Código Penal; por otro lado, la configuración del tipo penal ya no es en función al consumo personal, es en función del cumplimiento de cada uno de los verbos rectores mencionados en la normativa penal vigente en su artículo 311, llámese: siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas toxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines; en ese sentido, la nueva norma regula la posesión y que esta puede ser para fines de facilitación del consumo ilegal de drogas o para el auto consumo; en el primer caso pondría en peligro bienes de relevancia como es la salud pública, no así en el segundo, pues por razones de política criminal no se sanciona el auto consumo, debiendo acreditarse esa circunstancia personal, es decir, que la posesión sea para ese fin, el auto consumo o consumo personal, lo que no se acredita con el dictamen toxicológico; existe criterio de la Sala Penal, Sentencia SP-239-2009, en cuanto a los problemas esenciales que en la práctica presenta el juzgamiento de los actos típicos de posesión ilícita de drogas, referido a la prueba de la finalidad del tráfico o difusión de la misma. La determinación del destino al tráfico o consumo, lo que exige la elaboración de un juicio de inferencia revisable en casación a partir de los datos objetivos acreditados en el juicio (cantidad, variedad y pureza de la droga incautada, condición de drogodependiente, consumidor ocasional o no consumidor del tenedor de la misma, circunstancia de la ocupación, tenencia de relevantes cantidades de dinero en metálico de procedencia no justificada, ocupación de útiles, instrumento o materiales para el pesaje, distribución, “cortado”, adulteración o empaquetado de la droga, etc.…, teniendo siempre en cuenta en primea lugar que siendo la finalidad del tráfico un elemento del tipo debe quedar acreditado como cualquier otro, por lo que es a la acusación a quien incumbe acreditar el destino al tráfico y no a la defensa la tenencia par al consumo, 2. Ciertamente….” CONSIDERANDO (8): Que, partiendo del precedente en comento, concluye esta Sala, que es importante considerar para efectos de la decisión, que ya no se toma en cuenta la referencia medica legal de la cantidad decomisada, en relación a la pasada legislación la cantidad decomisada era relevante para configurar el delito de Posesión para Tráfico de Drogas. En la acreditación de la evidencia de la comisión de un delito cualquiera de los contenidos en la nueva normativa, es necesario como lo advierte la Jurisprudencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que “no basta para determinar el delito de Tráfico de Drogas, que la cantidad de droga exceda según el dictamen médico legal a la dosis considerada para consumo, sino que deben existir otros indicios, elementos indicadores que prueben o indiquen la intención del sujeto, en el caso sub judice, la dinámica de los hechos presentados como se relacionan en el considerando seis del presente fallo y el dictamen médico forense, el análisis muestra que da positivo para marihuana y que la cantidad decomisada es 2,5 gramos, sin que la investigación presente elementos o indicadores del destino de la misma, es decir, que su destino sea diferente al autoconsumo. CONSIDERANDO (9); Que, vistos y analizados todos los actos procesales del caso en concreto, no se vislumbra que se haya vulnerado en absoluto las garantías invocadas por la impetrante, que los Órganos Jurisdiccionales en materia penal formarán su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida, y en lo que concierne a la interpretación de pasajes oscuros o contradictorios de la ley Penal, se interpretaran de modo que más favorezca a la persona imputada; en tal sentido, se deduce de la resolución judicial en amparo, que la misma se encuentra debidamente motivada y fundamentada en ley, observándose respeto al debido proceso y al desarrollado de las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional tal como lo dispone la Ley Sobre Justicia Constitucional; en consecuencia, resulta procedente de conformidad a derecho denegar la presente acción de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 18 y 202 del Código Procesal Penal; 311 y 321 del Código Penal vigente.- FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de amparo de que se ha hecho el debido mérito.- Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrado WAGNER VALLECILLO PAREDES. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil veintitrés, certificación del Fallo de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintitrés recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0005-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL