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Sentencia AL-564-22 — Registro 18468

Resumen

Con relación a la resolución que rechazo solicitud de liquidación relativa a la diferencia salarial derivada de la sentencia definitiva dictada en la demanda ordinaria laboral, promovida por impetrante contra La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones.(HONDUTEL).para la justificación de un despido, caso contrario se ordene el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, más a título de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir, pago de beneficios otorgados a otros trabajadores

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que en ese orden de ideas la Sala de lo Constitucional, encuentra que la resolución de fecha cuatro de Febrero del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del, Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, respetando el debido proceso a que arguye el impetrante vulnerado; ello porque se observa en acta de liquidación que colige a folio 112 de fecha uno de junio del dos mil dieciocho del expediente del a-quo, con la comparecencia de la abogada JOHANA WALSKA BARAHONA ESPINOZA, en su condición de apoderada de la demandante, que los reajustes de salario y salario dejados de percibir desde el año dos mil ocho hasta el año dos mil quince, ascendiendo a un total de (1,829,189.29 lps) y así mismo se hace saber a las partes que el cálculo del décimo tercero y décimo cuarto mes son calculados en base al Código de Trabajo en virtud de que no fue acreditado en el presente juicio el contrato colectivo, de igual manera se toma como referencia el salario establecido según sentencia firme para realizar la liquidación correspondiente; respetando lo dispuesto en el artículo 128.4 de la Constitución de la República, en armonía con las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo ut supra relacionadas. CONSIDERANDO (9): Que la Sala de lo Constitucional ha dejado establecido en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala de lo Constitucional ha dejado plasmado en diferentes sentencias, que el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; uno de esos derechos es la aplicación de la ley al caso en concreto, en las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales; en ese orden de ideas el recurrente centra su acción constitucional al estimar infringido el derecho al debido proceso, al declarar sin lugar la solicitud de liquidación relativa a la diferencia salarial de pago, argumento que no tiene sustento legal, ello en relación a lo expuesto en la acción constitucional impetrada y como corolario de las disposiciones contenidas en la Ley Suprema y en el Condigo de Trabajo. CONSIDERANDO (11): Que la sala de lo Constitucional ha observado que en ningún momento la declaración constitucional establecida en el artículo 64 en la que se establece que no se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta constitución, sí los disminuyen, restringen o tergiversan, en la que se puede verificar que a la demandante se le pagaron todos sus derechos y beneficios laborales que se decretaron en la sentencia; así como también se puede observar a folio 127 y 128 del expediente del A-quo que la demandante recibió por concepto de pago de los salarios dejados de percibir y reajuste salarial a los cuales fue condenada Hondutel; mediante la sentencias de fecha 18 de Junio del 2014 que colige a folio 48 al 52 del expediente del A-quo, dándose por satisfecha de su derecho adquirido por sentencia, en el que la representante de la demandante, no interpuso en ese momento impugnación correspondiente, dejando pasar el momento procesal oportuno; ya que no propuso y ni alegó en juicio lo que es lo del contrato colectivo; sí no que en base al Código del trabajo, sus reglamentos y demás leyes del trabajo. Por lo que no se le disminuyeron derechos, garantía y declaraciones constitucionales; al contrario, todo su juicio se realizó bajo el debido proceso hasta llegar a sentencia. Y con todos los beneficios y garantía procesal del juez en el que tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental; en virtud que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo, refiriéndose a lo establecido en el artículo 70 de la Constitución de la Republica de Honduras, en el que no existe ninguna violación de garantía constitucional en el que se le disminuyan o tergiversen derechos, garantías y declaraciones constitucionales, al contrario a la demandante se le pagaron todos sus derechos y beneficios de la prestación laboral obtenidos mediante sentencia fundada en Ley y firme por sentencia de casación de fecha veinticinco de agosto del dos mil quince que colige a folios 60 al 63 del expediente del A-quo. CONSIDERANDO (12): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito.."

Legislación citada

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

(8): Que en ese orden de ideas la Sala de lo Constitucional, encuentra que la resolución de fecha cuatro de Febrero del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del, Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, respetando el debido proceso a que arguye el impetrante vulnerado; ello porque se observa en acta de liquidación que colige a folio 112 de fecha uno de junio del dos mil dieciocho del expediente del a-quo, con la comparecencia de la abogada JOHANA WALSKA BARAHONA ESPINOZA, en su condición de apoderada de la demandante, que los reajustes de salario y salario dejados de percibir desde el año dos mil ocho hasta el año dos mil quince, ascendiendo a un total de (1,829,189.29 lps) y así mismo se hace saber a las partes que el cálculo del décimo tercero y décimo cuarto mes son calculados en base al Código de Trabajo en virtud de que no fue acreditado en el presente juicio el contrato colectivo, de igual manera se toma como referencia el salario establecido según sentencia firme para realizar la liquidación correspondiente; respetando lo dispuesto en el artículo 128.4 de la Constitución de la República, en armonía con las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo ut supra relacionadas. CONSIDERANDO (9): Que la Sala de lo Constitucional ha dejado establecido en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala de lo Constitucional ha dejado plasmado en diferentes sentencias, que el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; uno de esos derechos es la aplicación de la ley al caso en concreto, en las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales; en ese orden de ideas el recurrente centra su acción constitucional al estimar infringido el derecho al debido proceso, al declarar sin lugar la solicitud de liquidación relativa a la diferencia salarial de pago, argumento que no tiene sustento legal, ello en relación a lo expuesto en la acción constitucional impetrada y como corolario de las disposiciones contenidas en la Ley Suprema y en el Condigo de Trabajo. CONSIDERANDO (11): Que la sala de lo Constitucional ha observado que en ningún momento la declaración constitucional establecida en el artículo 64 en la que se establece que no se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta constitución, sí los disminuyen, restringen o tergiversan, en la que se puede verificar que a la demandante se le pagaron todos sus derechos y beneficios laborales que se decretaron en la sentencia; así como también se puede observar a folio 127 y 128 del expediente del A-quo que la demandante recibió por concepto de pago de los salarios dejados de percibir y reajuste salarial a los cuales fue condenada Hondutel; mediante la sentencias de fecha 18 de Junio del 2014 que colige a folio 48 al 52 del expediente del A-quo, dándose por satisfecha de su derecho adquirido por sentencia, en el que la representante de la demandante, no interpuso en ese momento impugnación correspondiente, dejando pasar el momento procesal oportuno; ya que no propuso y ni alegó en juicio lo que es lo del contrato colectivo; sí no que en base al Código del trabajo, sus reglamentos y demás leyes del trabajo. Por lo que no se le disminuyeron derechos, garantía y declaraciones constitucionales; al contrario, todo su juicio se realizó bajo el debido proceso hasta llegar a sentencia. Y con todos los beneficios y garantía procesal del juez en el que tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental; en virtud que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo, refiriéndose a lo establecido en el artículo 70 de la Constitución de la Republica de Honduras, en el que no existe ninguna violación de garantía constitucional en el que se le disminuyan o tergiversen derechos, garantías y declaraciones constitucionales, al contrario a la demandante se le pagaron todos sus derechos y beneficios de la prestación laboral obtenidos mediante sentencia fundada en Ley y firme por sentencia de casación de fecha veinticinco de agosto del dos mil quince que colige a folios 60 al 63 del expediente del A-quo. CONSIDERANDO (12): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito

Jerarquía: Reiterativa

(8): Que en ese orden de ideas la Sala de lo Constitucional, encuentra que la resolución de fecha cuatro de Febrero del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del, Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, respetando el debido proceso a que arguye el impetrante vulnerado; ello porque se observa en acta de liquidación que colige a folio 112 de fecha uno de junio del dos mil dieciocho del expediente del a-quo, con la comparecencia de la abogada JOHANA WALSKA BARAHONA ESPINOZA, en su condición de apoderada de la demandante, que los reajustes de salario y salario dejados de percibir desde el año dos mil ocho hasta el año dos mil quince, ascendiendo a un total de (1,829,189.29 lps) y así mismo se hace saber a las partes que el cálculo del décimo tercero y décimo cuarto mes son calculados en base al Código de Trabajo en virtud de que no fue acreditado en el presente juicio el contrato colectivo, de igual manera se toma como referencia el salario establecido según sentencia firme para realizar la liquidación correspondiente; respetando lo dispuesto en el artículo 128.4 de la Constitución de la República, en armonía con las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo ut supra relacionadas. CONSIDERANDO (9): Que la Sala de lo Constitucional ha dejado establecido en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala de lo Constitucional ha dejado plasmado en diferentes sentencias, que el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; uno de esos derechos es la aplicación de la ley al caso en concreto, en las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales; en ese orden de ideas el recurrente centra su acción constitucional al estimar infringido el derecho al debido proceso, al declarar sin lugar la solicitud de liquidación relativa a la diferencia salarial de pago, argumento que no tiene sustento legal, ello en relación a lo expuesto en la acción constitucional impetrada y como corolario de las disposiciones contenidas en la Ley Suprema y en el Condigo de Trabajo. CONSIDERANDO (11): Que la sala de lo Constitucional ha observado que en ningún momento la declaración constitucional establecida en el artículo 64 en la que se establece que no se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta constitución, sí los disminuyen, restringen o tergiversan, en la que se puede verificar que a la demandante se le pagaron todos sus derechos y beneficios laborales que se decretaron en la sentencia; así como también se puede observar a folio 127 y 128 del expediente del A-quo que la demandante recibió por concepto de pago de los salarios dejados de percibir y reajuste salarial a los cuales fue condenada Hondutel; mediante la sentencias de fecha 18 de Junio del 2014 que colige a folio 48 al 52 del expediente del A-quo, dándose por satisfecha de su derecho adquirido por sentencia, en el que la representante de la demandante, no interpuso en ese momento impugnación correspondiente, dejando pasar el momento procesal oportuno; ya que no propuso y ni alegó en juicio lo que es lo del contrato colectivo; sí no que en base al Código del trabajo, sus reglamentos y demás leyes del trabajo. Por lo que no se le disminuyeron derechos, garantía y declaraciones constitucionales; al contrario, todo su juicio se realizó bajo el debido proceso hasta llegar a sentencia. Y con todos los beneficios y garantía procesal del juez en el que tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental; en virtud que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo, refiriéndose a lo establecido en el artículo 70 de la Constitución de la Republica de Honduras, en el que no existe ninguna violación de garantía constitucional en el que se le disminuyan o tergiversen derechos, garantías y declaraciones constitucionales, al contrario a la demandante se le pagaron todos sus derechos y beneficios de la prestación laboral obtenidos mediante sentencia fundada en Ley y firme por sentencia de casación de fecha veinticinco de agosto del dos mil quince que colige a folios 60 al 63 del expediente del A-quo. CONSIDERANDO (12): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito

Jerarquía: Reiterativa

(8): Que en ese orden de ideas la Sala de lo Constitucional, encuentra que la resolución de fecha cuatro de Febrero del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del, Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, respetando el debido proceso a que arguye el impetrante vulnerado; ello porque se observa en acta de liquidación que colige a folio 112 de fecha uno de junio del dos mil dieciocho del expediente del a-quo, con la comparecencia de la abogada JOHANA WALSKA BARAHONA ESPINOZA, en su condición de apoderada de la demandante, que los reajustes de salario y salario dejados de percibir desde el año dos mil ocho hasta el año dos mil quince, ascendiendo a un total de (1,829,189.29 lps) y así mismo se hace saber a las partes que el cálculo del décimo tercero y décimo cuarto mes son calculados en base al Código de Trabajo en virtud de que no fue acreditado en el presente juicio el contrato colectivo, de igual manera se toma como referencia el salario establecido según sentencia firme para realizar la liquidación correspondiente; respetando lo dispuesto en el artículo 128.4 de la Constitución de la República, en armonía con las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo ut supra relacionadas. CONSIDERANDO (9): Que la Sala de lo Constitucional ha dejado establecido en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala de lo Constitucional ha dejado plasmado en diferentes sentencias, que el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; uno de esos derechos es la aplicación de la ley al caso en concreto, en las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales; en ese orden de ideas el recurrente centra su acción constitucional al estimar infringido el derecho al debido proceso, al declarar sin lugar la solicitud de liquidación relativa a la diferencia salarial de pago, argumento que no tiene sustento legal, ello en relación a lo expuesto en la acción constitucional impetrada y como corolario de las disposiciones contenidas en la Ley Suprema y en el Condigo de Trabajo. CONSIDERANDO (11): Que la sala de lo Constitucional ha observado que en ningún momento la declaración constitucional establecida en el artículo 64 en la que se establece que no se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta constitución, sí los disminuyen, restringen o tergiversan, en la que se puede verificar que a la demandante se le pagaron todos sus derechos y beneficios laborales que se decretaron en la sentencia; así como también se puede observar a folio 127 y 128 del expediente del A-quo que la demandante recibió por concepto de pago de los salarios dejados de percibir y reajuste salarial a los cuales fue condenada Hondutel; mediante la sentencias de fecha 18 de Junio del 2014 que colige a folio 48 al 52 del expediente del A-quo, dándose por satisfecha de su derecho adquirido por sentencia, en el que la representante de la demandante, no interpuso en ese momento impugnación correspondiente, dejando pasar el momento procesal oportuno; ya que no propuso y ni alegó en juicio lo que es lo del contrato colectivo; sí no que en base al Código del trabajo, sus reglamentos y demás leyes del trabajo. Por lo que no se le disminuyeron derechos, garantía y declaraciones constitucionales; al contrario, todo su juicio se realizó bajo el debido proceso hasta llegar a sentencia. Y con todos los beneficios y garantía procesal del juez en el que tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental; en virtud que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo, refiriéndose a lo establecido en el artículo 70 de la Constitución de la Republica de Honduras, en el que no existe ninguna violación de garantía constitucional en el que se le disminuyan o tergiversen derechos, garantías y declaraciones constitucionales, al contrario a la demandante se le pagaron todos sus derechos y beneficios de la prestación laboral obtenidos mediante sentencia fundada en Ley y firme por sentencia de casación de fecha veinticinco de agosto del dos mil quince que colige a folios 60 al 63 del expediente del A-quo. CONSIDERANDO (12): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, a favor de la señora MARIA ALICIA ALVARADO MOLINA, contra la sentencia dictada por de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (4) de febrero del año dos mil veintidós (2022), que declara SIN LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez (10) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), con relación a la solicitud de liquidación relativa a la diferencia salarial derivada de la sentencia definitiva dictada en la demanda ordinaria laboral, promovida por la señora MARIA ALICIA ALVARADO MOLINA, contra LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL).- Estima el recurrente se le han violentado los derechos contenidos en los artículos 64, 70 Y 90 de de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha tres (3) de noviembre del año dos mil diez (2010), compareció ante Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la señora MARIA ALICIA ALVARADO MOLINA, en nombre propio, interponiendo demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento para la justificación de un despido, caso contrario se ordene el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, más a título de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir, pago de beneficios otorgados a otros trabajadores.- (folios del 1 al 5 de la pieza del A-quo). 2) Que en fecha diez (10) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán RESOLVIO: en El Acta de comparecencia que antecede, presentada por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, en su condición de apoderada demandante y en cuanto a lo solicitado SE RECHAZA en virtud de que en las presentes diligencias no fue acreditado la contratación colectiva, como lo pretende hacer ver la apoderada demandante en la liquidación presentada. (Folio 133 de la pieza del A-quo). 3) Que en fecha cuatro (4) de febrero del año dos mil veintidós (2022), de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, FALLÓ: 1.- Declarar SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA.- 2.- CONFIRMANDO el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, de fecha de fecha diez de febrero del año dos mil veintiuno que corre a folio 133 de la primera pieza de autos. (Folio 10 al 12 del Ad-quem). 4) La recurrente abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, compareció ante este Tribunal, en fecha cuatro (04) de abril del año dos mil veintidós (2022), interponiendo acción de amparo a favor de la señora MARIA ALICIA ALVARADO MOLINA, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha cuatro (4) de febrero del año dos mil veintidós (2022), es violatoria a lo dispuesto en el artículos 64, 70 Y 90 de de la Republica, teniendo por formalizado la acción de amparo fecha uno (1) de noviembre del año dos mil veintidós (2022). 5) Que con fecha veinte (20) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), la abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, actuando en su condición de Fiscal Especial para de , emitió dictamen, en el cual es de la opinión que SE SOBRESEA la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO (2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la Resolución dictada en fecha cuatro (4) de Febrero del año dos mil veintidós (2022), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la Demanda Ordinaria Laboral para la justificación de un despido, reintegro al trabajo, en iguales o mejores condiciones, más a título de daños y perjuicios, el pago de salarios dejados de percibir, pago de beneficios otorgados a otros trabajadores en su ausencia, pago de bonos de utilidades, asignación de salario por reasignación, pago retroactivo de la asignación salarial desde la fecha en que se le debió efectuar hasta la fecha en que efectivamente se le asigne, nombramiento como jefe de agencia y las costas del juicio. promovida por la señora MARIA ALICIA ALVARADO MOLINA, en contra de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL); resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Apoderada Legal de la demandante, abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, y confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de del Departamento de Francisco Morazán en fecha diez (10) de Febrero del año dos mil veintiuno; que RECHAZA la solicitud de Liquidación relativa a la diferencia salarial que estaría pendiente de pago a la demandante, solicitud formulada por la apoderada legal de la parte demandante MARIA ALICIA ALVARADO MOLINA. CONSIDERANDO (3): Que la recurrente Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, muestra su descontento con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que la misma vulnera en perjuicio de su representada lo dispuesto en los artículos 64, 70 párrafo tercero y 90 de la Constitución de la República; arguye la impetrante que en la sentencia definitiva del 18 de Junio del dos mil catorce (2014), está casi ejecutada en su totalidad, quedando únicamente por pagarse a la demandante, la diferencia existente del pago del salario mensual de 19,437.21 lempiras a 21,437.21 lempiras, por lo que presentó ante el Juzgado la liquidación relativa a la diferencia salarial que estaría pendiente de pago a la demandante del primero (01) de diciembre del dos mil quince (2015) hasta el treinta (30) de septiembre del dos mil diecinueve (2019). Siendo la suma total de ciento cuarenta y nueve mil doscientos ochenta lempiras (149,280.00). CONSIDERANDO (4): Que bajo la tesis planteada, corresponde a la Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 64, 70 párrafo tercero y 90 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió haber declarado sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la representación legal de la parte demandante, debiendo ordenar la revocación de la resolución dictada por el A-quo, mediante el cual el referido Juzgado, rechazó la solicitud de liquidación relativa a la diferencia salarial, debiendo el juzgado realizar su propia liquidación con los elementos que estimare conveniente, pero no rechazarlos, ya que al hacerlo está violentando normas constitucionales. CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal de Alzada, fundamenta entre otras cuestiones la resolución que se impugna, en lo siguiente: “CONSIDERANDO (1): Que la parte demandante considera que la demandada ejecutó la sentencia en parte, porque al modificarle su salario a veintiún mil cuatrocientos treinta y siete lempiras con veintiún centavos (21,437.21 lps) se le adeuda la cantidad de noventa y dos mil lempiras (92,000.00 lps.) más los derechos adquiridos del primero (01) de Diciembre del dos mil quince (2015) al treinta (30) de septiembre del dos mil diecinueve (2019) y según sus cálculos ascienden a la cantidad de ciento cuarenta y nueve mil doscientos ochenta lempiras (149,280.00 lps.); Y que de igual manera la comparecencia del 06 de Junio del 2018 ya la apelante había solicitado el pago por estos mismos conceptos, por lo que la Juez A-quo en auto de fecha 08 de Junio del 2018 se los declara SIN LUGAR y el tribunal de Alzada en sentencia del catorce (14) de noviembre del 2018 que colige a folio número ciento veintidós (122) de la pieza del A-quo confirma el Auto y queda firme la liquidación de un millón ochocientos veintinueve mil ciento ochenta y nueve lempiras con veintinueve centavos (1,829,189.29) y cancelado en su totalidad el doce (12) de Agosto del dos mil diecinueve (2019) y recibido de conformidad por la demandante y donde en la liquidación se le reconocieron todos los conceptos reclamados, así como el pago conforme al reajuste de salario de ( Lps. 21,437.21). CONSIDERANDO (6): Que el artículo 128 de la Constitución de la República establece que las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público, siendo nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las garantías allí enunciadas; el numeral quince de esas garantías enunciadas dispone: “El Estado tutela los contratos individuales y colectivos celebrados entre patrono y trabajadores, precepto constitucional que se encuentra en armonía con las disposiciones contenidas en el Codigo del Trabajo, en relación a los principios contenidos en el Código del Trabajo en los artículos 726, 727 y 728 en cuanto a los derechos a favor de los trabajadores por pagos de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados, o condenar al pago de sumas mayores que las determinadas por el mismo concepto, cuando aparezca que estas son inferiores a las que corresponden al trabajador de conformidad con la ley y siempre que no hayan sido pagadas. CONSIDERANDO (7): La impetrante determina que se han violentado disposiciones legales que arguye han sido vulneradas con la resolución adoptada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, impugnando un pago que corresponde a la diferencia del pago de salario mensual de diecinueve mil cuatrocientos treinta y siete lempiras con veintiún centavos (19,437.21 lps) a veintiún mil cuatrocientos treinta y siete lempiras con veintiún centavos (21,437.21 lps), por lo que se presentó en el Juzgado de Letras del Trabajo del Tegucigalpa la liquidación relativa a la diferencia salarial del 01 de diciembre del 2015 al 30 de Septiembre del 2019, aplicando las clausulas 50 y 51 del contrato colectivo, existiendo una diferencia con suma total de ciento cuarenta y nueve mil doscientos ochenta lempiras exactos (Lps.149,280.00). Por lo que se deriva de dicha solicitud de liquidación, la resolución del A-quo que se Rechaza la misma, ya que en las diligencias no fue acreditado la contratación colectiva, como lo pretende hacer ver la apoderada demandante en la liquidación presentada; así mismo que el secretario del Despacho devuelva el documento presentado. CONSIDERANDO(8): Que en ese orden de ideas la Sala de lo Constitucional, encuentra que la resolución de fecha cuatro de Febrero del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del, Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, respetando el debido proceso a que arguye el impetrante vulnerado; ello porque se observa en acta de liquidación que colige a folio 112 de fecha uno de junio del dos mil dieciocho del expediente del a-quo, con la comparecencia de la abogada JOHANA WALSKA BARAHONA ESPINOZA, en su condición de apoderada de la demandante, que los reajustes de salario y salario dejados de percibir desde el año dos mil ocho hasta el año dos mil quince, ascendiendo a un total de (1,829,189.29 lps) y así mismo se hace saber a las partes que el cálculo del décimo tercero y décimo cuarto mes son calculados en base al Código de Trabajo en virtud de que no fue acreditado en el presente juicio el contrato colectivo, de igual manera se toma como referencia el salario establecido según sentencia firme para realizar la liquidación correspondiente; respetando lo dispuesto en el artículo 128.4 de la Constitución de la República, en armonía con las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo ut supra relacionadas. CONSIDERANDO (9): Que la Sala de lo Constitucional ha dejado establecido en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala de lo Constitucional ha dejado plasmado en diferentes sentencias, que el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; uno de esos derechos es la aplicación de la ley al caso en concreto, en las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales; en ese orden de ideas el recurrente centra su acción constitucional al estimar infringido el derecho al debido proceso, al declarar sin lugar la solicitud de liquidación relativa a la diferencia salarial de pago, argumento que no tiene sustento legal, ello en relación a lo expuesto en la acción constitucional impetrada y como corolario de las disposiciones contenidas en la Ley Suprema y en el Condigo de Trabajo. CONSIDERANDO (11): Que la sala de lo Constitucional ha observado que en ningún momento la declaración constitucional establecida en el artículo 64 en la que se establece que no se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta constitución, sí los disminuyen, restringen o tergiversan, en la que se puede verificar que a la demandante se le pagaron todos sus derechos y beneficios laborales que se decretaron en la sentencia; así como también se puede observar a folio 127 y 128 del expediente del A-quo que la demandante recibió por concepto de pago de los salarios dejados de percibir y reajuste salarial a los cuales fue condenada Hondutel; mediante la sentencias de fecha 18 de Junio del 2014 que colige a folio 48 al 52 del expediente del A-quo, dándose por satisfecha de su derecho adquirido por sentencia, en el que la representante de la demandante, no interpuso en ese momento impugnación correspondiente, dejando pasar el momento procesal oportuno; ya que no propuso y ni alegó en juicio lo que es lo del contrato colectivo; sí no que en base al Código del trabajo, sus reglamentos y demás leyes del trabajo. Por lo que no se le disminuyeron derechos, garantía y declaraciones constitucionales; al contrario, todo su juicio se realizó bajo el debido proceso hasta llegar a sentencia. Y con todos los beneficios y garantía procesal del juez en el que tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental; en virtud que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo, refiriéndose a lo establecido en el artículo 70 de la Constitución de la Republica de Honduras, en el que no existe ninguna violación de garantía constitucional en el que se le disminuyan o tergiversen derechos, garantías y declaraciones constitucionales, al contrario a la demandante se le pagaron todos sus derechos y beneficios de la prestación laboral obtenidos mediante sentencia fundada en Ley y firme por sentencia de casación de fecha veinticinco de agosto del dos mil quince que colige a folios 60 al 63 del expediente del A-quo. CONSIDERANDO (12): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 20, 374, 379 y 858 del Código de Trabajo; y 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Amparo Y CONFIRMANDO RESOLUCIÓN DE LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha cuatro (4) de febrero de dos mil veintidós (2022). Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. - NOTIFÍQUESE. SELLO Y FIRMAS. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA. - PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. WAGNER VALLECILLO PAREDES. - LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. - FRANCISCA VILLELA ZAVALA. - ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (08) días del mes de agosto de dos mil veinticuatro (2024), certificación del fallo de fecha catorce (14) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), recaída en el recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal con el número 0564-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL