Sentencia AL-831-16 — Registro 17574
Resumen
Excepción de declinatoria Demanda Ordinaria Laboral de Reintegro, promovida declarada sin lugar ,en relación a Demanda Ordinaria Laboral de Reintegro, promovida contra recurrente, sosteniendo impetrante inmunidad jurisdiccional y excepción por declinatoria, denunciándose la falta de jurisdicción y competencia del juzgado de Letras del Trabajo ,para conocer de dicha demanda, por referir a un Organismo Especializado del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) que goza de inmunidad de jurisdicción ,considerando la Sala Constitucional
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
CONSIDERANDO (17): Que los privilegios e inmunidades no son un mecanismo para evitar el cumplimiento de las normas de orden público del país sede, sino que priva el respeto y sometimiento a la ley interna de conformidad con las convenciones Internacionales aplicables en materia del trabajo o laboral; las organizaciones internacionales tienen la obligación de acatar las normas locales, siempre y cuando estas no obstaculicen sus funciones y actividades, las que existen para garantizar que puedan desempeñar con independencia y sin la debida intervención de los países miembros a través de sus tribunales o por medio de procesos administrativos o intervenciones policiales. Las inmunidades deberán entenderse que no son absolutas y que de conformidad con los convenios suscritos con los Estados hay limitaciones o restricciones en ciertas materias, específicamente a lo relativo en los contratos de trabajo y otras, cuyas excepciones con respecto a la falta de jurisdicción ya están previstas y no pueden ser invocadas, según el artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas
Legislación citada
- Convención de las Naciones Unidas Sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada RITA ONDINA NUÑEZ BARAHONA a favor de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha nueve (9) de agosto de dos mil dieciséis (2016), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio dictado en fecha diecisiete (17) de junio de dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda Ordinaria Laboral de Reintegro, promovida por la Señora GLORIA BERTILA OYUELA CARRASCO en contra de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA). Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecinueve (19) de junio de dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, la Abogada GLORIA BERTILA OYUELA CARRASCO, actuando en nombre propio, interpone Demanda Ordinaria Laboral de Reintegro, en contra de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), solicitando que se declare CON LUGAR la demanda y se condene al demandado al reintegro de la demandante a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones de las que se encontraba antes del despido, y se le pague todos sus salarios caídos y todos los beneficios laborales dejados de percibir a partir de su despido. (Folios 1–3 de la Primera Pieza de los antecedentes)2)Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Auto Interlocutorio en fecha diecisiete (17) de junio de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual Falló: (SIC)“I.- DECLARAR SIN LUGAR EL INCIDENTE DE DECLINATORIA POR FALTA DE JURISDICCION Y COMPETENCIA opuesto por la Representante procesal de la parte Demandada, en la demanda de mérito. - II.-SIN COSTAS: en esta instancia.”. (Folios 183–187 de la Primera Pieza de los antecedentes)3)Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada RITA ONDINA NUÑEZ BARAHONA, en su condición de apoderado legal de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha nueve (9) de agosto de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual Falló: (SIC) “I.-Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada RITA ONDINA NUÑEZ BARAHONA.- II.-CONFIRMAR el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán en fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la Abogada GLORIA BERTILA OYUELA CARRASCO, quien actúa en causa propia contra LA CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA) por medio de Representante Legal de Director Ejecutivo JORGE ANTONIO VARGAS.- III.- SIN COSTAS, en esta instancia, por considerar que existieron motivos racionales para litigar.-”. (Folios 9–11 de la Segunda Pieza de los antecedentes)4)Que este Tribunal recibió en fecha veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016), la acción de amparo interpuesta por la abogada RITA ONDINA NUÑEZ BARAHONA a favor de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), contra la Sentencia de fecha nueve (9) de agosto de dos mil dieciséis (2016), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino para formalizar el recurso de mérito, pero al apreciarse que la recurrente desarrollo de manera puntual el concepto de la violación constitucional, se procede continuar con el procedimiento de la presente acción en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecisiete (2017). (Folios 3–15 y 115 de la presente Recurso)5)Que en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Publico es del parecer que SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por estimar que la sentencia dictada por el Ad-Quem y que motivo la presente Acción de Amparo, no es conforme a derecho, en virtud de vulnerar el derecho constitucional invocado.” (Folios 118–123 del presente Recurso).CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia de fecha 09 de agosto del año 2016, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual Confirmó un auto interlocutorio, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha 17 de junio del año 2016. En relación a la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora GLORIA BERTILIA OYUELA CARRASCO, contra la CORPORACIÓN CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA (COCESNA). CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la formalización del recurso expone en la relación de hechos que motivan la acción de amparo, que en fecha 21 de julio del año 2015, en el Juzgado de Letras del Trabajo de esta jurisdicción dictó providencia en contra de COCESNA, por la señora GLORIA BERTILIA OYUELA CARRASCO, la que fue admitida, mandando citar y emplazar al señor JORGE ANTONIO VARGAS ARAYA, en su condición de Presidente Ejecutivo de la CORPORACIÓN CENTROAMERICANA ADE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA (COCESNA). Manifiesta que citada y emplazada que fue COCESNA interpuso excepción por declinatoria, denunciándose la falta de jurisdicción y competencia del juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, para conocer de la demanda, por referir a un Organismo Especializado del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) que goza de inmunidad de jurisdicción otorgada en virtud de convenios internacionales, en los que el Estado de Honduras es parte, la cual fue declarada sin lugar en fecha 17 de junio del año 2016, por lo que se procedió a interponer recurso de reposición y subsidiaria apelación, la que fue declarada sin lugar, confirmando el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo, ordenando al Juzgado de letras continuar con el trámite del juicio, por ser competente para conocer la demanda ordinaria laboral interpuesta por la señora GLORIA BERTILIA OYUELA CARRASCO en contra de COCESNA.CONSIDERANDO (5): Que la recurrente considera que se han quebrantado los siguientes derechos constitucionales: el debido proceso preceptuado en el artículo 90 constitucional, que en su parte conducente dice: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”y los artículos 12 y 35 del Protocolo de Tegucigalpa, que en su parte conducente dice: Art. 12: “… La Corte Centroamericana de Justicia, garantizará el respeto del Derecho, en la interpretación y ejecución de presente protocolo y sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo….” Y el artículo 35 de la enmienda del Protocolo de Tegucigalpa, a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA): “Este protocolo y sus instrumentos complementarios y derivados prevalecerán sobre cualquier convenio, acuerdo o protocolo suscrito entre los estados miembros, bilateral o multilateralmente, sobre las materias relacionadas con la integración centroamericana, no obstante quedan vigentes entre dichos Estados las disposiciones de aquellos convenios, acuerdo o tratados, siempre que las mismas no se opongan al presente instrumento u obstaculicen el logro de sus propósitos y objetivos. La controversia sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones contenidas en el presente protocolo y demás instrumentos a que se refiere el párrafo anterior, deberán someterse a la Corte Centroamericana de Justicia. Además explica que se violenta el artículo 22 inciso g) del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) que establece: La sentencia de la Corte será: “…g) conocer de los asuntos que someta directa e individualmente cualquier afectado por los acuerdos del Órgano u Organismo del Sistema de la Integración Centroamericana” en relación con los artículos 15,16,y 18 de la Constitución de la República, los que establecen que Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional; que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor forman parte del derecho interno y que, en caso de conflicto entre el tratado o convención y la ley, prevalecerá el primero. CONSIDERANDO (6): Que el impetrante expone que la sentencia impugnada violenta el debido proceso al establecer que la jurisdicción del trabajo en competente para conocer de la demanda ordinaria laboral mencionada en acápites anteriores, cuando en realidad es competente para conocer es la Corte Centroamericana de Justicia, por ser COCESNA un Organismo Internacional Especializado del SICA. Señala que la sentencia recurrida expone en el tercer considerando, con respecto a la excepción declinatoria presentada por COCESNA que denuncia a falta de jurisdicción del juzgador conocedor de la demanda, “que los incidentes solo podrán proponerse en la primera audiencia de trámite, a efecto de cumplir con el procedimiento que establece la ley a fin de garantizar la igualdad de las partes”. CONSIDERANDO (7): Que el impetrante invoca el artículo 858 del código del trabajo, que establece “a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas analógicas de este código y, en defecto, las del Código de Procedimientos civiles,” Señalando que el artículo 45 del código procesal civil dispone el procedimiento para interponer la declinatoria de jurisdicción, estableciendo que debe proponerse dentro de los primeros cinco días del plazo para contestar la demanda en el proceso ordinario o en los cinco primeros días posteriores a la citación para la audiencia en el proceso abreviado. En el presente caso se trata de un proceso ordinario la declinatoria se interpuso en tiempo y forma por vía Cancillería, no habiéndose contestado la demanda, al tenor de lo establecido en el artículo 40 No. 2 del Código de Procesal Civil, que establece como sumisión tácita, por el demandado, el hecho de realizar, después de personada en el juicio tras la interposición de la demanda, cualquier actuación procesal que no sea la de interponer en forma la declinatoria. CONSIDERANDO (8): Que el quejoso manifiesta que la resolución de la Corte de Apelaciones produce total desconcierto en las partes procesales, en virtud de existir resoluciones dictadas por la misma Corte de Apelaciones del Trabajo, entre ellas la del 21 de julio del año 2011, mediante la cual deja establecido: “… el interesado para que surta efectos la aplicación de la inmunidad y de acuerdo al Decreto legislativo No. 20-20-2001 de fecha 21 de mayo del año 2001, debe de interponerla antes de la contestación de la demanda o antes de personarse en el juicio correspondiente…” compartiendo en su momento de esta manera el criterio del A-Quo:… “que una vez que el demandado conteste la demanda y realice gestiones propias del trámite del juicio existe lo que se denomina una sumisión tácita de la competencia jurisdiccional, el demandado queda automáticamente sometido voluntariamente al juez ante quien se ha propuesto la demanda…”. Contrario a todo ello la misma Corte de Apelaciones del Trabajo ahora dispone que la declinatoria debe ser interpuesta en la Primera audiencia de Trámite… cambiando totalmente su criterio igual que el A quo. CONSIDERANDO (9): Que el recurrente expone que COCESNA es un Organismo Internacional respetuoso de las leyes de Honduras, no obstante, no está sometido a la jurisdicción laboral de este país, debido al CONVENIO SEDE ENTRE EL GOBIERNO DE HONDURAS Y LA CORPORACIÓN CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AEREA (COCESNA) suscrito el 29 de agosto del año 2000, contenido en el Decreto Legislativo No. 20-2001, publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 29,482 de fecha 21 de mayo de 2001, donde ambas partes convinieron, en la Sección III, artículo 3: “La inmunidad de la Institución; Artículo 4: La inmunidad de Jurisdicción; artículo 5 la Inmunidad de COCESNA.CONSIDERANDO (10): Que el Ad-Quem conociendo del recurso de apelación interpuesto por la representante de la CORPORACIÓN CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN, en el Considerando (3) deja establecido que de la revisión de las diligencias es de la firme convicción que el auto interlocutorio que se conoce por vía de apelación se encuentra dictado conforme los lineamientos que franquea la ley, convencimiento que se sustenta en lo siguiente: “Primero: El argumento en que la representante procesal demandada se fundamenta al asegurar que se trata de una relación donde la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), es un Organismo Internacional que nace en el marco de un convenio internacional, que goza de inmunidad judicial, contradice el derecho al acceso a los tribunales y ser oído y al haber sido citado y emplazado para que en el término legal contestara la demanda para reintegro de la demandante, ha contestado interponiendo incidente de declinatoria por falta de jurisdicción y competencia sin guardar el debido proceso y el orden del mismo. Segundo: Señala que el debido proceso es el que se desarrolla con los trámites previstos en la normativa procesal y sustantiva establecida en la Constitución de la República y las Leyes ordinarias y ya el artículo 710 del código del Trabajo establece que en el escrito de contestación de demanda o en la audiencia de primera de tramite el demandado podrá interponer las excepciones que crea tener a su favor y este debe continuar el proceso en el tribunal competente garantizándose el acceso a la justicia. Tercero: Que los incidentes solo podrán proponerse en la audiencia primera de tramite a efecto de cumplir con el procedimiento que establece la ley, a fin de garantizar la igualdad de las partes”. CONSIDERANDO (11): Que el Ad-Quem señala que la competencia es la facultad que tiene cada juez para conocer de los negocios que las leyes han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones y la jurisdicción del Trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originan directa o indirectamente del contrato de trabajo y el asunto es la relación de trabajo entre las partes, señalando que hay reiteradas ejecutorias del tribunal supremo ha conocido de iguales solicitudes, dejando establecido los criterios que es la jurisdicción del trabajo la competente para resolverlo, que las disposiciones del código del Trabajo son de orden público y en consecuencia de cumplimiento obligatorio que no pueden quedar sujetas al arbitrio de las partes. Por todo ello declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, confirmando el auto interlocutorio dictado por el A-Quo. CONSIDERANDO (12): Que de la revisión exhaustiva de los antecedentes se aprecia que ciertamente COCESNA, no intervino como parte en el procedimiento gubernativo, según consta en el “ACTA DE CIERRE DE LAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS CONCLIATORIAS de fecha 21 de abril del 2015, en la que se expresa la no comparecencia del señor JORGE ANTONIO VARGAS ARAYA” como presidente ejecutivo de COCESNA, vía de la que no hizo uso el demandado, quedando expedita la vía judicial, se interpone la demanda ordinaria laboral en el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, quien citó y emplazó al señor JORGE ANTONIO VARGAS ARAYA, en su condición de Presidente Ejecutivo de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) a efecto de que en el término de seis días compareciera a contestar la Demanda Laboral promovida en su contra. CONSIDERANDO (13): Que en fecha 10 de febrero del año 2016, la Sala Laboral- Contencioso Administrativo, transcribió al Juzgado de Letras del Trabajo, el auto recaído en la solicitud de Varios con registro No. VSL-162-2016, mediante el cual se tiene por recibido el oficio No. 064-SG-15 procedente de la Secretaría de relaciones Exteriores y cooperación Internacional, que remite el Oficio No. GAF-012/2016 de la corporación centroamericana de los Servicios de Navegación aérea (COCESNA), por medio de la cual solicitan se traslade la documentación que se acompaña al Juzgado de letras de trabajo de Francisco Morazán; en consecuencia que la Secretaria de la Corte Suprema de Justicia proceda a remitir dicha documentación al Juzgado antes indicado para los efectos legales correspondientes, referidos a la inmunidad de jurisdicción otorgada a COCESNA en virtud de Convenio Internacional del que el Estado de Honduras es parte, seguidamente interpone la Excepción de declinatoria por falta de jurisdicción y competencia del juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, por tratarse de un Organismo especializado del sistema de Integración de Centro América, que goza de inmunidad de jurisdicción, la que fue desestimada, por lo que la impetrante hizo uso de la acción recursiva interponiendo el recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones ahora impugnada, el que fue denegado y que ahora se recurre. CONSIDERANDO (14): Que la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea “COCESNA” celebró Contrato de Trabajo con la señora GLORIA OYUELA CARRASCO, firmado en fecha 13 de mayo del año 2002, dejando establecido que la relación laboral dio inicio el 01 de junio de 1998, fecha desde la cual se reconoce su efectividad. Las cláusulas del referido contrato establecen los servicios a prestar, lugar, horario de labores, salario y forma de pago, medidas reglamentarias, lealtad, confiabilidad, prohibiciones descanso y vacaciones y cuestiones judiciales en cuanto a que el trabajador no involucraría al patrono en cuestiones judiciales como embargos al trabajador, modificaciones, duración y vigencia por tiempo indefinido, fecha de inicio de la relación laboral aceptación de las partes. No consta en las cláusulas del contrato, que las partes hayan dejado establecido nada en cuanto a la jurisdicción y competencia para dirimir conflictos laborales, los que debieron definirse en el mismo, para acreditar el común acuerdo. CONSIDERANDO (15): Que el Estado de Honduras reconoce la figura de la Inmunidad Jurisdiccional de las distintas organizaciones internacionales que gocen de dicho Estatuto, una vez seguido el respectivo proceso ordinario de promulgación de la ley, lo cual es dimanante de la plena vigencia del artículo 18 constitucional y de la actitud respetuosa que asume el Estado de Honduras respecto a los principios y prácticas del Derecho Internacional; así mismo se reconoce que la inmunidad jurisdiccional es un instituto jurídico delimitado y regulado en el ordenamiento jurídico nacional, lo cual inclusive se admite en la formalización del recurso, en la cual protesta el acatamiento de la entidad demandada a lo establecido en las leyes internas del país. CONSIDERANDO (16): Que el Estado de Honduras es respetuoso de cualquier institución corporación u organismo internacional, por ende se respetan los derechos de las personas que los conforman y/o de sus representantes empleados, funcionarios, sean hondureños o extranjeros, sin embargo del contrato de trabajo entre COCESNA Y la demandante en evidente que la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÖN AËREA (COCESNA), no invoca la jurisdicción y competencia a las que se someten las partes voluntariamente; evidenciándose de los antecedentes la relación laboral que ha existido entre las partes, ahora en controversia, es así, que conforme lo dispuesto en la Constitución de la República, en cuanto al debido proceso, acción de pedir, derecho de defensa, es conforme a derecho que conozca de la demanda laboral la jurisdicción de lo Laboral, cuyas disposiciones deben cumplirse al tenor de sus disposiciones y no de la voluntad de las partes. Este orden consecutivo del proceso está fundamentado en razones y valores jurídicos propios de un Estado de Derecho, a fin de que el proceso se desarrolle sin dilaciones indebidas, en cumplimiento a la prohibición constitucional de que nunca podrá aplicarse ninguna disposición que implique la disminución, restricción o tergiversación de los derechos y garantías que la Constitución de la República y los Tratados Internaciones reconoce a las personas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 64 constitucional. CONSIDERANDO (17): Que los privilegios e inmunidades no son un mecanismo para evitar el cumplimiento de las normas de orden público del país sede, sino que priva el respeto y sometimiento a la ley interna de conformidad con las convenciones Internacionales aplicables en materia del trabajo o laboral; las organizaciones internacionales tienen la obligación de acatar las normas locales, siempre y cuando estas no obstaculicen sus funciones y actividades, las que existen para garantizar que puedan desempeñar con independencia y sin la debida intervención de los países miembros a través de sus tribunales o por medio de procesos administrativos o intervenciones policiales. Las inmunidades deberán entenderse que no son absolutas y que de conformidad con los convenios suscritos con los Estados hay limitaciones o restricciones en ciertas materias, específicamente a lo relativo en los contratos de trabajo y otras, cuyas excepciones con respecto a la falta de jurisdicción ya están previstas y no pueden ser invocadas, según el artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas. CONSIDERNADO (18): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala observa que el Ad-Quem no ha quebrantado los derechos del recurrente se han cumplid con todos los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, por lo que la vulneración invocada por el recurrente no es de recibo, en consecuencia, se aprecia que la resolución dictada por el Ad-Quem es conforme a derecho. CONSIDERANDO (19): Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo “la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. CONSIDERANDO (20): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, y el resto del ordenamiento jurídico, por lo señalado en los acápites anteriores, concluye la Sala que en el caso de mérito no se da la vulneración de los artículos constitucionales denunciados, ya que la sentencia recurrida está suficientemente razonada, apegada a derecho, siendo procedente Denegar el recurso impetrado.POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por mayoría de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,60, 61,64, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132, 143 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales;715 y 716 del Código del Trabajo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO El Recurso de Amparo interpuesto por la abogada RITA ONDINA NUÑEZ BARAHONA, a favor de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA “COCESNA” contra la Sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial. Y MANDA: Redactó el Magistrado WAGNER VALLECILLO PAREDES.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. – Tegucigalpa, Quince de Febrero del dos mil veinticuatro. VISTO el escrito de nulidad de actuaciones alegada por la Abogada MARIA ELENA MATUTE DE HERNANDEZ, en su condición de representante procesal de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación área (COCESNA), esta sala lo resuelve de la siguiente manera: ANTECEDENTES DE HECHO.PRIMERO: Que en fecha veintiséis (26) de abril de dos mil dieciséis (2016), la Abogada RITA ONDINA NUÑEZ BARAHONA, procedió a interponer acción de Amparo a favor de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación área (COCESNA), siendo admitida a trámite, según expediente registrado en la Sala de lo Constitucional bajo el Numero SCO-0831-2016 siguiéndose con el procedimiento legal establecido en la Ley sobre Justicia Constitucional. SEGUNDO: Que esta Sala Constitucional mediante sentencia definitiva de fecha veintidós (22) de marzo del dos mil veintitrés (2023), denegó el referido amparo, siendo notificada dicha resolución a la recurrente abogada María Elena Matute de Hernández el quince (15) de mayo del dos mil veintitrés (2023), presentando al día siguiente escrito donde alega nulidad absoluta de actuaciones por violación al debido proceso sustentada en el artículo 8 relacionado con el 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1)Motiva la recurrente, que la sentencia que le fue notificada no cumple con el formalismo legal para su validez, por no cumplir con lo ordenado en el artículo 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, lo viola al debido proceso, por cuanto no tiene el carácter de definitiva y deja indefensa a su representada, por cuanto le veda el derecho de que el presente amparo sea conocido por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, si fuese dictado por mayoría.2) Que, previo a resolver el incidente planteado, se pidió a la secretaria de la Sala informara sobre el punto de acta mediante el cual se registra la sentencia fallada por el Pleno de la Sala de lo Constitucional en fecha veintidós de marzo del dos mi veintitrés contenida en el expediente de Amparo Laboral registrado bajo No. 0831-2016. Recibido el informe procedente de la Secretaría entre otros asuntos en el punto 2 expresa lo siguiente: “2. Que seguido el procedimiento correspondiente en fecha veintidós de marzo del dos mil veintitrés, según el punto cinco del acta número cinco de fecha veintidós de marzo del mismo año dos mi veintitrés, se dictó sentencia por unanimidad de votos donde se denegó el recurso de amparo de mérito”. 3)Que tal y como lo dispone el artículo 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y que aparece señalado como fundamento en el fallo impugnado, si se cumple con el procedimiento de ley, se trata de una sentencia fallada por unanimidad de votos, de todos los miembros que conforman la Sala de lo Constitucional, (ver Sentencia f 204 al 210) aparecen sus firmas y se pronunció en nombre de la Corte Suprema de Justicia, tal y como se refleja en el POR TANTO del fallo, sin embargo, por un lapsus calami, como bien lo ha expresado en la motivación expresada por la recurrente, se trata de un error involuntario de forma, se escribió la formula por mayoría, error que no cambia el fondo del asunto mucho menos vulnera el derecho de defensa y debido proceso, lo que se remacha con el informe recibido de la secretaria de la Sala, la sentencia se falló por unanimidad de votos y se notificó de conformidad a lo que establece el artículo 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el fallo contiene la motivación y razonamiento suficiente lo que no le quita validez jurídica al acto, es decir, no vulnera garantías fundamentales. Por otro lado, la sentencia impugnada deja establecido entre otros aspectos en el Considerando 20 : “… por lo señalado en los acápites anteriores, concluye la Sala, que en el caso de mérito no se da la vulneración de los artículos constitucionales denunciados, ya que la sentencia recurrida está suficientemente motivada, apegada a derecho siendo procedente denegar el recurso impetrado”, es decir, el pleno de la sala denegó por UNANIMIDADDE VOTOS la acción de amparo solicitada, no hay evidencia de voto particular razonado por parte de magistrado alguno que se oponga a lo actuado, consecuentemente, no podía dársele otro procedimiento distinto a una resolución fallada por unanimidad tal y como lo establece la norma aplicada y fundamentada en el fallo y que notificada la sentencia definitiva a la parte recurrente al día siguiente, interpone la nulidad planteada, tal como se aprecia de autos, y que de conformidad al artículo 120 de la Ley Sobre Justicia constitucional procedía contra la misma el recurso de reposición. 4) Por otro lado, examinados los motivos invocados para pedir la nulidad absoluta de la sentencia, las causas de nulidad no se subsumen a lo dispuesto en la normativa vigente, y que explorados los actos procesales impulsados en el pleno de la Sala hasta la notificación de la sentencia definitiva no le quita validez al acto jurídico producido, se trata de una irregularidad de forma que ha quedado despejada con el informe rendido por la Secretaría de la Sala Constitucional y que corre a folio 239 de la pieza principal; siendo así, cabe señalar que contra los fallos pronunciados por la Sala de lo Constitucional por Unanimidad de Votos procede únicamente el recurso de reposición, que también es un medio idóneo para reponer alguna infracción legal que el órgano jurisdiccional pudo cometer contra las pretensiones de la parte que se considere agraviada, y no a través de un incidente por el cual se pretenda la nulidad de lo actuado, este recurso de Reposición lo prevé el artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. PARTE DISPOSITIVA.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 3, 316 y 321 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 numerales 7 y 8; 6, 8, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: 1) Rechazar de plano el Incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones interpuesto por la abogada María Elena Matute de Hernández en su condición de representante procesal de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) por las razones que se dejan señaladas y, 2) Que siendo evidente el lapsus calami en la sentencia definitiva de fecha 22 de marzo del 2023 pronunciada por la Sala de lo Constitucional, esta no lesiona derechos fundamentales a la recurrente, el procedimiento impulsado por el pleno de la Sala y su posterior notificación es de una sentencia definitiva dictada por UNANIMIDAD DE VOTOS como ha quedado acreditado, esta mera irregularidad de forma no puede convertirse en obstáculo insalvable para la prosecución del proceso. Y MANDA: Que el Secretaría del Despacho ponga en conocimiento de la recurrente la presente decisión para que surta los efectos legales pertinentes. REDACTO MAGISTRADO WAGNER VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE. - FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de mayo de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veintidós de marzo de dos mil veintitrés, y nulidad de fecha quince de febrero de dos mil veinticuatro recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0831-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.