Sentencia AL-619-22 — Registro 17038
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia interlocutoria que declaró sin lugar el recurso de apelación promovido por la Parte Demandante y confirmó el auto interlocutorio que rechaza la Tasación de Costas de Ejecución, solicitadas por el Representante Procesal Demandante; en relación a la Demanda Ordinaria Laboral. El otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO (13): Que analizada que ha sido la Sentencia Interlocutoria de fecha veinticinco de marzo del año dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, se aprecia que la misma ha sido dictada con inobservancia de lo establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República, relacionado con los artículos 3, 207 y 208 del Código Procesal Civil, concernientes al derecho que tienen las partes en el proceso, a obtener una resolución de fondo justa y motivada, congruente con las pretensiones, deducidas oportunamente en el pleito, lo que constituye una franca vulneración al derecho constitucional del debido proceso relacionado en el presente libelo. Estima esta Sala de lo Constitucional que el hecho de “Transcribir” argumentos emitidos por este Alto Tribunal de Justicia Constitucional en otros fallos en recursos de Amparo, sobre el mismo asunto, no constituye motivación, suficiente y congruente acorde al caso específico sometido al juzgamiento de la autoridad recurrida, debiendo en consecuencia la Alzada en su motivación, expresar los razonamientos fácticos y jurídicos del caso en concreto, que lo lleven a concluir si procede o no el pago de Costa de Ejecución a favor del recurrente en Amparo. CONSIDERANDO (14): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.CONSIDERANDO (15): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, la Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (16): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO (17): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de la normativa señalada en la presente sentencia, haga una valoración suficientemente motivada de los elementos que deben observarse, a efecto de determinar si existió o no dolo por parte del ESTADO DE HONDURAS, a efecto de dar cumplimiento al pago al que fue condenado en la sentencia de fecha veintitrés de marzo del año dos mil diecisiete, emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán. "
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de noviembre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, a favor de SÍ MISMO, contra la Sentencia Interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veintidós (2022), que declaró Sin Lugar el recurso de apelación promovido por la Parte Demandante y confirmó el auto interlocutorio dictado en fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil veinte (2020), por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que rechaza la Tasación de Costas de Ejecución, solicitadas por el Representante Procesal Demandante; en relación a la Demanda Ordinaria Laboral, promovida por los señores AMINTA AZUCENA PAGUAGA SALINAS y JOSÉ RAÚL ROVELO LAGOS, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuraduría General de la República, por actuaciones del FONDO VIAL. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado e infringido garantías y derechos contenidos en los artículos 1, 60, 64, 70 último párrafo, 80, 90, 303, 304, 305, 313 y 323 de la Constitución de la República, 1 y 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 8.1) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 14.1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 775 del Código de Trabajo; 1, 218, 742, 743 del Código Procesal Civil; 1 y 2296.1) del Código Civil; 1 y 130 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y, 1, 2, 3, 15 y 55, literal b), numeral 8 del Arancel del Profesional del Derecho. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinte de octubre del año dos mil catorce, comparecieron ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, los señores AMINTA AZUCENA PAGUAGA SALINAS y JOSÉ RAÚL ROVELO LAGOS, actuando en su condición personal, interponiendo demanda ordinaria laboral contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a efecto que se probara justa causa de despido directo o en caso contrario fuera condenada la parte demandada, al reintegro en iguales o mejores condiciones a sus puestos de trabajo y en concepto de indemnización de daños y perjuicios pagara a los demandantes los salarios dejados de percibir, contados a partir de la fecha del despido directo, hasta la fecha en que se produjese la reinstalación a sus puestos de trabajo, pago de los salarios adeudados, pago del décimo cuarto mes de salario en concepto de compensación social, pago de vacaciones causadas no gozadas y no compensadas, pago del disfrute de vacaciones, pago de aumentos de salarios otorgados por el empleador durante el tiempo que durare la separación de sus puestos de trabajo y cualquier otro beneficio inherente producido durante la secuela del juicio. (Folios del 1-4 de la pieza de antecedentes del A-quo)2) Que, seguido el procedimiento, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en Audiencia de Juzgamiento celebrada en fecha veintitrés (23) de Marzo del año dos mil diecisiete (2017), dictó sentencia mediante la cual Falló: (Sic) “I.-Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA PARA EL REINTEGRO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES. PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR CONTADOS DESDE LA FECHA DEL DESPIDO DIRECTO HASTA LA FECHA EN QUE SE PRODUZCA LA REINSTALACION, PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS, PAGO DE VACACIONES CAUSADAS Y NO GOZADAS. PAGO DE AUMENTOS DE SALARIO OTORGADOS POR EL EMPLEADOR DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA SEPARACION DE NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO; instaurada por los Señores AMINTA AZUCENA PAGUAGA SALINAS y JOSE RAUL ROVELO LAGOS; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el Señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA Procurador General de la República. II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a lo siguiente: a) Reintegrar a los señores AMINTA AZUCENA PAGUAGA SALINAS y JOSE RAUL ROVELO LAGOS a sus puestos de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenían al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia; b) Asimismo pagarle a los señores AMINTA AZUCENA PAGUAGA SALINAS y JOSE RAUL ROVELO LAGOS 30 días de salario en concepto de indemnización; vacaciones 2013-2014. Conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal oportuno corresponda; III. Declarar SIN LUGAR la demanda instaurada por los Señores AMINTA AZUCENA PAGUAGA SALINAS y JOSE RAUL ROVELO LAGOS para el pago de Décimo Cuarto Mes de Salario; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS por intermedio de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA de pagar a los Señores AMINTA AZUCENA PAGUAGA SALINAS y JOSE RAUL ROVELO LAGOS dicho concepto. IV.- SIN COSTAS en esta instancia…” (Folios del 115-122 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que en fecha catorce de febrero del año dos mil veinte, el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, actuando en su condición de representante procesal de los señores AMINTA AZUCENA PAGUAGA SALINAS y JOSÉ RAÚL ROVELO LAGOS, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, solicitando que por medio del Secretario del Despacho, se pusiera a la vista por el término establecido en la Ley, el expediente, a efecto que el representante procesal del Estado de Honduras, se pronunciaran sobre las Costas de Ejecución de Sentencia y que corresponden a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTISIETE CENTAVOS (L.245,231.27), que equivalen al Diez por Ciento (10%) de la Cantidad Ejecutada en el juicio (L. 2,452.312.74), de conformidad al Artículo 55 Literal b) numeral 8 del Arancel del Profesional del Derecho. (Folio 282fv de la pieza de antecedentes del A-quo)4) Que en fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil veinte (2020), el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, emitió resolución, mediante la cual resuelve: (Sic) “…CUARTO: La doctrina Legal establecida por la Honorable Corte Suprema de Justicia en los antecedentes registrados con números AL-399-2016; AL-85-17; AL-541-17, puntualmente señalan que “El Estado y sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que haya actuado con dolo, (entendiéndose por dolo como el incumplimiento de las obligaciones contraídas, ya sea por omisión o prestaciones, mora o en el pago y culpa en sentido amplio se entiende cualquier falta, voluntaria o no, de una parte, en este caso de la parte vencida en juicio (ESTADO DE HONDURAS), y que esta haya tenido la mala intención de producir daño y ser llevada a que se le condene en costas de ejecución), disposición que en estos términos no debe ser obviada ni desconocida su obligatoriedad, asimismo el artículo 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es vinculante en el sentido de que contra el Estado de Honduras y sus entidades no debe imponerse condena en costas de ejecución. QUINTO: Con lo anteriormente expuesto, SE RECHAZA la tasación de costas de ejecución solicitadas por el Representante Procesal demandante. Ante la doctrina legal indicada…” (Folio 284fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 5) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, contra la resolución relacionada en el numeral anterior y dictada por el A-quo, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán dictó Sentencia Interlocutoria en fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veintidós (2022), a través de la cual falló: (Sic) “1.- DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA; 2.- CONFIRMANDO el auto interlocutorio de fecha cuatro de Marzo del año dos mil veinte, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, recaído en la tasación de costas de ejecución presentada por el apoderado demandante;…” (Folios del 17-20 de la pieza de antecedentes del Ad-quem) 6) Que en fecha veinte de abril del año dos mil veintidós, el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, actuando en su condición personal, compareció ante este Tribunal de Justicia Constitucional, reclamando amparo contra la sentencia interlocutoria de fecha veinticinco de marzo del año dos mil veintidós, dictada por el Ad-quem, al estimar que la misma es violatoria e infringe garantías y derechos contenidos en los artículos 1, 60, 64, 70 último párrafo, 80, 90, 303, 304, 305, 313 y 323 de la Constitución de la República, 1 y 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 8.1) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 14.1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 775 del Código de Trabajo; 1, 218, 742, 743 del Código Procesal Civil; 1 y 2296.1) del Código Civil; 1 y 130 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y, 1, 2, 3, 15 y 55, literal b), numeral 8 del Arancel del Profesional del Derecho; admitiéndose la referida acción constitucional en fecha cinco de mayo del año dos mil veintidós. (Folios del 1-9 y 11 de los autos) 7) Que en fecha veintiocho de noviembre del año dos mil veintidós, este Alto Tribunal de Justicia Constitucional, tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo de mérito y ordenó la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el termino de cuarenta y ocho horas, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente. (Folio 33 de los autos) 8) Que en fecha veinte de febrero del año dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho y por emitido su dictamen, a través de la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, quien fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo por NO existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el amparista”. (Folios del 36 al 45 de los autos) CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la sentencia interlocutoria dictada por unanimidad de votos en fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veintidos (2022), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por los señores Aminta Azucena Paguaga Salinas y José Raúl Rovelo Lagos, en contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del FONDO VIAL, a través de la Procuraduría General de la República; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Sergio Daniel Elvir Amaya, en su condición de Representante Procesal de los señores AMINTA AZUCENA PAGUAGA SALINAS y JOSÉ RAÚL ROVELO LAGOS y confirmó el auto interlocutorio de fecha cuatro de marzo del año dos mil veinte, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que rechaza la tasación de costas de ejecución solicitadas por el Representante Procesal demandante. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, muestra su descontento con el fallo que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que el mismo vulnera en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1, 60, 64, 70 último párrafo, 80, 90, 303, 304, 305, 313 y 323 de la Constitución de la República, 1 y 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 8.1) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 14.1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 775 del Código de Trabajo; 1, 218, 742, 743 del Código Procesal Civil; 1 y 2296.1) del Código Civil; 1 y 130 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y, 1, 2, 3, 15 y 55, literal b), numeral 8 del Arancel del Profesional del Derecho; en la exposición de sus argumentos y en defensa de su tesis de vulneración de Derechos constitucionales y convencionales, el recurrente sostiene que el A-quo y el Ad-quem no pueden ampararse en el Decreto 266-2013 para dictar sus resoluciones por los siguientes motivos: I) Que todo Estado de Derecho se rige por un marco jurídico, que se determina por una jerarquía normativa; la Constitución garantiza expresamente el principio de Jerarquía Normativa, de modo que las normas de rango inferior no pueden contradecir ni vulnerar lo establecido por una norma de rango superior; II) Que el objetivo de la jerarquía normativa es categorizar las diferentes clases de normas, ubicándolas en una forma en la que fácil reconocer cual predomina sobre las demás; III) Que en nuestra legislación la jerarquía normativa se encuentra contenida en el artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública; IV) Que el Código de Trabajo, Código Procesal Civil, Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y Arancel del Profesional del Derecho, son normas vigentes, por lo tanto, se encuentran ubicadas en la jerarquía normativa de nuestro marco jurídico; V) Que la figura jurídica de la Ejecución de Sentencia, es un procedimiento judicial donde aquel que ha obtenido una sentencia a su favor, solicita al juzgado que se cumpla forzosamente el contenido de la resolución y Costas de Ejecución (condena accesoria), está contemplada de manera taxativa en el Código Procesal Civil, Código de Trabajo, Ley de la Jurisdicción de los Contenciosos Administrativo y Arancel del profesional del Derecho; VI) Que las figuras jurídicas antes mencionadas, fueron creadas por el legislador con la finalidad de darle cumplimiento a la parte resolutiva de la sentencia y en el evento que la parte no cumpliera de manera voluntaria, con lo ordenado por los juzgados competentes, la misma se materializaría por la vía de Apremio y se establecería automáticamente una penalidad y/o sanción (Pago de Costas por Ejecución de Sentencia (10%) de la cantidad ejecutada a favor del trabajador); VII) Que la normativa sobre condena en Costas por Ejecución de Sentencia, no hace ningún tipo de Excepción y/o Exoneración para su cumplimiento, es decir que no libera al Estado de esta figura jurídica, particularmente de las Costas por Ejecución de Sentencia, tal y como consta en las diferentes disposiciones; VIII) Que existen antecedentes desde hace décadas que los juzgados, cortes y Sala de lo Constitucional, han condenado en costas a los demandados, esencialmente al Estado por no cumplir en tiempo y forma desde el requerimiento de la obligación de dar con el pago de los salarios dejados de recibir, prestaciones e indemnizaciones laborales y/o reajuste salarial de los demandantes; IX) Que los Decretos emitidos por el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, son normas con fuerza y/o rango de Ley y los mismos no se encuentran contemplados de manera taxativa en el artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública; X) En la jerarquía normativa el Decreto 266-2013, de fecha dieciséis de diciembre del año 2013, tiene fuerza de Ley, por consiguiente tiene un rango inmediatamente inferior que el Código Procesal Civil, Código del Trabajo, Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y Arancel del Profesional del Derecho; XI) Que el Decreto 266-2013, no detalla y mucho menos desarrolla, la normativa sobre las Costas, sino que solamente hace alusión a una disposición (que el Estado no puede ser condenado en Costas), por lo tanto no se puede regular la figura jurídica de las Costas mediante este Decreto, particularmente lo contemplado en un solo artículo. CONSIDERANDO(4): Que conforme a los argumentos expuestos por el recurrente, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el Ad-quem, vulnera o no los derechos y garantías contenidos en los artículos 1, 60, 64, 70 último párrafo, 80, 90, 303, 304, 305, 313 y 323 de la Constitución de la República, entre ellos el derecho al debido proceso; resulta importante referir que el recurrente en amparo hace mención a diversas normas constitucionales y legales que considera han sido vulneradas con la decisión adoptada por la Corte recurrida, no obstante a ello se limita a la transcripción de todas ellas, sin especificar los alcances por los cuales considera dicha normativa ha sido infringida con la resolución recurrida en Amparo; es así que de los argumentos esgrimidos tanto en el escrito de interposición como de formalización del recurso de Amparo, se identifica como argumento fundamental el que la Corte juzgadora haya procedido a declarar sin lugar su recurso de Apelación, indicándole que no procede el pago de costas por Ejecución de Sentencia, fundamentándose en el Artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno; a criterio del recurrente tanto el A-quo como el Ad-quem no debieron fundamentar su decisión en el aludido Decreto, pues en la Jerarquía Normativa, tiene un rango inmediatamente inferior que el Código de Trabajo, Código Procesal Civil, Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el Arancel del Profesional del Derecho. CONSIDERANDO(5): Que el Ministerio Público por medio de su agente Fiscal Claudia Suyapa Mejía Mejía, adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, emitió Dictamen en relación al asunto sometido a estudio por este Alto Tribunal, siendo de la opinión que no se otorgue la Acción de Amparo promovida. Argumenta la Fiscal del Despacho que la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, es una institución estatal y por ende se encuentra amparada dentro de lo regulado en el Artículo 8 del Decreto Ley 266-2013, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios de la ciudadanía y el fortalecimiento de la transparencia en el Gobierno, en cuanto señala que el Estado o sus entidades, en juicios de cualquier naturaleza, estarán exentos del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es el responsable administrativa, civil y penalmente, y en tal sentido en el caso de autos, el demandante debió haber acreditado que la demandada actuó con dolo, a efecto de poder ser condenado en costas, tal como lo dispone el referido Decreto, lo cual no ha ocurrido en el caso de autos. Asimismo, es de resaltar que, si bien el Código Procesal Civil en su artículo 803 párrafo segundo señala que las costas de la Ejecución se impondrán al ejecutado, tal normativa constituye la regla general, siendo la excepción a la misma el artículo 8 del citado Decreto, por lo que en ese orden de ideas al armonizar ambas disposiciones legales arribamos a una sola conclusión y es que la entidad demandada se encuentra exenta del pago de las costas impuestas. CONSIDERANDO(6): Que la motivación fundamental del fallo que se impugna, este Tribunal lo encuentra básicamente en los acápites 6, 7 y 8, en los cuales la Corte recurrida se limita a transcribir la motivación de un fallo emitido por este Alto Tribunal de Justicia Constitucional en fecha veinticinco de febrero del año dos mil veintiuno, para concluir en el considerando 9 lo siguiente: CONSIDERANDO (9): Que al haberse emitido un pronunciamiento previo por parte de este Tribunal de Alzada y en atención al recurso de amparo que fuera otorgado y de que se ha hecho mención, procede por parte de esta Corte de Apelaciones pronunciarse sobre las costas de ejecución que fueran solicitadas por el apoderado demandante, en el sentido de que dichas costas de ejecución en el presente caso no procede su otorgamiento ya que la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios de la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, así lo establece debiendo la Juez de primera instancia velar por la estricta ejecución de la sentencia definitiva dictada y que se encuentra firme. -Subrayado añadido-CONSIDERANDO (7): Que el objeto de la Ley sobre Justicia Constitucional es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional; por ello uno de los principios que rigen en la substanciación de la acción de Amparo es la prevalencia del derecho sustancial, observándose en las alegaciones del recurrente motivos esenciales a efecto de recurrir en Amparo la Resolución dictada en fecha veinticinco de marzo del año do mil veintidós por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Atlántida, en cuanto a la debida observancia del derecho al debido proceso, al que concierne el dictado de un fallo debidamente motivado y en congruencia a las pretensiones expuestas por las partes.CONSIDERANDO(8):Que a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo se debe recurrir a las normas contenidas en el Código Procesal Civil, es así que el artículo 803, numeral 2 del Código Procesal Civil establece: “En cualquier caso, las costas de la ejecución se impondrán al ejecutado salvo que acredite que hubo causa no imputable a él que le impidió hacer el pago antes de la ejecución”; aunado a ello mediante Decreto Legislativo No.266-2013 se crea la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,336 en fecha 23 de enero del año dos mil catorce, enfocada entre otros aspectos en la necesidad de renacionalizar las demandas a las que está sujeta la Administración Pública, estableciendo un mínimo de requerimientos para evitar la saturación de demandas contra el Estado. En ese orden de ideas el artículo 8 de la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, literalmente establece: “El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente”. -énfasis suplido-.CONSIDERANDO(9): Que resulta necesario hacer énfasis que es línea jurisprudencial de este Tribunal de Justicia Constitucional que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales expresando sus razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho, en este caso en la jurisdicción de lo laboral, tal como lo establece el artículo 858 del Código de Trabajo al referirse a la aplicación analógica, a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas de dicho Código del Trabajo y, en defecto, las del Código de Procedimientos Civiles. Del estudio del fallo recurrido en amparo resulta evidente que el Tribunal de Alzada en la decisión adoptada, omitió interpretar y aplicar para efectos de la resolución recurrida, lo que explícitamente señala el Artículo 8 del Decreto 266-2013, Disposición General, que contiene la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno; la Corte de Apelaciones se limitó a transcribir argumentos de la Sala de lo Constitucional -vertidos en otros fallos constitucionales- en relación a la aplicación del Decreto 266-2013, lo que se reitera de nueva cuenta en este fallo constitucional, ello en atención a que inaplicar lo dispuesto en el Decreto señalado así como desconocer que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República una vez promulgada, es inobservar el debido proceso, implícito en el artículo 90 de la Constitución de la República, en apego a lo dispuesto en el artículo 221 Constitucional que señala “La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después….”, resulta entonces, que el invocado Decreto Legislativo es de cumplimiento obligatorio desde su publicación, dicha norma reconoce derechos fundamentales, que se materializan en garantías mínimas e ineludibles de ser aplicados para la eficacia de una resolución y resolver las pretensiones controvertidas jurídicamente para que se reúnan todos los elementos esenciales al debido proceso, lo que es ineludible de implementar por parte de los órganos jurisdiccionales, sin atribuirle a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, con lo expuesto se arriba a la conclusión, como lo ha dejado establecido este Alto tribunal en otros fallos, que la institución ejecutada, siendo una institución estatal, estará exenta del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo. CONSIDERANDO(10): Que esta Sala de lo Constitucional de la foliada de los antecedentes, observa, que no consta en autos que la Corte de Apelaciones haya motivado y dado respuesta a las pretensiones expuestas por el recurrente en la Audiencia de Alegaciones celebrada en fecha diez de agosto del año dos mil veintiuno, a afecto de establecer si la parte ejecutada EL ESTADO DE HONDURAS, actuó o no con dolo, a fin de cumplir el contenido de la sentencia en la Demanda Ordinaria Laboral, promovida por los señores Aminta Azucena Paguaga Salinas y José Raúl Rovelo Lagos; resulta evidente la carencia de motivación en relación a la interpretación del Decreto 266-2013, con el caso específico sometido a juzgamiento ante la Alzada, inobservando con ello el contenido del artículo 208 del Código Procesal Civil, al establecer que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Para este Tribunal de Justicia Constitucional, no constituye un argumento válido el que la Corte recurrida considere que no procede el otorgamiento de Costas de Ejecución, porque así lo dispone el artículo 8 del Decreto 266-2013; el precepto en comento es una disposición que en consonancia con lo establecido en el artículo 803.2 del Código Procesal Civil, establece que el Estado y sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente. De la lectura de ambos preceptos normativos se deduce que las costas de ejecución se imponen únicamente cuando el ejecutado no ha cumplido voluntariamente el fallo de la sentencia, es así que se establece como una sanción ante la falta de dicho cumplimiento, por ello no toda falta de cumplimiento de sentencia será per se motivó para la imposición de esa sanción, debiendo acreditarse en el caso del Estado o sus entidades que se actuó con dolo, en cuyo caso responde el funcionario responsable de tal incumplimiento. CONSIDERANDO(11): Que al ser Honduras suscriptor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella; en relación a la Protección Judicial, el artículo 25.1 de la Convención en comento dispone: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”; Juana Maria Ibáñez Rivas, en relación al derecho a la protección judicial expresa: “En efecto, la Corte ha señalado que el texto del artículo 25 “es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, entendido como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y las leyes de los Estados partes y por la Convención”. CONSIDERANDO (12): Que es línea jurisprudencial de esta Sala de lo Constitucional, formado mediante el dictado de diferentes sentencias, que el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; en el ámbito de aplicación del debido proceso, se encuentra el derecho a una resolución de fondo justa y motivada, acorde a las pretensiones expuestas por las partes. Es así que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”.CONSIDERANDO (13): Que analizada que ha sido la Sentencia Interlocutoria de fecha veinticinco de marzo del año dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, se aprecia que la misma ha sido dictada con inobservancia de lo establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República, relacionado con los artículos 3, 207 y 208 del Código Procesal Civil, concernientes al derecho que tienen las partes en el proceso, a obtener una resolución de fondo justa y motivada, congruente con las pretensiones, deducidas oportunamente en el pleito, lo que constituye una franca vulneración al derecho constitucional del debido proceso relacionado en el presente libelo. Estima esta Sala de lo Constitucional que el hecho de “Transcribir” argumentos emitidos por este Alto Tribunal de Justicia Constitucional en otros fallos en recursos de Amparo, sobre el mismo asunto, no constituye motivación, suficiente y congruente acorde al caso específico sometido al juzgamiento de la autoridad recurrida, debiendo en consecuencia la Alzada en su motivación, expresar los razonamientos fácticos y jurídicos del caso en concreto, que lo lleven a concluir si procede o no el pago de Costa de Ejecución a favor del recurrente en Amparo. CONSIDERANDO (14): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.CONSIDERANDO (15): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, la Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (16): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO (17): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de la normativa señalada en la presente sentencia, haga una valoración suficientemente motivada de los elementos que deben observarse, a efecto de determinar si existió o no dolo por parte del ESTADO DE HONDURAS, a efecto de dar cumplimiento al pago al que fue condenado en la sentencia de fecha veintitrés de marzo del año dos mil diecisiete, emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) y 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 3, 207, 208 y 803 del Código Procesal Civil; 858 del Código del Trabajo. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, a favor de SÍ MISMO, contra la Sentencia Interlocutoria de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veintidós (2022), dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. 2) Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia, con especial énfasis en la emisión de una resolución de fondo justa y motivada, en atención a si el Estado de Honduras actuó o no con Dolo a efecto de dar cumplimiento al pago al que fue condenado. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.- Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA. NOTIFÍQUESE. - Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de enero de dos mil veinticuatro (2024) certificación de la Sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO- 0619-2022. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.