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Sentencia AL-549-22 — Registro 16328

Resumen

Acto recurrido que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán , con relación a la demanda laboral de reintegro promovida.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..." Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación de la demanda de mérito, el derecho de petición, defensa y el debido proceso al que se someten las partes..." ..." Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República..." ..." Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad..." ..." Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..." ...." Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de auto

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de enero del año dos mil veintitrés. REVISADAS que han sido las actuaciones contenidas en el recurso de mérito, de oficio se repone la resolución de fecha veinticinco de octubre del presente año, misma que deberá leerse de la siguiente manera: VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada XIOMARA MALEN ZÚNIGA VALLE a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintidós (22), que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia emitida por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, con relación a la demanda laboral de reintegro promovida por la señora CARMEN MARGARITA MONCADA MARTÍNEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que la recurrente es del parecer que la resolución recurrida en amparo le violenta a su representada el derecho de defensa contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República, ya que habiendo hecho uso de los recursos necesarios para evitar la indefensión de su representado al no estar conforme con la liquidación de salarios dejados de percibir realizado por el A-quo, los mismos debían ser rectificados según el cálculo de liquidación emitida por la Sub Secretaría de Recurso Humanos de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, el cual fue cancelado a la demandante, quien lo recibió satisfactoriamente, sin objeción alguna, quedando exonerado el demandado de toda obligación con la demandante, motivo por el que presenta la presente acción al encontrarse disconforme con lo resuelto en el acto reclamado. CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la resolución emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el dos de febrero de dos mil veintidós y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-Quem, estimó procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la hoy recurrente Abogada XIOMARA MALEN ZÚNIGA VALLE, al considerar que el auto dictado por el A-quo en fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, estaba dictado conforme a las disposiciones de la Ley sobre la materia, pues los valores liquidados por el Juzgado corresponden a la indemnizaciones que manda la Constitución de la República y el Código del Trabajo y que no proceden las deducciones a que alude la parte apelante, conforme a los criterios que ha sostenido la Corte, encontrándose en suspenso el pago por los valores correspondientes a las deducciones alegadas por la parte apelante. CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación de la demanda de mérito, el derecho de petición, defensa y el debido proceso al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria dilación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 95 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas; 782 inciso 4 y 792 del Código Procesal Civil; 5, 7, 46 numerales 1) y 9) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada XIOMARA MALEN ZÚNIGA VALLE a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintidós (22), por existir pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, así como que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria dilación del trámite del juicio principal. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los antecedentes al lugar de su procedencia con certificación de lo resuelto para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por la Abogada XIOMARA MARLEN ZUNIGA VALLE contra la resolución dictada por esta Sala el veinticinco de octubre de dos mil veintidós y corregida de oficio el seis de enero de dos mil veintitrés, mediante la cual se sobreseyó el presente recurso de amparo interpuesto por la hoy recurrente a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintidós (22), que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia emitida por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, con relación a la demanda laboral de reintegro promovida por la señora CARMEN MARGARITA MONCADA MARTÍNEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. CONSIDERANDO: Que la Sala, mediante resolución de fecha seis de enero de dos mil veintitrés, sobreseyó el presente recurso de amparo interpuesto por la abogada XIOMARA MARLEN ZUNIGA VALLE, pronunciando en forma motivada las razones por las que consideró procedente inadmitir la presente acción, ya que se configuran las causales de inadmisibilidad contenidas en los numerales 1) y 9) del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO: Que la recurrente interpone recurso de reposición, contra la resolución que sobresee la presente acción de amparo, procediéndose por tal motivo a un examen de dicha resolución en razón a los argumentos expuestos por la recurrente, estimando pertinente esta Sala indicarle que en números precedentes se ha dejado establecido que los salarios dejados de percibir no constituyen propiamente salarios, sino que corresponden a la sanción indemnizatoria causada por los daños y perjuicios ocasionados al trabajador por el despido injusto que ha sufrido a manos de su patrono, en atención a lo que dispone nuestro texto constitucional en su artículo 129, como la propia legislación del trabajo en su artículo 113, en cuanto a que los salarios dejados de percibir se pagan al trabajador a título de daños y perjuicios, consecuentemente se configura como una indemnización y no propiamente una retribución de servicios, que es un elemento propio del salario. Asimismo la obligación derivada del reintegro del trabajador de pago de los emolumentos dejados de percibir, tiene una naturaleza jurídica, toda vez que el fundamento de esta obligación surge del despido sin justa causa del trabajador perjudicado por la decisión patronal unilateral que rompe el vínculo tutelado por la ley, en tal sentido, las sumas que deben satisfacerse al trabajador desde el despido hasta el reintegro, no obedecen a una retribución directa de servicios, sino que se originan en la culpa patronal por despido injusto y tiene su fundamento en la necesidad de restablecer el derecho a quien pierde su empleo por un acto injustificado de su patrono. Esta Sala estima que en términos generales tanto la institución del reintegro como el de la indemnización de los salarios dejados de percibir, tienen una calidad reparadora, en tanto se procura por su medio que las cosas vuelvan a su estado anterior y la consecuente reparación del daño causado por el patrono al transgredir la ley mediante el despido injustificado. En tal sentido, este pago indemnizatorio que también ostenta un carácter sancionador, no podría estar sujeto a deducciones por parte del patrono y como tal debe pagarse íntegramente al trabajador, siendo ésta la interpretación que se hizo del párrafo primero del artículo 113 del Código de Trabajo, que en forma expresa dispone que no cabe limitar el pago de los salarios dejados de percibir, además, no puede desconocerse lo estipulado en el artículo 128 numeral 4º de la Constitución de la República, que encierra como garantía irrenunciable los créditos a favor de los trabajadores por salarios, indemnización y demás prestaciones sociales, indicando asimismo que éstos serán singularmente privilegiados por la ley. CONSIDERANDO: Que los alegatos interpuestos por la impetrante no son de recibo en virtud que después de examinada la resolución que se pide sea revocada, se aprecia que se encuentra apegada a derecho, no advirtiéndose que puedan establecerse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los artículos 59, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada XIOMARA MARLEN ZUNIGA VALLE contra la resolución dictada por esta Sala el veinticinco de octubre de dos mil veintidós y corregida de oficio el seis de enero de dos mil veintitrés, mediante la cual se sobreseyó el presente recurso de amparo, por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan y se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

A solicitud de la abogada Xiomara Marlen Zuniga Valle, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de abril de dos mil veintitrés, certificación de la resolución de fecha seis de enero y reposición de fecha veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-549-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL