Sentencia AL-357-22 — Registro 16960
Resumen
Se interpuso recurso de amparo alegando la violación a las garantías constitucionales contenidas por considerar que el Juzgado de Letras del Trabajo al momento de dictar le negó a su representada el pago y goce de vacaciones causadas desde el inicio de la relación laboral, pese haber acreditado en el proceso que la demandante tenía derecho al goce de 12 días en concepto de vacaciones anuales. En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria laboral para el reconocimiento del carácter indefinido de una relación laboral, que se me reconozca la condición o estatus de empleada permanente, con el reconocimiento de la antigüedad, sin perjuicio de todos aquellos incrementos que se produjeren durante el transcurso del juicio.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (9): Que esta Sala observa que el recurrente ha comparecido en busca de justicia constitucional, por considerar que se le han disminuido y conculcado los derechos laborales adquiridos de la demandante, que a la luz de las normas y principios de la materia laboral ya son parte del patrimonio de la trabajadora, por consiguiente, mediante el acto impugnado según el amparista se causa violación al principio de legalidad, debido proceso y se restringe el goce de la justicia, el bienestar económico y social. En ese orden de ideas y revisada la foliada se puede apreciar que la Corte de Apelaciones referida hace una correcta valoración de la norma al confirmar la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en donde se le reconoce el estatus de empleada permanente a la señora Francys Rosalpina López Lupiac, y se declara sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago y goce de vacaciones desde la fecha de inicio de la relación laboral.CONSIDERANDO (10): Que de lo anteriormente expuesto y del estudio de la resolución que hoy se recurre mediante esta acción constitucional de amparo, así como del dictamen emitido por el Ministerio Público, esta Sala aprecia que ciertamente la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán ha realizado una correcta aplicación de las normas aplicables al caso en estudio puesto que ha respetado en todo momento los principios y garantías establecidas en nuestra Constitución al haber confirmado la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán en donde se le reconoce a la señora Francys Rosalpina López Lupiac como trabajadora permanente, ya que los contratos de trabajo reunían los requisitos señalados en el articulo 20 del Código del Trabajo, por tanto, se le declaró con lugar la demanda ordinaria laboral, reconociéndole con carácter indefinido su relación laboral, así como la antigüedad, incrementos producidos en el transcurso del juicio; declarando únicamente sin lugar el pago y goce de vacaciones, puesto que tal como se encuentra plasmado en los contratos de trabajo, la señora en mención tenía derecho a doce días de vacaciones al año según el tiempo laborado; pero no aportó en juicio que se le hubiere negado dicho derecho ni que se le debieran tales conceptos. En consecuencia, resulta procedente declarar sin lugar la presente acción de amparo, puesto que la resolución recurrida en amparo se encuentra dictada conforme a derecho. CONSIDERANDO (11): Que para esta Sala de lo Constitucional, la argumentación esgrimida por el amparista, no resulta suficiente desde una perspectiva constitucional para al otorgamiento de la acción de amparo, al no acreditar el supuesto agravio ocasionado ni la vulneración a las garantías constitucionales del debido proceso, derecho de defensa y principio de legalidad con la emisión de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán; encontrándose asimismo que la resolución recurrida, se encuentra dotada de argumentación suficiente, garantizando la prevalencia de la garantía de permanencia y estabilidad en el trabajo. Por todo ello se considera que la sentencia bajo estudio no resulta violatoria de los derechos constitucionales invocados por el recurrente; resultando procedente se dicte sentencia denegatoria a la presente garantía de amparo.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de agosto del dos mil veintitrés.VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Jesús Antonio Ferrera Matute, a favor de la señora Francys Rosalpina López Lupiac, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de enero de dos mil veintidós, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de enero de dos mil veinte, con relación a la demanda laboral promovida por la señora Francys Rosalpina López Lupiac, contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 82, 90 y 128 de de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la señora Francys Rosalpina López Lupiac, interponiendo “DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL RECONOCIMIENTO DEL CARÁCTER INDEFINIDO DE UNA RELACIÓN LABORAL…” en contra del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, representada por la Abogada Lidia Estela Cardona, en su condición de Procurado General de la República. (Folios 1-5 del expediente del A-Quo).2) En fecha diez de enero de dos mil veinte, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…1) DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL RECONOCIMIENTO DEL CARÁCTER INDEFINIDO DE UNA RELACIÓN LABORAL, QUE SE ME RECONOZCA LA CONDICION O ESTATUS DE EMPLEADA PERMANENTE, CON EL RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD, SIN PERJUICIO DE TODOS AQUELLOS INCREMENTOS QUE SE PRODUJEREN DURANTE EL TRANSCURSO DEL JUICIO, EN CASO DE SER VÍCTIMA DE DESPIDO QUE SE ME RESTITUYA AL CARGO CON TODOS LOS BENEFICIOS INHERENTES instaurado por la señora FRANCYS ROSALPINA LÓPEZ LUPIAC Contra EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN representado por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA; 2) CONDENA: AL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN representado por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a través de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA; A) REINTEGRAR en forma permanente a la señora FRANCYS ROSALPINA LÓPEZ LUPIAC; por lo menos en las mismas condiciones al momento de operarse el despido; B) A reconocer una antigüedad laboral a favor de la demandante desde el 17 de mayo de 2010, fecha en que se suscribió el primer contrato; C) Al pago de los salarios dejados de percibir y demás incrementos salariales, y cualquier otro derecho o beneficio que se genere a favor de la demandante desde el despido hasta que sea ejecutoria la presente condenatoria los que serán liquidados en la etapa de ejecución de la sentencia; 3) DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO Y GOCE DE VACACIONES DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RELACIÓN instaurado por la señora FRANCYS ROSALPINA LÓPEZ LUPIAC Contra EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN representado por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a través de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA; 4) ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN representado por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a través de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA; del pago de dicha pretensión; 5) SIN COSTAS en esta instancia. Y MANDA: I.- Que a partir de la fecha quedan notificados en estrados de esta sentencia definitiva los Representantes Procesales de las partes. II.- Que, si en el término de ley el presente fallo no es recurrido, SE CONSULTE ante la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial por ser adverso al Estado de Honduras. Y con lo expuesto se da por terminada la presente Acta, firmándola la Suscrita Juez y la secretaria adjunta que da fe…” (Folios 202-205 del expediente del A-Quo).3) Conociendo de los recursos de apelación interpuestos por los Abogados Jesús Antonio Ferrera Matute, en su condición de Representante Procesal de la señora Francys Rosalpina López Lupiac; y Jorge Alberto Rivera Martínez, en su condición de Representante Procesal de la parte demandada, ambos, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de enero de dos mil veintidós, por mayoría de votos dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…1.- DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los Abogados JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ Y JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE; 2.- CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha diez de enero del año dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL RECONOCIMIENTO DEL CARÁCTER INDEFINIDO DE UNA RELACION LABORAL, QUE SE RECONOZCA LA CONDICIÓN O ESTATUS DE EMPLEADA PERMANENTE AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 24, 47, 48 PARRAFO SEGUNDO Y 52 PÁRRAFO TERCERO DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, CON EL RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD LABORAL ADQUIRIDA, CON EL PAGO Y GOCE DE VACACIONES CAUSADAS DESDE EL INICIO DE LA RELACION LABORAL, SIN PERJUICIO DE TODOS AQUELLOS INCREMENTOS QUE SE PRODUJEREN DURANTE LA TRAMITACION DEL PRESENTE JUICIO, Y EN CASO DE SER VÍCTIMA DE DESPIDO -O TERMINACIÓN DE CONTRATO SE RESTITUYA AL CARGO CON TODOS LOS DERECHOS Y BENEFICIOS INHERENTES, COSTAS DEL JUICIO, promovido por la señora FRANCYS ROSALPINA LOPEZ LUPIAC contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA en su condición de Procuradora General de la República.- 3.- SIN COSTAS en esta instancia.- MANDA: Que la Secretaría del Despacho proceda a notificar a las partes la presente sentencia por medio de las direcciones de correo electrónico proporcionadas por las mismas, para los efectos legales consiguientes y una vez firme el presente fallo vuelvan las diligencias de mérito al Juzgado de su procedencia con la certificación de estilo para los efectos legales pertinentes.- Y con lo expuesto se da por terminada la presente audiencia, firmando para constancia los señores Magistrados y el Secretario del despacho que da fe.” (Folios 19-24 del expediente del A-Quem).4) Que, en fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, compareció el Abogado Jesús Antonio Ferrera Matute, interponiendo recurso de amparo a favor de la señora Francys Rosalpina López Lupiac, afirmando que la sentencia dictada por el Ad-Quem, relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representada, los derechos consagrados en los artículos 82, 90 y 128 de de la República. 5) Que esta Sala, en fecha veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el Abogado Jesús Antonio Ferrera Matute, en consecuencia, dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando la vista de las diligencias al fiscal para que emitiera su dictamen. (Folio 44 del recurso).6) En fecha veinte de febrero de dos mil veintitrés, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, del que se desprende de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos, lo siguiente: “…Que de la interposición del recurso se desprende que el Amparista acude a esta instancia aduciendo la violación a las garantías constitucionales contenidas en los artículo 82, 90, 128 de la Constitución de la República, por considerar que el Juzgado de Letras del Trabajo al momento de dictar sentencia definitiva de fecha diez (10) de enero del 2020, le negó a su representada el pago y goce de vacaciones causadas desde el inicio de la relación laboral, pese haber acreditado en el proceso que la demandante tenía derecho al goce de 12 días en concepto de vacaciones anuales, tal como se desprendía de los contratos contraídos entre las partes, al referir en su resolución: "Que la parte actora no propuso ningún medio de prueba para acreditar que se le adeudase ese concepto". Siendo esto confirmado por el Ad-quem que establece en su fallo: "Que revisados los medios de prueba aportados al proceso no está probado en juicio que se le hayan negado sus vacaciones a la demandante ni que se le deban tales conceptos". Por lo que dicha resolución causa perjuicio a su representada y va en contra de los principios de legalidad, derechos adquiridos, imprescriptibilidad, irrenunciabilidad y verdad procesal. Sobre el particular, esta representación fiscal aprecia que la resolución cuestionada en la presente acción de amparo se encuentra dictada conforme a derecho, en tanto del examen de los antecedentes, como ser los Contratos de Servicios Profesionales suscritos entre las partes se establece que el derecho a las vacaciones no serían remunerados, así como de los medios de prueba presentados en la Audiencia Segunda de Trámite (F.197 al 199 de la primera pieza), no se ofertaron elementos probatorios que acreditasen, como bien señala el Ad-quem, que se le hayan negado las vacaciones a la demandante ni que se le deban tales conceptos; en este sentido, no se observa ninguna vulneración a los derechos alegados por el recurrente. Por lo antes expuesto la sentencia de mérito ha sido debidamente motivada y dictada de conformidad a derecho, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada es un elemento esencial del debido proceso, apreciándose que el fallo impugnado es razonable, congruente y justo. IV.CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer QUE NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, en virtud que no se han vulnerado los derechos constitucionales invocados por el impetrante.” (Folios 47-50 del recurso de mérito). CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha trece de enero de dos mil veintidós por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha diez de enero de dos mil veinte dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, con relación a la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL RECONOCIMIENTO DEL CARÁCTER INDEFINIDO DE UNA RELACIÓN LABORAL, QUE SE RECONOZCA LA CONDICION O ESTATUS DE EMPLEADA PERMANENTE AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 24, 47, 48 PÁRRAFO SEGUNDO Y 52 PARRAFO TERCERO DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, CON EL RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD LABORAL ADQUIRIDA, CON EL PAGO Y GOCE DE VACACIONES CAUSADAS DESDE EL INICIO DE LA RELACIÓN LABORAL, SIN PERJUICIO DE TODOS AQUELLOS INCREMENTOS QUE SE PRODUJEREN DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO Y EN CASO DE SER VÍCTIMA DE DESPIDO O TERMINACIÓN DE CONTRATO SE RESTITUYA AL CARGO CON TODOS LOS DERECHOS Y BENEFICIOS INHERENTES, COSTAS DEL JUICIO, promovido por la señora FRANCYS ROSALPINA LOPEZ LUPIAC contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA en su condición de Procuradora General de la República; fallando sin lugar el recurso de apelación y confirmando la sentencia definitiva de fecha diez de enero de dos mil veinte dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán. CONSIDERANDO (4): Que expone el recurrente que el acto reclamado en amparo lo constituye la sentencia definitiva de fecha trece de enero de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, donde si bien, fue declarada parcialmente con lugar la demanda incoada, no menos cierto es que con flagrancia de la ley, declara sin lugar el pago y goce de las vacaciones causadas desde el inicio de la relación laboral, según lo expresado en el numeral 3 del fallo, disminuyendo los derechos laborales adquiridos de la demandante, que a la luz de las normas y principios de la materia laboral, ya son parte del patrimonio de la trabajadora y por consiguiente, mediante el acto impugnado se causa violación al principio de legalidad, la garantía del debido proceso, restringiendo el goce de la justicia, el bienestar económico y social, derechos adquiridos, irrenunciabilidad, imprescriptibilidad y otras disposiciones legales, al decidir mediante la sentencia recurrida, que a la trabajadora no se le debe otorgar el goce ni el pago de las vacaciones que se le adeudan desde el inicio de la relación laboral, por no estar probado en juicio que se le hayan negado sus vacaciones ni se le deban tales conceptos; criterio que empaña la aplicación de justicia, y la real y efectiva tutela judicial que debe prevalecer. CONSIDERANDO (5): Continua manifestando el recurrente que tanto la sentencia del Juzgado de Letras como de la Corte de Apelaciones tienen un contrasentido altamente antijuridico y perjudicial, porque se observa que el juzgado reconoce que según los contratos suscritos por la demandante con el Estado, se observa que la misma tenía el derecho al goce de doce días de vacaciones pagadas al año, pero a renglón seguido dice que la parte actora no propuso ninguna prueba para acreditar que se le adeudase tal concepto, es decir, el mismo juzgado primero reconoce que con los contratos quedó probado que a la demandante se le otorgaban doce días de vacacione anuales, y al mismo tiempo desmerita que tales contratos constituyen prueba que acrediten que a la demandante no le otorgaban las vacaciones en la forma que lo establece el Código del Trabajo según el artículo 346, y que el pago de las vacaciones causadas constituye una de las peticiones, siendo lo más lamentable que el tribunal de alzada estando llamado a revisar y corregir el error del inferior, comete el mismo yerro, cuando estima que revisados los medios de prueba aportados al proceso, no está probado en juicio que se le hayan negado sus vacaciones a la demandante ni que se le deban tales conceptos; resultando inaceptable no solo porque perjudica los intereses de la demandante, sino porque es contrario a derecho en cuanto se hace una omisión grave a una valoración del Juzgado que según los contratos solo le otorgaban doce días de vacaciones anuales, lo cual quiere decir que si se aportó la prueba y por consiguiente la decisión del juzgado y de la Corte de Apelaciones es constitutiva de una evidente violación a las disposiciones establecidas en los artículos 345, 346, 348 y 349 del Código del Trabajo en relación al artículo 128 constitucional. CONSIDERANDO (6): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán en la resolución que hoy se impugna expone que, como principio general, corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de los preceptos que causaron los derechos impetrados, debiendo el demandante acreditar idóneamente los hechos en que apoya sus pretensiones, y el demandado aquellos en que fundamenta su defensa. Partiendo de este principio, se aprecia que existe abundante prueba documental con la que se acredita que la trabajadora suscribió varios contratos de prestación de servicios profesionales, contratos de trabajo que fueron renovados sucesivamente, desempeñando funciones propias de los trabajadores permanentes. Aunado a ello, ya esta Corte de Apelaciones en reiterados fallos ha dejado establecido que el Estado de Honduras al contratar a sus trabajadores, lo hace en base a contratos de servicios profesionales, nombrándolos en plazas vacantes cuya naturaleza es de carácter permanente, ya que se ha dejado claro que dichos contratos de trabajo reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo relacionado con el artículo 47 del mismo cuerpo legal, estos trabajadores han desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono, y recibiendo un pago como retribución a sus labores, cumpliendo con una jornada de trabajo; resultando claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza permanente. CONSIDERANDO (7): Continúa manifestando la Corte de Apelaciones que como principio general corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de los preceptos que causaron los derechos impetrados, así, el demandante debe acreditar idóneamente los hechos en que apoya sus pretensiones, y el demandado aquellos en que fundamenta su defensa; y que una vez revisados los medios de prueba aportados al proceso, no se aprecia que esté probado en juicio que se le haya negado las vacaciones a la demandante ni que se le deban tales conceptos; ya que ha quedado evidenciado que el Juzgado reconoció que la demandada tenía el goce de doce días de vacaciones pagadas al año según el tiempo laborado, pero no propuso ningún medio de prueba para acreditar que se le adeudase este concepto, por tanto, se declaró sin lugar esta pretensión. CONSIDERANDO (8): Que en fecha diecinueve de enero de dos mil veintitrés, el Ministerio Público emite dictamen apreciando que la resolución cuestionada se encuentra dictada conforme a derecho, por considerar que los contratos de servicios profesionales suscritos entre las partes establecen que el derecho de vacaciones no serian remuneradas; además, no se ofertaron en los medios de prueba presentados en la audiencia segunda de trámite, los elementos probatorios que acreditasen que se le hayan negado las vacaciones a la demandante ni que se le deban tales conceptos, tal como bien lo señala el Ad-Quem. En ese sentido, no se observa ninguna vulneración a los derechos alegados por el recurrente, en consecuencia, el Ministerio Público es del parecer que se no se otorgue la presente acción de Amparo. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala observa que el recurrente ha comparecido en busca de justicia constitucional, por considerar que se le han disminuido y conculcado los derechos laborales adquiridos de la demandante, que a la luz de las normas y principios de la materia laboral ya son parte del patrimonio de la trabajadora, por consiguiente, mediante el acto impugnado según el amparista se causa violación al principio de legalidad, debido proceso y se restringe el goce de la justicia, el bienestar económico y social. En ese orden de ideas y revisada la foliada se puede apreciar que la Corte de Apelaciones referida hace una correcta valoración de la norma al confirmar la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en donde se le reconoce el estatus de empleada permanente a la señora Francys Rosalpina López Lupiac, y se declara sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago y goce de vacaciones desde la fecha de inicio de la relación laboral.CONSIDERANDO (10): Que de lo anteriormente expuesto y del estudio de la resolución que hoy se recurre mediante esta acción constitucional de amparo, así como del dictamen emitido por el Ministerio Público, esta Sala aprecia que ciertamente la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán ha realizado una correcta aplicación de las normas aplicables al caso en estudio puesto que ha respetado en todo momento los principios y garantías establecidas en nuestra Constitución al haber confirmado la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán en donde se le reconoce a la señora Francys Rosalpina López Lupiac como trabajadora permanente, ya que los contratos de trabajo reunían los requisitos señalados en el articulo 20 del Código del Trabajo, por tanto, se le declaró con lugar la demanda ordinaria laboral, reconociéndole con carácter indefinido su relación laboral, así como la antigüedad, incrementos producidos en el transcurso del juicio; declarando únicamente sin lugar el pago y goce de vacaciones, puesto que tal como se encuentra plasmado en los contratos de trabajo, la señora en mención tenía derecho a doce días de vacaciones al año según el tiempo laborado; pero no aportó en juicio que se le hubiere negado dicho derecho ni que se le debieran tales conceptos. En consecuencia, resulta procedente declarar sin lugar la presente acción de amparo, puesto que la resolución recurrida en amparo se encuentra dictada conforme a derecho. CONSIDERANDO (11): Que para esta Sala de lo Constitucional, la argumentación esgrimida por el amparista, no resulta suficiente desde una perspectiva constitucional para al otorgamiento de la acción de amparo, al no acreditar el supuesto agravio ocasionado ni la vulneración a las garantías constitucionales del debido proceso, derecho de defensa y principio de legalidad con la emisión de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán; encontrándose asimismo que la resolución recurrida, se encuentra dotada de argumentación suficiente, garantizando la prevalencia de la garantía de permanencia y estabilidad en el trabajo. Por todo ello se considera que la sentencia bajo estudio no resulta violatoria de los derechos constitucionales invocados por el recurrente; resultando procedente se dicte sentencia denegatoria a la presente garantía de amparo. POR TANTO: , en nombre de de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 59, 64, 80, 82, 90, 128, 134, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de de ; 1 y 78 No. 5 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de de Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de Amparo de la cual se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. - Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (04) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023) certificación de la Sentencia de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0357-2022._______________________________________________CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.JA