Sentencia AL-913-22 — Registro 17506
Resumen
Se interpuso recurso contra la resolución que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio con relación a la demanda ordinaria laboral.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que al respecto este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional versa exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por cuanto esta Sala en esta etapa del procedimiento considera debe ser sobreseído el recurso de mérito, en vista que el recurrente alega una violación de mera legalidad, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado FAUSTO EMILIO VIDEA ESPINAL a favor de la señora ROSALBA MARGARITA RAMOS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once de mayo de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno; con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la señora ROSALBA MARGARITA RAMOS, contra el ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que el recurrente aprecia que el Tribunal de Segunda Instancia al estimar que la excepción de falta de competencia de tribunal era procedente, no falló correctamente y ha violentado normas de orden público en detrimento del trabajador, pues en las regulaciones reglamentarias sobre administración de personal de la Comisión Nacional Supervisora de los Servicios Públicos, el artículo 59 establece que los casos no previstos en esas disposiciones se regirán por el Pleno de (CNSSP) y por las normas generales del Derecho Administrativo y en lo pertinente por el Código del Trabajo. CONSIDERANDO: Que el repitente estima que con el acto reclamado en amparo se han violentado los derechos y garantías contenidos en los artículos 64, 127 y 128 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del análisis in extenso de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas giran en torno a la procedencia de la excepción dilatoria por incompetencia del Tribunal que fue declarada por el Ad-quem, mediante resolución dictada en fecha once de mayo de dos mil veintidós, en donde la alzada estimó que la demandante fue nombrada mediante Acuerdo emitido por el Poder Ejecutivo, como Asistente Supervisora de los Servicios Públicos (CSSP); Acuerdo de nombramiento por parte de la Presidencia de la República en el cual se nombra a la demandante en el cargo de representante profesional de la Comisión Nacional Supervisora de los Servicios Públicos (CSSP), por lo que es la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la competente para conocer de la presente demanda y no lo laboral. CONSIDERANDO: Que al respecto este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional versa exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por cuanto esta Sala en esta etapa del procedimiento considera debe ser sobreseído el recurso de mérito, en vista que el recurrente alega una violación de mera legalidad, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado FAUSTO EMILIO VIDEA ESPINAL a favor de la señora ROSALBA MARGARITA RAMOS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once de mayo de dos mil veintidós; al advertir ésta Sala que las cuestiones alegadas por el demandante de amparo resultan ser alegaciones de mera legalidad. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de mayo de dos mil veintitrés, certificación de la resolución de fecha dieciocho de abril de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-913-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL