Sentencia AL-695-19 — Registro 17333
Resumen
Acto recurrido contra la sentencia que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras que declara con lugar la excepción dilatoria de falta de personalidad o representación legal del demandado; con relación a la demanda ordinaria laboral promovida para el pago de prestaciones laborales, derechos adquiridos y salarios caídos.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que, sin embargo, para esta Sala de lo Constitucional, oído el parecer del Ministerio Público y las alegaciones del recurrente, concluye que la sentencia recurrida en amparo se encuentra ajustada a derecho constitucional y, en especial, a los derechos, formalidades y garantías intrínsecos al debido proceso; al observarse por el órgano jurisdiccional competente, con precisión y claridad, una correcta valoración probatoria y argumentación jurídica, al desestimar la excepción dilatoria de falta de personalidad, o representación legal, interpuesta por el demandado; en forma congruente a lo alegado y probado en el curso del proceso laboral que se conoce en amparo..." …" Que, como intérprete último y definitivo de, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus resoluciones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Pactos y Convenciones suscritas en materia de derechos humanos. Lo anterior, en observancia y con fundamentación del principio de legalidad constitucional, sin el cual no puede haber lugar a la justicia y a la seguridad jurídica como valores axiales del ordenamiento jurídico democrático, republicano y representativo..." …" Que, cabe recalcar, vistos los antecedentes de la causa, que la extensión del principio pro persona a situaciones jurídicas en que intervienen personas jurídicas o morales, no es genérica, incondicional o absoluta; sino que opera como expresa salvedad a la regla de juicio dictada consultivamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en la Opinión Consultiva No. 22/16 de 26 de febrero de 2016, solicitada por la República de Panamá; en la cual, por unanimidad de votos de sus miembros, establece lo siguiente: “(…), que 2. El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado, en los términos establecidos en los párrafos 37 a 70 de esta Opinión Consultiva.” …" …" Que, finalmente, tiene a la vista esta Sala de lo Constitucional, que la finalidad primordial del Bloque de Constitucionalidad, puede fijarse en: “… lograr la adecuada compatibilidad y cohesión para asegurar la satisfacción máxima de los derechos fundamentales, esto es, salvaguardar ante todo el principio “pro persona” (…)”; lo cual tiene inmediato cumplimiento, sin perjuicio al derecho al debido proceso que asiste a la representación procesal de las partes constituidas en el proceso, en la resolución de apelaciones que es impugnada en amparo; por lo cual se procede a desestimar la presente acción constitucional..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…" Que, sin embargo, para esta Sala de lo Constitucional, oído el parecer del Ministerio Público y las alegaciones del recurrente, concluye que la sentencia recurrida en amparo se encuentra ajustada a derecho constitucional y, en especial, a los derechos, formalidades y garantías intrínsecos al debido proceso; al observarse por el órgano jurisdiccional competente, con precisión y claridad, una correcta valoración probatoria y argumentación jurídica, al desestimar la excepción dilatoria de falta de personalidad, o representación legal, interpuesta por el demandado; en forma congruente a lo alegado y probado en el curso del proceso laboral que se conoce en amparo..." …" Que, como intérprete último y definitivo de, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus resoluciones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Pactos y Convenciones suscritas en materia de derechos humanos. Lo anterior, en observancia y con fundamentación del principio de legalidad constitucional, sin el cual no puede haber lugar a la justicia y a la seguridad jurídica como valores axiales del ordenamiento jurídico democrático, republicano y representativo..." …" Que, cabe recalcar, vistos los antecedentes de la causa, que la extensión del principio pro persona a situaciones jurídicas en que intervienen personas jurídicas o morales, no es genérica, incondicional o absoluta; sino que opera como expresa salvedad a la regla de juicio dictada consultivamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en la Opinión Consultiva No. 22/16 de 26 de febrero de 2016, solicitada por la República de Panamá; en la cual, por unanimidad de votos de sus miembros, establece lo siguiente: “(…), que 2. El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado, en los términos establecidos en los párrafos 37 a 70 de esta Opinión Consultiva.” …" …" Que, finalmente, tiene a la vista esta Sala de lo Constitucional, que la finalidad primordial del Bloque de Constitucionalidad, puede fijarse en: “… lograr la adecuada compatibilidad y cohesión para asegurar la satisfacción máxima de los derechos fundamentales, esto es, salvaguardar ante todo el principio “pro persona” (…)”; lo cual tiene inmediato cumplimiento, sin perjuicio al derecho al debido proceso que asiste a la representación procesal de las partes constituidas en el proceso, en la resolución de apelaciones que es impugnada en amparo; por lo cual se procede a desestimar la presente acción constitucional..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de mayo del año dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Geovany Francisco García Rivera, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de junio de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial Danlí, departamento de El Paraíso, en fecha catorce de febrero de dos mil diecinueve, con relación a la “DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS, SALARIOS CAÍDOS…” promovida por el Abogado Douglas René Ávila Rodríguez, en su condición de apoderado legal de la señora Doris Suyapa López, en contra del Centro de Salud de la Aldea Las Ánimas, por medio de su representante legal la señora Elsa Barahona, en su condición de Presidenta del Comité de Salud que dirige y administra y contra la Secretaría de Salud del Estado de Honduras, mediante la región sanitaria No. 7 de Danlí, Departamento de El Paraíso, que es representada por la Doctora Indiana Argeñal. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82, 90 y 228 de de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, el Abogado Douglas René Ávila Rodriguez, en su condición de representante legal de la señora Doris Suyapa López, promoviendo “DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS, SALARIOS CAÍDOS…” en contra del Centro de Salud de la Aldea Las Ánimas, por medio de su representante legal la señora Elsa Barahona, en su condición de Presidenta del Comité de Salud que dirige y administra y contra la Secretaría de Salud del Estado de Honduras, mediante la región sanitaria No. 7 de Danlí, Departamento de El Paraíso, que es representada por la Doctora Indiana Argeñal.(Folios 5-6 del expediente del A-quo)2) En fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, compareció la señora Indiana Aracely Argeñal Laínez, ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, presentando escrito de contestación a la demanda incoada, interponiendo en el mismo acto, la excepción dilatoria de falta de personalidad o representación legal del demandado. (Folios 17-19 del expediente del A-quo) 3) En fecha catorce de febrero de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, dictó auto interlocutorio mediante el cual falló: “…PRIMERO: Declarando CON LUGAR la Excepción de DILATORIA DE FALTA DE PERSONALIDAD O REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA DEMANDADA interpuesta ante este despacho de Justicia por el Abogado GEOVANY FRANCISCO GARCIA RIVERA en su condición de Procurador y representación de la SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE HONDURAS mediante la Región Sanitaria No. 7 de Danlí, Departamento de Paraíso, representada legalmente por la Doctora INDIANA ARACELY ARGEÑAL LAINEZ.-SEGUNDO (2): Que si el Representante Procesal de la parte demandante no interpone recurso alguno, contra el presente auto y una vez firme el mismo, que se continúe la demanda contra la señora ELSA BARAHONA en su condición de Presidenta del Centro del Centro de Salud de la Aldea de las Ánimas, Departamento de El Paraíso.- TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.-Y MANDA: A partir de esta fecha quedan notificados en estrados de este auto interlocutorio los apoderados de ambas partes. Que el interesado podrá interponer en este acto el recurso de reposición y apelación subsidiaria, para ante la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, caso contrario la presente resolución adquirirá firmeza…” (Folio 53-55 vuelto del expediente del A-quo) 4) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Douglas René Ávila Rodriguez, en su condición de apoderado legal de la parte demandante, contra la sentencia que se ha dejado relacionado en el numeral que antecede, la Corte Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de junio de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: “…1)REVOCANDO el auto interlocutorio de fecha catorce de febrero del año dos mil dieciocho que corre a folios 53 al 55 frente y vuelto de primera pieza de autos.-2) SIN COSTAS en esta instancia.-….” (Folios 10-13 del expediente del A-Quem) 5) Que, el Abogado Geovany Francisco García Rivera, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, reclamando amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la sentencia dictada por el Ad-Quem, relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 228 de de la República. 6) Que esta Sala, en fecha veintidós de julio de dos mil veintidós, se tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el Abogado Geovany Francisco García Rivera, en consecuencia, se dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando la vista de las diligencias al fiscal para que emitiera su dictamen. (Folio 41 del recurso) 7) En fecha dos de septiembre de dos mil veintidós, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, del que se desprende apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Del estudio de las diligencias se colige, que el objeto de controversia recae en la inadmisión del defecto procesal antes expuesto, es decir el pronunciamiento del debate está vinculado a la relación jurídica de la demandante y la demandada, respecto a lo cual se aprecia de la foliada que la demanda de mérito fue incoada contra la Secretaría de Salud del Estado de Honduras, mediante la región sanitaria No. 7 de Danlí, Departamento de El Paraíso, que es representada por la Dra. INDIANA ARGEÑAL, quien en la contestación de la demanda acepta que la demandante laboraba para el centro de salud de la aldea las Ánimas, Danlí El Paraíso, al señalar la demandante DORIS SUYAPA LOPEZ reconoce plenamente que sus pagos eran realizados por la señora MARTINA MURILLO (Q.D.D.G), quien fungía como presidenta del Comité de Salud de la Aldea las Ánimas, lógicamente con los fondos que se recibe como Comité de Salud, obtenidos de las actividades que realizan en beneficio de la comunidad de la Aldea, pero eso no constituye una relación de trabajo como lo pretende hacer creer la demandante. De todo ello se extrae que la demandada sí ostenta la capacidad para comparecer en juicio, pues la demanda está dirigida en contra del Centro de Salud las Ánimas y la Región Sanitaria número 7, de la cual funge como Jefe Regional la Dra. Indiana Argeñal; ahora bien, si bien es cierto, se aduce que la demandante no laboraba para dicho centro de salud, ya que era cancelada por otros fondos y no aparece en las planillas de dicho centro sanitario, no menos cierto es, que la demandante prestaba sus servicios para el referido Centro de Salud, porque será durante el desarrollo del proceso que se determine si existe o no los elementos necesarios para considerar una relación laboral entre la demandante y demandada, cuyas pretensiones deben ser objeto de prueba, por lo que la cuestión de controversia deberá ser despejada con más claridad en la secuela del fondo del proceso, según lo regulado en Artículo 665 del Código del Trabajo que señala: "La jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo". De lo expuesto esta Representación Fiscal estima que el fallo sub-examine fue resuelto de conformidad a la Ley, en observancia con lo dispuesto en el artículo 304 del texto Constitucional, que dice: "Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado." Por lo que se aprecia que la sentencia de mérito ha sido debidamente motivada y dictada de conformidad a derecho, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada es un elemento esencial del debido proceso apreciándose que el fallo impugnado es razonable, congruente y justo. Del análisis anterior el Ministerio Público puede determinar que en el presente caso de autos no se han violentado las garantías Constitucionales a las que el recurrente hace referencia en su petición de Amparo. IV. CONCLUSION: Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que NO SE OTORGUE el presente Recurso de Amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista.” (Folios 44-50 del recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en garantía de amparo la sentencia proferida en fecha diecisiete de junio de dos mil diecinueve por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán; fallo dictado de modo revocatorio contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial Danlí, departamento de El Paraíso, en fecha catorce de febrero de dos mil diecinueve, con relación a la “DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS, SALARIOS CAÍDOS…”, promovida por el Abogado Douglas René Ávila Rodríguez, en su condición de apoderado legal de la señora Doris Suyapa López, en contra del Centro de Salud de la Aldea Las Ánimas, por medio de su representante legal la señora Elsa Barahona, en su condición de Presidenta del Comité de Salud que dirige y administra, y contra la Secretaría de Salud del Estado de Honduras, mediante la Región Sanitaria No. 7 de Danlí, departamento de El Paraíso, representada por la Doctora Indiana Argeñal. Argumenta la sentencia bajo estudio, que, contrario a lo motivado por la sentencia de instancia recurrida, no existe mérito para declarar con lugar la Excepción de Falta de Personalidad en la parte Demandada, lo cual se explica en el subsiguiente Considerando. CONSIDERANDO (4): Que, la resolución de Alzada, fundamenta su proveído en razonar los factores que fijan la suficiencia para ostentar la representación procesal, según normativizados en los artículos 134, 135, 303 y 304 de la Constitución de la República; artículos 664, 665, 666, letra b), 672, 699, párrafo segundo, 714, 763 y 858 del Código de Trabajo, y; artículos 22, 206, 207, 208, 211, 706 numeral 2) y 707 del Código Procesal Civil. Explicitándose la motivación del fallo, de la siguiente forma; 1. Que la controversia que plantea la parte demandada radica en la falta de personalidad o representación legal, al considerar que la parte demandante no trabajó para esa entidad del Estado (Centro de Salud de Las Ánimas, departamento de El Paraíso). Pero eso es precisamente lo que debe probar durante el desarrollo del proceso, a efecto derivar jurisdiccionalmente, si a la demandante le corresponden, o no, los derechos que reclama por haber trabajado en dicho Centro de Salud, beneficiando no sólo a su centro de trabajo, sino que, a toda el área de salud, independientemente quien le cancelará su salario. 2. Que tal probanza deberá realizarse dentro del proceso incoado, por ostentar la parte demandada excepcionante (Región Sanitaria número 7, dependencia del Ministerio de Salud), la suficiente representación para la secuela del juicio, aportando las pruebas que considere oportunas para contestar la pretensión actora; habida cuenta que nuestro Código de Trabajo regula además el tema de la solidaridad en materia de trabajo, situaciones que ameritan ser comprobadas. En adición a lo anterior, conforme el artículo 714 del Código de Trabajo, el demandante no está obligado a presentar con la demanda prueba de la existencia de la persona jurídica contra la cual va dirigida, ni la calidad de su representante; bastará con designarlos. A menos que se debata en el juicio, como cuestión central, ese punto, el cual quedará aclarado cuando la persona jurídica conteste la demanda, acreditando su existencia y la calidad de su representante, lo cual ocurrió en el caso de autos; considerándose que no basta negar los hechos de la demanda, para estimar la excepción planteada. – Por todo lo cual, se procedió a la estimatoria del recurso de apelación, y, por consiguiente, a la revocatoria del auto interlocutorio recurrido. CONSIDERANDO (5): Que en formalización de la presente acción constitucional de amparo ha manifestado el Abogado Geovany Francisco García Rivera, que tal resolución vulnera los derechos y garantías constitucionales del Estado de Honduras, sitos en los artículos 82, 90 y 228 de de la República; en vista haberse obviado el derecho a la defensa y al debido proceso de su representación procesal, por parte de la Alzada; al pretender desconocerse la procedencia de la excepción por falta de personalidad o representación legal del Demandando, como equivocadamente y contra legem ha proferido la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, revocando el fallo, dictado por la instancia ordinaria; al proceder la parte actora a demandar a la Doctora Indiana Aracely Argeñal Laínez, en su condición de Directora de la Región Sanitaria No. 7 de la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso; siendo lo correcto al Procurador General de la República, en virtud de ser el Representante Legal del Estado de Honduras, al tenor expreso de lo preceptuado en el artículo 228 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (6): Que sigue manifestando el amparista, que, recurre también contra el error advertido en el plan de la demanda, en cuanto a la inexistencia de defecto procesal, al haberse formulado reclamo laboral en contra del Estado de Honduras, por parte de la representación procesal de la parte demandante; se interpuso la excepción dilatoria de falta de personalidad o representación legal del demandado; lo cual fue desestimado incorrectamente por la Corte de Apelaciones recurrida, pese a no haberse acreditado que la doctora Indiana Aracely Argeñal Laínez, en su condición de Directora de la Región Sanitaria No. 7 de la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso, contrató a la persona demandante; razón por la cual la Secretaria de Salud no le ha hecho pago alguno a la señora Doris Suyapa López, quien no es empleada de la institución. Por todo lo cual solicita se dicte sentencia definitiva otorgando el presente recurso de amparo, por existir en la resolución contra la cual se recurre, violación de los derechos de la entidad estatal recurrente. CONSIDERANDO (7): Que, la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán y de la cual se ha hecho relación, hace mención argumentativa de la consideración jurídica que le ameritaría la probanza y conocimiento judicial de la existencia de un vínculo o relación laboral inter partes, fundamentándose en los artículos 664, 665, 666, letra b), 672, 699, párrafo segundo, 714, 763 y 858 del Código de Trabajo; así como respecto al concepto de intermediación y solidaridad que prescribe el artículo 7 del mismo Código, debidamente probado que fuere el caso. Se observa también por esta Sala, que se le dio fundada respuesta a la argumentación promovida por el incidentista, a la vez que contesta la demanda; quien interpuso la excepción dilatoria de falta de personalidad o representación legal del demandado, no con fundamento en el artículo 228 de la Constitución de la República, el cual confiere a la Procuraduría General de la República la representación legal del Estado - como se ha expresado enfáticamente en formalización de la acción constitucional -, sino que por no ser su representada el empleador contra quien la demandante debió formular su demanda: “… o se deje para resolverla en audiencia de juzgamiento, sobre el supuesto pago de prestaciones laborales, derechos adquiridos y reajuste al salario mínimo, excepción que interpondré en el contexto y desarrollo del líbelo”. CONSIDERANDO (8): Que la Sala de lo Constitucional no observa en la argumentación del Tribunal Ad Quem, quebrantamiento al derecho constitucional invocado por el amparista, apreciándose una correcta valoración probatoria y argumentación jurídica en su fallo desestimatorio de la excepción dilatoria de falta de personalidad, o representación legal del demandado; la cual se desarrolla y explicita en forma congruente a lo alegado y probado en el curso del proceso laboral que se conoce en amparo, sin desconocer la respuesta motivada y fundada que amerita la contestación de la demanda por la Secretaria de Estado concernida. Atiende también, el continente del fallo, a motivar el reclamo formulado por la parte demandante, en cuanto a que se reconozca la existencia de un dispositivo legal contenido en el Código del Trabajo para caracterizar la relación laboral y, por ende, la existencia real y material del contrato individual de trabajo; interpretación compatible con el principio de legalidad y con la optimización que ameritan las garantías sociales la Constitución de la República y los convenios internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado de Honduras; lo cual no infringe de modo alguno el debido proceso del amparista, en su más amplio concepto, al conciliarse el ejercicio de tales derechos, de manera no incompatible con el derecho de los demás, en particular y, en general, con el orden público y social. CONSIDERANDO (9): Que, para la Sala de lo Constitucional, lo anteriormente relacionado enmarcan derechos vigentes y principios operativos y directamente aplicables en el ordenamiento jurídico hondureño, los cuales se caracterizarían por orientar la aplicación e interpretación del derecho positivo a la luz de los derechos económicos, sociales y culturales; recordando aquí que el derecho laboral no solo es un derecho regulador sino también un derecho tutelar, como acertadamente refiere Néstor del Buen L. en la parte general de su obra Derecho del Trabajo. CONSIDERANDO (10): Que, conforme a lo establecido en el Código de Trabajo, existe preeminencia de las normas laborales y de previsión social, al prescribir: “Art. 8°. En caso de conflicto entre las leyes de trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole, deben de predominar las primeras. - No hay preeminencia entre las leyes de previsión social y las de trabajo”. CONSIDERANDO (11): Que, sigue sosteniendo el amparista, Abogado Geovany Francisco García Rivera, en el recurso constitucional impetrado a favor del Estado de Honduras, que la Corte Ad Quem contravino el debido proceso, mediante la indebida aplicación de la normativa procesal preindicada; por lo cual comparece ante la Sala solicitando se otorgue la presente garantía constitucional de amparo, para restituir al recurrente el debido proceso, según reconocido en el artículo 90 párrafo primero, de la Constitución de la República; infracción jurisdiccional que juzga inconsistente con el principio de legalidad, el cual postula como infringido por la resolución contra la cual solicita amparo. CONSIDERANDO (12): Que, sin embargo, para esta Sala de lo Constitucional, oído el parecer del Ministerio Público y las alegaciones del recurrente, concluye que la sentencia recurrida en amparo se encuentra ajustada a derecho constitucional y, en especial, a los derechos, formalidades y garantías intrínsecos al debido proceso; al observarse por el órgano jurisdiccional competente, con precisión y claridad, una correcta valoración probatoria y argumentación jurídica, al desestimar la excepción dilatoria de falta de personalidad, o representación legal, interpuesta por el demandado; en forma congruente a lo alegado y probado en el curso del proceso laboral que se conoce en amparo. CONSIDERANDO (13): Que, como intérprete último y definitivo de de , esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus resoluciones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Pactos y Convenciones suscritas en materia de derechos humanos. Lo anterior, en observancia y con fundamentación del principio de legalidad constitucional, sin el cual no puede haber lugar a la justicia y a la seguridad jurídica como valores axiales del ordenamiento jurídico democrático, republicano y representativo. CONSIDERANDO (14): Que, cabe recalcar, vistos los antecedentes de la causa, que la extensión del principio pro persona a situaciones jurídicas en que intervienen personas jurídicas o morales, no es genérica, incondicional o absoluta; sino que opera como expresa salvedad a la regla de juicio dictada consultivamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en la Opinión Consultiva No. 22/16 de 26 de febrero de 2016, solicitada por la República de Panamá; en la cual, por unanimidad de votos de sus miembros, establece lo siguiente: “(…), que 2. El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado, en los términos establecidos en los párrafos 37 a 70 de esta Opinión Consultiva.” CONSIDERANDO (15): Que, finalmente, tiene a la vista esta Sala de lo Constitucional, que la finalidad primordial del Bloque de Constitucionalidad, puede fijarse en: “… lograr la adecuada compatibilidad y cohesión para asegurar la satisfacción máxima de los derechos fundamentales, esto es, salvaguardar ante todo el principio “pro persona” (…)”; lo cual tiene inmediato cumplimiento, sin perjuicio al derecho al debido proceso que asiste a la representación procesal de las partes constituidas en el proceso, en la resolución de apelaciones que es impugnada en amparo; por lo cual se procede a desestimar la presente acción constitucional. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 64, 80, 82, 90, 128, 134, 142, 145, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de de ; 1 y 78 No. 5 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-695-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL