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Sentencia AL-946-22 — Registro 17539

Resumen

Sentencia de Oficio declaró Nulidad del fallo dictado por Juez de Instancia que declaró sin lugar Demanda Ordinaria Laboral por Despido injustificado para el pago de prestaciones y derechos laborales promovida por recurrente contra Demandado, el Alcalde Municipal de Sinuapa, Departamento de Ocotepeque; La Autoridad recurrida concluyó que el fallo impugnado no cumple la estructura formal de las sentencias y se ha prescindido de normas esenciales de procedimiento; por lo que ordenó al Juez A-quo proceder a dictar nuevamente la sentencia con apego a la ley

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…", corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no el derecho contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento fundamental del recurso versa básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió decretar la nulidad de la sentencia, porque a criterio del recurrente en amparo, su petición siempre fue que se declarase con lugar el recurso de apelación promovido y se dejara sin valor y efecto la sentencia dictada por el A-quo..."..."esta Sala estima que el recurrente al exponer la vulneración del derecho constitucional al debido proceso, lo relaciona con el quebranto de los requisitos formales de las resoluciones judiciales, asimismo con la finalidad del recurso de apelación, contenidos fundamentalmente en los artículos 200 y 705 del Código Procesal Civil aplicado como norma supletoria en el proceso laboral, el primero de los preceptos apuntados hace referencia al contenido formal de las sentencias, señalando:...d)..."el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en fecha dos (2) de junio del año dos mil veintidós (2022), fue emitido por Unanimidad de Votos de sus miembros y se fundamentó básicamente en el ordinal tercero de la fundamentación fáctica al argumentar: (Sic) “SEXTO: Encontrándose errores formales e internos en la confección de la sentencia, que conlleva la imperiosa necesidad que sea subsanada por el juez que dictó la misma, ya que la omisión en el ejercicio de valoración de la prueba, el cual es consecuente con la inmediación que tuvo el juez con la misma, lo sujeta a que sea él quien valore la misma. Resultando la omisión en tal ejercicio intelectivo violatorio inclusive del derecho de defensa que da lugar a la interposición de un recurso de Amparo, en similares circunstancias la falta de motivación, lo que conlleva el quebrantamiento del debido proceso y por ello debe anularse la misma a efecto que el A-quo, la confeccione apegándose a lo previsto en el artículo 200 del Código Procesal Civil; debiéndose declarar la nulidad de dicha resolución previamente, conforme lo prescribe el artículo 212.4 del Código procesal Civil, que dice: “NULIDAD. Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes: 1… 2…3…4; cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión; tal cual ha ocurrido en la presente causa…”..."el Código de Trabajo, remite expresamente al Código de Procedimientos Civiles, ante la falta de disposiciones para resolver situaciones jurídicas en el proceso laboral; en ese orden de ideas los artículos 211 y 212 del Código Procesal Civil, desarrollan lo pertinente a la nulidad de los actos procesales, indicando que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. Las causas de nulidad de los actos procesales se encuentran determinados en el precepto 212 del Código Procesal Civil, de tal forma que son nulos los actos procesales por motivos de jurisdicción y competencia, actos realizados bajo violencia o intimidación, asimismo cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión inter alia..."..."esta Sala de lo Constitucional advierte de la simple lectura de la Sentencia, que ésta carece del contenido formal de las sentencias enunciados en el Artículo 200 del Código Procesal Civil, pues en la misma no se hace relación como bien lo argumenta la Alzada sobre cuál fue la prueba que le causo el convencimiento al A-quo para arribar a la conclusión de declarar sin lugar la demanda laboral promovida; asimismo no se observa que la prueba haya sido valorada en forma individual a fin de llegar a una valoración conjunta de la misma. Como bien lo indica el Tribunal recurrido no podría ser posible que ese Tribunal de Justicia pueda entrar a resolver el fondo del recurso (Según la pretensión del recurrente), pues de hacerlo estaría asumiendo el rol de juez de primera instancia y consecuencia de ello se vedaría el derecho de la partes a la doble instancia a que la sentencia sea revisada por una instancia superior, pues la motivación de las resoluciones judiciales, tiene como uno de sus efectos el que la resolución pueda ser revisada por una instancia superior. Es así que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Consecuencia de ello el Tribunal de Alzada, ha procedido a enmendar el yerro cometido por el A-quo al decretar la nulidad de la sentencia, al prescindirse de normas esenciales en su pronunciamiento..."..."la inobservancia de las normas puede conducir a la nulidad del acto, así lo señala la doctrina en materia de proceso civil..."..."En ese orden de ideas, el Tribunal Ad-quem al advertir que se ha prescindido de elementos enunciados en la ley, en relación a los requisitos formales e internos en la confección de la sentencia, ha procedido a decretar la nulidad de la sentencia a efecto de enmendar los defectos procesales que no fueron observados por el A-quo al momento de emitir la sentencia definitiva..."..."analizada la resolución emitida por el Tribunal Ad-quem y los argumentos vertidos por el recurrente, esta Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que el Recurso de Apelación se interpuso contra el acto por el cual la Juez A-quo declara sin lugar la Demanda Ordinaria Laboral promovida, decretando el Tribunal de Alzada, nulidad de la sentencia al apreciar que se ha prescindido de normas esenciales del procedimiento que afecta asimismo el derecho a la defensa de la parte demandante, criterio que comparte esta Sala de lo Constitucional, pues el juez de instancia devenía obligado a garantizar el derecho constitucional del debido proceso, a través del dictado de una sentencia debidamente motivada y ajustada a derecho, con la observancia debida de los requisitos formales que la ley exige, en la que se dé respuesta a las pretensiones de las partes, con la debida valoración de la prueba ofertada, tanto en forma individual como conjunta; en ese orden de ideas y con fundamento en los preceptos 858 del Código de Trabajo, 211, 212 y 715 del Código Procesal Civil, el Ad-quem ha procedido a decretar de oficio la nulidad de la sentencia, al apreciarse la existencia de infracción procesal que da origen a la nulidad de actuaciones, ordenando al A-quo proceda a dictar nuevamente la sentencia, debiendo cumplir con la estructura formal de la misma, emitir los pronunciamientos respectivos sobre todas y cada uno de los medios de prueba evacuados y cumplir con los requisitos internos de la misma, como se le ha reiterado en ocasiones anteriores, como bien se ha dejado plasmado en la resolución recurrida en Amparo. Como corolario de lo anterior esta Sala de lo Constitucional es del criterio que los argumentos esgrimidos por el recurrente en Amparo no son de recibo, ello porque en fundamento a los preceptos de la norma procesal civil enunciados, el Ad-quen se encuentra facultado a decretar de oficio la nulidad de actuaciones si apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad de actuaciones, como ha ocurrido en el caso sub júdice, no estimándose en consecuencia vulneración al derecho del debido proceso invocado..."..."la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…", corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no el derecho contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento fundamental del recurso versa básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió decretar la nulidad de la sentencia, porque a criterio del recurrente en amparo, su petición siempre fue que se declarase con lugar el recurso de apelación promovido y se dejara sin valor y efecto la sentencia dictada por el A-quo..."..."esta Sala estima que el recurrente al exponer la vulneración del derecho constitucional al debido proceso, lo relaciona con el quebranto de los requisitos formales de las resoluciones judiciales, asimismo con la finalidad del recurso de apelación, contenidos fundamentalmente en los artículos 200 y 705 del Código Procesal Civil aplicado como norma supletoria en el proceso laboral, el primero de los preceptos apuntados hace referencia al contenido formal de las sentencias, señalando:...d)..."el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en fecha dos (2) de junio del año dos mil veintidós (2022), fue emitido por Unanimidad de Votos de sus miembros y se fundamentó básicamente en el ordinal tercero de la fundamentación fáctica al argumentar: (Sic) “SEXTO: Encontrándose errores formales e internos en la confección de la sentencia, que conlleva la imperiosa necesidad que sea subsanada por el juez que dictó la misma, ya que la omisión en el ejercicio de valoración de la prueba, el cual es consecuente con la inmediación que tuvo el juez con la misma, lo sujeta a que sea él quien valore la misma. Resultando la omisión en tal ejercicio intelectivo violatorio inclusive del derecho de defensa que da lugar a la interposición de un recurso de Amparo, en similares circunstancias la falta de motivación, lo que conlleva el quebrantamiento del debido proceso y por ello debe anularse la misma a efecto que el A-quo, la confeccione apegándose a lo previsto en el artículo 200 del Código Procesal Civil; debiéndose declarar la nulidad de dicha resolución previamente, conforme lo prescribe el artículo 212.4 del Código procesal Civil, que dice: “NULIDAD. Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes: 1… 2…3…4; cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión; tal cual ha ocurrido en la presente causa…”..."el Código de Trabajo, remite expresamente al Código de Procedimientos Civiles, ante la falta de disposiciones para resolver situaciones jurídicas en el proceso laboral; en ese orden de ideas los artículos 211 y 212 del Código Procesal Civil, desarrollan lo pertinente a la nulidad de los actos procesales, indicando que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. Las causas de nulidad de los actos procesales se encuentran determinados en el precepto 212 del Código Procesal Civil, de tal forma que son nulos los actos procesales por motivos de jurisdicción y competencia, actos realizados bajo violencia o intimidación, asimismo cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión inter alia..."..."esta Sala de lo Constitucional advierte de la simple lectura de la Sentencia, que ésta carece del contenido formal de las sentencias enunciados en el Artículo 200 del Código Procesal Civil, pues en la misma no se hace relación como bien lo argumenta la Alzada sobre cuál fue la prueba que le causo el convencimiento al A-quo para arribar a la conclusión de declarar sin lugar la demanda laboral promovida; asimismo no se observa que la prueba haya sido valorada en forma individual a fin de llegar a una valoración conjunta de la misma. Como bien lo indica el Tribunal recurrido no podría ser posible que ese Tribunal de Justicia pueda entrar a resolver el fondo del recurso (Según la pretensión del recurrente), pues de hacerlo estaría asumiendo el rol de juez de primera instancia y consecuencia de ello se vedaría el derecho de la partes a la doble instancia a que la sentencia sea revisada por una instancia superior, pues la motivación de las resoluciones judiciales, tiene como uno de sus efectos el que la resolución pueda ser revisada por una instancia superior. Es así que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Consecuencia de ello el Tribunal de Alzada, ha procedido a enmendar el yerro cometido por el A-quo al decretar la nulidad de la sentencia, al prescindirse de normas esenciales en su pronunciamiento..."..."la inobservancia de las normas puede conducir a la nulidad del acto, así lo señala la doctrina en materia de proceso civil..."..."En ese orden de ideas, el Tribunal Ad-quem al advertir que se ha prescindido de elementos enunciados en la ley, en relación a los requisitos formales e internos en la confección de la sentencia, ha procedido a decretar la nulidad de la sentencia a efecto de enmendar los defectos procesales que no fueron observados por el A-quo al momento de emitir la sentencia definitiva..."..."analizada la resolución emitida por el Tribunal Ad-quem y los argumentos vertidos por el recurrente, esta Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que el Recurso de Apelación se interpuso contra el acto por el cual la Juez A-quo declara sin lugar la Demanda Ordinaria Laboral promovida, decretando el Tribunal de Alzada, nulidad de la sentencia al apreciar que se ha prescindido de normas esenciales del procedimiento que afecta asimismo el derecho a la defensa de la parte demandante, criterio que comparte esta Sala de lo Constitucional, pues el juez de instancia devenía obligado a garantizar el derecho constitucional del debido proceso, a través del dictado de una sentencia debidamente motivada y ajustada a derecho, con la observancia debida de los requisitos formales que la ley exige, en la que se dé respuesta a las pretensiones de las partes, con la debida valoración de la prueba ofertada, tanto en forma individual como conjunta; en ese orden de ideas y con fundamento en los preceptos 858 del Código de Trabajo, 211, 212 y 715 del Código Procesal Civil, el Ad-quem ha procedido a decretar de oficio la nulidad de la sentencia, al apreciarse la existencia de infracción procesal que da origen a la nulidad de actuaciones, ordenando al A-quo proceda a dictar nuevamente la sentencia, debiendo cumplir con la estructura formal de la misma, emitir los pronunciamientos respectivos sobre todas y cada uno de los medios de prueba evacuados y cumplir con los requisitos internos de la misma, como se le ha reiterado en ocasiones anteriores, como bien se ha dejado plasmado en la resolución recurrida en Amparo. Como corolario de lo anterior esta Sala de lo Constitucional es del criterio que los argumentos esgrimidos por el recurrente en Amparo no son de recibo, ello porque en fundamento a los preceptos de la norma procesal civil enunciados, el Ad-quen se encuentra facultado a decretar de oficio la nulidad de actuaciones si apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad de actuaciones, como ha ocurrido en el caso sub júdice, no estimándose en consecuencia vulneración al derecho del debido proceso invocado..."..."la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…", corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no el derecho contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento fundamental del recurso versa básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió decretar la nulidad de la sentencia, porque a criterio del recurrente en amparo, su petición siempre fue que se declarase con lugar el recurso de apelación promovido y se dejara sin valor y efecto la sentencia dictada por el A-quo..."..."esta Sala estima que el recurrente al exponer la vulneración del derecho constitucional al debido proceso, lo relaciona con el quebranto de los requisitos formales de las resoluciones judiciales, asimismo con la finalidad del recurso de apelación, contenidos fundamentalmente en los artículos 200 y 705 del Código Procesal Civil aplicado como norma supletoria en el proceso laboral, el primero de los preceptos apuntados hace referencia al contenido formal de las sentencias, señalando:...d)..."el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en fecha dos (2) de junio del año dos mil veintidós (2022), fue emitido por Unanimidad de Votos de sus miembros y se fundamentó básicamente en el ordinal tercero de la fundamentación fáctica al argumentar: (Sic) “SEXTO: Encontrándose errores formales e internos en la confección de la sentencia, que conlleva la imperiosa necesidad que sea subsanada por el juez que dictó la misma, ya que la omisión en el ejercicio de valoración de la prueba, el cual es consecuente con la inmediación que tuvo el juez con la misma, lo sujeta a que sea él quien valore la misma. Resultando la omisión en tal ejercicio intelectivo violatorio inclusive del derecho de defensa que da lugar a la interposición de un recurso de Amparo, en similares circunstancias la falta de motivación, lo que conlleva el quebrantamiento del debido proceso y por ello debe anularse la misma a efecto que el A-quo, la confeccione apegándose a lo previsto en el artículo 200 del Código Procesal Civil; debiéndose declarar la nulidad de dicha resolución previamente, conforme lo prescribe el artículo 212.4 del Código procesal Civil, que dice: “NULIDAD. Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes: 1… 2…3…4; cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión; tal cual ha ocurrido en la presente causa…”..."el Código de Trabajo, remite expresamente al Código de Procedimientos Civiles, ante la falta de disposiciones para resolver situaciones jurídicas en el proceso laboral; en ese orden de ideas los artículos 211 y 212 del Código Procesal Civil, desarrollan lo pertinente a la nulidad de los actos procesales, indicando que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. Las causas de nulidad de los actos procesales se encuentran determinados en el precepto 212 del Código Procesal Civil, de tal forma que son nulos los actos procesales por motivos de jurisdicción y competencia, actos realizados bajo violencia o intimidación, asimismo cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión inter alia..."..."esta Sala de lo Constitucional advierte de la simple lectura de la Sentencia, que ésta carece del contenido formal de las sentencias enunciados en el Artículo 200 del Código Procesal Civil, pues en la misma no se hace relación como bien lo argumenta la Alzada sobre cuál fue la prueba que le causo el convencimiento al A-quo para arribar a la conclusión de declarar sin lugar la demanda laboral promovida; asimismo no se observa que la prueba haya sido valorada en forma individual a fin de llegar a una valoración conjunta de la misma. Como bien lo indica el Tribunal recurrido no podría ser posible que ese Tribunal de Justicia pueda entrar a resolver el fondo del recurso (Según la pretensión del recurrente), pues de hacerlo estaría asumiendo el rol de juez de primera instancia y consecuencia de ello se vedaría el derecho de la partes a la doble instancia a que la sentencia sea revisada por una instancia superior, pues la motivación de las resoluciones judiciales, tiene como uno de sus efectos el que la resolución pueda ser revisada por una instancia superior. Es así que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Consecuencia de ello el Tribunal de Alzada, ha procedido a enmendar el yerro cometido por el A-quo al decretar la nulidad de la sentencia, al prescindirse de normas esenciales en su pronunciamiento..."..."la inobservancia de las normas puede conducir a la nulidad del acto, así lo señala la doctrina en materia de proceso civil..."..."En ese orden de ideas, el Tribunal Ad-quem al advertir que se ha prescindido de elementos enunciados en la ley, en relación a los requisitos formales e internos en la confección de la sentencia, ha procedido a decretar la nulidad de la sentencia a efecto de enmendar los defectos procesales que no fueron observados por el A-quo al momento de emitir la sentencia definitiva..."..."analizada la resolución emitida por el Tribunal Ad-quem y los argumentos vertidos por el recurrente, esta Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que el Recurso de Apelación se interpuso contra el acto por el cual la Juez A-quo declara sin lugar la Demanda Ordinaria Laboral promovida, decretando el Tribunal de Alzada, nulidad de la sentencia al apreciar que se ha prescindido de normas esenciales del procedimiento que afecta asimismo el derecho a la defensa de la parte demandante, criterio que comparte esta Sala de lo Constitucional, pues el juez de instancia devenía obligado a garantizar el derecho constitucional del debido proceso, a través del dictado de una sentencia debidamente motivada y ajustada a derecho, con la observancia debida de los requisitos formales que la ley exige, en la que se dé respuesta a las pretensiones de las partes, con la debida valoración de la prueba ofertada, tanto en forma individual como conjunta; en ese orden de ideas y con fundamento en los preceptos 858 del Código de Trabajo, 211, 212 y 715 del Código Procesal Civil, el Ad-quem ha procedido a decretar de oficio la nulidad de la sentencia, al apreciarse la existencia de infracción procesal que da origen a la nulidad de actuaciones, ordenando al A-quo proceda a dictar nuevamente la sentencia, debiendo cumplir con la estructura formal de la misma, emitir los pronunciamientos respectivos sobre todas y cada uno de los medios de prueba evacuados y cumplir con los requisitos internos de la misma, como se le ha reiterado en ocasiones anteriores, como bien se ha dejado plasmado en la resolución recurrida en Amparo. Como corolario de lo anterior esta Sala de lo Constitucional es del criterio que los argumentos esgrimidos por el recurrente en Amparo no son de recibo, ello porque en fundamento a los preceptos de la norma procesal civil enunciados, el Ad-quen se encuentra facultado a decretar de oficio la nulidad de actuaciones si apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad de actuaciones, como ha ocurrido en el caso sub júdice, no estimándose en consecuencia vulneración al derecho del debido proceso invocado..."..."la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de noviembre del año dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado MARCO JOSUÉ CASTELLANOS, a favor de los señores GUMERCINDO LÓPEZ GUTIÉRREZ, JUAN CARLOS VILLEDA ROSA, OSCAR ANTONIO AGUSTÍN GONZALES y GUADALUPE SALGUERO ASTUME, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN Y DEL TRABAJO POR MINISTERIO DE LA LEY, en fecha dos (2) de junio del año dos mil veintidós (2022), que resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE, en fecha diez (10) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), que falla declarando sin lugar la Demanda Ordinaria Laboral, promovida por los señores GUMERCINDO LÓPEZ GUTIÉRREZ, JUAN CARLOS VILLEDA ROSA, OSCAR ANTONIO AGUSTÍN GONZALES y GUADALUPE SALGUERO ASTUME, por despido injustificado para el pago de prestaciones laborales, derechos adquiridos, reajuste al salario, salarios dejados de percibir hasta que la sentencia quede firme, en contra del señor CESAR ROLDÁN AGUSTÍN FRANCO, en su condición de Alcalde municipal de Sinuapa, departamento de Ocotepeque. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de sus representados, el derecho a la defensa, debido proceso, tutela laboral, derecho a indemnizaciones laborales y la garantía a la seguridad jurídica, contenidos en los artículos 82, 90, 129 y 135 de de la República, ello en relación a lo establecido en los artículos 200 y 705 del Código Procesal Civil. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha nueve de marzo del año dos mil dieciocho, comparecieron ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Ocotepeque, departamento de Ocotepeque, los abogados Marco Josué Castellanos y José David Mancía Rodriguez, en su condición de Representantes Procesales de los señores Gumercindo López Gutiérrez, Juan Carlos Villeda Rosa, Oscar Antonio Agustín Gonzales y Guadalupe Salguero Astume, interponiendo “DEMANDA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA POR LA VÍA DEL PROCESO ORDINARIO POR DESPIDO INJUSTIFICADO PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES…”, en contra del señor Cesar Roldán Agustín Franco, en su condición de Alcalde Municipal de Sinuapa departamento de Ocotepeque, a efecto que mediante sentencia definitiva sea obligado a pagar la cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y VUEVE MIL TREINTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS (L.999,037.8), en concepto de prestaciones laborales, pago de derechos adquiridos, reajuste salarial y como cuantía por liquidarse la que resulte de las costas procesales que ocasiones el juicio, hasta que la sentencia quede firme. (Folios del 1-4 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) En fecha trece de mayo del año dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, dictó sentencia a través de la cual falló: (Sic) “1.- Declarar SIN LUGAR la demanda Ordinaria Laboral, promovida por el Señor GUMERCINDO LOPEZ GUTIERREZ, JUAN CARLOS VILLEDA ROSA, OSCAR ANTONIO AGUSTIN GONZALES Y GUADALUPE SALGUERO ASTUME, quien interpuso demanda Ordinaria Laboral para Pago de Prestaciones laborales en virtud de un despido directo e injusto, salarios dejados de percibir, en Contra del Señor: CESAR ROLDAN AGUSTIN FRANCO, en su condición de ALCALDE MUNICIPAL DE SINUAPA OCOTEPEQUE, 2.- ABSUELVE AL DEMANDADO, 3.- Que si dentro del termino de Ley no se interpone recurso de apelación quede firme esta sentencia…”(Folios del 729-732 de la pieza de antecedentes del A-quo)3) No conforme con el fallo relacionado en el acápite que antecede la Parte Demandante interpuso Recurso de Apelación, el que fue resuelto por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha cuatro de noviembre del año dos mil diecinueve, mediante el cual resolvió: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR HA LUGAR los recursos de apelación interpuestos por los Abogados JOSE DAVID MANCIA RODRIGUEZ Y MARCO JOSUE CASTELLANOS, en su condición de Apoderados Procesales de los Demandantes GUMERCINDO LOPEZ GUTIERREZ, JUAN CARLOS VILLEDA ROSA, OSCAR ANTONIO AGUSTIN GONZALEZ Y GUADALUPE SALGUERO ASTUME, contra la Sentencia Definitiva de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque y del Trabajo por Ministerio de Ley; SEGUNDO: SE DECLARA LA NULIDAD LA SENTENCIA, venida en apelación; en consecuencia que el Juez A quo, proceda a dictar nuevamente la sentencia debiendo cumplir con la estructura formal de la misma, emitir los pronunciamientos respectivos sobre todos y cada uno de los medios de prueba evacuados y cumplir con los requisitos internos de la misma…” (Folios del 732-749 de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) En cumplimiento a lo ordenado por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en el recurso de apelación ut supra relacionado, el Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, dictó nuevamente sentencia en fecha diez de mayo del año dos mil veintiuno, a través de la cual falló: (Sic) “1.- SIN LUGAR; La Demanda Ordinaria Laboral Promovida Por; GUMERCINDO LOPEZ GUTIERRES, JUAN CARLOS VILLEDA ROSA, OSCAR ANTONIO AGUSTIN GONZALES, GUADALUPE ZALGUERO ASTUME, Contra el Alcalde Municipal Actual CESAR ROLDAN AGUSTIN FRANCO del Municipio de Sinuapa Departamento de Ocotepeque. 2.-Sin Lugar las Costas Procesales. 3.- La No Interposición del Recurso que Corresponda y en el Termino de Ley Queda Firme la Presente Sentencia…” (Folios 753 y 754fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 5) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Marco Josué Castellanos, en su condición de Representante Procesal de la Parte Demandante, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán y del Trabajo por Ministerio de Ley, en fecha dos de junio del año dos mil veintidós, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual resolvió: (Sic) “…PRIMERO: DE OFICIO SE DECLARA LA NULIDAD LA SENTENCIA, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil veintiuno (2021) vista a folio 753 y 754, venida en apelación, en consecuencia que el Juez A quo, proceda a dictar nuevamente la Sentencia debiendo cumplir con la estructura formal de la misma, emitir los pronunciamientos respectivos sobre todos y cada uno de los medios de prueba evacuados y cumplir con los requisitos internos de la misma en la forma en como se le ha reiterado en las resoluciones anteriores; SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS, en esta instancia, por no haber conocido el fondo del asunto sumado a ello en consonancia con el criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, si bien es cierto en materia laboral prevalece el principio de gratuidad, ello no obsta para que los Tribunales puedan imponer o no la condena en costas, no bajo las reglas establecidas en el Código Procesal Civil, sino por los criterios donde el Juzgador laboral estime que no existen suficientes razones para litigar, no lo han hecho en forma desleal, mala fe o temeridad. Por lo cual no concurren estas circunstancias para condena en Costas…” (Folios del 12-15fv de la pieza de antecedentes del A-quem) 6) Que, en fecha dieciséis de junio del año dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional el Abogado Marco Josué Castellanos, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores Gumercindo López Gutiérrez, Juan Carlos Villeda Rosa, Oscar Antonio Agustín Gonzales y Guadalupe Salguero Astume, afirmando que la resolución dictada por el Ad-quem, relacionada en el numeral que antecede, es violatoria del derecho a la defensa, debido proceso, tutela laboral, derecho a indemnizaciones laborales y la garantía a la seguridad jurídica, contenidos en los artículos 82, 90, 129 y 135 de de la República, ello en relación a lo establecido en los artículos 200 y 705 del Código Procesal Civil. (Folios del 1-3 de los autos) 7) Que la Sala de lo Constitucional, en fecha dos de agosto del año dos mil veintidós, admitió el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Marco Josué Castellanos, teniendo por formalizado el mismo en fecha seis de diciembre del año dos mil veintidós, ordenando la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, por el termino de cuarenta y ocho horas a efecto de emitir el dictamen correspondiente. (Folio 23 de los autos) 8) En fecha veinte de febrero del año dos mil veintitrés, se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho y por emitido el dictamen de la Abogada Sandra Lorena Zuniga García, quien fue de la Opinión porque Se Deniegue el Amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por el Amparista. Argumenta la Fiscal del Despacho “Siendo que la Tutela Judicial Efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales, una resolución motivada y fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. Por lo que la falta de motivación enerva la garantía del Debido Proceso y en consecuencia la Tutela Judicial Efectiva, atendiendo a que esta garantiza la obtención de una resolución debidamente motivada, ya sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional, por lo que en atención a lo anteriormente expuesto, esta representación fiscal considera que al no cumplir el A-quo con su deber de efectuar una valoración adecuada y completa de lo acontecido en el juicio, y realizar el razonamiento jurídico, importa una infracción al deber de motivación, consagrado en los artículos 200, 207 del Código Procesal Civil, que establecen que las sentencias serán siempre motivadas, y que expresarán los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. Siendo que la Sentencia emitida por el a-quo, carece de los requisitos que la ley establece, al no hacer un razonamiento de los motivos que lo hicieron tomar su decisión, esta representación Fiscal, comparte el criterio esgrimido por la Alzada tomando en consideración además de lo que establece el artículo 715 del Código Procesal Civil, que versa sobre EL ALCANCE DE LA DECISION DE LA APELACION. Específicamente en su numeral 3. Por lo que al revisar el fallo recurrido no se advierte la vulneración de ninguna garantía constitucional invocada por el recurrente.” (Folios del 26-31 de los autos) CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha dos (2) de junio del año dos mil veintidós (2022), por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en la Demanda Ordinaria Laboral por Despido Directo e injustificado para el pago de prestaciones laborales, derechos adquiridos, reajuste al salario promovida por los abogados Marco Josué Castellanos y José David Mancía Rodriguez, en su condición de Representantes Procesales de los señores Gumercindo López Gutiérrez, Juan Carlos Villeda Rosa, Oscar Antonio Agustín Gonzales y Guadalupe Salguero Astume, en contra del señor CESAR ROLDÁN AGUSTÍN FRANCO, en su condición de Alcalde municipal de Sinuapa, departamento de Ocotepeque; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem dando respuesta al recurso de apelación promovido por la Parte Demandante, resolvió declarar la Nulidad de la sentencia de fecha diez (10) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, que declara Sin Lugar la Demanda Ordinaria Laboral promovida. CONSIDERANDO(3): Que el recurrente Abogado MARCO JOSUÉ CASTELLANOS, muestra su inconformidad con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que la misma vulnera el derecho al principio del debido proceso establecido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, en relación al contenido de los artículos 200 y 705del Código Procesal Civil; el impetrante relaciona los hechos que motivan el dictado de la nulidad de la sentencia por el Ad-quem, aduciendo que es la segunda ocasión por la cual se recurre en Apelación la sentencia dictada por el A-quo, al carecer la misma de los requisitos formales de una sentencia, lo que evidencia que el juzgador de letras de Ocotepeque pareciera carecer de conocimientos procesales, procediendo la Corte de Apelaciones de oficio anular la sentencia; acto que a criterio del recurrente en Amparo, ha sido dictado por la Corte de Apelaciones al margen de las normas que regulan el debido proceso, violentando esta garantía constitucional contemplada en el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO(4): Que en defensa de sus argumentos, el impetrante sostiene en su escrito de formalización de la Acción de Amparo, que el A-quo dicta de nuevo sentencia en fecha 10 de mayo del año 2021, declarando sin lugar la demanda laboral, conteniendo los mismos errores que la primera, la cual no estaba sujeta a los requisitos formales establecidos en el artículo 200 del Código Procesal Civil (ausencia de precisión y claridad), falta de valoración de la prueba (obviando las pretensiones de las partes) fustiga motivación de la sentencia, al no haber realizado ningún ejercicio de valoración de la prueba individual ni conjunta, entre ellas, de la cual dictó una sentencia totalmente contradictoria y violatoria al debido proceso, garantizado en el articulo 90 de nuestra Carta Magna. Expresa el recurrente que la petición ante el tribunal de Alzada era el que fuera declarada sin lugar la sentencia de primera instancia, por vulnerar tanto las normas adjetivas como subjetivas, teniendo como finalidad el recurso de apelación según nuestra normativa supletoria del Código Procesal Civil en su artículo 705. Reitera el garantista que esa parte apelante siempre solicitó que se deje sin valor y efecto la sentencia de merito y se declare con lugar el recurso de apelación, en ningún momento solicitando nulidad de la sentencia, ya que regresar las actuaciones al juzgado de letras para que dicte nuevamente sentencia, la misma causaría grandes prejuicios a su representada. CONSIDERANDO(5): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no el derecho contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento fundamental del recurso versa básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió decretar la nulidad de la sentencia, porque a criterio del recurrente en amparo, su petición siempre fue que se declarase con lugar el recurso de apelación promovido y se dejara sin valor y efecto la sentencia dictada por el A-quo. CONSIDERANDO(6): Que de la lectura de la acción constitucional promovida, esta Sala estima que el recurrente al exponer la vulneración del derecho constitucional al debido proceso, lo relaciona con el quebranto de los requisitos formales de las resoluciones judiciales, asimismo con la finalidad del recurso de apelación, contenidos fundamentalmente en los artículos 200 y 705 del Código Procesal Civil aplicado como norma supletoria en el proceso laboral, el primero de los preceptos apuntados hace referencia al contenido formal de las sentencias, señalando: “1. las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y enumerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: a) En el encabezamiento… b) En los antecedentes de hecho se consignarán con claridad y la condición posibles y en párrafos separados y enumerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso. c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. d)…”; por su parte el artículo 705 establece: “FINALIDAD DEL RECURSO. 1. El recurso de apelación tiene por objeto lograr la enmienda en la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente. 2. Igualmente, tiene por objeto la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba”. –Lo subrayado es nuestro-CONSIDERANDO(7): Que el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en fecha dos (2) de junio del año dos mil veintidós (2022), fue emitido por Unanimidad de Votos de sus miembros y se fundamentó básicamente en el ordinal tercero de la fundamentación fáctica al argumentar: (Sic) “SEXTO: Encontrándose errores formales e internos en la confección de la sentencia, que conlleva la imperiosa necesidad que sea subsanada por el juez que dictó la misma, ya que la omisión en el ejercicio de valoración de la prueba, el cual es consecuente con la inmediación que tuvo el juez con la misma, lo sujeta a que sea él quien valore la misma. Resultando la omisión en tal ejercicio intelectivo violatorio inclusive del derecho de defensa que da lugar a la interposición de un recurso de Amparo, en similares circunstancias la falta de motivación, lo que conlleva el quebrantamiento del debido proceso y por ello debe anularse la misma a efecto que el A-quo, la confeccione apegándose a lo previsto en el artículo 200 del Código Procesal Civil; debiéndose declarar la nulidad de dicha resolución previamente, conforme lo prescribe el artículo 212.4 del Código procesal Civil, que dice: “NULIDAD. Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes: 1… 2…3…4; cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión; tal cual ha ocurrido en la presente causa…” CONSIDERANDO(8): Que el Código de Trabajo, remite expresamente al Código de Procedimientos Civiles, ante la falta de disposiciones para resolver situaciones jurídicas en el proceso laboral; en ese orden de ideas los artículos 211 y 212 del Código Procesal Civil, desarrollan lo pertinente a la nulidad de los actos procesales, indicando que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. Las causas de nulidad de los actos procesales se encuentran determinados en el precepto 212 del Código Procesal Civil, de tal forma que son nulos los actos procesales por motivos de jurisdicción y competencia, actos realizados bajo violencia o intimidación, asimismo cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión inter alia. CONSIDERANDO(9): Que de la foliada de las piezas de antecedentes, esta Sala de lo Constitucional advierte de la simple lectura de la Sentencia, que ésta carece del contenido formal de las sentencias enunciados en el Artículo 200 del Código Procesal Civil, pues en la misma no se hace relación como bien lo argumenta la Alzada sobre cuál fue la prueba que le causo el convencimiento al A-quo para arribar a la conclusión de declarar sin lugar la demanda laboral promovida; asimismo no se observa que la prueba haya sido valorada en forma individual a fin de llegar a una valoración conjunta de la misma. Como bien lo indica el Tribunal recurrido no podría ser posible que ese Tribunal de Justicia pueda entrar a resolver el fondo del recurso (Según la pretensión del recurrente), pues de hacerlo estaría asumiendo el rol de juez de primera instancia y consecuencia de ello se vedaría el derecho de la partes a la doble instancia a que la sentencia sea revisada por una instancia superior, pues la motivación de las resoluciones judiciales, tiene como uno de sus efectos el que la resolución pueda ser revisada por una instancia superior. Es así que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Consecuencia de ello el Tribunal de Alzada, ha procedido a enmendar el yerro cometido por el A-quo al decretar la nulidad de la sentencia, al prescindirse de normas esenciales en su pronunciamiento. CONSIDERANDO(10): Que la inobservancia de las normas puede conducir a la nulidad del acto, así lo señala la doctrina en materia de proceso civil. En la obra Curso de derecho procesal civil, el jurista Giuseppe Chiovenda señala que en la aplicación de las normas formales, como en la de todas las normas jurídicas, debe preferirse la interpretación que más rigurosamente se nos presente conforme a los principios sugeridos por la lógica y por el sistema, que al menos son fijos, constantes y objetivos, y no caer en ciertas vagas tendencias equitativas, que, con el pretexto de combatir el formalismo o de adaptar elásticamente las formas a la sustancia, abren a menudo el camino a través del sentido subjetivo. En ese orden de ideas, el Tribunal Ad-quem al advertir que se ha prescindido de elementos enunciados en la ley, en relación a los requisitos formales e internos en la confección de la sentencia, ha procedido a decretar la nulidad de la sentencia a efecto de enmendar los defectos procesales que no fueron observados por el A-quo al momento de emitir la sentencia definitiva. CONSIDERANDO(11): Que en ese orden de ideas analizada la resolución emitida por el Tribunal Ad-quem y los argumentos vertidos por el recurrente, esta Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que el Recurso de Apelación se interpuso contra el acto por el cual la Juez A-quo declara sin lugar la Demanda Ordinaria Laboral promovida, decretando el Tribunal de Alzada, nulidad de la sentencia al apreciar que se ha prescindido de normas esenciales del procedimiento que afecta asimismo el derecho a la defensa de la parte demandante, criterio que comparte esta Sala de lo Constitucional, pues el juez de instancia devenía obligado a garantizar el derecho constitucional del debido proceso, a través del dictado de una sentencia debidamente motivada y ajustada a derecho, con la observancia debida de los requisitos formales que la ley exige, en la que se dé respuesta a las pretensiones de las partes, con la debida valoración de la prueba ofertada, tanto en forma individual como conjunta; en ese orden de ideas y con fundamento en los preceptos 858 del Código de Trabajo, 211, 212 y 715 del Código Procesal Civil, el Ad-quem ha procedido a decretar de oficio la nulidad de la sentencia, al apreciarse la existencia de infracción procesal que da origen a la nulidad de actuaciones, ordenando al A-quo proceda a dictar nuevamente la sentencia, debiendo cumplir con la estructura formal de la misma, emitir los pronunciamientos respectivos sobre todas y cada uno de los medios de prueba evacuados y cumplir con los requisitos internos de la misma, como se le ha reiterado en ocasiones anteriores, como bien se ha dejado plasmado en la resolución recurrida en Amparo. Como corolario de lo anterior esta Sala de lo Constitucional es del criterio que los argumentos esgrimidos por el recurrente en Amparo no son de recibo, ello porque en fundamento a los preceptos de la norma procesal civil enunciados, el Ad-quen se encuentra facultado a decretar de oficio la nulidad de actuaciones si apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad de actuaciones, como ha ocurrido en el caso sub júdice, no estimándose en consecuencia vulneración al derecho del debido proceso invocado. CONSIDERANDO(12): Que la garantía procesal del juez natural tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental, en virtud que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo, mismo que debe ser respetado y observado, en garantía de la tutela judicial efectiva de quienes acuden ante los órganos jurisdiccionales en busca respuestas satisfactorias a sus pretensiones, por medio de resoluciones motivadas y coherentes. CONSIDERANDO(13): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDADDE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 59, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 858 del Código de Trabajo; 1, 3, 211, 212, 214, 701, 705 y 715 del Código Procesal Civil y 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCO JOSUE CASTELLANOS, a favor de los señores GUMERCINDO LÓPEZ GUTIÉRREZ, JUAN CARLOS VILLEDA ROSA, OSCAR ANTONIO AGUSTÍN GONZALES y GUADALUPE SALGUERO ASTUME, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN Y DEL TRABAJO POR MINISTERIO DE LA LEY, en fecha dos (2) de junio del año dos mil veintidós (2022). Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. - Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO.SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-946-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL