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Sentencia AL-646-21 — Registro 17040

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que resolvió la reposición contra la resolución relacionada al recurso de apelación en la demanda Laboral Ordinaria. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada garantía constitucionales.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (4): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-Quem, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 80 y 82 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas se deduce que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió declarar inadmisible a trámite el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de fecha veintitrés de abril del dos mil veintiuno que declara infundado e inadmisible a trámite el incidente de nulidad promovido por el abogado Arturo Isau Moya Munguía, contra la resolución de fecha veintidós de abril del dos mil veintiuno que declara desierto el recurso de apelación interpuesto por el abogado Arturo Isau Moya Munguía, apoderado legal de la parte demandada en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el señor Iván Orlando Castellanos Montoya… CONSIDERANDO (7): Que como lo ha expresado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; uno de esos derechos es la motivación de las sentencias y resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales… CONSIDERANDO (9): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece… CONSIDERANDO (12): Que el artículo 741 del Código de Trabajo, dispone: “El recurso de reposición procederá contra los autos interlocutorios, se interpondrá dentro de los dos (2) días siguientes a su notificación cuando se hiciere por avisos fijados en la tabla, y se decidirá a más tardar tres (3) días después. Si se interpusiere en audiencia, deberá decidirse oralmente en la misma, para lo cual podrá el Juez decretar un receso de media (1/2) hora. Ahora bien, supletoriamente el artículo 694 del Código Procesal Civil en relación a la procedencia del recurso de reposición, dispone: 1. La reposición procede contra todas las providencias y los autos no definitivos a fin de que el mismo tribunal que los dicto pueda proceder a su reconsideración. 2. En el recurso se expresará, en todos los casos, la infracción legal que contiene la resolución impugnada, debiéndose exponer una sucinta explicación de las razones del recurrente.”; así el artículo 695 del mismo Código Procesal Civil, reza: “Salvo que la resolución impugnada fuera dictada de forma oral en una audiencia, el recurso se interpondrá por escrito dentro del plazo de tres (3) días. Si fuese manifiestamente inadmisible, por no cumplir los requisitos de procedencia y fundamentación, el tribunal lo rechazará sin ningún otro trámite.”. (Lo subrayado y negrito es nuestro).CONSIDERANDO (13): En el caso sub-judice se evidencia que el Abogado Arturo Isau Moya Munguía, se notificó personalmente de la resolución dictada por el Tribunal de Alzada en fecha veintitrés de abril del año dos mil veintiuno, notificación efectuada en fecha treinta del mes de abril del año dos mil veintiuno, en la cual en su parte final manifiesta “…quien entendido y no conforme interpongo recurso de reposición contra la resolución a comparecencia de veintitrés de abril.” (ver folio 12 vuelto de la pieza de Apelación); en ese orden de ideas, en fecha tres de mayo del dos mil veintiuno, el Tribunal de Alzada resuelve DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado Arturo Isau Moya Munguía, resolución que tiene como fundamento que el recurso no expresa las razones, motivos y argumentos en el recurso interpuesto en la notificación ya señalada, (ver folió 13 pieza de apelación); posteriormente en fecha cuatro de mayo del mismo año, el Abogado Arturo Isau Moya Munguía, presenta nuevamente recurso de reposición a la misma resolución dictada por el Tribunal de Alzada en fecha veintitrés de abril del dos mil veintiuno (ver folió 14 al 26 pieza de apelación). Este recurso es resuelto por el Tribunal de Alzada en fecha seis de mayo del dos mil veintiuno, es declarado INADMISIBLE A TRAMITE el recurso de reposición interpuesto por el Abogado Arturo Isau Moya Munguía, con fundamento en el artículo 741 del Código del Trabajo, en razón de que ya había presentado recurso de reposición, el cual fue resuelto oportunamente. En ese orden de ideas, advierte esta Sala, tal como lo dispone el artículo 741 del Código del Trabajo en relación con los artículos 694 y 695 del Código Procesal Penal, citados líneas arriba, el recurrente devenía en la obligación de motivar su recurso de reposición y exponer el agravio que le causaba dicha resolución, citando los fundamentos de hecho y de derecho que a su criterio deben ser corregidos en la resolución impugnada. Así las cosas y en aplicación a las normas citadas, el Tribunal de Alzada procede a inadmitir a trámite el recurso de reposición por no reunir los requisitos de procedencia y fundamentación tal como lo señala el artículo 695 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (14): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha dado respuesta motivada y fundamentada por el Tribunal de Alzada, todo ello en respeto el debido proceso, al realizarse una debida motivación que soporta la decisión adoptada por el Ad-Quem, al declarar INADMISIBLE A TRAMITE el recurso de reposición interpuesto por la parte demandada y apelante. Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho de petición y derecho de defensa, trasgresiones que no se observan, ya que fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de exteriorizar sus argumentaciones fácticas y jurídicas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido a cada una de sus pretensiones, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (15): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 741 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION.

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de septiembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE FRANCISCO PEREZ BURGOS, a favor de la Sociedad Mercantil EMPRESA DE ENERGIA HONDURAS, S.A. DE C.V. contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha seis de mayo del año dos mil veintiuno, que resolvió una reposición contra una resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida relacionada al recurso de apelación presentado contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba Departamento de Atlántida, en fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en relación a la demanda Laboral Ordinaria promovida por el señor IVAN ORLANDO CASTELLANOS MONTOYA, contra la Sociedad Mercantil EMPRESA DE ENERGIA HONDURAS, S.A. DE C.V. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 80 y 82 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cinco de agosto del año dos mil diecinueve, el señor IVAN ORLANDO CASTELLANOS MONTOYA, actuando en su condición personal, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, interponiendo demanda laboral contra la Sociedad Mercantil EMPRESA DE ENERGIA HONDURAS, S.A. DE C.V. por medio de su representante legal el señor GERMAN GARCIA VALENZUELA, en su condición Gerente General de la citada empresa; a efecto de que pruebe justa causa de despido o en su defecto sea condenada a pagar al demandante las prestaciones laborales por despido injustificado y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir hasta la fecha de su despido y la sentencia condenatoria quede firme. (Folios 01 y 03 de la primera pieza de los antecedentes) 2) Que, seguido el procedimiento, el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en Audiencia de Juzgamiento celebrada en fecha diecinueve de marzo del año dos mil veintiuno, dictó sentencia en la cual Falló: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor IVAN ORLANDO CASTELLANOS MONTOYA, … contra la entidad mercantil EMPRESA DE ENERGÍA HONDURAS, S.A. DE C.V., por medio del señor GERMAN GARCIA VALENZUELA, en su condición de Gerente General,… SEGUNDO: En consecuencia CONDENA a la entidad mercantil EMPRESA DE ENERGÍA HONDURAS, S.A. DE C.V., por medio del señor GERMAN GARCIA VALENZUELA, en su condición de Gerente General, a PAGARLE al señor IVAN ORLANDO CASTELLANOS la cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 135,468.56) por los conceptos que se desglosan de la manera siguiente: A) Preaviso; 60 días TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L.39,112.20).- B) Auxilio de Cesantía: 60 días TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L.39,112.20) C) Auxilio de Cesantía Proporcional: 21.83 días CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (sic) (L.14,054.77).- D) Vacaciones Proporcionales: 10.96 días CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (L.5,920.87).- E) Décimo Tercer mes Proporcional: CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS sic (L.4,973.55).- F) Décimo Cuarto mes Proporcional: ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (L.11,925.37).- G) Reserva Laboral: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.18,650.49).- H) Bono Educativo: MIL SETECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L.1,719.11).- Más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, desde la fecha en que se produjo el despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas legales correspondientes quede firme la sentencia respectiva.- TERCERO: SIN COSTAS por tener la parte vencida en juicio, motivos racionales para litigar.- Y MANDA: …” (Folios 209 al 215 de la primera pieza de antecedentes)3) Que conociendo de un recurso de apelación presentada por el Abogado ARTURO ISAU MOYA MUNGUÍA, contra la resolución de la que se hace relación en el numeral anterior, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida dictó resolución en fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno, en la cual resolvió: “Primero: Tener por precluido en momento procesal para que la parte apelante presente sus alegaciones. Segundo: Se declara DESIERTO el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado ARTURO ISAU MOYA MUNGUIA, Apoderado Legal de la parte demandada contra la Resolución de fecha Diecinueve de Marzo del año dos mil Veintiuno, dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida.…” (Folio 4 de la pieza de Apelación) 4) Que en fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Abogado ARTURO ISAU MOYA MUNGUÍA, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, solicitando la nulidad de la resolución de fecha veintidós de abril del dos mil veintiuno. En consecuencia, en esa misma fecha, la citada Corte de Apelaciones resolvió: “…En conclusión, a los señalamientos antes explicados, este Tribunal estima tener por infundado e inadmisible a trámite el incidente de nulidad promovido por el abogado Arturo Isaú Moya Munguía, quien actúa en su condición de apoderado legal de la empresa Energía Honduras, S.A de C.V. (EEH) en la demanda ordinaria laboral de primera instancia promovida por el señor Iván Orlando Castellanos Montoya. …” (Folios 5 y 6 de la pieza de Apelación)5) Que en fecha treinta de abril de dos mil veintiuno el Abogado ARTURO ISAU MOYA MUNGUÍA, interpuso recurso de reposición recurso contra la resolución de fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, de la que se hace relación en el numeral anterior. En consecuencia la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, RESOLVIÓ: “1.- DECLARAR INADMISIBLE A TRAMITE el recurso de Reposición interpuesto por el abogado ARTURO ISAU MOYA MUNGUIA, quien actúa en su condición de Apoderado Legal de la empresa denominada EMPRESA ENERGIA ELECTRICA HONDURAS (EEH), en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por don IVAN ORLANDO CASTELLANOS MONTOYA; en contra la resolución judicial de fecha 23 de abril del año 2021.-…” (Folios 144 y 145 de la pieza de apelación) 6) Que el Abogado JOSE FRANCISCO PEREZ BURGOS, compareció ante este Tribunal en fecha dieciocho de junio del año dos mil veintiuno, reclamando amparo a favor de la sociedad mercantil denominada EMPRESA ENERGIA HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, afirmando que la resolución dictada por el Ad-quem y de que se ha hecho referencia en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80 y 82 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada su acción de amparo en fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. (Folios 01 al 06 y 41 del recurso de amparo) 7) Que en fecha siete de septiembre del año dos mil veintidós, esta Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido el dictamen a través de su Fiscal, la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, quien en su apreciación jurídica y del examen de la resolución impetrada se colige, que la resolución por la cual el recurrente se viene en amparo, es la emitida por la Corte de Apelaciones de la Ceiba, Atlántida, en fecha seis de mayo del año dos mil veintiuno, que resuelve declarar inadmisible el escrito de interposición del recurso de reposición interpuesto en segunda ocasión contra la resolución de fecha veintitrés de abril del año dos mil veintiuno, tal como se observa a folio doce vuelto, en ese sentido se advierte que los argumentos plasmados en la acción de amparo resultan improcedentes, por lo cual fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo por no existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el amparista.” (Folios 44 al 52 del recurso de amparo) CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.”CONSIDERANDO (2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha seis de mayo del año dos mil veintiuno (2021), por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el señor IVAN ORLANDO CASTELLANOS MONTOYA, contra la Sociedad denominada EMPRESA ENERGIA HONDURAS S. A. DE C. V.; resolución por la cual el Tribunal Ad-Quem resolvió declarar INADMISIBLE A TRAMITE el recurso de reposición interpuesto por el abogado ARTURO ISAU MOYA MUNGUIA, quien actúa en su condición de Apoderado Legal de Sociedad denominada EMPRESA ENERGIA HONDURAS S. A. DE C. V., en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el señor IVAN ORLANDO CASTELLANOS MONTOYA; en contra de la resolución judicial de fecha veintitrés de abril del año dos mil veintiuno. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente Abogado JOSE FRANCISCO PEREZ BURGOS, muestra su disconformidad con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que la misma vulnera en perjuicio de su representada las garantías constitucionales contenidas en los artículos 80 y 82 de la Constitución de la República; arguye el impetrante que en el presente caso le fue violado el derecho de petición, porque el Ad-Quem después de celebrada la audiencia de alegaciones en fecha veintidós de abril del año dos mil veintiuno, ha negado a su representada su derecho de petición al declarar inadmisible lo solicitado, para restablecer el derecho de su representada, aun cuando ha sido plenamente acreditado con las constancias medicas presentadas que los síntomas del representante procesal de la parte demandada inician el día viernes dieciséis de abril y en fecha veintidós de abril, justamente el día en que se está celebrando la audiencia de alegaciones se está realizando una prueba de laboratorio la cual refleja la presencia del virus covid-19 misma que constituye prueba científica; asimismo en relación al derecho de defensa, arguye que su derecho se encuentra amenazado, pues quedo plenamente acreditado y aceptado por la Corte de Apelaciones la documentación que acredita que el representante procesal de la parte demandada tuvo covid-19, pero la Corte se centro en negar el derecho de defensa de su representada y no valorar las circunstancias de fuerza mayor que motivaron al abogado Arturo Moya Munguía, a la no comparecencia a la audiencia de alegaciones. Se violenta también el derecho de defensa, al no querer valorar la corte aludida el artículo 123 numeral 1 del Código Procesal Civil, como una causa legitima para no dar validez al plazo perentorio consistente en la señalización de la audiencia de alegaciones de fecha veintidós de abril del dos mil veintiuno, pues al existir una causal de fuerza mayor plenamente acreditada, consecuentemente aplica un estado de indefensión en perjuicio de su representada, establecido en el artículo 212 numeral 4 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (4): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-Quem, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 80 y 82 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas se deduce que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió declarar inadmisible a trámite el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de fecha veintitrés de abril del dos mil veintiuno que declara infundado e inadmisible a trámite el incidente de nulidad promovido por el abogado Arturo Isau Moya Munguía, contra la resolución de fecha veintidós de abril del dos mil veintiuno que declara desierto el recurso de apelación interpuesto por el abogado Arturo Isau Moya Munguía, apoderado legal de la parte demandada en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el señor Iván Orlando Castellanos Montoya.CONSIDERANDO (5): Que los derechos constitucionales que el recurrente considera vulnerados son los siguientes: Artículo 80 que dispone: “Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal.”; Artículo 82, párrafo primero, “El derecho de defensa es inviolable.”. CONSIDERANDO (6): Que los derechos constitucionales que invoca el impetrantes como vulnerados, los relaciona con la inobservancia, en la sentencia impugnada, de lo dispuesto en los artículos 22, 123 Numeral 1 y 212 Numeral 4 del Código Procesal Civil, que por su orden establecen: “El presente Código se aplicará supletoriamente cuando no existan disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contencioso-administrativo, laborales, y de otra índole procesal.”; “Los plazos previstos en este Código y los fijados por el tribunal son perentorios y, por lo tanto, improrrogables, salvo causa de fuerza mayor o caso fortuito apreciable por el Tribunal.”; “Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes: 1. …; 2. …; 3. …; 4. Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión.”. CONSIDERANDO (7): Que como lo ha expresado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; uno de esos derechos es la motivación de las sentencias y resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales.CONSIDERANDO (8): Que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Sin embargo, también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader, cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”, tal como lo ha hecho el Tribunal de Alzada en la resolución impugnada.CONSIDERANDO (9): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.CONSIDERANDO (10): Que el fallo emitido por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha seis (6) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), fue emitido por Unanimidad de Votos de sus miembros y se fundamentó básicamente en lo siguiente: (Sic) “TERCERO: De acuerdo a lo prescrito en el apartado 741 del Código del Trabajo, el recurso de reposición procederá contra los autos interlocutorios, se interpondrá dentro de los dos (2) días siguientes a su notificación cuando se hiciere por avisos fijados en la tabla, caso contrario se interpondrá en audiencia, debiendo resolverse el mismo en el acto, esperamos que entienda que la impugnación mediante reposición es un mecanismo legal empleado para el reparo de autos o resoluciones judiciales el cual contiene elementos, principios fundamentales y efectos, de tal manera que por estilo y técnica de la interposición de un recurso, cualesquiera que fuere, se debe expresar las razones, los motivos argumentados y análisis de los puntos que el razonamiento lógico permita arribar en contra posición a la resolución recurrida; por lo que al promover mediante notificación una inconformidad vía reposición debió expresar los agravios como los errores de hecho y de derecho que cree la resolución impugnada, es disparatado formular una réplica del recurso ya promovido y resuelto como si existiera una formalidad en cuanto a volver a presentar argumentos a una oposición ya resuelta; por lo tanto lo que se hace en esta resolución es una explicación a las erratas pretensiones del litigante.- CUARTO: En conclusión, a los señalamientos antes explicados este tribunal estima tener por inadmisible a trámite el recurso de reposición presentado ante este despacho judicial por el Abogado ARTURO ISAU MOYA MUNGUIA en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por don IVAN ORLANDO CASTELLANOS MONTOYA, contra la resolución de fecha 23 de abril del año 2021 dictada por esta Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, Atlántida.” CONSIDERANDO (11): Que vista la opinión del Ministerio Público, fue del parecer porque se deniegue la presente acción de amparo, ello porque, en su apreciación jurídica y del examen de la resolución impetrada se colige, que la resolución por la cual el recurrente se viene en amparo, es la emitida por la Corte de Apelaciones de la Ceiba, Atlántida, en fecha seis de mayo del año dos mil veintiuno, que resuelve declarar inadmisible el escrito de interposición del recurso de reposición interpuesto en segunda ocasión contra la resolución de fecha veintitrés de abril del año dos mil veintiuno, tal como se observa a folio doce vuelto, en ese sentido se advierte que los argumentos plasmados en la acción de amparo resultan improcedentes. CONSIDERANDO (12): Que el artículo 741 del Código de Trabajo, dispone: “El recurso de reposición procederá contra los autos interlocutorios, se interpondrá dentro de los dos (2) días siguientes a su notificación cuando se hiciere por avisos fijados en la tabla, y se decidirá a más tardar tres (3) días después. Si se interpusiere en audiencia, deberá decidirse oralmente en la misma, para lo cual podrá el Juez decretar un receso de media (1/2) hora. Ahora bien, supletoriamente el artículo 694 del Código Procesal Civil en relación a la procedencia del recurso de reposición, dispone: 1. La reposición procede contra todas las providencias y los autos no definitivos a fin de que el mismo tribunal que los dicto pueda proceder a su reconsideración. 2. En el recurso se expresará, en todos los casos, la infracción legal que contiene la resolución impugnada, debiéndose exponer una sucinta explicación de las razones del recurrente.”; así el artículo 695 del mismo Código Procesal Civil, reza: “Salvo que la resolución impugnada fuera dictada de forma oral en una audiencia, el recurso se interpondrá por escrito dentro del plazo de tres (3) días. Si fuese manifiestamente inadmisible, por no cumplir los requisitos de procedencia y fundamentación, el tribunal lo rechazará sin ningún otro trámite.”. (Lo subrayado y negrito es nuestro).CONSIDERANDO (13): En el caso sub-judice se evidencia que el Abogado Arturo Isau Moya Munguía, se notificó personalmente de la resolución dictada por el Tribunal de Alzada en fecha veintitrés de abril del año dos mil veintiuno, notificación efectuada en fecha treinta del mes de abril del año dos mil veintiuno, en la cual en su parte final manifiesta “…quien entendido y no conforme interpongo recurso de reposición contra la resolución a comparecencia de veintitrés de abril.” (ver folio 12 vuelto de la pieza de Apelación); en ese orden de ideas, en fecha tres de mayo del dos mil veintiuno, el Tribunal de Alzada resuelve DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado Arturo Isau Moya Munguía, resolución que tiene como fundamento que el recurso no expresa las razones, motivos y argumentos en el recurso interpuesto en la notificación ya señalada, (ver folió 13 pieza de apelación); posteriormente en fecha cuatro de mayo del mismo año, el Abogado Arturo Isau Moya Munguía, presenta nuevamente recurso de reposición a la misma resolución dictada por el Tribunal de Alzada en fecha veintitrés de abril del dos mil veintiuno (ver folió 14 al 26 pieza de apelación). Este recurso es resuelto por el Tribunal de Alzada en fecha seis de mayo del dos mil veintiuno, es declarado INADMISIBLE A TRAMITE el recurso de reposición interpuesto por el Abogado Arturo Isau Moya Munguía, con fundamento en el artículo 741 del Código del Trabajo, en razón de que ya había presentado recurso de reposición, el cual fue resuelto oportunamente. En ese orden de ideas, advierte esta Sala, tal como lo dispone el artículo 741 del Código del Trabajo en relación con los artículos 694 y 695 del Código Procesal Penal, citados líneas arriba, el recurrente devenía en la obligación de motivar su recurso de reposición y exponer el agravio que le causaba dicha resolución, citando los fundamentos de hecho y de derecho que a su criterio deben ser corregidos en la resolución impugnada. Así las cosas y en aplicación a las normas citadas, el Tribunal de Alzada procede a inadmitir a trámite el recurso de reposición por no reunir los requisitos de procedencia y fundamentación tal como lo señala el artículo 695 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (14): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha dado respuesta motivada y fundamentada por el Tribunal de Alzada, todo ello en respeto el debido proceso, al realizarse una debida motivación que soporta la decisión adoptada por el Ad-Quem, al declarar INADMISIBLE A TRAMITE el recurso de reposición interpuesto por la parte demandada y apelante. Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho de petición y derecho de defensa, trasgresiones que no se observan, ya que fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de exteriorizar sus argumentaciones fácticas y jurídicas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido a cada una de sus pretensiones, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (15): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 82, 90, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3, 741 del Código de Trabajo; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE FRANCISCO PEREZ BURGOS, a favor de la Sociedad mercantil EMPRESA ENERGIA HONDURAS. S.A. DE C. V., contra la sentencia interlocutoria de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veintiuno (2021), emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE. - Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (08) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023) certificación de la Sentencia de fecha siete de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO- 0646-2021. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.