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Sentencia AL-698-21 — Registro 16962

Resumen

Resolución que declaró sin lugar incidente de declinatoria por falta de Jurisdicción y Competencia con relación a demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo, por despido injustificado argumentando recurrente inmunidad jurisdiccional por ser éste un Organismo del Sistema de Integración Centroamericana, la línea jurisprudencial de la Sala en cuanto al tema de inmunidad jurisdiccional alegada por COCESNA a este Alto Tribunal de Justicia se ha pronunciado en cuanto a la competencia de los Juzgados del Trabajo para conocer las demandas laborales contra impetrante, señalando en sus fallos “Que los Estatutos de la Corporación Centroamericana, establecen que el personal de la misma estará regido por el Código de servicios, por el Reglamento Interno de Trabajo y por las leyes laborales del lugar donde presten sus servicios”

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

CONSIDERANDO (13): Que, de acuerdo con la regla universal de lógica jurídica, las excepciones, así como las inmunidades, deben de ser expresas y taxativas y están sujetas a la interpretación restrictiva; consecuentemente, en la Convención de Viena Sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, se consagra únicamente la inmunidad en materia penal, sin excepción alguna, y frente a la jurisdicción civil y administrativa con algunas excepciones; de allí que si la precitada Convención hubiese querido conceder inmunidad en relación con la jurisdicción laboral o del trabajo, así lo hubiere consagrado expresamente en la Convención, de tal manera que no pudo ignorarse, pues el derecho laboral, obrero o del trabajo es una rama autónoma desde fines del siglo pasado. Por otro lado, el trabajo es un derecho de carácter fundamental, así lo dispone nuestra Carta Magna en su artículo 127 y como tal, debe interpretarse de conformidad a los tratados internacionales sobre derechos humanos, por tanto no resulta apropiado desconocer los derechos y prerrogativas de los trabajadores con grave menoscabo en su condición humana, es así que de admitir la referida inmunidad absoluta, sería negar el derecho de acceso a la justicia -es decir- frena que sea admitido un reclamo judicial, de tal manera que el demandante quedaría en una situación de desigualdad y desventaja al no obtener una respuesta eficaz en caso de demandas, derecho reconocido en tratados internacionales y de los que Honduras es signataria, procede entonces la aplicación normativa acorde con el ordenamiento legal interno. Cabe señalar, que este Alto Tribunal de Justicia se ha pronunciado en bastas resoluciones en cuanto a la competencia de los Juzgados del Trabajo para conocer las demandas laborales contra COCESNA, señalando en sus fallos “Que los Estatutos de la Corporación Centroamericana de Navegación (COCESNA), establecen que el personal de la Corporación estará regido por el Código de servicios, por el reglamento Interno de Trabajo y por las leyes laborales del lugar donde presten sus servicios”. CONSIDERANDO (14): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Un fallo no puede permanecer como simple certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio al debido proceso en toda persona. Por todo lo anteriormente expresado, la Sala observa que durante la secuela del proceso no se han menoscabado las garantías invocadas, el fallo recurrido está dictado conforme a derecho y reúne todos los requisitos, exigencias y solemnidades enmarcadas en ley. CONSIDERANDO (15): Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo “la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. CONSIDERANDO (16): Que la línea jurisprudencial de la Sala en cuanto al tema de inmunidad jurisdiccional alegado por COCESNA en todos los procesos laborales, ha quedado delimitado en sendas resoluciones, que las controversias que se originen en el Contrato de Trabajo entre la Corporación y sus trabajadores en donde un nacional esté involucrado, quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo, por el deber constitucional de garantizar los derechos laborales de los trabajadores, mismos que también se encuentran garantizados en instrumentos internacionales, con lo cual se remacha que no se ha vulnerado a la recurrente (COCESNA) las garantías constitucionales invocadas en el caso en comento; que las decisiones adoptadas por el A-Quo y la Alzada están ajustadas a estricto derecho en aplicación de las normas pertinentes tanto del ámbito nacional como de carácter internacional contenidas en los tratados, convenios, declaraciones universales, convenciones y sus protocolos, concluyendo que la pretensión de las demandantes está regida y protegida por la normativa aplicada, como ha quedado expresado en el presente fallo. CONSIDERANDO (17): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención de las Naciones Unidas año 2004, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

CONSIDERANDO (13): Que, de acuerdo con la regla universal de lógica jurídica, las excepciones, así como las inmunidades, deben de ser expresas y taxativas y están sujetas a la interpretación restrictiva; consecuentemente, en la Convención de Viena Sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, se consagra únicamente la inmunidad en materia penal, sin excepción alguna, y frente a la jurisdicción civil y administrativa con algunas excepciones; de allí que si la precitada Convención hubiese querido conceder inmunidad en relación con la jurisdicción laboral o del trabajo, así lo hubiere consagrado expresamente en la Convención, de tal manera que no pudo ignorarse, pues el derecho laboral, obrero o del trabajo es una rama autónoma desde fines del siglo pasado. Por otro lado, el trabajo es un derecho de carácter fundamental, así lo dispone nuestra Carta Magna en su artículo 127 y como tal, debe interpretarse de conformidad a los tratados internacionales sobre derechos humanos, por tanto no resulta apropiado desconocer los derechos y prerrogativas de los trabajadores con grave menoscabo en su condición humana, es así que de admitir la referida inmunidad absoluta, sería negar el derecho de acceso a la justicia -es decir- frena que sea admitido un reclamo judicial, de tal manera que el demandante quedaría en una situación de desigualdad y desventaja al no obtener una respuesta eficaz en caso de demandas, derecho reconocido en tratados internacionales y de los que Honduras es signataria, procede entonces la aplicación normativa acorde con el ordenamiento legal interno. Cabe señalar, que este Alto Tribunal de Justicia se ha pronunciado en bastas resoluciones en cuanto a la competencia de los Juzgados del Trabajo para conocer las demandas laborales contra COCESNA, señalando en sus fallos “Que los Estatutos de la Corporación Centroamericana de Navegación (COCESNA), establecen que el personal de la Corporación estará regido por el Código de servicios, por el reglamento Interno de Trabajo y por las leyes laborales del lugar donde presten sus servicios”. CONSIDERANDO (14): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Un fallo no puede permanecer como simple certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio al debido proceso en toda persona. Por todo lo anteriormente expresado, la Sala observa que durante la secuela del proceso no se han menoscabado las garantías invocadas, el fallo recurrido está dictado conforme a derecho y reúne todos los requisitos, exigencias y solemnidades enmarcadas en ley. CONSIDERANDO (15): Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo “la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. CONSIDERANDO (16): Que la línea jurisprudencial de la Sala en cuanto al tema de inmunidad jurisdiccional alegado por COCESNA en todos los procesos laborales, ha quedado delimitado en sendas resoluciones, que las controversias que se originen en el Contrato de Trabajo entre la Corporación y sus trabajadores en donde un nacional esté involucrado, quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo, por el deber constitucional de garantizar los derechos laborales de los trabajadores, mismos que también se encuentran garantizados en instrumentos internacionales, con lo cual se remacha que no se ha vulnerado a la recurrente (COCESNA) las garantías constitucionales invocadas en el caso en comento; que las decisiones adoptadas por el A-Quo y la Alzada están ajustadas a estricto derecho en aplicación de las normas pertinentes tanto del ámbito nacional como de carácter internacional contenidas en los tratados, convenios, declaraciones universales, convenciones y sus protocolos, concluyendo que la pretensión de las demandantes está regida y protegida por la normativa aplicada, como ha quedado expresado en el presente fallo. CONSIDERANDO (17): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado Oscar Raúl Matute Cruz, a favor del Organismo Internacional denominado Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de enero de dos mil veinte, con relación a la “DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO AL TRABAJO, O A OTRO PUESTO DE IGUAL CATEGORIA CON LAS MISMAS CONDICIONES DE TRABAJO.-EN VIRTUD DE UN DESPIDO INDIRECTO E INJUSTIFICADO…” promovida por la señora Dilcia Belinda Barrientos, contra de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 321 y 342 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve de marzo de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la señora Dilcia Belinda Barrientos, promoviendo “DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO AL TRABAJO, O A OTRO PUESTO DE IGUAL CATEGORIA CON LAS MISMAS CONDICIONES DE TRABAJO.-EN VIRTUD DE UN DESPIDO INDIRECTO E INJUSTIFICADO…” en contra Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), a través de su Presidente y Representante Legal, el señor Jorge Antonio Vargas Araya. (Folios 1-5 del expediente del A-quo) 2) El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del incidente de declinatoria promovido por la parte demandada, en fecha catorce de enero de dos mil veinte, emitió resolución mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el incidente procesal de INCIDENTE DE DECLINATORIA POR FALTA DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZÁN PARA CONOCER EL PRESENTE ASUNTO, interpuesta en audiencia primera de trámite por el Abogado ALBERT ABERY CÁRCAMO GÓMEZ, representante de la parte demandada en aquel entonces, en el proceso laboral promovida ante este Juzgado por las señoras DILCIA BELINDA BARRIENTOS y LILIANA YANETH MANTILLA PEREZ, contra la CORPORACIÓN CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA (COCESNA), por intermedio de su Representante Legal, el señor JORGE ANTONIO VARGAS ARAYA, en consecuencia sigue conociendo del presente proceso éste Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, por las razones antes expuestas…” (Folio 323-327 del expediente del A-quo) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto contra el auto que se ha dejado relacionado en el numeral que antecede, por el Abogado Oscar Raúl Matute Cruz, en su condición de representante procesal de la parte demandada, la Corte Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: “…1.-Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado OSCAR RAUL MATUTE CRUZ, en su condición de representante procesal de la parte demandada.-II.-CONFIRMAR el auto interlocutorio apelado, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de éste Departamento de Francisco Morazán, de fecha catorce (14) de enero del año dos mil veinte.-III.-SIN COSTAS en esta instancia….” (Folios 54-57 vuelto del expediente del A-Quem) 4) Que, el Abogado Oscar Raúl Matute Cruz, compareció ante este Tribunal en fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, reclamando amparo a favor de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), afirmando que la sentencia dictada por el Ad-Quem, relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 321 y 342 de la Constitución de la República. 5) Que esta Sala, en fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el Abogado Oscar Raúl Matute Cruz, en consecuencia, se dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando la vista de las diligencias al fiscal para que emitiera su dictamen. (Folio 36 el recurso) 6) En fecha dieciocho de abril de dos mil veintidós, ésta Sala, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, del que se desprende apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Que del examen de los antecedentes, se observa que consta en autos, que la Apoderada Legal de la parte Demandada, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once (11) de diciembre del año 2017, contestando en tiempo y forma la demanda laboral promovida contra su representada (Folio 35 al 38), por lo cual se tiene que el Recurrente se sometió a la jurisdicción del A-quo), celebrándose la audiencia de Conciliación y Primera de Trámite, siendo del parecer que, una vez que se ha sometido a la jurisdicción de aquel Tribunal, no puede alegar que goza de inmunidad, debiéndose continuar con el procedimiento del juicio hasta la Sentencia Definitiva. De lo expuesto, el Ministerio Público, atendiendo la línea jurisprudencial emitida por la Sala de lo Constitucional respecto a casos de gran similitud por tratarse de la misma parte demandada y por hechos similares, es del parecer que en el presente caso se aprecia que COCESNA de manera voluntaria y expresa se ha sometido a las leyes laborales hondureñas, lo cual se desprende en el presente caso de actos tácitos, por lo que la resolución venida en amparo no vulnera los derechos constitucionales invocados pro el Recurrente, en virtud que su fallo ha sido dictado conforme los requisitos, exigencias y solemnidades del Debido Proceso. IV. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, por estimar que la sentencia dictada por el Ad-Quem no vulnera los derechos constitucionales invocados.” (Folios 55-59 del recurso). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán en fecha cinco de mayo del dos mil veintiuno, que declara sin lugar el recurso de apelación y confirma el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán en fecha Catorce de Enero del Dos Mil Veinte y que origina de las demandas ordinarias laborales para reintegro a sus puestos de trabajo promovidas por las señoras Dilcia Belinda Barrientos y Liliana Janeth Mantilla Pérez acumuladas mediante auto de fecha 9 de diciembre del 2016 contra la CORPORACIÓN CENTROAMERICANA DE SEVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA (COCESNA). CONSIDERANDO (4): Que en la formalización del recurso el Amparista recurre a este Alto Tribunal enumerando que se han vulnerado los derechos contenidos en los artículos 80, 90, 321 y 324, al debido proceso, principio de legalidad y al de aplicación de la norma pertinente. Expone que la sentencia recurrida del cinco de mayo del dos mil veintiuno establece en el considerando 4: “Que la pretensión incoada por las demandantes se contrae al reintegro al trabajo en virtud de despido directo e injustificado”. Tal hecho el ”despido directo e injustificado” el fallador, la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán lo considera existente y cierto, al hacer suyos los criterios y concepto del A-Quo contenidos en el auto interlocutorio recurrido en apelación, siendo tal hecho existente a juicio del fallador lo que resuelve la sentencia recurrida. CONSIDERANDO (5): Que el quejoso entre otros motivos alega, que enseña la doctrina y así lo ha establecido la jurisprudencia laboral que la infracción directa de una disposición legal se da cuando a un hecho que el fallador ha dado por existente, se deja de aplicar la disposición pertinente que gobierna tal hecho, de lo que resulta una clara violación a las citadas garantías. Que las normas legales que gobiernan y resuelven la pretensión de las demandantes que indica el Tribunal recurrido “el despido directo e injustificado” de las mismas, no son las contenidas en el Código de Trabajo, no, son las contenidas en el Código de Servicio de la demandada, por lo siguiente “la demandada es un organismo del Sistema de Integración Centroamericana y tanto su Convenio Constitutivo como su Convenio Sede y demás instrumentos complementarios como el Código de Servicios y actos derivados tienen una relación de dependencia Jerárquica con el Protocolo de Tegucigalpa, como marco de la Integración Centroamérica y por tanto el de mayor jerarquía y la base fundamental y cualquier otra normativa centroamericana”. Cita además el párrafo segundo del artículo 16 Constitucional, sobre los tratados y su entrada en vigencia, el artículo 18 de la misma Carta Magna en lo relativo al conflicto entre el tratado o convención y la ley prevalecerá el primero, referidos a los principios y práctica del derecho internacional, así como que dichas normas forman parte del derecho interno del Estado y finaliza que la pretensión de las demandantes está regulada y gobernada su figura y solución por el Código de Servicios de la demandada siendo derecho interno y preminente por mandato constitucional. Que el órgano jurisdiccional recurrido fundamenta su resolución en la legislación nacional, indicando como basamento de tal criterio, el artículo 134 de la Constitución de la República, pero inexplicablemente ignora deliberadamente la clara imperatividad preeminente que las normas constitucionales contenidas en los artículos 16 párrafo segundo y 18 de la misma Carta Fundamental que el Estado confiere a los tratados o convenios o instrumentos complementarios que tienen relación de dependencia jerárquica con el Protocolo de Tegucigalpa. Finaliza entre otros motivos, que la sentencia recurrida y fallada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, está preñada de nulidad absoluta, lo que ha quedado plasmado en diversas sentencias y opiniones consultivas de la Corte Centroamericana de Justicia en el sentido que COCESNA es un Organismo del Sistema de Integración Centroamericana SICA de Servicio Público con personalidad jurídica y patrimonio propio en esa calidad goza de prerrogativas, inmunidades y exenciones conforme al derecho internacional y comunitario. CONSIDERANDO(6) :Que el auto interlocutorio apelado y emitido por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial en fecha 29 de febrero del 2012 resuelve el Incidente por Declinatoria por Falta de Jurisdicción y Competencia del Juzgado de Letras del Trabajo alegado por la parte demandada(COCESNA)y que declara sin lugar el incidente sustenta su decisión entre otros fundamentos, en que la inmunidad diplomática se define como el conjunto de normas jurídicas y costumbres internacionales reconocidas a los agentes diplomáticos, que les otorgan privilegios, prerrogativas y exenciones, para garantizar que su misión se desarrolle de forma segura y eficaz. El Estado de Honduras reconoce la figura de la Inmunidad Jurisdiccional de las distintas organizaciones internacionales que gocen de dicho estatuto, una vez seguido el respectivo proceso ordinario de promulgación de la ley, lo cual es derivado de la plena vigencia del artículo 18 constitucional y de la actitud respetuosa que asume el Estado de Honduras respecto a los principios y prácticas del Derecho Internacional; asimismo reconoce que la inmunidad jurisdiccional es un instituto jurídico delimitado y regulado en el ordenamiento jurídico nacional, sin embargo, nunca podrá aplicarse leyes y disposiciones gubernativas ni de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan de conformidad a lo establecido en el artículo 64 de la Constitución de la República como de los Tratados Internacionales. Que el derecho al trabajo es un derecho humano reconocido y garantizado en los tratados internacionales y en la constitución de la República, y por otro lado, el artículo 11 de la Convención de las Naciones unidas del 2014, contempla la excepción de inmunidad de jurisdicción específicamente en los que se relaciona a los contratos de trabajo :”los contratos de trabajo entre un Estado y una persona naturales respecto a un trabajo ejecutado o que haya de ejecutarse total o parcialmente en el territorio de otro estado, cuyos tribunales conozcan del asunto”. Implica entonces, que la inmunidad deviene como principio y no como excepción, es por ello que el artículo 23 del Convenio Sede entre el Gobierno de Honduras y COCESNA suscrito el 29 de agosto del 2000, dispone que el gerente general y demás funcionarios de CONCESNA se obligan a respetar a las autoridades nacionales y a obedecer las leyes de la República desde su ingreso al territorio nacional y tendrán derecho a ser protegidos por ellas; este Convenio Sede, reconoce el pago de prestaciones e indemnizaciones a sus empleados y a cualquier miembro de su personal, no obstante, la legislación nacional otorga el derecho al trabajador para demandar a su patrono el cumplimento del contrato para que se le reponga a su trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones. El artículo 134 de la Constitución de la República, somete a la Jurisdicción del Trabajo, todas las controversias jurídicas que se originen en las relaciones entre patronos y trabajadores. La ley establecerá las normas correspondientes a dicha jurisdicción y a los organismos, que hayan de ponerlas en práctica. Ese precepto constitucional nos remite al artículo 665 del Código de Trabajo que reza de manera específica “La jurisdicción del trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se origen directa o indirectamente del Contrato de Trabajo, esto aunado al artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus Bienes en relación a la excepción de la Inmunidad de jurisdicción, mismo que se desarrolló en el numeral anterior, igualmente el artículo 18 del Decreto 20-2001 que contiene el Convenio Sede entre el Gobierno de Honduras y COCESNA estipula el reconocimiento de pago de prestaciones e indemnizaciones a sus empleados y a cualquier miembro de su personal, por tanto, ese reconocimiento expreso de los derechos laborales del trabajador, somete al empleador a cumplir su compromiso bajo la jurisdicción de la materia laboral. La regla universal de lógica jurídica, es que las excepciones así como las inmunidades, deben de ser expresas y taxativas y están sujetas a la interpretación restrictivas; por consecuente si se hubiese querido consagrar inmunidad en relación con la jurisdicción laboral o del trabajo, así se hubiere consagrado expresamente en la Convención de Viena. Y finalmente relaciona en el fallo el artículo 82 de la Constitución sobre el derecho de Defensa, 10 de la Declaración de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra el derecho de defensa 14.1, la Convención Americana Sobre derechos Humanos 8.1 derecho de defensa, en consecuencia el derecho de defensa, estrechamente ligado al debido proceso, deben ser considerados en el presente fallo a efecto de que las demandantes tengan oportunidad procesal de acceder ante la Justicia Laboral Hondureña a exponer los derechos que estas consideran se encuentran vulnerados. Sumado a ello la Corte suprema de Justicia se ha pronunciado en múltiples resoluciones en cuanto a la competencia de los Juzgados del Trabajo para conocer las demandas laborales contra COCESNA. CONSIDERANDO (7): Que la Corte de Apelaciones objetada, en la resolución impugnada, plasma los motivos y fundamentos del porque declara sin lugar el recurso y confirma el auto interlocutorio apelado, motivación que va intrínsecamente relacionada con un sinnúmero de sentencias ya falladas sobre el mismo tema, incidente que COCESNA ha venido alegando en todos los procesos laborales de falta de Jurisdicción de los órganos jurisdiccionales en materia del trabajo para que se abstengan de conocer las demandas en su contra, y, que según el Amparista el fallador ha dejado de aplicar la disposición pertinente que gobierna el hecho en la sentencia recurrida, de acuerdo con la pretensión de las demandantes como es el despido directo e injustificado, no son las contenidas en el Código de Trabajo, están contenidas en el Código de Servicios de la demandada, por tratarse de un Organismo del Sistema de Integración Centroamericana. CONSIDERANDO (8): Que el Ad-Quem de manera reiterativa, es del criterio que la jurisdicción del trabajo, es decir, los Juzgados de Letras del Trabajo conocerán en primera instancia dentro de sus respectivas jurisdicciones de toda la controversia que surja del Contrato de Trabajo, por cuanto están instituidos para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del Contrato de Trabajo. Que la pretensión incoada por las demandantes se contrae al reintegro al trabajo en virtud de despido directo e injustificado en sus cargos de Secretaria Comercial y Secretaria de la Unidad de Organización y Planificación, respectivamente, y que su despido se produjo por el Gerente Administrativo Financiero de Cocesna y en sustitución del Presidente Ejecutivo. Que si bien es cierto, la parte demandada fundamenta la falta de jurisdicción y competencia en base a lo dispuesto en el artículo 22 incisos g y j) del Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia suscrito por el Estado de Honduras en fecha 10 diciembre de 1992, que establece en cuanto a la Competencia y otras facultades, que la competencia de la Corte será…. Conocer de los asuntos que someta directa e individualmente cualquier afectado… Por los acuerdos del Órgano u Organismo del Sistema de Integración Centroamericana” y, en cuanto a, “conocer en última instancia en apelación de las resoluciones administrativas… dictadas por los órganos u organismos del Sistema de la Integración Centroamericana, que afecten directamente a un miembro del personal del mismo y cuya reposición haya sido denegada”. No menos cierto es, que la Corte Centroamericana de Justicia tiene varios tipos de competencias, como Tribunal Regional Internacional el conocer en Instancia Única sobre las controversias que se le planteen por los Estados; otra, de la disputas surgidas entre las personas naturales o jurídicas y un Estado o con alguno de los Organismos que conforman el Sistema de Integración Centroamericana. La independencia y autonomía de la Corte, nace de la delegación de poderes que hacen los propios Estados; y, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales revisa y controla, mediante procedimiento judicial, los actos que ejecuten los Estados miembros y los Órganos del Sistema de la Integración Centroamericana. Que los Estatutos de COCESNA definen como Resolución los actos unilaterales de la Corporación, resueltos por el Consejo Directivo y que regulan cuestiones de su competencia. Que la decisión del Gerente Administrativo Financiero de COCESNA y en sustitución del Presidente Ejecutivo de dar por terminado los contratos de trabajo de las demandantes, conforme al Código de Servicio de COCESNA regulador por una parte de las condiciones de empleo, derechos, deberes y obligaciones fundamentales del personal de la Corporación así como asuntos y figuras laborales, tal acto, no fue adoptado por el Consejo directivo (Estados Miembros) en la forma como lo establecen los estatutos de dicha Corporación, de cuya formalidad constituye un acto de reclamo, de competencia de la Corte Centroamericana de Justicia. Cita el fallo finalmente, que el Convenio Sede suscrito entre Hondura y la Corporación de fecha 29 de agosto del 2000, establece que el gerente general y demás funcionarios de COCESNA se obligan a respetar a las autoridades nacionales y a obedecer las leyes de la república desde su ingreso al territorio nacional y tendrán derecho a ser protegidos por ellas, asimismo, dicho convenio establece el reconocimiento de pago de prestaciones e indemnizaciones a sus empleados y a cualquier miembro de su personal; y por otro lado, el artículo 134 de la Constitución de la República somete a la jurisdicción del trabajo, todas las controversias jurídica que se originen en las relaciones entre patronos y trabajadores. El Código de Trabajo establece las normas correspondientes a dicha jurisdicción y a los organismos que han de ponerlas en práctica. La jurisdicción del trabajo esta instituida para decir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de Trabajo. CONSIDERANDO (9): Que el Ad Quem, deja establecido con meridiana claridad porque los Juzgados y Tribunales laborales son competentes para conocer el presente asunto; que escuchados los agravios expresados por la partes procesales, de manera coherente la Alzada pronuncia una decisión enmarcada en ley concluyendo que es improcedente invocar la nulidad del auto interlocutorio a través de un incidente de inmunidad de jurisdicción, por tanto las partes involucradas deben someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribules Laborales de la República, quienes solamente acatan los fallos dictados por sus superiores, en este caso, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en consecuencia declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirma el auto interlocutorio dictado por el A-quo en fecha catorce de enero del año dos mil veinte. CONSIDERANDO (10): Que el Estado de Honduras reconoce la figura de la Inmunidad Jurisdiccional de las distintas organizaciones internacionales que gocen de dicho Estatuto, una vez seguido el respectivo proceso ordinario de promulgación de la ley, lo cual es dimanante de la plena vigencia del artículo 18 Constitucional y de la actitud respetuosa que asume el Estado de Honduras respecto a los principios y prácticas del Derecho Internacional; asimismo, se reconoce que la inmunidad jurisdiccional es un instituto jurídico delimitado y regulado en el ordenamiento jurídico nacional, lo cual inclusive se admite en la formalización del recurso, en la cual protesta el acatamiento de la entidad demandada a lo establecido en las leyes internas del país, sin embargo nunca podrá aplicarse ninguna disposición que implique la disminución, restricción o tergiversación de los derechos y garantías que la Constitución de la República y los Tratados Internaciones reconoce de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 64 Constitucional. CONSIDERANDO (11): Que el Derecho al Trabajo es un Derecho Humano fundamental reconocido, respetado, garantizando su libre ejercicio tanto en la Constitución de la República como en los Tratados Internacionales; en consecuencia debe darse cumplimiento al artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas del año 2004 en relación a la excepción de la inmunidad de jurisdicción, específicamente en lo que se relaciona sobre los contratos de trabajo: “los contratos de trabajo entre un Estado y una persona natural respecto a un trabajo ejecutado o que haya de ejecutarse total o parcialmente es el territorio de otro estado, cuyos tribunales conozcan del asunto”,. CONSIDERANDO (12): Que el “Artículo 23 del Decreto Ejecutivo referido al Gerente General y demás funcionarios de COCESNA se obligan a respetar a las Autoridades Nacionales y a obedecer las Leyes de la República desde su ingreso al territorio nacional y tendrán derecho a ser protegidos por ellas. Por otra parte, la jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del Contrato de Trabajo, esto aunado al artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas del año 2004 en relación a la excepción de la inmunidad de jurisdicción, mismo que se desarrolló en el considerando anterior. En tal sentido se concluye que la jurisdicción laboral es competente para conocer de la demandas ordinaria laborales promovidas por Dilcia Belinda Barrientos y Liliana Yaneth Mantilla Pérez para el reintegro al trabajo en virtud de un despido directo e injustificado y demás conceptos laborales, tomando en cuenta que el artículo 18 del mismo Decreto Ejecutivo invocado por COCESNA, reconoce el pago de prestaciones e indemnizaciones a sus empleados y a cualquier miembro de su personal, por tanto, el reconocimiento expreso de los derechos laborales del trabajador, somete al empleador a cumplir su compromiso bajo la jurisdicción de la materia. CONSIDERANDO (13): Que, de acuerdo con la regla universal de lógica jurídica, las excepciones, así como las inmunidades, deben de ser expresas y taxativas y están sujetas a la interpretación restrictiva; consecuentemente, en la Convención de Viena Sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, se consagra únicamente la inmunidad en materia penal, sin excepción alguna, y frente a la jurisdicción civil y administrativa con algunas excepciones; de allí que si la precitada Convención hubiese querido conceder inmunidad en relación con la jurisdicción laboral o del trabajo, así lo hubiere consagrado expresamente en la Convención, de tal manera que no pudo ignorarse, pues el derecho laboral, obrero o del trabajo es una rama autónoma desde fines del siglo pasado. Por otro lado, el trabajo es un derecho de carácter fundamental, así lo dispone nuestra Carta Magna en su artículo 127 y como tal, debe interpretarse de conformidad a los tratados internacionales sobre derechos humanos, por tanto no resulta apropiado desconocer los derechos y prerrogativas de los trabajadores con grave menoscabo en su condición humana, es así que de admitir la referida inmunidad absoluta, sería negar el derecho de acceso a la justicia -es decir- frena que sea admitido un reclamo judicial, de tal manera que el demandante quedaría en una situación de desigualdad y desventaja al no obtener una respuesta eficaz en caso de demandas, derecho reconocido en tratados internacionales y de los que Honduras es signataria, procede entonces la aplicación normativa acorde con el ordenamiento legal interno. Cabe señalar, que este Alto Tribunal de Justicia se ha pronunciado en bastas resoluciones en cuanto a la competencia de los Juzgados del Trabajo para conocer las demandas laborales contra COCESNA, señalando en sus fallos “Que los Estatutos de la Corporación Centroamericana de Navegación (COCESNA), establecen que el personal de la Corporación estará regido por el Código de servicios, por el reglamento Interno de Trabajo y por las leyes laborales del lugar donde presten sus servicios”. CONSIDERANDO (14): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Un fallo no puede permanecer como simple certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio al debido proceso en toda persona. Por todo lo anteriormente expresado, la Sala observa que durante la secuela del proceso no se han menoscabado las garantías invocadas, el fallo recurrido está dictado conforme a derecho y reúne todos los requisitos, exigencias y solemnidades enmarcadas en ley. CONSIDERANDO (15): Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo “la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. CONSIDERANDO (16): Que la línea jurisprudencial de la Sala en cuanto al tema de inmunidad jurisdiccional alegado por COCESNA en todos los procesos laborales, ha quedado delimitado en sendas resoluciones, que las controversias que se originen en el Contrato de Trabajo entre la Corporación y sus trabajadores en donde un nacional esté involucrado, quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo, por el deber constitucional de garantizar los derechos laborales de los trabajadores, mismos que también se encuentran garantizados en instrumentos internacionales, con lo cual se remacha que no se ha vulnerado a la recurrente (COCESNA) las garantías constitucionales invocadas en el caso en comento; que las decisiones adoptadas por el A-Quo y la Alzada están ajustadas a estricto derecho en aplicación de las normas pertinentes tanto del ámbito nacional como de carácter internacional contenidas en los tratados, convenios, declaraciones universales, convenciones y sus protocolos, concluyendo que la pretensión de las demandantes está regida y protegida por la normativa aplicada, como ha quedado expresado en el presente fallo. CONSIDERANDO (17): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, aplicando los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63; 11 de la Convención de las Naciones Unidas del año 2004 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO, el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Oscar Raúl Matute Cruz, a favor de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), contra la Resolución de fecha cinco de mayo del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con la certificación y notificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia.- Redactó el magistrado, VALLECILLO PAREDES.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de enero de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0698-2021.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.