Sentencia AL-918-22 — Registro 16136
Resumen
Sentencia interlocutoria declaró no ha lugar recurso de apelación contra sentencia interlocutoria de Impugnación de Tasación de Costas dictada por Juzgado de primera instancia en Demanda Ordinaria laboral promovida por demandantes contra recurrente; La Autoridad recurrida consideró lo pronunciado por la Sala de lo Constitucional en cuanto a que el cálculo de salarios dejados de percibir como indemnización por daños y perjuicios debe ser realizado conforme el artículo 123.b) del Código del Trabajo, tomando como base el promedio de salarios devengados por el trabajador durante los últimos seis meses; y en cuanto a excluir del cálculo de salarios dejados de percibir el lapso de tiempo que por la Pandemia Covd-19 se suspendieron plazos y términos procesales, ya se ha dejado sentado en aplicación al artículo 113 del Código referido que dicho lapso de tiempo debe ser incluido en el cálculo de salarios; por lo que no se ha vulnerado garantías constitucionales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"este Alto Tribunal observa del estudio de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación de la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes..."..."por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 113 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 123, b (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"este Alto Tribunal observa del estudio de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación de la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes..."..."por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado LUIS RICARDO BARAHONA SANCHEZ a favor de la sociedad mercantil denominada SECURITY GUARD SERVICE, S.A.(SGS, S.A.), contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria de impugnación de tasación de costas dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señores JOSÉ EFRAÍN URQUÍA MERCADO y SANTOS MIGUEL HERNÁNDEZ RAMOS, contra la sociedad mercantil denominada SECURITY GUARD SERVICE, S.A. (SGS, S.A.). CONSIDERANDO: Que el impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que éstas infringen los artículos 60, 62, 63, 80, 82, 90 y 94 de la Constitución de la República, al estimar que se violentan los derechos de defensa y debido proceso al calcular como base de los salarios caídos, el salario promedio mensual, incluyendo aguinaldo y catorceavo mes, los cuales son derechos exclusivos del empleado que presta sus servicios; además, los salarios dejados de percibir son exagerados sin tener responsabilidad patronal, pues los mismos deben ser estimados prudencialmente atendiendo la situación global debido a la pandemia Covid-19, en donde el Estado de Honduras decretó estado de excepción, originando suspensión de términos, los que no deben ser calculados para efecto de salarios dejados de percibir como indemnización por daños y perjuicios. CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende, que el parecer de la Alzada fue declarar no ha lugar el recurso de apelación planteado, en virtud de que ya la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, se ha pronunciado en cuando a que el cálculo de los salarios dejados de percibir como indemnización por daños y perjuicios debe ser realizado conforme el artículo 123 del Código del Trabajo, en su inciso b), tomando como base el promedio de salarios devengados por el trabajador durante los últimos seis meses…, debiendo ser considerados como indemnizaciones los salarios que hubiere dejado de percibir ya sea en condena al pago de prestaciones o reintegro, y se trata de una norma impositiva cuando manda la forma de calcular esas indemnizaciones, siendo una sanción para el patrono, por haber vulnerado los derechos del trabajador al haberlo despedido en desobediencia a las disposiciones legales señaladas en el referido Código. En cuanto a excluir del cálculo de salarios caídos el período de tiempo en que fueron suspendidos los plazos y términos procesales debido a la pandemia Covid-19, ya se ha dejado sentado en varios antecedentes la aplicación de lo dispuesto en el artículo 113 del Código del Trabajo, sin hacer ninguna excepción, por lo que dicho lapso de tiempo debe ser incluido. CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa del estudio de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación de la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado LUIS RICARDO BARAHONA SANCHEZ a favor de la sociedad mercantil denominada SECURITY GUARD SERVICE, S.A.(SGS, S.A.), contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil veintitrés, certificación de la resolución sentencia de fecha veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-918-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL