Sentencia AL-993-21 — Registro 17507
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declara sin lugar el recurso de apelación que resuelve no ha lugar el archivo de las diligencias, con relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales. Estima el recurrente que se consideran violentados los derechos y garantías constitucionales establecidas en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 872, 2numeral 2 del Código del Trabajo, Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica para el año fiscal 2014 y artículos 3, 193.2 literal b), 199, 211, 213.1 del Código Procesal Civil.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (12): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.-CONSIDERANDO (13): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, en consecuencia se vulneran los demás derechos invocados por el recurrente que engloba el debido proceso, al observar esta Sala de lo Constitucional, que la resolución dictada en segunda instancia, ha irrespetado el derecho a la tutela judicial efectiva, al emitir una resolución ambigua y contradictoria en sus proposiciones, vulnerando al recurrente en amparo los derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República, mismos que deben imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.-CONSIDERANDO (14): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emita nueva resolución con la debida motivación y concordancia, con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil, la que se utiliza en forma supletoria ante la carencia de disposiciones específicas en el Código de Trabajo, a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 872 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 193 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 199 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 211 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 213 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de marzo del año dos mil veintitrés.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE ALEJANDRO CASTRO, a favor del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha tres (3) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), que declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado MELVIN JAVIER FLORES PINEDA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha once (11) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), que resuelve No Ha Lugar el archivo de las diligencias, con relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales, salarios caídos y demás, promovida por la señora REYNA EMILIANA AGUILAR RODRIGUEZ, contra EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. Estima el recurrente que se consideran violentados los derechos y garantías constitucionales establecidas en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 872, 2numeral 2 del Código del Trabajo, Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica para el año fiscal 2014 y artículos 3, 193.2 literal b), 199, 211, 213.1 del Código Procesal Civil.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha quince de enero del año dos mil dieciséis la señora REYNA EMILIANA AGUILAR RODRIGUEZ, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de La Ceiba, Departamento de Atlántida, interponiendo Demanda Laboral de Primera Instancia para el pago de prestaciones laborales, salarios caídos, salarios adeudados, treceavo y catorceavo mes, séptimo día, días feriados, horas extras y demás derechos adquiridos, más las costas del juicio, contra EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. (Folios del 1-4fv de la pieza de antecedentes del A-quo).-2) Que el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de La Ceiba, Departamento de Atlántida, emitió Auto Interlocutorio en fecha nueve (9) de enero del año dos mil dieciocho (2018), por medio del cual falló: (Sic) “UNO: Declarar CON LUGAR el Defecto de Falta de Capacidad procesal de la parte demandada para enfrentar el presente proceso interpuesto por la representante procesal de la parte demandada: DOS: Se deja a salvo el derecho de la parte actora a promover nuevo proceso sobre la misma pretensión, de la forma que legalmente corresponde.- Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho Notifique en este acto a las partes del presente Auto Interlocutorio recaído en el presente juicio…” (Folios 89 y 90 de la pieza de antecedentes del A-quo).-3) Que en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno, compareció ante el referido Juzgado, el Abogado Melvin Javier Flores Pineda, en su condición de apoderado de la parte demandada, exponiendo que en vista que ese órgano jurisdiccional en Auto Interlocutorio de fecha nueve de enero del año dos mil dieciocho, declaró Con Lugar el defecto procesal de Falta de Capacidad Procesal, por parte de su representada para enfrentar el proceso y considerando que han transcurrido tres años desde dicho fallo, peticiona se ordene el archivo de todas las diligencias del expediente de mérito. (Folio 95 de la pieza de antecedentes del A-quo).- 4) Que el Juzgado de letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, emitió resolución en fecha once (11) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), mediante la cual resolvió: (sic) “Primero: Declarar No Ha Lugar el archivo de las presentes diligencias en virtud de no haber transcurrido el término que señala la ley.- Segundo: Declarar No Ha Lugar la acumulación de los expedientes 0101-2016-00012 y 0101-2018-00020.- Tercero:…” (folios 99 y 100 de la pieza de antecedentes del A-quo).-5) Que la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba departamento de Atlántida, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado MELVIN JAVIER FLORES PINEDA, contra la resolución que se deja relacionada en el acápite que antecede, dictó sentencia en fecha tres (3) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MELVIN JAVIER FLORES PINEDA.- SEGUNDO: Confirma la resolución judicial recaída mediante auto de fecha once de febrero del año dos mil veintiuno…” (Folios del 76-81fv de la pieza de antecedentes del Ad-quem).-6) El recurrente abogado JOSE ALEJANDRO CASTRO, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha tres (3) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), es violatoria a los derechos y garantías establecidas en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 872, 2 numeral 2 del Código del Trabajo, Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica para el año fiscal 2014 y artículos 3, 193.2 literal b), 199, 211, 213.1 del Código Procesal Civil. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dos (2) de mayo del año dos mil veintidós (2022). (Folios del 1-10 y 36 de los autos).-7) Que con fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil veintidós (2022), la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió el dictamen correspondiente, en el cual es de la opinión que SE DENIEGUE LA ACCIÓN DE AMPARO, por no existir vulneración de las garantías invocadas por el Amparista. La Fiscal del Despacho argumenta: “Del análisis de los antecedentes se precia esta Representación Fiscal que lo denunciado por el recurrente… no obstante, es oportuno resaltar que dicha solicitud de archivo de diligencias se deriva de un proceso que ha concluido por haberse estimado un defecto de forma consistente en la falta de capacidad procesal de la parte demandada, por lo que tal circunstancia no entraña el defecto de cosa juzgada, pues se dejó subsistente el derecho de la parte actora para promover nuevo proceso como tal ocurrió, la demandante instauró una nueva demanda registrada bajo el número 20-2018, donde las partes harán sus alegaciones pertinentes, de ahí que esta representación Fiscal comparte el criterio esgrimido por la alzada que aunque ha observado el error cometido por el A-quo, en cuanto a no dar lugar el archivo de las diligencias de un proceso, lo cierto es que ese proceso ya no genera ninguna relevancia jurídica en un juicio que fue terminado; de ahí que se estima que no existe vulneración al derecho de defensa invocado por el recurrente, quien tuvo expedito los recursos correspondiente para hacer valer sus alegaciones, en virtud de lo cual al revisar la sentencia recurrida no se aprecia vulneración de ninguna garantía constitucional invocada por el recurrente…”. (Folios del 39-45 de los autos).- CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen[1]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la sentencia emitida por Unanimidad de Votos por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba Departamento de Atlántida, en fecha tres (3) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), que declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Melvin Javier Flores Pineda, en su condición de Apoderado Legal de la parte demandada apelante, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha once (11) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), que declara No Ha Lugar el archivo de las diligencias peticionado por el Abogado Melvin Javier Flores Pineda, en su condición de Apoderado Legal del Instituto Nacional de Migración. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente muestra su inconformidad con la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, argumentando que la resolución recurrida violenta garantías constitucionales, el principio de seguridad jurídica y normas procesales y sustantivas, establecidas en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 872, 2numeral 2 del Código del Trabajo, Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica para el año fiscal 2014 y artículos 3, 193.2 literal b), 199, 211, 213.1 del Código Procesal Civil. El amparista centra sus alegaciones afirmando que la resolución dictada por el Ad-quem presenta una serie de ambigüedades y contradicciones que sintetiza de la forma siguiente: A. En el fundamento “SEGUNDO” la resolución refiere que “independientemente del trámite que la A-quo haya dado a la petición de archivo de las diligencias donde fue declarado con lugar el defecto de capacidad procesal de la parte demandada y se dejó a salvo el derecho de la parte actora para promover nuevo proceso sobre la misma pretensión”. El recurrente sostiene que esta circunstancia no es objeto de debate en ningún acápite del recurso de Apelación interpuesto, ni en las alegaciones realizadas por esa representación procesal, pues no se recurrió sobre el derecho que el juzgado le otorgara de interponer nuevamente la Demanda. Posteriormente la resolución establece “se entiende que la causa llego a su fin por un defecto de forma que no le pone fin al proceso inicialmente incoado”; este fundamento es ambiguo e incongruente -dice el pedidor de Amparo-, ya que la Corte reconoce que la causa llego a su fin, peo que no le pone fin al proceso. Nuevamente hace mención a “estén no estén archivadas las diligencias en este expediente registrado bajo el número 0101-2019-00012 la pretensión fue interpuesta nuevamente y contra la persona que se considera tiene la capacidad procesal y es en dicho trámite donde se debe alegar lo que se estime pertinente para los intereses de las partes”. Aquí el recurrente expone que en este pronunciamiento la Corte desestima que de existir dos procesos activos bajo la misma pretensión genera Litispendencia y reitera que en el Recurso de Apelación interpuesto no se hace referencia al otro proceso en lo absoluto. B. En el fundamento “TERCERO” la Corte refiere literalmente “tiene razón el recurrente porque la A-quo no debió fundamentarse en el artículo 147 del Código de Procedimientos Comunes, por cuanto dicha normativa fue derogada al entrar en vigencia el Código Procesal civil, sin embargo no tiene ninguna relevancia jurídica”; el recurrente argumenta que la Corte establece por una parte que le da la razón, pero por otra parte es inaudito que refiera que no tiene relevancia jurídica las fundamentaciones jurídicas en las resoluciones judiciales. Continúa exponiendo el pedidor de Amparo que posteriormente la resolución refiere que: “en un trámite sin ninguna otra cosa mas que hacer, que archivar las diligencias, puesto que como la misma parte demandada lo reconoce el juicio fue terminado mediante auto interlocutorio con el allanamiento de la parte demandante, en el cual fue declarado con lugar el defecto procesal de falta de capacidad de la demandada y que actualmente se encuentra firme; no obstante dicho auto interlocutorio no le puso fin a la pretensión principal”, dice el recurrente que nuevamente la Corte se pronuncia de forma ambigua, al referir que el archivo de actuaciones es un mero trámite, lo que se entiende da la razón a esa representación procesal, asimismo reconoce que el juicio fue terminado mediante auto interlocutorio, luego refiere que el auto interlocutorio no le puso fin a la pretensión, en ese sentido -dice el peticionario- no se pretende con el recurso de apelación impugnar el derecho que tenia la otra parte de instaurar nuevo proceso. C. Y para finalizar con las ambigüedades y contradicciones en el numeral “QUINTO” confirma la resolución apelada después de dar por ciertos los hechos planteados en el Recurso de Apelación. -Lo subrayado y resaltado es del recurrente- CONSIDERANDO (4): Que en el literal “D”, de los argumentos expuestos por el recurrente en amparo, concluye que para la Corte el hecho que el Juzgado de La Ceiba no haya concedido la solicitud de archivo de las diligencias y que se haya basado en un código derogado no causa indefensión, ni era objeto de Apelación, contradiciéndose nuevamente con el numeral “PRIMERO”, el cual se basa en el artículo 705 del Código Procesal Civil, que establece y reconoce la finalidad de dicho recurso, siendo esta: Lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales empeladas para resolver las cuestiones objeto del debate y la revisión de los hechos dados como probados en la resolución recurrida. En ese orden de ideas para la Corte Primera de Apelaciones de La ceiba, los órganos jurisdiccionales pueden basar sus resoluciones en cualquier instrumento jurídico y eso no es relevante ni perjudica a ninguna de las partes. Por otro lado, da la razón y hace eco de lo planteado e interpuesto por esa representación procesal, pero al final falla sin lugar el recurso. En consecuencia, para la Corte el juzgado erró en no ordenar el archivo de las diligencias y erró en basarse en un instrumento derogado, pero eso no causa afectación ni indefensión a esa representación. Termina el recurrente señalando que todas estas inconsistencias, ambigüedades y contradicciones dejan de manifiesto una clara violación al debido proceso y al derecho de defensa, en donde en algunas partes de dicho fallo le dan la razón como parte recurrente y no en la parte dispositiva.-CONSIDERANDO (5): Que los derechos constitucionales que el recurrente considera vulnerados son los contenidos en los Artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República, este último relativo al debido proceso dispone en su párrafo primero: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. En ese orden de ideas, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley y legalmente constituido, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, respeto a las formalidades procesa1es, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- CONSIDERANDO (6): Que el recurrente en su escrito de interposición y formalización de la presente acción de amparo, centra sus alegaciones afirmando que: La resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, presenta una serie de ambigüedades y contradicciones, que llevan como consecuencia la vulneración de derechos y garantías constitucionales; los alegatos del impetrante se ajustan en atacar una cuestión de legalidad de las formas, como ser el contenido formal de los autos. En derecho procesal el principio de la legalidad de las formas, excluye la posibilidad de que las partes convengan libremente los requisitos de forma, tiempo y lugar a que han de hallarse sujetos los actos procesales, pues tales requisitos se encuentran predeterminados por la ley. Esta limitado, sin embargo, por la existencia de normas dispositivas.-CONSIDERANDO (7): Que, al no existir disposiciones en el proceso laboral en relación al contenido formal de los autos, se aplica en forma supletoria las disposiciones del Código Procesal Civil, ello en atención al contenido del artículo 858 del Código de Trabajo, el cual dispone que, a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas de dicho Código, y, en defecto, las del Código de Procedimientos Civiles. Siguiendo la idea y en respuesta al alegato expuesto por el recurrente en relación a que la resolución que se recurre en amparo es ambigua y contradictoria es necesario definir que la motivación es un elemento esencial del contenido formal de los autos y contenido en forma dispositiva en el artículo 199[2] del Código Procesal Civil. Así tenemos entonces que se define el vocablo ambigüedad como: “Lo que admite diversas interpretaciones y puede dar lugar a duda, incertidumbre o confusión. Por eso, las leyes deben redactarse en forma clara, para impedir dificultades en el modo de interpretarlas. (v. Interpretación.)”[3]; asimismo el Diccionario Hispanoamericano de Derecho[4] define contradictorio, ria como: “Que presenta o se caracteriza por tener contradicción con algo. // 2. Denominación dada a cada una de las dos proposiciones, en la cual una niega lo que la otra se encarga de afirmar, y que al mismo tiempo no pueden ser falsa o verdaderas”. -CONSIDERANDO (8): Que conforme al debido proceso que rige en materia civil, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del Código Procesal Civil, las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. El jurista José Ramón González Clavijo dice que, bajo esta manifestación general, el principio de legalidad procesal se articula, tanto en su dimensión de sometimiento a las normas fundamentales del estado y con sujeción a la ley, y así se establece que “el proceso civil se desarrollará de acuerdo a la Constitución y con las disposiciones de este Código”, como en su manifestación de que las normas procesales contenidas en el Código son obligatorias para el juez, las partes y terceros que intervengan en el proceso, salvo que la ley excepcionalmente autorice lo contrario ofreciendo otra posibilidad de actuación. Ello supone que el juez adecuará su exigencia al logro de los fines del proceso respetando las garantías legalmente previstas, con la salvedad de que cuando no se señale una formalidad específica para la ejecución de un acto procesal, éste se realizará de acuerdo con la forma que implique una mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la ley.[5]- CONSIDERANDO (9): Que, siguiendo esta línea de ideas, en relación al principio de legalidad de las formas, contenido en el artículo 7 del Código Procesal Civil, el referido autor señala que “Como ya hemos dicho, las normas procesales, como pertenecientes al Derecho Público, son irrenunciables, por lo tanto existe una imposibilidad jurídica de que tanto el órgano jurisdiccional como las partes y terceros que intervengan en el proceso puedan sustituirlas por otras o por actos jurídicos voluntarios regidos por el principio de autonomía de la voluntad, naturalmente salvo que la propia ley conceda excepcionalmente esta posibilidad de actuación”. En atención a este criterio doctrinal, y conforme lo establece la ley, es requisito del contenido formal de los autos la motivación en el dictado de los mismos, conforme a las pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.- CONSIDERANDO (10): Que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[6], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[7]. Sin embargo, también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[8]. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader[9], cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[10].-CONSIDERANDO (11): Que el derecho al debido proceso, es un principio general del proceso, pilar fundamental para la instauración de un Estado de Derecho, conforme al cual, es de imperativo cumplimiento el respeto a las formalidades procesa1es, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; es así que el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; en ese orden de ideas y de la lectura de la resolución emitida por el Ad-quem en fecha tres de agosto del año dos mil veintiuno, esta Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de Alzada ha inobservando el principio de legalidad de las formas, contenido en el artículo 7 del Código Procesal Civil, relacionado con el artículo 199 de la misma norma legal, vulnerando con ello el derecho fundamental del debido proceso, el cual conforme la jurisprudencia emitida por este Alto Tribunal, engloba una serie de derechos y garantías a favor de las partes en el proceso, derecho elemental en la constitución de un verdadero Estado de Derecho, conforme al cual es de obligatorio cumplimiento el respeto a las formalidades procesa1es, las cuales son de orden público e irrenunciables; conclusión a la que este Alto Tribunal arriba, una vez efectuada la lectura de la resolución recurrida, ello en relación a las pretensiones expuestas en el recurso de apelación y lo decidido en la parte resolutiva del fallo, como bien lo indica el amparista y visibles en los ordinales segundo y tercero del fallo. La Alzada refiere una serie de contradicciones afirmando y negando las pretensiones de la parte recurrente, en relación a la petición de archivo de las diligencias, ante el dictado de una sentencia interlocutoria que declara con lugar el defecto de Falta de Capacidad Procesal de la parte demandada, aunado a ello el A-quo fundamenta su decisión en una norma derogada, que es el fundamento jurídico en que finca su decisión para declarar No Ha Lugar el archivo de las diligencias, argumentando la Alzada que ello no tiene ninguna relevancia jurídica, evidenciando con ello los yerros cometidos en la resolución recurrida, vulnerando el debido proceso, principio de legalidad y normas procesales referidas ut supra.-CONSIDERANDO (12): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.-CONSIDERANDO (13): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, en consecuencia se vulneran los demás derechos invocados por el recurrente que engloba el debido proceso, al observar esta Sala de lo Constitucional, que la resolución dictada en segunda instancia, ha irrespetado el derecho a la tutela judicial efectiva, al emitir una resolución ambigua y contradictoria en sus proposiciones, vulnerando al recurrente en amparo los derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República, mismos que deben imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.-CONSIDERANDO (14): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emita nueva resolución con la debida motivación y concordancia, con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil, la que se utiliza en forma supletoria ante la carencia de disposiciones específicas en el Código de Trabajo, a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos, 80, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 2.3.a. del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 858 del Código de Trabajo; 3, 7, 22 y 199 del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado JOSE ALEJANDRO CASTRO, a favor del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, contra la resolución de fecha tres de agosto del año dos mil veintiuno, dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, debiendo el Tribunal recurrido dictar nuevamente la resolución impugnada, en estricto cumplimiento a las observaciones relacionadas en este libelo, relacionadas con la debida motivación y concordancia de las resoluciones, en atención a las pretensiones deducidas en el recurso de apelación promovido. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. – Redacto la Magistrada VILLELA ZAVALA.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada SONIA MARLINA DUBON VILLEDA .- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- WAGNER VALLECILLO PAREDES .- FRANCISCA VILLELA ZAVALA.- ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los treinta y uno (31) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veintitrés (2023) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0993-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.
[2] CONTENIDO FORMAL DE LOS AUTOS. 1. Los autos serán siempre motivados y contendrán, en párrafos separados y numerados los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. Los autos que deban emitirse durante el desarrollo de las audiencias se podrán dictar oralmente, expresándose en el acta por el secretario una mínima fundamentación de los mismos, asegurándose al mismo tiempo que de los hechos y razones jurídicas que los han motivado ha quedado cumplida constancia en la grabación.
[3] Guillermo Cabanellas de Torres. Diccionario Jurídico Elemental/Nueva Edición Actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliasta S.de R.L. Primera edición, 1979; Undécima edición, 1993.
[4] Diccionario hispanoamericano de derecho/ equipo de redacción Margarita Maria Duran Urrea… [et al]; equipo colaborador Wilman Amaya león… [et al]. Bogotá: Grupo Latino Editores, 2008. Contenido: v. 1. A-K. … v. 2. L-Z.
[5] D. José Ramón González Clavijo, Presidente de la Audiencia Provincial, Salamanca, España. Módulo Instruccional. Principios Generales en el nuevo Código Procesal Civil. Págs. 59-60.
[6] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.
[7] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.
[8] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.
[9] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 243 y 244.
[10] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 249.