Sentencia AL-699-21 — Registro 18463
Resumen
La demanda para el restablecimiento del derecho de antigüedad laboral y salario adquirido conforme al ingreso al trabajo, se encuentra con sentencia firme y condena favorable a la parte actora, con arreglo extrajudicial, misma que la parte vencida en juicio se niega a cumplir en su totalidad. por lo que nuevamente continua el proceso acudiendo a primera instancia la cual resuelve con lugar y requiriendo el pago al demandado, segunda instancia revoca dicho fallo y la sala de lo constitucional, deniega la acción de amparo. Y recurso de Reposición.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que el principio de independencia judicial se encuentra normativizado, inter alia, en los artículos 1, 4, 303 y 304 de la Constitución de la República, así como la interpretación conforme realizada con base al principio de responsabilidad judicial por las Cortes y Tribunales, en el ámbito de su competencia....´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 321 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que de lo anteriormente expresado no se observan lesionadas las garantías y derechos constitucionales de las personas demandantes, quienes invocan, ostensiblemente, no se dio cumplimentación a lo resuelto en sentencia definitiva, por parte de la autoridad judicial recurrida, en cuanto a autorizar el completo restablecimiento de la antigüedad laboral de los demandantes, y las prestaciones salariales debidas como colaterales por la parte vencida en juicio, en el período comprendido entre agosto de 2017, hasta octubre de 2018; a efecto obtener la completitud de la fase de ejecución de la sentencia, a satisfacción de las partes reconocidas como derechohabientes; y, con ello, su pleno acceso a la tutela judicial efectiva, parte esencial de lo que se entiende por debido proceso, reconocido constitucionalmente en los Artículos 82, 90, párrafo primero, y 321 de la Constitución de la República, inter alia; sin allegar suficientes elementos de juicio para sustentar su reclamación garantista...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de agosto de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, a favor de los señores EMMA PATRICIA FONSECA, HELGA INDIANA CODINA VELASQUEZ, CONCEPCIÓN AZUCENA LAZO, ANDRÉS SALGADO PINEDA, TERESA ISABEL REYES, DINORA ELISA ÁVILA AYALA, CARMEN REGINA REYES LOBO y DORA ESMERALDA MARTÍNEZ MANCÍA, contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno (1) de junio del año dos mil veintiuno (2021), que declaró con lugar recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez (10) de enero del año diecinueve (2019), con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señores EMMA PATRICIA FONSECA, HELGA INDIANA CODINA VELÁSQUEZ, CONCEPCIÓN AZUCENA LAZO, ANDRÉS SALGADO PINEDA, TERESA ISABEL REYES, DINORA ELISA AVILA AYALA, CARMEN REGINA REYES LOBO y DORA ESMERALDA MARTINEZ MANCÍA, contra EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).Considerando el Recurrente que le han sido violentados a sus clientes los Artículos 59, 64, 80, 82, 90, párrafo primero, 94, 321 y 323, consagrados en la Constitución de la República. ANTECEDENTES1)Que en fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil ocho (2008), comparecieron ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, los señores EMMA PATRICIA FONSECA, HELGA INDIANA CODINA VELÁSQUEZ, CONCEPCIÓN AZUCENA LAZO, ANDRÉS SALGADO PINEDA, TERESA ISABEL REYES, DINORA ELISA AVILA AYALA, CARMEN REGINA REYES LOBO y DORA ESMERALDA MARTINEZ MANCÍA, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral contra EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), para que en sentencia definitiva se ordene el restablecimiento del derecho de antigüedad laboral y salario adquirido conforme al ingreso al trabajo, pago de complemento salario mensual, reducido ilegalmente desde, el mes de abril hasta la fecha que quede firme la misma, y conforme los incrementos salariales decretados por la Ley del Estatuto de Medico Empleado y Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo Vigente. (folio 01 al 03 de la pieza del Juzgado).2)Que continuado que fue el proceso, en fecha diez (10) de enero del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán RESOLVIO: Que se REQUIERA personalmente en legal y debida forma al señor RICHARD JOSÉ ZABLAH ASFURA, en su condición de Director Ejecutivo del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), que pague o consigne en este Juzgado a nombre del Abogado MARIO RAFAEL ZALDAÑA MORGAN, por ostentar la facultad de percibir, la cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON UN CENTAVO (L. 2, 776,968.01) desglosados de la siguiente manera: EMMA PATRICIA FONSECA L 319,740.53; HELGA INDIANA CODINA VELASQUEZ L. 358,982.36, CONCEPCIÓN AZUCENA LAZO L.315, 632.93; ANDRÉS SALGADO PINEDA L. 374,069.09; TERESA ISABEL REYES, L.402,521.68; DINORA ELISA AVILA AYALA, L. 315,632.99; CARMEN REGINA REYES LOBO L. 317,778.12 y DORA ESMERALDA MARTINEZ MANCÍA L.372,610.31, lo anterior en vista de haber aceptado y consentido ambas partes el informe de auditoría elaborado por el auditor del Colegio Médico Héctor Osorio García. Debiendo hacerle la advertencia al señor RICHARD JOSE ZABLAH ASFURA, en su condición antes indicada, que si dentro del término señalado no paga o consigna previa denuncia de bienes se embargaran y remataran suficiente para hacer efectivo el pago de la obligación. - (Folio 268 de la pieza del Juzgado).3)Que en fecha uno (1) de junio del año dos mil veintiuno (2021), la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual FALLÓ: 1) Declarar con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTÍNEZ, actuando en su condición de apoderado legal de la parte demandada apelante.-2)Revocar el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha 10 de enero del año 2019, que corre a folio 268 frente de la pieza compulsada.- 3) Inadmitir la comparecencia del 7 de enero del año 2019 presentada por el Abogado MARIO RAFAEL ZALDAÑA MORGAN y se le dé cumplimiento al auto de fecha 27 de septiembre del 2017. (Folio 21 al 23 de la pieza de Corte de Apelaciones).4)Que la recurrente Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor de los señores EMMA PATRICIA FONSECA, HELGA INDIANA CODINA VELÁSQUEZ, CONCEPCION AZUCENA LAZO, ANDRES SALGADO PINEDA, TERESA ISABEL REYES, DINORA ELISA AVILA AYALA, CARMEN REGINA REYES LOBO y DORA ESMERALDA MARTINEZ MANCÍA, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha uno (1) de junio del año dos mil veintiuno (2021), es violatoria de lo amparado en los artículos 80, 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).5) Que con fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), la abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió su dictamen, en el cual fue de la opinión porque SE OTORGARE la acción impetrada; en virtud no compartir el parecer de la Alzada, respecto a que la parte demandada cumplió con el pago total del arreglo extrajudicial firmado por ambos apoderados, según homologado por el Juez A Quo; por lo cual declaró con lugar el referido recurso de apelación, con todas las consecuencia jurídicas que se resuelven en el antecedente 3)De la presente sentencia, considera la suscrita dictaminadora, que la resolución examinada no es razonable, congruente, ni justa, pues si bien es cierto las partes llegaron a un arreglo extrajudicial: “… resulta evidente que durante el período de agosto de 2017 hasta octubre de 2018, la parte demandada no reconoció la nivelación salarial a los demandantes, al seguir pagando sin reconocer su nivelación, (…)”. Observa la Censora que, tal situación de incumplimiento, motivó a la parte demandante a comparecer nuevamente ante el Juzgado de Letras del Trabajo, poniendo en conocimiento dicha situación; a lo cual decidió este proceder al archivo de las diligencias, según lo solicitado por el apoderado legal de la parte demandada, en evitación de darle estricto cumplimiento a la sentencia que ordena el restablecimiento de la antigüedad laboral de los demandantes, obligación que aparece como incumplida en el periodo comprendido entre agosto de 2017, hasta octubre de 2018.CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional, y en consonancia con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que, en formalización del recurso, comparece la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNÁNDEZ, promoviendo la presente garantía constitucional contra la resolución de la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de fecha uno (1) de junio de dos mil veintiuno (2021), conociendo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el auto interlocutorio dictado el diez (10) de enero del año dos mil diecinueve (2019), por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, y que declaró con lugar dicho recurso de apelación; en la demanda ordinaria laboral promovida por los señores EMMA PATRICIA FONSECA, HELGA INDIANA CODINA VELASQUEZ, CONCEPCIÓN AZUCENA LAZO, ANDRÉS SALGADO PINEDA, TERESA ISABEL REYES, DINORA ELISA ÁVILA AYALA, CARMEN REGINA REYES LOBO y DORA ESMERALDA MARTÍNEZ MANCÍA, contra EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), contraída a pedir en DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA QUE EN SENTENCIA FIRME Y DEFINITIVA SE ORDENE EL REESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE ANTIGÜEDAD LABORAL Y SALARIO ADQUIRIDO CONFORME AL INGRESO AL TRABAJO. PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO MENSUAL REDUCIDO ILEGALMENTE HASTA LA FECHA QUE QUEDE FIRME LA MISMA, Y CONFORME LOS INCREMENTOS SALARIALES DECRETADOS POR LA LEY DEL ESTATUTO MÉDICO EMPLEADO Y CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE; sentencia que refiere se encuentra con sentencia firme y condena favorable a la parte actora, misma que la parte vencida en juicio se niega a cumplir en su totalidad. CONSIDERANDO (4): Que, sostiene la letrada garantista, que la resolución judicial en mención, ha violentado los derechos al debido proceso y a las garantías, declaraciones y derechos reconocidos en los Artículos 59, 64, 80, 82, 90, párrafo primero, 94, 321 y 323 de la Constitución de la República, en perjuicio de sus poderdantes; refiriendo, en los hechos que los motivan, que la firmeza de la sentencia definitiva recayó en fecha 01 de julio de 2015, condenándose al IHSS a todas las pretensiones de los demandantes y ejecutándose parcialmente dicha sentencia de condena: “… ya que la misma fue liquidada por la juzgadora ordenando un salario a devengar a favor de cada demandante partir del 01 de agosto del 2017, sin embargo fue hasta 1 año y dos meses después, es decir, hasta el mes de octubre del 2018 que el IHSS procedió a pagar el salario ordenado por el Juzgado”; acción esta que origina la resolución judicial recurrida, por considerarla lesiva a la existencia de una sentencia firme y de condena contra la parte demandada, en favorabilidad a la parte actora; siendo que la parte vencida en juicio se niega a cumplir, en su totalidad, las obligaciones laborales derivadas de la sentencia y el acuerdo extrajudicial homologado, en seguimiento al derecho de defensa y al debido proceso. Mandando a archivar las diligencias, como consecuencia del acuerdo extrajudicial, lo cual enerva en forma injusta e improcedente el derecho de petición, impidiéndole a sus representados gozar de la totalidad de derechos concedidos en la sentencia de condena. CONSIDERANDO (5): Que, vistos los antecedentes del caso y escuchado que fue el Dictamen Fiscal, no lo encuentra esta Sala de lo Constitucional de recibo, puesto que la parte interesada obtuvo una respuesta motiva y fundada de conformidad a ley, habiendo causado ejecutoria ante la jurisdicción del trabajo. CONSIDERANDO (6): Que de lo anteriormente expresado no se observan lesionadas las garantías y derechos constitucionales de las personas demandantes, quienes invocan, ostensiblemente, no se dio cumplimentación a lo resuelto en sentencia definitiva, por parte de la autoridad judicial recurrida, en cuanto a autorizar el completo restablecimiento de la antigüedad laboral de los demandantes, y las prestaciones salariales debidas como colaterales por la parte vencida en juicio, en el período comprendido entre agosto de 2017, hasta octubre de 2018; a efecto obtener la completitud de la fase de ejecución de la sentencia, a satisfacción de las partes reconocidas como derechohabientes; y, con ello, su pleno acceso a la tutela judicial efectiva, parte esencial de lo que se entiende por debido proceso, reconocido constitucionalmente en los Artículos 82, 90, párrafo primero, y 321 de la Constitución de la República, inter alia; sin allegar suficientes elementos de juicio para sustentar su reclamación garantista. CONSIDERANDO (7): Que acorde al Artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, constituyen principios de la substanciación de la acción la independencia, moralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; los cuales sirven de pauta de interpretación a la jurisprudencia constitucional y de flexibilización del procedimiento, en aras de obtener una justicia constitucional pronta y cumplida, lo cual se tiene en consideración en vista del presente a que no se retrase o dilate más la tramitación del expediente, con estricta observancia del debido proceso, de los cuales forma parte intrínseca el cumplimiento eficaz de lo prescrito en el artículo 110 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT); que a su vez prescribe que los Jueces y Magistrados están obligados a despachar los asuntos sometidos a su conocimiento con toda la brevedad que las atenciones de su ministerio les permitan, guardando el orden de antigüedad de los asuntos, salvo cuando motivos graves o urgentes exijan que dicho orden se altere. CONSIDERANDO (8): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus resoluciones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Pactos y Convenciones suscritas en materia de derechos humanos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 60, 64, 80, 82, 90, 127, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 78 atribución 5 y 110 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la presente garantía constitucional de amparo; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de abril del año dos mil veinticuatro.VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNÁNDEZ, a favor de los señores EMMA PATRICIA FONSECA, HELGA INDIANA CODINA VELASQUEZ, CONCEPCION AZUCENA LAZO, ANDRES SALGADO PINEDA, TERESA ISABEL REYES, DINORA ELISA AVILA AYALA, CARMEN REGINA REYES LOBO y DORA ESMERALDA MARTINEZ MANCIA, contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil veintitrés (2023) y por la cual se falla DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por la susodicha garantista, a favor de los beneficiarios (as) del recurso, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE ESTA SECCIÓN JUDICIAL, en fecha uno (1) de junio del año dos mil veintiuno (2021), conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTÍNEZ, en su condición de apoderado de la parte demandada, que declaró con lugar recurso de apelación así interpuesto; contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez (10) de enero del año diecinueve (2019), a la cual se ha hecho referencia. CONSIDERANDO (1): Que la referida acción de Amparo se interpuso en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil veintiuno (2021), procediendo a denegarse por la Sala de lo Constitucional, por considerarla carente de mérito constitucional para su otorgamiento.CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo tiene como finalidad que a la persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare, en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que conforme establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, el cual podrá interponerse en el acto de la notificación, o al día siguiente de su notificación por la tabla de avisos; lo cual es cumplido, en tanto requisito de procedibilidad, según consta a folios cincuenta y seis (56) y subsiguientes de la pieza de amparo.CONSIDERANDO (4): Que, vista la petición de la parte recurrente, se arguye por la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNÁNDEZ, en su condición preindicada, que se han infringido por la Jurisdicción constitucional, las garantías y derechos al debido proceso, al derecho de defensa y demás contenidos en los artículos 80, 82, 90, 95 y 183 numeral 2), todos de la Constitución de la República; en vista no estar de acuerdo con la resolución denegatoria del caso, pese evidenciarse el incumplimiento del acuerdo extrajudicial homologado. Solicitando de la honorable Sala de lo Constitucional, se reconsidere el fallo dictado con motivación en la falta de elementos suficientes para sustentar la reclamación; procediendo a declarar con lugar la acción de amparo promovida, a efecto se reestablezca a los señores EMMA PATRICIA FONSECA, HELGA INDIANA CODINA VELASQUEZ, CONCEPCION AZUCENA LAZO, ANDRES SALGADO PINEDA, TERESA ISABEL REYES, DINORA ELISA AVILA AYALA, CARMEN REGINA REYES LOBO y DORA ESMERALDA MARTINEZ MANCIA en los derechos y garantías que estima vulnerados.CONSIDERANDO (5): Que el principio de independencia judicial se encuentra normativizado, inter alia, en los artículos 1, 4, 303 y 304 de la Constitución de la República, así como la interpretación conforme realizada con base al principio de responsabilidad judicial por las Cortes y Tribunales, en el ámbito de su competencia.CONSIDERANDO (6): Que, según ha quedado establecido por la Sala, en numerosos pronunciamientos, la garantía del debido proceso, correlativa al derecho de defensa, en todo proceso, comprende el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre ésta y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba por las partes procesales; así como la equiparación de posiciones entre las partes, o entre una parte y el Estado, con respeto a la debida observancia del principio de legalidad, cuando de determinar deberes y derechos se trata. Según jurisprudencia estable y pacífica de esta Sala de lo Constitucional, se trata de un derecho inalienable e imprescriptible, constituido como formalidad y/o garantía preestablecida en Ley, reservada como contenido esencial del derecho a los justiciables; por lo cual resulta exigible a través de la garantía jurisdiccional, cuya regularidad se ha verificado, en el curso del presente recurso de amparo. CONSIDERANDO (7): Que, por todo ello, se concluye que la resolución recurrida se encuentra ajustada a derecho por no existir razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda. Señala, por su parte, el artículo 120, párrafo segundo, de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que, una vez solicitada la reposición ante la Sala de lo Constitucional, o ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su caso; deberá procederse sin más trámite, a denegar o enmendar el fallo, según correspondiere en derecho.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 4 N.º 7 y N.º 8, 41, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DENEGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNÁNDEZ, a favor de los señores EMMA PATRICIA FONSECA, HELGA INDIANA CODINA VELASQUEZ, CONCEPCION AZUCENA LAZO, ANDRES SALGADO PINEDA, TERESA ISABEL REYES, DINORA ELISA AVILA AYALA, CARMEN REGINA REYES LOBO y DORA ESMERALDA MARTINEZ MANCIA, contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional, en fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil veintitrés (2023). Y MANDA: Que la Secretaría notifique a la parte recurrente la firmeza de la sentencia definitiva recaída en la presente acción de amparo y se proceda de conformidad a derecho en cuanto a los efectos legales subsiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. FIRMAS MAGISTRADOS (AS). LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintitrés y Reposición de fecha diez de abril de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0699-2021-
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL