Sentencia AL-31-22 — Registro 17416
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó Auto Interlocutorio dictado por Juzgado de Primera Instancia que declaró sin lugar Incidente de Declinatoria por Falta de Jurisdicción opuesta por demandado por considerar que una relación de trabajo no se acredita con un testimonio de escritura pública de poder general para pleitos otorgado por recurrente, sino por el cumplimiento de requisitos legales, en relación a Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnización por despido directo ilegal e injusto o que el patrono pruebe la justa causa de despido promovida por Nery Esteban Baca Mondragón contra recurrente; La Autoridad recurrida aprecia que el apelante se funda en la figura jurídica del Pacta Sunt Servanda y ello constituye un Principio básico de derecho civil y èste no tiene cabida en el ámbito laboral; ya que únicamente presento una copia fotostática de un poder general para pleitos y en el caso debió probar la existencia de contratos de trabajo; no puede alegar que la relación existente es de naturaleza civil por lo que dicha controversia deberá ser dirimida en sentencia definitiva
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala aprecia, que si bien es cierto en este proceso laboral la parte demandada interpuso un incidente mediante la declinatoria, para denunciar la falta de jurisdicción o de competencia genérica del juzgado ante el que se ha interpuesto la demanda, el Iudex A- Quo le dio el impulso procesal correspondiente en aplicación a lo que regula el artículo 715 y 716 del Código de Trabajo, es por ello, que siendo la declinatoria una cuestión incidental, su proposición y sustanciación debe ser conforme lo que regula el Código de Trabajo, plantearse en la primera audiencia de trámite, acompañar el incidentista la prueba que resultara procedente, a menos que el asunto fuere de mero derecho y no requiera prueba alguna, el juez resolverá si lo admite o rechaza a trámite, admitida la cuestión incidental de competencia por la vía de declinatoria -como el caso que nos ocupa- se oyó al representante de la parte procesal demandante para que conteste en la misma audiencia o en otra subsiguiente, proponga pruebas o alegue lo que crea conveniente en su defensa, en relación a lo expuesto por la contraparte, evacuado lo anterior, el juez dictará el respectivo auto interlocutorio resolviendo lo que estime procedente. Es así, que el juez laboral no está sujeto a la tarifa legal de la prueba y formara libremente su convencimiento, inspirándome en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito, como ha sucedido en el presente caso, es evidente entonces, que no se han vulnerado las garantías que invoca el Amparista, ambas partes han concurrido al proceso con igualdad de armas procesales en iguales condiciones y circunstancias, como bien lo aprecia este Alto Tribunal..."..."los órganos jurisdiccionales que conocen el proceso, tanto de instancia como en Apelación coinciden en sus decisiones, que la controversia sea dirimida hasta el momento de dictar sentencia definitiva, donde el juez sentenciador analice y valores todos los actos relevantes del proceso y determine con certidumbre si es la jurisdicción del trabajo o de lo civil la que debe conocer el asunto; estima esta Sala, que las resoluciones están apegadas a derecho en aplicación del artículo 716 del Código de Trabajo que expresa “propuesto en tiempo un incidente el juez, dentro de la misma audiencia resolver si lo admite o rechaza. Si hubiere hechos que probar y no se hubieren presentado las pruebas en el acto, se señalará dia y hora para una nueva audiencia con el fin de practicar las pedidas y decretas, y se decidirá allí mismo o en la sentencia, según corresponda”. Por otro lado, si el incidentista no acredita de manera fehaciente prueba de la existencia de una relación de naturaleza civil resulta aplicable el artículo 21 del Código de Trabajo que señala, “se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”. Es de suma relevancia señalar, que la Jurisdicción del Trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del Contrato de Trabajo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 665, siendo una disposición de orden público y que no puede ser modificada por convenios entre contratantes..."..."resulta procedente confirmar el fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, pues durante la secuela del proceso no se deja ver que se hayan menoscabado las garantías al derecho de defensa y al debido proceso, las partes han acudido a cada una de las audiencias y con ello se ha garantizado una verdadera tutela judicial efectiva tanto para la parte demandante como demandada, entendiendo al debido proceso de dimensiones programáticas, no por esto menos vinculantes jurídicamente, que exigen la existencia, suficiencia y eficacia de un sistema judicial y procesal idóneo para garantizar ese derecho fundamental a la justicia, que no es más, que una consecuencia del monopolio del poder asumido por el Estado y la más importante manifestación del derecho de petición, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagrado en el artículo 25 y de la que Honduras es signataria..."..."esta Sala es del parecer que se Deniegue el Recurso de Amparo, por cuanto la Corte de Apelaciones al declarar No Ha Lugar el recurso de apelación y confirmar el auto interlocutorio apelado, no vulnera en absoluto como ha quedado expresado, las garantías constitucionales invocadas por el impetrante relativas al derecho de defensa y debido proceso, en consecuencia, por todo lo anteriormente expresado, esta Sala de lo Constitucional es del parecer que se deniegue la presente acción de Amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: CERTIFICA :El fallo que literalmente dice: Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTI DISTEGU S.A. DE C.V., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve (9) de noviembre del año dos mil dieciocho (2021), que declaró Sin Lugar el recurso de apelación presentado contra la Resolución interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte (20) de mayo del año dos mil veintiuno (2021),con relación a la demanda Ordinaria promovida por el señor NERY ESTEBAN BACA MONDRAGON, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL DISTEGU. S.A DE C.V.- Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado NERY ESTEBAN BACA MONDRAGON, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnización laboral por despido directo ilegal e injusto, o que el patrono pruebe la justa causa de despido. Caso contrario se condene a la demandada al pago de las prestaciones e indemnización laboral de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde el momento del despido directo ilegal e injusto, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL DISTEGU S.A. DE C.V., por intermedio de su Gerente General el señor GUILLERMO ARTURO FLORES MEJIA.- (Folio 01 al 05 de la primera pieza del Juzgado)2) Que el referido Juzgado, dictó Auto Interlocutorio en fecha veinte (20) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), FALLÓ: 1) DECLARAR SIN LUGAR EL INCIDENTE DE DECLINATORIA POR FALTA DE JURISDICCION, opuesto por el representante procesal demandado. - 2.- SIN COSTAS en esta instancia…”3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN, dictó sentencia en fecha nueve (9) de noviembre del año dos mil dieciocho (2021), en la cual FALLÓ: 1.- Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN.- 2.- Confirmando el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinte (20) de mayo del año dos mil veintiuno (2021)…-(Folio 63 al 69 de la segunda pieza de antecedentes)4) Que el recurrente el Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN, compareció ante este Tribunal, en fecha seis (6) de enero del año dos mil veintidós (2022), interponiendo acción de amparo a favor de LA SOCIEDAD MERCANTI DISTEGU S.A DE C.V., por considerar que la decisión del Ad-Quem, de fecha (9) de noviembre del año dos mil dieciocho (2021), es violatoria a lo dispuesto en el artículos 82 y 90 de la Constitución de la Republica. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veintidós (2022).(Folio 21 de la pieza de Amparo)5) Que con fecha doce (12) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), la abogada CLAUDIA MEJIA MEJIA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que SE DENIEGUE LA ACCIÓN DE AMPARO interpuesta. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a pedirla: 1) Para que se le mantenga o restituya en el goce de os derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución relacionado directamente con el artículo 183 de nuestra Carta Magna. CONSIDERANDO (3): Que la sentencia recurrida en Amparo es la fallada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán en fecha nueve de noviembre del año dos mil veintiuno, dos mil veintiuno (2021)que por unanimidad de votos falla: 1) Declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Alberto García Fortín; 2) Confirmando el auto interlocutorio de fecha veinte de mayo del dos ml veintiuno, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, recaído en el incidente de declinatoria por falta de jurisdicción, presentado por el representante procesal demandado, en la “demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, ilegal e injusto…” promovido por Nery Esteban Baca Mondragón contra la empresa mercantil Distegu, S.A. de C.V. representada por el señor Guillermo Arturo Flores Mejía.CONSIDERANDO (4): Motivación del Recurrente: Que el impetrante en su extensa exposición expresa: Primero: Que en fecha 23 de julio del 2018 el señor Nery Esteban Baca Mondragón promovió demanda ordinaria laboral contra la sociedad mercantil Distegu S.A. de C.V. Segundo: Que el señor Guillermo Arturo Flores Mejía en su condición de gerente general al contestar la demanda, interpuso un incidente de declinatoria por falta de jurisdicción, y en auto de fecha 20 de mayo del 2021 falla: 1) Declarar Sin Lugar el incidente de declinatoria por falta de jurisdicción opuesto por el representante procesal demandado, 2) Sin costas… Tercero: Se interpuso el recurso de apelación contra el precitado auto de fecha 20 de mayo del 2021, admitido en el efecto devolutivo, sin embargo, la Honorable Corte de apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán falla: 1) Declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Alberto García Fortín; 2) Confirmando el auto interlocutorio de fecha veinte de mayo del dos ml veintiuno, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, recaído en el incidente de declinatoria por falta de jurisdicción, presentado por el representante procesal demandado, en la “demanda ordinaria laboral ya referida. Cuarto: Que interpuso el recurso de reposición contra la sentencia de fecha 9 de noviembre del 2021 y la Honorable Corte de Apelaciones del trabajo lo declara sin lugar. Quinto: Que la Corte sentenciadora establece en su Considerando (5) Que de los alegatos hechos por el apelante y de la lectura de la interposición del incidente de declinatoria en la contestación de la demanda, se desprende que los hace en base a lo establecido en los artículos 1346 y 1348 del Código Civil, artículos que a criterio de esta Corte de Apelaciones se encuentran relacionados con el 1552 del Código Civil, lo esgrimido por el apelante se fundamenta en la figura jurídica del Pacta Sunt Servanda, siendo esta una convención que debe ser fielmente por las parte de acuerdo de acuerdo con lo pactado; y esto constituye un principio básico del derecho civil (específicamente relacionado con los contratos) y del derecho internacional. Es decir, que de acuerdo a esto “el contrato es ley entre las partes”, pero es el caso, que tal principio no tiene cabida en el ámbito laboral, ya que la parte demandada debió probar la existencia de contratos de trabajo, y únicamente presento una copia fotostática de un poder general para pleitos, documento que no acredita por sí misma la existencia de una relación civil; y por tanto, al no haber presentado contratos de trabajo, la parte incidentista no pude alegar que la relación existente es de naturaleza civil y por lo tanto dicha controversia debe ser dirimida en sentencia definitiva”. Con esta motivación de la Corte se comprueban las violaciones a la garantía constitucional al debido proceso, en relación a la valoración de las pruebas, prendiendo que la parte demandada, es decir, la sociedad que represento presentara y acredita como medios de pruebas contratos de trabajo, cuando al alegarse una declinatoria por falta de jurisdicción lo que se alega precisamente es inexistencia de una relación de una relación de trabajo y por ende, de un contrato de trabajo, siendo improcedente que pretendas la corte sentenciadora que se pruebe lo que se está negando, habida cuenta que la parte contraria tampoco logro acreditar lo contario. CONSIDERANDO (5):Que continua expresando el recurrente, que el artículo 739 del Código d Trabajo establece: “El juez no eta sujeto …” por lo que si bien el juez (en este caso, la Corte sentenciadora recurrida) formara libremente su convencimiento y no está sujeta a la tarifa legal de la prueba, también está obligada a atender las circunstancia relevante del pleito, por lo que al motivar que la sociedad DISTEGU S.A. de C.V. debía haber acreditado un contrato de trabajo, está incurriendo en infracción de la citada disposición legal, pues no está atendiendo a las circunstancias del pleito, pues no puede pretender que se pruebe lo que se está negando, siendo dicha disposición citada una norma adjetiva, por lo que se está violentando el derecho al debido proceso en perjuicio de la mencionada sociedad. La Sociedad DISTEGU, S.A de C.V. acreditó la existencia de un contrato civil, como ser un contrato de mandato, que regula una relación de carácter civil, siendo esta la razón por la que se alegó declinatoria por falta de jurisdicción. El Amparista considera quebrantados los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República relativos al derecho de defensa y debido proceso. CONSIDERANDO (6): Que analizados los motivos del recurso el tema a dirimir, es si la Alzada con su decisión vulnera las garantías al derecho a la defensa y debido proceso invocadas por el Amparista al confirmar el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del trabajo de fecha 20 de mayo del 2021, que declara No Ha Lugar un incidente de declinatoria por falta de jurisdicción, presentado por la parte demandada. El Juez A-Quo en el auto interlocutorio apelado puntualiza, “Sexto: Que analizados los argumentos planteados por las partes, la demandada alega que no corresponde a la jurisdicción del Trabajo el conocimiento sino a la civil, por lo que analizada la prueba aportada si bien la parte demandada presenta un testimonio de escritura pública de poder general para pleitos de defensa y presentación otorgado por el señor Jorge Mauricio Zepeda Mairena como Gerente General de la empresa DISTEGU S.A. de C.V. a favor del abogado Nery Esteban Baca Mondragón, con la misma no acredita la regulación bajo la cual se acordó la prestación de Servicio, este es un instrumento necesario para la representación procesal de las partes no las condiciones de la prestación del servicio, puesto que no es la voluntad de las partes por ellas mismas, la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo, sino el hecho de que si esta relación cumple o no los requisitos establecidos por la ley para que se confirme como tal, por lo que al tenor del artículo 21 de Código de Trabajo “se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”, resultando que esta polémica deber ser dilucidada con los demás hechos en controversia en el presente proceso en el momento de analizar la prueba aportada por las partes, previo a dictar la sentencia definitiva correspondiente; por consiguiente, es procedente declarar Sin Lugar el Incidente de Declinatoria por Falta de Jurisdicción planteado por el representante procesal demandado”. CONSIDERANDO (7): Que la Alzada en su fallo de fecha 9 de noviembre del 2021, hoy objeto de amparo, motiva entre otros conceptos en el “Considerando (5): Que de los alegatos hechos por el apoderado apelante en esta instancia y de la lectura de la interposición del incidente de declinatoria presentado en la contestación de la demanda, de los mismos se desprende que lo hace en base a lo establecido en los artículos 1346 y 1349 del Código Civil, artículos que a criterio de esta Corte de Apelaciones se encuentran relacionados con el 1552 del Código Civil. Al respecto, lo esgrimido por el apelante se fundamenta en la figura jurídica Pacta Sunt Servanda, siendo esta una convención que debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado; y esto constituye un principio básico del derecho civil (específicamente relacionada con los contratos) y del derecho internacional. Es decir, que de acuerdo a esto “el contrato es ley entre la partes”, pero es el caso, que tal principio no tiene cabida en el ámbito laboral, ya que la parte demandada debió probar la existencia de contratos de trabajo, y únicamente presento una copia fotostática de un poder general para pleitos, documento que no acredita por sí mismo la existencia de una relación civil; y por tanto, al no haber presentado estos contratos de trabajo, la parte incidentista no puede alegar que la relación existente es de naturaleza civil y por lo tanto dicha controversia deberá ser dirimida en sentencia definitiva”. Y por último que la motivación y resolución dictada por el A-Quo es correcta y apegada a derecho, por lo que procede su confirmatoria. CONSIDERANDO (8) : Que esta Sala aprecia, que si bien es cierto en este proceso laboral la parte demandada interpuso un incidente mediante la declinatoria, para denunciar la falta de jurisdicción o de competencia genérica del juzgado ante el que se ha interpuesto la demanda, el Iudex A- Quo le dio el impulso procesal correspondiente en aplicación a lo que regula el artículo 715 y 716 del Código de Trabajo, es por ello, que siendo la declinatoria una cuestión incidental, su proposición y sustanciación debe ser conforme lo que regula el Código de Trabajo, plantearse en la primera audiencia de trámite, acompañar el incidentista la prueba que resultara procedente, a menos que el asunto fuere de mero derecho y no requiera prueba alguna, el juez resolverá si lo admite o rechaza a trámite, admitida la cuestión incidental de competencia por la vía de declinatoria -como el caso que nos ocupa- se oyó al representante de la parte procesal demandante para que conteste en la misma audiencia o en otra subsiguiente, proponga pruebas o alegue lo que crea conveniente en su defensa, en relación a lo expuesto por la contraparte, evacuado lo anterior, el juez dictará el respectivo auto interlocutorio resolviendo lo que estime procedente. Es así, que el juez laboral no está sujeto a la tarifa legal de la prueba y formara libremente su convencimiento, inspirándome en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito, como ha sucedido en el presente caso, es evidente entonces, que no se han vulnerado las garantías que invoca el Amparista, ambas partes han concurrido al proceso con igualdad de armas procesales en iguales condiciones y circunstancias, como bien lo aprecia este Alto Tribunal. CONSIDERANDO (9): Que los órganos jurisdiccionales que conocen el proceso, tanto de instancia como en Apelación coinciden en sus decisiones, que la controversia sea dirimida hasta el momento de dictar sentencia definitiva, donde el juez sentenciador analice y valores todos los actos relevantes del proceso y determine con certidumbre si es la jurisdicción del trabajo o de lo civil la que debe conocer el asunto; estima esta Sala, que las resoluciones están apegadas a derecho en aplicación del artículo 716 del Código de Trabajo que expresa “propuesto en tiempo un incidente el juez, dentro de la misma audiencia resolver si lo admite o rechaza. Si hubiere hechos que probar y no se hubieren presentado las pruebas en el acto, se señalará dia y hora para una nueva audiencia con el fin de practicar las pedidas y decretas, y se decidirá allí mismo o en la sentencia, según corresponda”. Por otro lado, si el incidentista no acredita de manera fehaciente prueba de la existencia de una relación de naturaleza civil resulta aplicable el artículo 21 del Código de Trabajo que señala, “se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”. Es de suma relevancia señalar, que la Jurisdicción del Trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del Contrato de Trabajo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 665, siendo una disposición de orden público y que no puede ser modificada por convenios entre contratantes. CONSIDERANDO (10): Que por lo anteriormente expresado, resulta procedente confirmar el fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, pues durante la secuela del proceso no se deja ver que se hayan menoscabado las garantías al derecho de defensa y al debido proceso, las partes han acudido a cada una de las audiencias y con ello se ha garantizado una verdadera tutela judicial efectiva tanto para la parte demandante como demandada, entendiendo al debido proceso de dimensiones programáticas, no por esto menos vinculantes jurídicamente, que exigen la existencia, suficiencia y eficacia de un sistema judicial y procesal idóneo para garantizar ese derecho fundamental a la justicia, que no es más, que una consecuencia del monopolio del poder asumido por el Estado y la más importante manifestación del derecho de petición, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagrado en el artículo 25 y de la que Honduras es signataria.CONSIDERANDO (11): Que Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del estado, por magistrado y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes. CONSIDERANDO(12): Que el objeto de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico Constitucional, disposiciones que se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; en tal sentido, esta Sala es del parecer que se Deniegue el Recurso de Amparo, por cuanto la Corte de Apelaciones al declarar No Ha Lugar el recurso de apelación y confirmar el auto interlocutorio apelado, no vulnera en absoluto como ha quedado expresado, las garantías constitucionales invocadas por el impetrante relativas al derecho de defensa y debido proceso, en consecuencia, por todo lo anteriormente expresado, esta Sala de lo Constitucional es del parecer que se deniegue la presente acción de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 60, 64, 80, 82, 90, 127, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 78 atribución 5 y 93 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional. FALLA: 1) Denegando el Recurso de Amparo promovido por el abogado Alberto García Fortín a favor de la Sociedad Mercantil DISTEGU S.A. de C.V. representada por el señor Guillermo Arturo Mejía contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán en fecha nueve (09) de noviembre del dos mil veintiuno (2021); Y MANDA: Que con certificación de estilo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Redactó el Magistrado WAGNER VALLECILLO PAREDES. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de mayo de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fecha veintidós de marzo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-0031-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL