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Sentencia AL-982-22 — Registro 16277

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio con relación a la demanda ordinaria laboral contra el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés.-VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CARLOS HERIBERTO TRIMINIO TORRES a favor de la señora REINA MARIA AGUILERA RODRIGUEZ, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diez de mayo de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el dos de febrero de dos mil veintidós; con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la señora REINA MARIA AGUILERA RODRIGUEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN.-CONSIDERANDO: Que las alegaciones que formula el recurrente para fundar la acción de amparo, recaen en el pronunciamiento de la Alzada de fecha diez de mayo de dos mil veintidós, mediante la cual declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el A-Quo, el dos de febrero de dos mil veintidós, pues estima que la liquidación que realiza el Juzgado difiere del realizado por la Gerencia de Talento Humano, lo que violenta el debido proceso y el principio de contradicción pues se aparta de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, causándole grave perjuicio al erario público.-CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición del presente recurso, se puede apreciar que el recurrente invoca como violados los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que analizada la sentencia recurrida, se aprecia que el Ad-Quem declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el A-Quo, al estimar que dicho Tribunal ya ha dejado establecido que cuando se está en la fase de ejecución y porque así lo manda la ley, solo procede la excepción de pago, es decir el cumplimiento de la obligación en base a lo dispuesto en el artículo 113 del Código del Trabajo; además, encontrándose firme la sentencia condenatoria dictada por el A-Quo, solo procede su ejecución en los términos de la condena y si bien es una obligación del representante procesal hacer uso de su derecho a la defensa, con dicho accionar, lo único que hace es alargar el juicio, pues no habrán mas condenas ni incrementos de salarios dejados de percibir.-CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con el acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CARLOS HERIBERTO TRIMINIO TORRES a favor de la señora REINA MARIA AGUILERA RODRIGUEZ, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diez de mayo de dos mil veintidós; por existir pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, así como que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación en el trámite del juicio principal. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Resolución de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veintitrés (2023) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0982-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL