Sentencia AL-773-22 — Registro 17537
Resumen
Sentencia declaró con lugar recurso de apelación y revocó auto interlocutorio que decretó embargo precautorio sobre créditos en instituciones financieras de Demandada; En Demanda laboral para que el patrono pruebe la justa causa de despido promovida por recurrente contra Limpieza Aqua Honduras S de R L (Limpiezas Aqua); La Autoridad recurrida declaró sin lugar el embargo decretado por no acreditarse los elementos de urgente necesidad y peligro en la eficacia y resultas del proceso, lo que ha producido indefensión. En cuanto a la caución referido por el apelante se considera que conforme al código procesal civil, se considera que no es obligatorio rendir caución y el Juez puede obviarla dado la gratuidad que rige el proceso laboral
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"se conoce en esta vista la formalización del Recurso de Amparo promovido por el abogado Alan David Córdova Ortiz, a favor de Yesenia Patricia Godoy Salinas, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de marzo de dos mil veintidós, que declaró con lugar el recurso de apelación y revocó el auto interlocutorio, es decir, declaró sin lugar el embargo decretado por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán; en la demanda laboral promovida por la señora Yesenia Patricia Godoy Salinas, contra la Sociedad Mercantil Limpieza Aqua Honduras. Se debe mencionar que la Sala de lo Constitucional comparte lo expuesto en la sentencia recurrida en amparo, relativo a la aplicación de la supletoriedad que autoriza el artículo 858 del Código de Trabajo, puesto que la norma adjetiva laboral, no contiene la figura de medidas cautelares, siendo aplicable lo dispuesto en el Código Procesal Civil, en el artículo 383 y demás relativos al procedimiento a sustanciarse en el tema de medidas cautelares..."..."el caso de autos trata de la imposición de medida cautelar inaudita parte, establecido en el Artículo 383.2 del Código Procesal Civil, requiriendo que el solicitante deberá acreditar: las razones de urgencia o que la audiencia puede comprometer el éxito de la medida cautelar. Dispone la norma que el tribunal deberá adoptar la solicitud, razonando sobre la concurrencia de los requisitos de la medida, como ser razones de urgencia o que la audiencia puede comprometer el éxito de la medida cautelar, y asimismo las razones que han aconsejado acordarla sin oír a la contraparte. Estos requisitos descritos anteriormente y exigidos en el artículo 383.2 del Código Procesal Civil, no fueron observados por las partes ni exigidos por el Juez en base al principio de legalidad y observancia al debido proceso..."..."aun y cuando se haya pedido en tiempo y forma la imposición de una medida cautelar inaudita parte, el A-quo violentó lo dispuesto en el artículo 383 numeral 2, pues decretó la medida de medida cautelar sin haber realizado la respectiva audiencia previa que manda el artículo 383 numeral uno, vulnerando así el principio de contradicción, el derecho a la defensa y en general al debido proceso, no obstante, como se dijo, el legislador brinda la oportunidad, de forma excepcional de imponer medida cautelar sin la celebración de audiencia previa, siempre y cuando se expliquen y demuestres las razones de urgencia o que la audiencia puede comprometer el éxito de la medida cautelar, y esto no ocurrió en el caso de autos, por lo que no debió imponerse dicha medida cautelar, concluyendo que la sentencia dictada por el tribunal de alzada revocando la medida cautelar impuesta, restituye los derechos fundamentales vulnerados en el proceso, siendo procedente denegar el amparo interpuesto..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 383 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 384 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"se conoce en esta vista la formalización del Recurso de Amparo promovido por el abogado Alan David Córdova Ortiz, a favor de Yesenia Patricia Godoy Salinas, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de marzo de dos mil veintidós, que declaró con lugar el recurso de apelación y revocó el auto interlocutorio, es decir, declaró sin lugar el embargo decretado por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán; en la demanda laboral promovida por la señora Yesenia Patricia Godoy Salinas, contra la Sociedad Mercantil Limpieza Aqua Honduras. Se debe mencionar que la Sala de lo Constitucional comparte lo expuesto en la sentencia recurrida en amparo, relativo a la aplicación de la supletoriedad que autoriza el artículo 858 del Código de Trabajo, puesto que la norma adjetiva laboral, no contiene la figura de medidas cautelares, siendo aplicable lo dispuesto en el Código Procesal Civil, en el artículo 383 y demás relativos al procedimiento a sustanciarse en el tema de medidas cautelares..."..."el caso de autos trata de la imposición de medida cautelar inaudita parte, establecido en el Artículo 383.2 del Código Procesal Civil, requiriendo que el solicitante deberá acreditar: las razones de urgencia o que la audiencia puede comprometer el éxito de la medida cautelar. Dispone la norma que el tribunal deberá adoptar la solicitud, razonando sobre la concurrencia de los requisitos de la medida, como ser razones de urgencia o que la audiencia puede comprometer el éxito de la medida cautelar, y asimismo las razones que han aconsejado acordarla sin oír a la contraparte. Estos requisitos descritos anteriormente y exigidos en el artículo 383.2 del Código Procesal Civil, no fueron observados por las partes ni exigidos por el Juez en base al principio de legalidad y observancia al debido proceso..."..."aun y cuando se haya pedido en tiempo y forma la imposición de una medida cautelar inaudita parte, el A-quo violentó lo dispuesto en el artículo 383 numeral 2, pues decretó la medida de medida cautelar sin haber realizado la respectiva audiencia previa que manda el artículo 383 numeral uno, vulnerando así el principio de contradicción, el derecho a la defensa y en general al debido proceso, no obstante, como se dijo, el legislador brinda la oportunidad, de forma excepcional de imponer medida cautelar sin la celebración de audiencia previa, siempre y cuando se expliquen y demuestres las razones de urgencia o que la audiencia puede comprometer el éxito de la medida cautelar, y esto no ocurrió en el caso de autos, por lo que no debió imponerse dicha medida cautelar, concluyendo que la sentencia dictada por el tribunal de alzada revocando la medida cautelar impuesta, restituye los derechos fundamentales vulnerados en el proceso, siendo procedente denegar el amparo interpuesto..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 383 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 384 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catore de diciembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ALAN DAVID CORDOVA ORTIZ, a favor del YESENIA PATRICIA GODOY SALINAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha quince de marzo de dos mil veintidós, que declaró Con Lugar el recurso de apelación presentado contra el auto interlocutorio dictado en fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; en relación a la demanda laboral promovida por la señora YESENIA PATRICIA GODOY SALINAS, contra la Sociedad Mercantil LIMPIEZA AQUA HONDURAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha uno de agosto de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la señora YESENIA PATRICIA GODOY SALINAS, actuando en su condición personal, interponiendo demanda laboral contra la sociedad EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA HONDURAS, S. DE R.L., también conocida como LIMPIEZAS AQUA, por medio de su representante legal la señora WALESKA MARISSOL HERNANDEZ, para que el patrono pruebe la legalidad y justa causa de despido, y en caso contrario pague a la demandante, las prestaciones e indemnizaciones laborales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que quede firme la sentencia condenatoria. (Folios 01-06 de la primera pieza de los antecedentes)2) Que en fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, la Abogada MELVA LEILA AGUILAR AGUILAR, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil denominada EMPRESA DE LIMPIEZAS AQUA HONDURAS, S. DE R.L. (AQUA HONDURAS) también conocida como LIMPIEZAS AQUA, presentó ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, escrito de contestación de la demanda laboral de la que se ha hecho relación, asimismo, en comparecencia ante el citado Juzgado, solicitando que ese órgano judicial se pronuncie en cuanto al embargo precautorio solicitado por la demandante, y que sea rechazado de pleno derecho. (Folios 37 al 39 y 41 de la primera pieza de los antecedentes) 3) Que mediante auto de fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán resolvió: “…y en cuanto a lo solicitado se resuelve de la siguiente manera: En vista que de la simple manifestación hecha por la compareciente, no es suficiente prueba que acredite fehacientemente que la empresa demandada es lo suficiente solvente para responder en caso de una sentencia definitiva condenatoria, razón por la cual se declara SIN LUGAR lo solicitado”. (Folio 42 de la pieza de primera instancia)4) Que en fecha quince de marzo de dos mil veintidós, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación presentado contra la resolución de la que se hace relación en el numeral anterior, dictó sentencia en la cual: “FALLA: 1° Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada MELVA LEYLA AGUILAR AGUILAR.- 2° REVOCAR el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de éste Departamento de Francisco Morazán, de fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve…” (Folios 86 al 838 de la segunda pieza de antecedentes)5) Que mediante correo electrónico recibido en esta Sala en fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós, el Abogado ALAN DAVID CORDOVA ORTIZ, interpuso recurso de amparo a favor de la señora YESENIA PATRICIA GODOY SALINAS, contra la sentencia de fecha quince de marzo de dos mil veintidós, dictada por el Ad-quem, al estimar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada su acción de amparo en fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. (Folios 01 al 05 y 29 del recurso de amparo)6) Que en fecha once de abril de dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido el dictamen a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIEREZ MALDONADO, quien fue de la opinión porque: “SE DENIEGUE la presente Acción de Amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el amparista.”(Folios 32 al 40 del recurso de amparo) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto, no obliga al recurrente ni le es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.CONSIDERANDO (3): Que la señora YESENIA PATRICIA GODOY SALINAS, actuando en su condición personal, compareció en fecha uno de agosto de dos mil dieciocho, ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, interponiendo demanda laboral contra la sociedad EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA HONDURAS, S. DE R.L., también conocida como LIMPIEZAS AQUA, por medio de su representante legal WALESKA MARISSOL HERNANDEZ, para que el patrono pruebe la legalidad y justa causa de despido, y en caso contrario pague a la demandante, las prestaciones e indemnizaciones laborales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que quede firme la sentencia condenatoria. Asimismo, peticiona que se decrete la medida cautelar de embargo preventivo inaudita parte y la investigación de bienes. Que, en cuanto a la solicitud de la adopción de la medida cautelar de embargo inaudita parte preventivo e investigación de bienes y, ante la comparecencia realizada por el Apoderado legal de la demandante, en fecha diecinueve de febrero del año 2019, el Juzgado de Letras citado resolvió tener por recibido el Oficio No DL-013-2019, proveniente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, y tener por acreditado la medida cautelar solicitada, en consecuencia, decretó embargo precautorio sobre cualquier crédito que tenga a favor la empresa demandada en las diferentes instituciones financieras del país hasta por la cantidad de TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS.300.000.00). CONSIDERANDO (4): Que en fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, la Abogada MELVA LEILA AGUILAR AGUILAR, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil denominada EMPRESA DE LIMPIEZAS AQUA HONDURAS, S. DE R.L. (AQUA HONDURAS), también conocida como LIMPIEZAS AQUA, contestó en tiempo y forma la demanda laboral, y en comparecencia ante el citado Juzgado, ha expuesto sobre la solvencia de la empresa y en base a su planteamiento ha pedido que se pronuncie rechazando el embargo precautorio en inaudita parte solicitado por la demandante y decretado por el A-quo. CONSIDERANDO (5): Que mediante auto de fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán resolvió: “…y en cuanto a lo solicitado se resuelve de la siguiente manera: En vista que de la simple manifestación hecha por la compareciente, no es suficiente prueba que acredite fehacientemente que la empresa demandada es lo suficiente solvente para responder en caso de una sentencia definitiva condenatoria, razón por la cual se declara SIN LUGAR lo solicitado”. CONSIDERANDO (6): No conforme con la decisión del A-quo, la abogada Melva Leila Aguilar, interpuso recurso de apelación en contra la resolución de fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, antes transcrita, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, emitió sentencia en fecha quince de marzo de dos mil veintidós, motivando su decisión literalmente en lo siguiente: “…CONSIDERANDO (2): Que las medidas cautelares son meramente provisionales, y sirven precisamente para asegurar las resultas del proceso, en el caso del derecho laboral, cuando se dictan, solamente puede ser por supletoriedad del Código Procesal Civil puesto que no están reguladas en el Código del Trabajo, deben de adoptarse cuando considera el juzgador que el no dictarla, puede suponer la ineficacia del proceso, en el caso de autos la Juez al admitir la medida cautelar solicitada, lo ha hecho, sin escuchar a la parte contraria, sin audiencia previa, dándole el tratamiento de una medida en inaudita parte sin haberlo así solicitando y sin que se le hayan acreditado los elementos de urgente necesidad, que la lleven a considerar adoptarla de dicha manera, ya que no es solo con la declaración de testigos tomado en forma sumaria, que se acredita que de no adoptarse la misma se pondrá en peligro la eficacia y resultas del proceso, habida cuenta de que de sus dichos no se desprende ninguna circunstancia que deba valorarse para decretar la medida solicitada. CONSIDERANDO (3): Que al aplicar de forma supletoria los artículos que regulan la medida cautelar del Código Procesal Civil, que se desarrollan a partir del articulo 383 en adelante, debe realizarse el procedimiento que ahí se establece para su validez, es decir debe incluso celebrarse una audiencia, en donde las partes expondrán brevemente lo que en derecho convenga, la única excepción para no celebrarla es cuando se decreta en inaudita parte que no es el caso, pudiendo la parte a la que perjudique la decisión oponerse, ofreciendo caución para asegurar las resultas del proceso. Procedimiento que en ningún momento siguió el Juez A-quo. CONSIDERANDO (4): Que en cuanto a la caución a la que se hace alusión el apelante, el articulo 386 numeral 1) establece que como regla general deberá el solicitante rendir caución, es decir que no tiene carácter obligatorio, por lo tanto, puede el Juez en materia laboral obviar la caución dado la gratuidad que rige el proceso laboral. CONSIDERANDO (5): Que la Juez de instancia aparte de que no hace la motivación del fallo, tampoco observó el procedimiento establecido en la ley para decretar la media cautelar, en razón de lo cual ha provocado incluso la indefensión de la parte afectada, por lo que revoca el auto recurrido.”. CONSIDERANDO (7): Que se conoce en esta vista la formalización del Recurso de Amparo promovido por el abogado Alan David Córdova Ortiz, a favor de Yesenia Patricia Godoy Salinas, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de marzo de dos mil veintidós, que declaró con lugar el recurso de apelación y revocó el auto interlocutorio, es decir, declaró sin lugar el embargo decretado por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán; en la demanda laboral promovida por la señora Yesenia Patricia Godoy Salinas, contra la Sociedad Mercantil Limpieza Aqua Honduras. Se debe mencionar que la Sala de lo Constitucional comparte lo expuesto en la sentencia recurrida en amparo, relativo a la aplicación de la supletoriedad que autoriza el artículo 858 del Código de Trabajo, puesto que la norma adjetiva laboral, no contiene la figura de medidas cautelares, siendo aplicable lo dispuesto en el Código Procesal Civil, en el artículo 383 y demás relativos al procedimiento a sustanciarse en el tema de medidas cautelares. CONSIDERANDO (8): Que el caso de autos trata de la imposición de medida cautelar inaudita parte, establecido en el Artículo 383.2 del Código Procesal Civil, requiriendo que el solicitante deberá acreditar: las razones de urgencia o que la audiencia puede comprometer el éxito de la medida cautelar. Dispone la norma que el tribunal deberá adoptar la solicitud, razonando sobre la concurrencia de los requisitos de la medida, como ser razones de urgencia o que la audiencia puede comprometer el éxito de la medida cautelar, y asimismo las razones que han aconsejado acordarla sin oír a la contraparte. Estos requisitos descritos anteriormente y exigidos en el artículo 383.2 del Código Procesal Civil, no fueron observados por las partes ni exigidos por el Juez en base al principio de legalidad y observancia al debido proceso. CONSIDERANDO (9): Que en el Código Procesal Civil se lee que “La adopción de cualquier medida cautelar entraña una restricción coactiva de derechos e intereses legítimos del afectado. En consecuencia, debe regir en su plenitud el derecho fundamental de defensa (art. 82 de la CH) y el inherente derecho a ser oído (art. 94.II de la CH) antes de que el órgano judicial dicte la medida cautelar”. Así las cosas, aun y cuando se haya pedido en tiempo y forma la imposición de una medida cautelar inaudita parte, el A-quo violentó lo dispuesto en el artículo 383 numeral 2, pues decretó la medida de medida cautelar sin haber realizado la respectiva audiencia previa que manda el artículo 383 numeral uno, vulnerando así el principio de contradicción, el derecho a la defensa y en general al debido proceso, no obstante, como se dijo, el legislador brinda la oportunidad, de forma excepcional de imponer medida cautelar sin la celebración de audiencia previa, siempre y cuando se expliquen y demuestres las razones de urgencia o que la audiencia puede comprometer el éxito de la medida cautelar, y esto no ocurrió en el caso de autos, por lo que no debió imponerse dicha medida cautelar, concluyendo que la sentencia dictada por el tribunal de alzada revocando la medida cautelar impuesta, restituye los derechos fundamentales vulnerados en el proceso, siendo procedente denegar el amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 60, 64, 80, 82, 90, 129, 134, 135, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 78 atribución 5 y 110 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; 858 del Código del Trabajo; 383.1, 383.2 y 384 del Código Procesal Civil; FALLA: DENEGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogado ALAN DAVID CORDOVA ORTIZ, a favor del YESENIA PATRICIA GODOY SALINAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha quince de marzo de dos mil veintidós, que declaró Con Lugar el recurso de apelación presentado contra el auto interlocutorio dictado en fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; en relación a la demanda laboral promovida por la señora YESENIA PATRICIA GODOY SALINAS, contra la Sociedad Mercantil LIMPIEZA AQUA HONDURAS.Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó Magistrado Wagner Vallecillo.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha catorce de diciembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0773-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL