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Sentencia AL-701-21 — Registro 17418

Resumen

Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación y confirmó Auto Interlocutorio dictado por Juzgado de Primera Instancia que denegó la petición del actor de enviar con un receptor al trabajador a tomar posesión de su cargo ya que la Patronal al momento de ser requerida dió una fecha determinada para ello y el trabajador debía presentarse en esa fecha pero éste no fué, por lo que la Patronal levantó Acta de No Reintegro y en base a ello el Juez consideró que no puede reintegrar al trabajador, todo en relación a Demanda laboral promovida por recurrente contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); La Autoridad recurrida consideró que el hecho de que la parte actora haya retirado el exhorto para realizar formalmente el acto del requerimiento al Patron, al retirarlo obligaba a dicha parte a saber todo lo realizado por el órgano jurisdiccional, por lo que surten todos los efectos para fines de la ejecución de la sentencia, siendo improcedente ordenar nuevamente un requerimiento con dicha finalidad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"la sentencia recurrida en Amparo y que conoce esta sala, es la dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, de fecha seis (6) de mayo del dos mil veintiuno (2021)que por unanimidad de votos falla: Declarando No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal de la parte actora y confirma el auto interlocutorio impugnado proferido por el Juzgado e Letras del Trabajo de San Pedro Sula el doce (12) de Marzo del dos mil veintiuno (2021) en la Demanda promovida por el señor Javier Enrique Urías Guzmán conta el Instituto Hondureño de Seguridad social (IHSS) a través de su representante legal. El auto interlocutorio motiva su resolución en que “el apoderado procesal de la parte actora diligenció el exhorto y por tanto tuvo conocimiento del acto de requerimiento no siendo posible considerar que no se le ha notificado las resoluciones que se han venido dictando, además según verifica el Órgano Jurisdiccional analizados todos los actos procesales ordenados y realizados no es posible atender la petición solicitada por el apoderado actor, ya que tal como consta el acto de requerimiento ya fue realizado de forma efectiva en fecha 20 de enero del año 2021 (F-118) entendiéndose que el trabajador tiene conocimiento de los actos procesales realizados a través de su apoderado procesal, según el mandato otorgado y tal como lo manda el artículos …….”..."examinados Y analizados los actos realizados por el Órgano Jurisdiccional en la cumplimentación del Exhorto, así como los motivos expuestos por el quejoso en la presente Acción de Amparo, encuentra esta Sala de lo Constitucional que resultan de recibo, pues es de suma importancia en el caso sub judice, reconocer que la parte interesada (el trabajador) nunca fue notificado de la fecha y hora en que operaría su reintegro, sino más bien se le tiene por notificado de manera tácita y no fundada en derecho respecto a la forma en que operan los actos de comunicación de conformidad al Código Procesal Civil, el que de conformidad al artículo 858 del Código de Trabajo rige de forma supletoria a este respecto, al no existir disposición específica en materia laboral; se colige de lo actuado, que lo que procede entonces, es que al trabajador se le reinstale en el puesto de trabajo por haber sido despedido sin justa causa y habiendo causado ejecutoria la sentencia, -es decir- cuando ya han terminado todos los trámites legales y produce además el efecto jurídico de cosa juzgada, como bien se deduce del proceso y que así ha ocurrido en la Jurisdicción del Trabajo en el caso sub judice..."..."resulta desacertado en el marco del desarrollo a las garantías y derechos constitucionales para la parte actora, pues las mismas fueron menoscabadas de manera clara y visible, al haberse omitido la notificación por parte de la autoridad judicial competente, entorpeciendo así el normal desarrollo del proceso laboral en su fase de ejecución de sentencia, y con ello, garantizar a las partes una verdadera tutela judicial efectiva, tenida como parte esencial de lo que se entiende por un debido proceso[1], en directa relación al derecho de defensa[2] consagrados en la Constitución de la República, entendiendo al debido proceso de dimensiones programáticas, no por esto menos vinculantes jurídicamente, que exigen la existencia, suficiencia y eficacia de un sistema judicial y procesal idóneo para garantizar ese derecho fundamental a la justicia, que no es más, que una consecuencia del monopolio del poder asumido por el Estado y la más importante manifestación del derecho de petición, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagrado en el artículo 25 y de la que Honduras es signataria..."..."el objeto de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico Constitucional, disposiciones que se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; en tal sentido, esta Sala es del parecer que se Otorgue el Recurso de Amparo, por cuanto la Corte de Apelaciones al declarar No Ha Lugar el recurso de apelación y confirmar el auto interlocutorio apelado, hace suyos los argumentos de la instancia, vulnerando lo dispuesto en el artículo 135 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria en material laboral, que refiere los actos de comunicación, los que son de obligatorio cumplimiento por los órganos jurisdiccionales en relación al articulo 93 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “Todas las providencias y sentencias se notificarán en el mismo día de su fecha, y no siendo posible, en el siguiente, a todos los que sean parte en el juicio”, no realizarlo quebranta las garantías al debido proceso en relación al derecho de defensa, y por tratarse del ámbito laboral, atenta contra el derecho a la estabilidad laboral garantizado en el artículo 129 de la Constitución de la República como ha quedado justificado; que este Alto Tribunal de Justicia ya se ha referido en el ámbito laboral sobre el tema en particular[3]; en consecuencia, y por todo lo expresado, esta Sala de lo Constitucional es del parecer que se otorgue la presente acción de Amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL .-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de marzo de dos mil veintitrés.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE RAMON MORALES PINEDA, a favor del señor JAVIER ENRIQUE URIAS GUZMAN, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha seis (6)de mayo del año dos mil veintiuno (2021), que Confirmó Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JOSE RAMON MORALES, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha doce (12) de marzo del año dos mil veintiuno (2021),con relación a la demanda laboral promovida por el señor JAVIER ENRIQUE URIAS GUZMAN, contra EL INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL. Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los artículos 90, 321 y 322 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha dos de abril del año dos mil trece, el señor JAVIER ENRIQUE URIAS GUZMAN, compareció ante el Juzgado de Letras de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia contra el INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL, para obtener mediante sentencia el Reintegro a su puesto de trabajo, el reconocimiento de su carácter de empleado permanente, mediante la emisión del nombramiento correspondiente, el pago de salarios caídos desde su separación, pago de salarios dejados de percibir durante la relación de trabajo, reconocimiento de antigüedad laboral, más reajustes salariales correspondientes a los aumentos estipulados en los contractos colectivos celebrados ente el Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social, SITRAIHSS y los demás derechos que le correspondan. - (Folio 02 al 05 de la pieza del Juzgado).- 2) Que el referido Juzgado, dictó Auto Interlocutorio en fecha doce (12) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), en la cual RESOLVIO: PRIMERO: Declarar Sin lugar la comparecencia planteada por la representación procesal de la parte actora en fecha cuatro de febrero del año dos mil veintiuno en virtud de la motivación expuesta en este caso SEGUNDO: Que se proceda por este Juzgado de Letras del Trabajo a efectuar la liquidación de los salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido hasta el veinte de enero del año (2021), que le corresponden favor de la parte actora ya que en tal fecha se realizó formalmente el acto del requerimiento. TERCERO: Sin Costas en esta instancia dado el carácter social de las normas del trabajo… (Folio 137 al 139 de la pieza del Juzgado).-3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha seis (6) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), FALLA: (SIC) 1.- Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante legal de la parte actora, en consecuencia se CONFIRMA el Auto Interlocutorio impugnado, mismo que fue proferido por el Jugado de Letras del Trabajo de esta ciudad el 12 de marzo del año 2021, en la demanda promovida por el señor JAVIER ENRIQUE URIAS GUZMAN, contra el INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL I.H.S.S., a través de su representante legal. SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia dado el carácter social de las normas del trabajo…-(Folio 9 al 10 de la segunda pieza de antecedentes).-4) El recurrente abogado JOSE RAMON MORALES PINEDA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor del señor JAVIER ENRIQUE URIAS GUZMAN, por considerar que la decisión del Ad-Quem, de fecha seis (6) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), es violatoria a lo dispuesto en el artículos 90, 321 y 322 de la Constitución de la Republica. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veintidós (2022). (Folio 46 de la pieza de Amparo).-5) Que en fecha ocho de junio de dos mil veintidós, se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Ministerio Público y por emitido su dictamen, quien fue de la opinión de que no se otorgue el Amparo de mérito. -CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a pedirla: 1) Para que se le mantenga o restituya en el goce de os derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución relacionado directamente con el artículo 183 de nuestra Carta Magna. -CONSIDERANDO (3): Que la sentencia recurrida en Amparo y que conoce esta sala, es la dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, de fecha seis (6) de mayo del dos mil veintiuno (2021)que por unanimidad de votos falla: Declarando No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal de la parte actora y confirma el auto interlocutorio impugnado proferido por el Juzgado e Letras del Trabajo de San Pedro Sula el doce (12) de Marzo del dos mil veintiuno (2021) en la Demanda promovida por el señor Javier Enrique Urías Guzmán conta el Instituto Hondureño de Seguridad social (IHSS) a través de su representante legal. El auto interlocutorio motiva su resolución en que “el apoderado procesal de la parte actora diligenció el exhorto y por tanto tuvo conocimiento del acto de requerimiento no siendo posible considerar que no se le ha notificado las resoluciones que se han venido dictando, además según verifica el Órgano Jurisdiccional analizados todos los actos procesales ordenados y realizados no es posible atender la petición solicitada por el apoderado actor, ya que tal como consta el acto de requerimiento ya fue realizado de forma efectiva en fecha 20 de enero del año 2021 (F-118) entendiéndose que el trabajador tiene conocimiento de los actos procesales realizados a través de su apoderado procesal, según el mandato otorgado y tal como lo manda el artículos …….”-CONSIDERANDO (4): Que el quejoso en la motivación del recurso de amparo contra la sentencia recurrida expone, que se han violentado flagrantemente garantías propias otorgadas por la Constitución de la República, entre estas la contenida en el artículo 90 relativa al Debido Proceso, 129 a la Estabilidad laboral, 186 Garantía de las Sentencias firmes, 321 de la Legalidad y 322 y 323 y expone: PRIMERO: Que el 11 de mayo del 2021 asistió a la audiencia para evacuar el recurso de apelación que como parte actora interpuso contra un auto interlocutorio dictado por el Juez de Letras de lo Laboral de San Pedro Sula en el cual resuelve NO HA LUGAR la petición de la parte actora de enviar con un receptor al trabajador a tomar posesión de su cargo. El juez le da traslado a la parte contraria y una vez contestado el traslado resuelve No Ha Lugar la petición, argumentando que la patronal dio una fecha al momento de ser requerida en Tegucigalpa y que el trabajador debía presentarse el 27 de enero del 2021 a su puesto de trabajo y que como el trabajador no fue a esa fecha, la patronal levantó acta de NO REINTEGRO, debido a esto el juez establece que no puede reintegrar al trabajador. Que en la audiencia de alegaciones hizo saber a la Corte de Apelaciones que el Juzgado no notificó esta actuación al trabajador en la que consignó la fecha en la que debía presentarse el trabajador al Hospital Regional del IHSS. La Corte en su motivación pretende hacer ver que el hecho de que la parte actora haya retirado el exhorto obligaba a ésta a saber todo lo realizado por el órgano jurisdiccional en la capital, sin entender, que esta representación retiró el exhorto para colaborar con el Juzgado y el documento fue enviado por servicio de encomienda y entregado en los juzgados de Tegucigalpa. SEGUNDO: Que cualquier acto realizado por los órganos jurisdiccionales tal como manda la ley, debe ser comunicado oficialmente a través de las notificaciones. La parte actora jamás fue notificada que se debía reintegrar al trabajador el 27 de enero del 2021, hasta la fecha no existe notificación alguna. A raíz de que esta acción no fue notificada, el trabajador después de pelear ocho años una demanda vuelve a quedar sin trabajo, pero esta vez por actuaciones jurisdiccionales avocándose un procedimiento que no les corresponde en un juicio que ya es cosa juzgada. Le da valor jurídico a actas de no reintegro que surgen de un acto que no fue notificado contradiciendo una sentencia firme que ordena un reintegro que tiene obligación de hacerlo y de no hacerlo se incurre en desobediencia, las sentencia firmes se cumplen y finalmente pide que se declare con lugar el presente recurso y se restituya en el goce y disfrute de sus derechos al trabajador dándole cumplimiento a la sentencia firme en cuanto al reintegro del trabajador a su puesto de trabajo. -CONSIDERANDO (5): Que la Alzada una vez oídas las alegaciones, dicta el fallo hoy recurrido en amparo, mismo que tiene por objeto definir concretamente sobre el reintegro del trabajador a su puesto de trabajo tal como lo ordenara la sentencia condenatoria y que goza de firmeza como cosa juzgada, resolución que en uno de sus considerandos manifiesta: ”SEGUNDO: De la revisión de la primera pieza del presente proceso, se observa que a efeto de ejecutar la sentencia definitiva, el Iudex a Quo libró exhorto al Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán a efecto de requerir al representante legal del IHSS para que reintegrara al demandante a su puesto de trabajo, en iguales o mejores condiciones, exhorto que fue recibido por el recurrente en fecha 10 de diciembre del 2020, el que fue cumplimentado el 20 de enero del 2021, consignándose en el acta de requerimiento que al ejecutante se le reintegraría el 27 de enero del 2021. Dichas diligencias fueron recibidas por el Juzgado de Primera Instancia el 28 de enero del corriente año, surtiendo todos los efectos legales para fines de la ejecución de la sentencia, por lo que es improcedente ordenar nuevamente un requerimiento con dicha finalidad”. -CONSIDERANDO (6): Que examinadas las piezas del proceso, los antecedentes revelan que una vez librado el exhorto para ser cumplimentado en el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán este siguió el procedimiento de ley: a) Recibido el 15 de enero del 2021; b) Requerido el Patrono en legal y debida forma el 20 de enero del 2021 (F-118 1 P) y se consigna en Acta que el trabajador sea reintegrado el 27 de enero del 2021 a las 8:00 a.m. c) El 26 de enero del 2021 (F-119 1P) el órgano jurisdiccional tiene por devuelto el Exhorto cumplimentado al lugar de su procedencia (F-119 1P); d) Recibido el 28 de enero del 2021, (ver folio 120) (Srio. Adjunto) Juzgado Letras Laboral San Pedro Sula; e) A folio 121, auto de fecha 1 de febrero del 2021 por recibido el exhorto; auto que según expediente fue notificado a los apoderados legales de las partes al dia siguiente, 2 de febrero del 2021. En la misma fecha de la notificación (2/2/2021) la parte demandada comparece al Órgano Jurisdiccional presentando las actas de No Reintegro al Trabajador, el Juzgado admite la comparecencia y ordena traslado a la parte actora. -CONSIDERANDO (7) Que la parte actora con el fin de darle seguimiento al proceso de ejecución, comparece el 4 de febrero del 2021 ante el Juez A-Quo y solicita el reintegro del trabajador en legal y debida forma a su puesto de trabajo, y que por no disponer el Despacho de un Receptor, se remita a la Central de Recepción la documentación para que el funcionario designado levante el acta correspondiente, todo por haberse cumplimentado el requerimiento en Tegucigalpa, acto del que no fue notificado, a lo que el Juzgado resuelve admitiendo el escrito y ordena darle traslado a la parte contraria por un término prudencial de tres días para que se pronuncie; notificada la actuación el 11 de febrero del 2021 con hora (3:00 pm) y acto seguido el 12 de febrero del 2021 la pone a disposición de la parte demandada por el término de cinco días. -CONSIDERANDO (8) :Que examinados Y analizados los actos realizados por el Órgano Jurisdiccional en la cumplimentación del Exhorto, así como los motivos expuestos por el quejoso en la presente Acción de Amparo, encuentra esta Sala de lo Constitucional que resultan de recibo, pues es de suma importancia en el caso sub judice, reconocer que la parte interesada (el trabajador) nunca fue notificado de la fecha y hora en que operaría su reintegro, sino más bien se le tiene por notificado de manera tácita y no fundada en derecho respecto a la forma en que operan los actos de comunicación de conformidad al Código Procesal Civil, el que de conformidad al artículo 858 del Código de Trabajo rige de forma supletoria a este respecto, al no existir disposición específica en materia laboral; se colige de lo actuado, que lo que procede entonces, es que al trabajador se le reinstale en el puesto de trabajo por haber sido despedido sin justa causa y habiendo causado ejecutoria la sentencia, -es decir- cuando ya han terminado todos los trámites legales y produce además el efecto jurídico de cosa juzgada, como bien se deduce del proceso y que así ha ocurrido en la Jurisdicción del Trabajo en el caso sub judice. -CONSIDERANDO (9): Que por lo anteriormente expresado, resulta desacertado en el marco del desarrollo a las garantías y derechos constitucionales para la parte actora, pues las mismas fueron menoscabadas de manera clara y visible, al haberse omitido la notificación por parte de la autoridad judicial competente, entorpeciendo así el normal desarrollo del proceso laboral en su fase de ejecución de sentencia, y con ello, garantizar a las partes una verdadera tutela judicial efectiva, tenida como parte esencial de lo que se entiende por un debido proceso[1], en directa relación al derecho de defensa[2] consagrados en la Constitución de la República, entendiendo al debido proceso de dimensiones programáticas, no por esto menos vinculantes jurídicamente, que exigen la existencia, suficiencia y eficacia de un sistema judicial y procesal idóneo para garantizar ese derecho fundamental a la justicia, que no es más, que una consecuencia del monopolio del poder asumido por el Estado y la más importante manifestación del derecho de petición, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagrado en el artículo 25 y de la que Honduras es signataria.-CONSIDERANDO (10): Que Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. -la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del estado, por magistrado y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes. -CONSIDERANDO (11): Que los principios que rigen para la substanciación de la acción, de conformidad al artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional son la independencia, la oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; elementos que son parte esencial del proceso y deben ajustarse a las actuaciones procesales, en aras de alcanzar una justicia constitucional pronta, a la que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; siendo así, que no se retrase o dilate más la tramitación del expediente traído a esta Sala, sino más bien que en estricta observancia al debido proceso se resuelva de conformidad con la ley. -CONSIDERANDO(12):Que el objeto de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico Constitucional, disposiciones que se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; en tal sentido, esta Sala es del parecer que se Otorgue el Recurso de Amparo, por cuanto la Corte de Apelaciones al declarar No Ha Lugar el recurso de apelación y confirmar el auto interlocutorio apelado, hace suyos los argumentos de la instancia, vulnerando lo dispuesto en el artículo 135 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria en material laboral, que refiere los actos de comunicación, los que son de obligatorio cumplimiento por los órganos jurisdiccionales en relación al articulo 93 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “Todas las providencias y sentencias se notificarán en el mismo día de su fecha, y no siendo posible, en el siguiente, a todos los que sean parte en el juicio”, no realizarlo quebranta las garantías al debido proceso en relación al derecho de defensa, y por tratarse del ámbito laboral, atenta contra el derecho a la estabilidad laboral garantizado en el artículo 129 de la Constitución de la República como ha quedado justificado; que este Alto Tribunal de Justicia ya se ha referido en el ámbito laboral sobre el tema en particular[3]; en consecuencia, y por todo lo expresado, esta Sala de lo Constitucional es del parecer que se otorgue la presente acción de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 60, 64, 80, 82, 90, 127, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 78 atribución 5 y 93 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional. FALLA: 1) Otorgando el Recurso de Amparo promovido por el abogado José Ramon Morales Pineda a favor de Javier Enrique Urías Guzmán contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en fecha seis (6) de mayo del dos mil veintiuno (2021); 2) REVOCA la sentencia recurrida en Amparo y como consecuencia, que proceda a dictar nueva sentencia, tomando en cuenta que la finalidad del recurso, es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible, al estado anterior a la vulneración, considerando los razonamientos y fundamentos invocados en la presente resolución; Y MANDA: Que con certificación de estilo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Redactó el Magistrado WAGNER VALLECILLO PAREDES. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada SONIA MARLINA DUBON VILLEDA .- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- WAGNER VALLECILLO PAREDES .- FRANCISCA VILLELA ZAVALA.- ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los quince (15) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veintitrés (2023) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0701-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] 90. Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.

[2] 82. El derecho de defensa en inviolable.

[3] AL-691-2015