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Sentencia AL-897-19 — Registro 17538

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación de hecho contra Resolución dictada por Juez de instancia en solicitud de ejecución provisional de la sentencia dictada en Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales promovida por recurrente contra contra Corporación Jaar S de R L; La Alzada considera que la resolución impugnada se encuentra conforme a derecho y no se demostró la vulneración del debido proceso por parte del recurrente; por lo que lo resuelto es conforme a derecho

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución de la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que declaró Sin Lugar en recurso de apelación de hecho interpuesto por el Abogado RAÚL GILBERTO RIVAS PANIAGUA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), contrario a lo que manifiesta el amparista, contiene los elementos de una motivación suficiente para los efectos de lo que exige el debido proceso...para poder afirmar que efectivamente no se ha dado cumplimiento a las exigencias del debido proceso habría que plantear que esto es así mediante la demostración y el señalamiento del aspecto del debido proceso que se ha vulnerado. Sin embargo, puede notarse que la decisión de la autoridad ha sido acorde con las formalidades establecidas por la legislación vigente. La Corte de Apelaciones del Trabajo resolvió en armonía con lo establecido con las formalidades que la propia ley establece para el tipo de recursos vigentes y aplicables en el caso concreto. Por lo tanto, no cabe, en virtud del debido proceso, considerar la existencia de una vulneración de derechos..."..."En cuanto al derecho de defensa, tampoco se ha encontrado vulneración en la medida en que ha existido la posibilidad de que el recurrente presentara sus pretensiones por vía del recurso interpuesto ante la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán. Asimismo, dicha Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán por una parte admitió el recurso, , así como resolvió de conformidad a lo que establece la normativa procesal. Sin embargo, no puede asumirse que el derecho de defensa, y lo propio puede decirse respecto al debido proceso, implica que las meras alegaciones en torno a cuestiones de hecho sean suficientes para que éstas sean dadas por probadas o verdaderas. La Corte de Apelaciones en este sentido decidió de conformidad con la documentación y con los argumentos que estaban sustentados en el expediente del recurso. Esto, dicho sea de paso, es lo que se puede exigir jurídicamente para efectos de la decisión judicial. En ese sentido, no cabe afirmar que existió una vulneración al derecho de defensa...."..."esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución denunciado por el amparista, no vulnera los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, por lo que procede denegar el presente recurso de amparo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución de la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que declaró Sin Lugar en recurso de apelación de hecho interpuesto por el Abogado RAÚL GILBERTO RIVAS PANIAGUA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), contrario a lo que manifiesta el amparista, contiene los elementos de una motivación suficiente para los efectos de lo que exige el debido proceso...para poder afirmar que efectivamente no se ha dado cumplimiento a las exigencias del debido proceso habría que plantear que esto es así mediante la demostración y el señalamiento del aspecto del debido proceso que se ha vulnerado. Sin embargo, puede notarse que la decisión de la autoridad ha sido acorde con las formalidades establecidas por la legislación vigente. La Corte de Apelaciones del Trabajo resolvió en armonía con lo establecido con las formalidades que la propia ley establece para el tipo de recursos vigentes y aplicables en el caso concreto. Por lo tanto, no cabe, en virtud del debido proceso, considerar la existencia de una vulneración de derechos..."..."En cuanto al derecho de defensa, tampoco se ha encontrado vulneración en la medida en que ha existido la posibilidad de que el recurrente presentara sus pretensiones por vía del recurso interpuesto ante la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán. Asimismo, dicha Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán por una parte admitió el recurso, , así como resolvió de conformidad a lo que establece la normativa procesal. Sin embargo, no puede asumirse que el derecho de defensa, y lo propio puede decirse respecto al debido proceso, implica que las meras alegaciones en torno a cuestiones de hecho sean suficientes para que éstas sean dadas por probadas o verdaderas. La Corte de Apelaciones en este sentido decidió de conformidad con la documentación y con los argumentos que estaban sustentados en el expediente del recurso. Esto, dicho sea de paso, es lo que se puede exigir jurídicamente para efectos de la decisión judicial. En ese sentido, no cabe afirmar que existió una vulneración al derecho de defensa...."..."esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución denunciado por el amparista, no vulnera los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, por lo que procede denegar el presente recurso de amparo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución de la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que declaró Sin Lugar en recurso de apelación de hecho interpuesto por el Abogado RAÚL GILBERTO RIVAS PANIAGUA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), contrario a lo que manifiesta el amparista, contiene los elementos de una motivación suficiente para los efectos de lo que exige el debido proceso...para poder afirmar que efectivamente no se ha dado cumplimiento a las exigencias del debido proceso habría que plantear que esto es así mediante la demostración y el señalamiento del aspecto del debido proceso que se ha vulnerado. Sin embargo, puede notarse que la decisión de la autoridad ha sido acorde con las formalidades establecidas por la legislación vigente. La Corte de Apelaciones del Trabajo resolvió en armonía con lo establecido con las formalidades que la propia ley establece para el tipo de recursos vigentes y aplicables en el caso concreto. Por lo tanto, no cabe, en virtud del debido proceso, considerar la existencia de una vulneración de derechos..."..."En cuanto al derecho de defensa, tampoco se ha encontrado vulneración en la medida en que ha existido la posibilidad de que el recurrente presentara sus pretensiones por vía del recurso interpuesto ante la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán. Asimismo, dicha Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán por una parte admitió el recurso, , así como resolvió de conformidad a lo que establece la normativa procesal. Sin embargo, no puede asumirse que el derecho de defensa, y lo propio puede decirse respecto al debido proceso, implica que las meras alegaciones en torno a cuestiones de hecho sean suficientes para que éstas sean dadas por probadas o verdaderas. La Corte de Apelaciones en este sentido decidió de conformidad con la documentación y con los argumentos que estaban sustentados en el expediente del recurso. Esto, dicho sea de paso, es lo que se puede exigir jurídicamente para efectos de la decisión judicial. En ese sentido, no cabe afirmar que existió una vulneración al derecho de defensa...."..."esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución denunciado por el amparista, no vulnera los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, por lo que procede denegar el presente recurso de amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIASALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. VISTAS: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RAÚL GILBERTO RIVAS PANIAGUA, a favor del señor MILTON NAIN MORALES GUIFARRO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que declaró Sin Lugar en recurso de apelación de hecho interpuesto por el Abogado RAÚL GILBERTO RIVAS PANIAGUA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con relación a una solicitud de ejecución provisional de la sentencia, dictada en la demanda ordinaria laboral promovida por el señor MILTON NAIN MORALES GUIFARRO,contra LA SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACIÓN JAAR S DE R.L.- Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los artículos 82 y 90, de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en la celebración de la Audiencia de Juzgamiento de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en la cual FALLÓ: Declarar Con Lugar la demanda ordinaria laboral promovida por MILTON NAIN MORALES GUIFARRO, contra MARIA DELMIRA SANSUR DE JAAR, en su condición de Gerente General y Representante Legal de LA EMPRESA MERCANTIL CORPORACIÓN JAAR S DE R.L., en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos y salarios dejados de percibir desde la fecha que operó el despido hasta la fecha en que se encuentre firme la sentencia definitiva.- En consecuencia; 2) CONDENA a la DEMANDADA MARIA DELMIRA SANSUR DE JAAR, en su condición de Gerente General y Representante Legal de la empresa mercantil CORPORACIÓN JAAR S DE R.L a Pagar a MILTON NAIN MORALES GUIFARRO, la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (l.354,103.72) desglosados de la siguiente forma: Preaviso L. 38,545.00, auxilio de cesantía L. 289,102.50, auxilio de cesantía proporcional L. 321.23, vacaciones proporcionales L.214.15, décimo tercer mes proporcional L,10,960.42, décimo cuarto mes proporcional L. 14, 960.42, más al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que este firme la presente sentencia de conformidad a las normas procesales 3) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por MILTON NAIN MORALES GUIFARRO, contra MARIA DELMIRA SANSUR DE JAAR, en su condición de Gerente General y representante legal de LA EMPRESA MERCANTIL CORPORACIÓN JAAR S DE R.L, en cuanto al pago de salarios adeudados y comisiones adeudadas; en consecuencia ; 4)ABSUELVE a la DEMANDADA la señora MARIA DELMIRA SANSUR DE JAAR, en su condición de Gerente General y Representante Legal de LA EMPRESA MERCANTIL CORPORACIÓN JAAR S DE R.L., a Pagar a MILTON NAIN MORALES GUIFARRO, al pago de salarios adeudados y comisiones adeudadas.- 5) Declarar CON LUGAR la excepción de pago en cuanto al reclamo de salarios adeudados planteado por la parte demandante.- 6)Declarar Con Lugar el Incidente de Tachas de testigos opuesto por el representante de prescripción alegada por el representante procesal de la parte demandada.- 7) Declarar Sin Lugar la excepción de prescripción alegada por el representante procesal de la parte demandada.- 8)SIN LUGAR las COSTAS en esta instancia. (Folio 04 al 09 de la pieza del Juzgado) 2) Que el referido Juzgado, en fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), Resolvió: “Que se REQUIERA personalmente en legal y debida forma a la señora MARIA DELMIRA SANSUR DE JAAR, en su condición de Gerente General de LA EMPRESA MERCANTIL CORPORACIÓN JAAR S DE R.L., para que en el acto pague o consigne en este Juzgado a nombre de MILTON NAIN MORALES GUIFARRO, la cantidad de VEINTISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.26,134.99), en concepto de pago de derechos adquiridos, prevéngase a la señora MARIA DELMIRA SANSUR DE JAAR, en su condición antes indicada, que si dentro del término señalado no paga o consigna previa denuncia jurada de bienes se embargaran y rematarán suficiente para hacer efectivo el pago de la obligación...” (Folio 12 de la pieza del Juzgado) 4) Que en fecha treinta de enero de dos mil veintitrés, Remitidos y estudiados que fueron los antecedentes, concédase vista por el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente para que formalice su petición por escrito. (Folio 95 del recurso de mérito). 3)Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, conociendo de un Recurso de Hecho, en fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), RESOLVIÓ: 1.- “DECLARAR SIN LUGAR, el Recurso de Hecho interpuesto por el Abogado por RAÚL GILBERTO RIVAS PANIAGUA, en consecuencia Téngase por firme la resolución dictada por el A-quo de fecha 30 de mayo del año 2019 por estar ajustadas a derecho.- Hasta esta fecha se resuelve en vista de mediar justas causas…”(Folio 11 de la pieza de Corte de Apelaciones) 4) EL Recurrente abogado por RAÚL GILBERTO RIVAS PANIAGUA, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor del señor MILTON NAIN MORALES GUIFARRO, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), violenta en perjuicio de su representado, los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha uno (1) de diciembre del año dos mil veinte (2020). (Folio 52 de la pieza de amparo) 5) Que con fecha ocho (8) de enero del año dos mil veintiuno (2021), la abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO (01): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario. En virtud de esta, cualquier persona agraviada o cualquiera en su nombre tiene derecho a interponerla con el fin de objeto mantener o restituir en el goce y disfrute los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (02): Que de conformidad con el artículo 183 constitucional, relacionado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (03): Que la acción recurrida del Recurso de Amparo es contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que declaró Sin Lugar en recurso de apelación de hecho interpuesto por el Abogado RAÚL GILBERTO RIVAS PANIAGUA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con relación a una solicitud de ejecución provisional de la sentencia, dictada en la demanda ordinaria laboral promovida por el señor MILTON NAIN MORALES GUIFARRO,contra LA SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACIÓN JAAR S DE R.L.- CONSIDERANDO (04): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, conociendo de un Recurso de Hecho, en fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), RESOLVIÓ: 1.- “DECLARAR SIN LUGAR, el Recurso de Hecho interpuesto por el Abogado por RAÚL GILBERTO RIVAS PANIAGUA, en consecuencia Téngase por firme la resolución dictada por el A-quo de fecha 30 de mayo del año 2019 por estar ajustadas a derecho.- Hasta esta fecha se resuelve en vista de mediar justas causas…”(Folio 11 de la pieza de Corte de Apelaciones) CONSIDERANDO (05): El Amparista señala que se han violado o amenazados los derechos y garantías constitucionales contemplados en el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República. Señala el amparista que la Corte de Apelaciones en la resolución denunciada vulnera el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso en el sentido de que la resolución de la Corte de Apelaciones no se encuentra enmarcada en Ley y por lo tanto resulta en una resolución arbitraria; asimismo, señala el amparista que la razón por la cual es de la consideración de que la resolución denunciada de arbitraria no se encuentra enmarcada en Ley estriba en el hecho de que ésta por no contener un fundamento legal válido y por enmarcarse dentro de lo que ordena el Código Procesal Civil. Con respecto al derecho de defensa, considera que se ha vulnerado en virtud de que al no existir una resolución con fundamentación jurídica se encuentra en una posición de desventaja toda vez que dicha fundamentación, la cual considera arbitraria, no da la posibilidad de llevar a cabo una argumentación jurídica adecuada y menos para optar a la defensa. CONSIDERANDO (06): Que el Ministerio Público al emitir su dictamen se pronuncia en el sentido de que no se otorgue el amparo en virtud que se no ha vulnerado el derecho constitucional relativo al debido proceso en cuanto que “los derechos invocados por el amparista no han sido quebrantado por la Corte de Apelaciones, al haber motivado suficientemente su sentencia de manera coherente y razonada en derecho, en cuanto establece que el mismo abogado Rivas Paniagua reconoce que presentó en forma extemporánea el recurso de reposición y subsidiaria apelación, argumentando cuestiones de índole administrativa ocurridas en el juzgado de primera instancia, en donde consta que pidió el expediente sin saber si se lo prestaron o no, por lo cual dichas fichas no pueden sustentar por sí solas su afirmación y lo escrito en el libro de procuradores tampoco; situación ésta que debió ser objeto de investigación por parte de la Supervisión General del Poder Judicial para la deducción de la responsabilidad que corresponda.- Del análisis anterior, el Ministerio Público puede determinar que en el presente caso de autos no se ha violentado la garantía Constitucional a la que el recurrente hace referencia en su petición de amparo, de tal manera que, si el abogado pretendía cuestionar la validez del acto de la notificación, debía acreditar los extremos alegados en su planteamiento, no a través de meras afirmaciones, ya que no baste una aseveración para poner en duda la Fe Pública de que esta investido el Secretario del Despacho, siendo un imperativo conforme a ley que las partes aporten los medios de prueba que acrediten sus planteamientos”. (Folios 59-60 del recurso). CONSIDERANDO (07): Que el del debido proceso se encuentra consagrado en el artículo 90 de nuestra Constitución de la República. Esta Sala de lo Constitucional ha reiterado en diversidad de sentencias que el Debido Proceso, en su dimensión adjetivo o formal, se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración. Por esta razón, el Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del Debido Proceso en toda persona la cual tendrá un alcance determinado para todas Instituciones del Estado. CONSIDERANDO (08): Que los órganos e instituciones del Estado están obligados a someterse a todas las condiciones que permitan materializar el debido proceso. En ese sentido, es importante tener en cuenta lo que comprende la noción de debido proceso. El debido proceso implica el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental. Aparece como conjuntos de garantías de los derechos de goce en cuanto que medios que sirvan para asegurar la vigencia y le eficacia de la normativa del sistema jurídico hondureño. El principio del debido proceso, en un sentido particular asegura al interesado la posibilidad de recurrir la decisión dictada cuando considere que esta infringe normativa jurídicamente válida. CONSIDERANDO (09): Que de la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución se exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. Del derecho de defensa emanan derechos como los siguientes: el derecho de ser oído, el derecho a tener conocimiento de la pretensión de la parte contraria; asimismo, aparece el derecho a exigir que exista una necesaria correlación entre las pretensiones de las partes y el fallo, la posibilidad de probar y controlar la prueba; y, la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución de la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que declaró Sin Lugar en recurso de apelación de hecho interpuesto por el Abogado RAÚL GILBERTO RIVAS PANIAGUA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), contrario a lo que manifiesta el amparista, contiene los elementos de una motivación suficiente para los efectos de lo que exige el debido proceso. Esto es así puesto que una vez llevada a cabo por parte del recurrente la impugnación de la resolución que alega como adversa, para el desarrollo y sustentación de dicho medio de impugnación debe efectuarse según lo establecido en la normativa procesal actualmente vigente. Es decir, para poder afirmar que efectivamente no se ha dado cumplimiento a las exigencias del debido proceso habría que plantear que esto es así mediante la demostración y el señalamiento del aspecto del debido proceso que se ha vulnerado. Sin embargo, puede notarse que la decisión de la autoridad ha sido acorde con las formalidades establecidas por la legislación vigente. La Corte de Apelaciones del Trabajo resolvió en armonía con lo establecido con las formalidades que la propia ley establece para el tipo de recursos vigentes y aplicables en el caso concreto. Por lo tanto, no cabe, en virtud del debido proceso, considerar la existencia de una vulneración de derechos. CONSIDERANDO (11): En cuanto al derecho de defensa, tampoco se ha encontrado vulneración en la medida en que ha existido la posibilidad de que el recurrente presentara sus pretensiones por vía del recurso interpuesto ante la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán. Asimismo, dicha Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán por una parte admitió el recurso, así como resolvió de conformidad a lo que establece la normativa procesal. Sin embargo, no puede asumirse que el derecho de defensa, y lo propio puede decirse respecto al debido proceso, implica que las meras alegaciones en torno a cuestiones de hecho sean suficientes para que éstas sean dadas por probadas o verdaderas. La Corte de Apelaciones en este sentido decidió de conformidad con la documentación y con los argumentos que estaban sustentados en el expediente del recurso. Esto, dicho sea de paso, es lo que se puede exigir jurídicamente para efectos de la decisión judicial. En ese sentido, no cabe afirmar que existió una vulneración al derecho de defensa. CONSIDERANDO (12): Que por todas las razones antes expuestas esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución denunciado por el amparista, no vulnera los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, por lo que procede denegar el presente recurso de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos números: 82, 90, 183, 301, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 41, 46 numeral 9, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGAR El RECURSO DE AMPARO interpuesto por el Abogado RAÚL GILBERTO RIVAS PANIAGUA, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que declaró Sin Lugar en recurso de apelación de hecho interpuesto por el Abogado RAÚL GILBERTO RIVAS PANIAGUA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con relación a una solicitud de ejecución provisional de la sentencia, dictada en la demanda ordinaria laboral promovida por el señor MILTON NAIN MORALES GUIFARRO, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACIÓN JAAR S DE R.L. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó La Magistrada Isbela Bustillo Hernandez.NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0897-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.JF.