Sentencia AL-202-22 — Registro 17466
Resumen
En relación a la demanda laboral promovida contra impetrante a efecto de que éste pruebe la justa causa de despido, o en su defecto, el reintegro al trabajo,aduciendo impetrante que los contratos del Poder Ejecutivo, serán sujetos por su propia naturaleza al derecho administrativo. Concluyendo que el Juzgado de lo laboral está conociendo de forma indebida de un asunto privativo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo considera vulnerado sus garantías al declararsele sin lugar incidente de Declinatoria por Falta de Jurisdicción del Tribunal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."7): Que de la revisión de los antecedentes se acreditó que el demandante fungía como “Inspector de Migración”, realizando las funciones siguientes: Realizar el control de entradas y salidas de los nacionales y extranjeros, Inspeccionar los medios de transporte nacionales e internacionales, inspeccionar centros de trabajo, centros de espectáculos públicos, centros educativos y cualquier lugar donde permanezcan personas migrantes, con el objetivo de verificar la situación migratoria de extranjeros, verificar y validar documentos de viaje, éstas funciones y otras hasta completar veinticuatro funciones específicas contenidas en el documento denominado “Contrato de Prestación de Servicios Profesionales”, concluyéndose que dichas funciones son de carácter permanente, pues ésto es lo que sucede en la cotidianidad del desempeño de las funciones realizadas, ésta cotidianidad es lo que define con precisión la coexistencia de una relación laboral, y de ahí surge el amparo a los derechos de la persona. Se reitera que las funciones realizadas por el demandante son la razón de ser o la misión de dicha institución del Estado, pues no se trata de prestar servicios específicos como asesorías, dirección técnica, coordinación específica y temporal, preparación de términos de referencia, supervisión técnica de obras etc., lo cual es excluyente con la realización de las labores de un Inspector de Migración. CONSIDERANDO (8): El presente caso es uno más donde se observa la relación en desventaja del trabajador y el patrono, y más en casos en los que el patrono es el Estado, pues existe una desprotección total del trabajador al encubrir la relación de trabajo con acuerdos contractuales, sin importar la evidente existencia de la continuidad de las funciones, con el propósito de evitar el pago de aportes al sistema de seguridad social de salud, el pago de aportes para el sistema de pensión y jubilación, no hay lugar al pago de prestaciones sociales, constituyendo una franca vulneración a los derechos de los trabajadores. CONSIDERANDO (9): Observa esta Sala que tanto el A-quo como el Ad-quem, han seguido y aplicado un criterio jurisprudencial de la Sala Laboral-Contencioso Administrativa, criterio avalado por esta Sala de lo Constitucional, agregando que, cuando se trata de contratos de servicios profesionales y técnicos, éstos deben, al momento de su análisis, pasar por el tamiz del principio protector de la primacía de la realidad y de la intrascendencia de la calificación jurídica que las partes le den al documento del cual surja la relación previo a determinar se es contractual o laboral y con ello determinar la jurisdicción por materia. CONSIDERANDO (10): En la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 31 de mayo de 2006, se decidió adoptar, con fecha 15 de junio de ese mismo año, “La recomendación No. 198 Sobre la Relación de Trabajo, 2006”, en dicha recomendación se reafirma el Principio de Primacía de la Realidad Sobre las Formas, a utilizarse sobre todo en los contratos de prestación de servicios en la administración pública. Es así que cuando en el desarrollo de un contrato de prestación de servicios se configura una relación laboral, se entiende que existe indiscutiblemente un contrato de trabajo, por lo mismo, quien presta el servicio lo ejecutara en una jornada completa, presente el elemento de subordinación, es decir, con ausencia de autonomía al momento de realizar las funciones, por lo que tiene derecho a exigir todas las prestaciones legales. Así las cosas, esta Sala concluye que una relación de trabajo se considera formalmente establecida, a pesar de que las partes hayan dado una designación diferente al vínculo, en estos casos la ley asumirá todas las formalidades de la contratación laboral (artículo 20 del Código del Trabajo), aun y cuando no estén definidas en el contrato de servicios profesionales. CONSIDERANDO (11): Por el contrario, serán contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados y a ser ejecutados dentro de un término de tiempo justo mientras se ejecuta la labor contractual acordada y con absoluta autonomía respecto de quien lo contrata. CONSIDERANDO (12): Que, en el caso de autos, la sentencia recurrida no vulnera los artículos constitucionales citados, en virtud de que se detectó una vulneración de derechos al trabajador por parte del Estado al pretender simular una relación laboral con un contrato de servicios profesionales, en detrimento o perjuicio en los derechos constitucionalmente reconocidos a los trabajadores, en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución de la República que manda al Estado a tutelar los derechos de los trabajadores, pues mientras los trabajadores o empleados nombrados por acuerdo en el Estado, gozan de todas las garantías propias del empleo público, quienes están vinculados mediante contrato de prestación de servicios no. Se determina entonces que dentro del proceso se ha dado respuesta a las pretensiones del quejoso quien ha hecho uso de los medios y mecanismos legales en las etapas procesales correspondientes, ello en procura del derecho reclamado y de la oposición formulada. Se ha observado el derecho de defensa. Sumado a lo anterior, queda evidenciado que tanto el A-quo como el Ad-quem han respetado el debido proceso laboral, dando respuesta pronta y oportuna a las partes aplicando las disposiciones legales correspondientes al caso, específicamente con respecto a la excepción propuesta, razón por la cual es procedente denegar el amparo de mérito"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que el Ad-quem en fecha doce de enero de dos mil veintidós, falló confirmando la sentencia recurrida, concluyendo que es importante establecer que la existencia del vínculo de la “subordinación es tan esencial que la doctrina ha dicho con propiedad que donde hay subordinación hay contrato de trabajo, y viceversa donde no existe la subordinación lo que hay es un contrato de derecho común. Aduce el Adquem que la jurisprudencia ha reconocido que la subordinación jurídica es la esencia del contrato de trabajo; la autonomía e independencia en la prestación del servicio da lugar a configurar un contrato de naturaleza civil. la diferencia está en que en la autonomía e independencia propia de la vinculación de la naturaleza civil del contrato se inspira en la igualdad formal de las partes, mientras que en el contrato de trabajo rige la primacía de la realidad acorde con las condiciones reales de la prestación del servicio. Sobre el principio de la primacía de la realidad señala el jurista Olvín Rodríguez en su obra “Estudios de Derecho Laboral, Página 156 “Que de acuerdo a este principio es la prestación del servicio y no el acuerdo de voluntades, lo que hace que el trabajador se encuentre amparado por el derecho del trabajo; o dicho en otras palabras la prestación del servicio es el supuesto necesario para la aplicación del derecho del trabajo…”. No conforme, el defensor del Estado Estima recurrió vía amparo esta sentencia alegando la vulneración de los artículos 64, 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (7): Que de la revisión de los antecedentes se acreditó que el demandante fungía como “Inspector de Migración”, realizando las funciones siguientes: Realizar el control de entradas y salidas de los nacionales y extranjeros, Inspeccionar los medios de transporte nacionales e internacionales, inspeccionar centros de trabajo, centros de espectáculos públicos, centros educativos y cualquier lugar donde permanezcan personas migrantes, con el objetivo de verificar la situación migratoria de extranjeros, verificar y validar documentos de viaje, éstas funciones y otras hasta completar veinticuatro funciones específicas contenidas en el documento denominado “Contrato de Prestación de Servicios Profesionales”, concluyéndose que dichas funciones son de carácter permanente, pues ésto es lo que sucede en la cotidianidad del desempeño de las funciones realizadas, ésta cotidianidad es lo que define con precisión la coexistencia de una relación laboral, y de ahí surge el amparo a los derechos de la persona. Se reitera que las funciones realizadas por el demandante son la razón de ser o la misión de dicha institución del Estado, pues no se trata de prestar servicios específicos como asesorías, dirección técnica, coordinación específica y temporal, preparación de términos de referencia, supervisión técnica de obras etc., lo cual es excluyente con la realización de las labores de un Inspector de Migración. CONSIDERANDO (8): El presente caso es uno más donde se observa la relación en desventaja del trabajador y el patrono, y más en casos en los que el patrono es el Estado, pues existe una desprotección total del trabajador al encubrir la relación de trabajo con acuerdos contractuales, sin importar la evidente existencia de la continuidad de las funciones, con el propósito de evitar el pago de aportes al sistema de seguridad social de salud, el pago de aportes para el sistema de pensión y jubilación, no hay lugar al pago de prestaciones sociales, constituyendo una franca vulneración a los derechos de los trabajadores. CONSIDERANDO (9): Observa esta Sala que tanto el A-quo como el Ad-quem, han seguido y aplicado un criterio jurisprudencial de la Sala Laboral-Contencioso Administrativa, criterio avalado por esta Sala de lo Constitucional, agregando que, cuando se trata de contratos de servicios profesionales y técnicos, éstos deben, al momento de su análisis, pasar por el tamiz del principio protector de la primacía de la realidad y de la intrascendencia de la calificación jurídica que las partes le den al documento del cual surja la relación previo a determinar se es contractual o laboral y con ello determinar la jurisdicción por materia. CONSIDERANDO (10): En la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 31 de mayo de 2006, se decidió adoptar, con fecha 15 de junio de ese mismo año, “La recomendación No. 198 Sobre la Relación de Trabajo, 2006”, en dicha recomendación se reafirma el Principio de Primacía de la Realidad Sobre las Formas, a utilizarse sobre todo en los contratos de prestación de servicios en la administración pública. Es así que cuando en el desarrollo de un contrato de prestación de servicios se configura una relación laboral, se entiende que existe indiscutiblemente un contrato de trabajo, por lo mismo, quien presta el servicio lo ejecutara en una jornada completa, presente el elemento de subordinación, es decir, con ausencia de autonomía al momento de realizar las funciones, por lo que tiene derecho a exigir todas las prestaciones legales. Así las cosas, esta Sala concluye que una relación de trabajo se considera formalmente establecida, a pesar de que las partes hayan dado una designación diferente al vínculo, en estos casos la ley asumirá todas las formalidades de la contratación laboral (artículo 20 del Código del Trabajo), aun y cuando no estén definidas en el contrato de servicios profesionales. CONSIDERANDO (11): Por el contrario, serán contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados y a ser ejecutados dentro de un término de tiempo justo mientras se ejecuta la labor contractual acordada y con absoluta autonomía respecto de quien lo contrata.."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dicen:”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE ALEJANDRO CASTRO a favor del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha doce de enero de dos mil veintidós, que declaró HA LUGAR un recurso de apelación presentado contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en relación a la demanda laboral promovida por el señor GUSTAVO ADOLFO GUILLEN ESPINAL, contra el INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 64, 82, y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1) Que en fecha dieciséis de marzo de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, el señor GUSTAVO ADOLFO GUILLEN, actuando en su condición personal, interponiendo demanda ordinaria laboral contra la Señora CAROLINA DOLORES MENJIVAR GUTIERREZ, en su condición de Directora del Instituto Nacional de Migración; a efecto de que la demandada, pruebe justa causa de despido, o en su defecto, el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, y el pago de salarios dejados de percibir. (Folios 03 al 05 del Tomo I de la primera pieza de los antecedentes) 2) Que en fecha uno de noviembre de dos mil dieciocho, en la celebración de la Audiencia Primera de Trámite, el Abogado MELVIN JAVIER FLORES PINEDA, actuando en su condición de apoderado procesal del ESTADO DE HONDURAS, interpuso Incidente de Declinatoria por Falta de Jurisdicción del Tribunal, alegando que la jurisdicción que debía conocer sobre la demanda incoada, es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. (Folios 138 y 139 del Tomo I de la primera pieza de los antecedentes) 3) Que en fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, dictó sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR, el INCIDENTE DECLINATORIA POR FALTA DE JURISDICCION DEL TRIBUNAL promovido por el representante procesal del demandado…” (Folios 150 al 153 de la primera pieza de antecedentes) 4) Que conociendo de un recurso de apelación presentada por el apoderado de la parte demandante, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle dictó sentencia en fecha doce de enero de dos mil veintidós, en la cual falló: “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE ALEJANDRO CASTRO, en su condición de Representante Procesal del Demandado, contra la resolución de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QIE EL PATRONO PRUEBE JUSTA CAUSA DE DESPIDO, REINTEGRO, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO ILEGAL E INJUSTO SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS MAS CONDENA EN COSTAS, promovido por el señor GUSTAVO ADOLFO GUILLEN ESPINAL, contra el INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Representado por su Directora la señora CAROLINA DOLORES MENJIVAR GUTIERREZ. SEGUNDO: CONFIRMAR LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA IMPUGNADA...” (Folios 5 al 12 de la pieza de primera instancia) 5) Que el Abogado JOSE ALEJANDRO CASTRO, compareció ante este Tribunal en fecha uno de febrero de dos mil veintidós, reclamando amparo a favor del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, afirmando que la sentencia interlocutoria de fecha doce de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Ad-quem y de que se ha hecho referencia en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 82, y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada su acción de amparo en fecha quince de agosto de dos mil veintidós. (Folios 01 al 04 y 26 del recurso de amparo) 6) Que en fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido el dictamen a través de su Fiscal, la Abogada CLAUDIA MEJIA MEJIA, quien fue de la opinión porque: “Se Deniegue la presente acción de amparo por no existir vulneración de las garantías invocadas por la amparista.” (Folios 39 al 43 del recurso de amparo) CONSIDERANDO(1): Que se conoce del recurso de amparo interpuesto por el abogado José Alejandro Castro a favor del Instituto Nacional de Migración, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, en fecha doce de enero de dos mil veintidós, que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en relación a la demanda laboral promovida por el señor GUSTAVO ADOLFO GUILLEN ESPINAL, contra el INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. CONSIDERANDO(2): Que se deja planteado en los antecedentes que el señor GUSTAVO ADOLFO GUILLEN, actuando en su condición personal, interpuso demanda ordinaria laboral contra la Directora del Instituto Nacional de Migración; señora CAROLINA DOLORES MENJIVAR GUTIÉRREZ, efecto de que se pruebe justa causa de despido o en su defecto, sea condenada al reintegro de su trabajo en iguales o mejores condiciones, y al pago de salarios dejados de percibir. CONSIDERANDO(3): Que la demanda fue contestada en tiempo y forma, exponiendo el Abogado JUAN CARLOS FERRUFINO ACOSTA, actuando en su condición de Procurador Judicial de la Procuraduría General de la República para los departamentos de Choluteca y Valle, que la demanda debe ser rechazada por improcedente, al igual que la petición de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios. CONSIDERANDO(4): En la audiencia primera de trámite celebrada el uno de noviembre del año dos mil dieciocho, el demandado interpuso el incidente de declinatoria por falta de jurisdicción del tribunal, argumentando que en el presente caso se suscribió un contrato de servicios profesionales o técnicos, por cuya naturaleza jurídica no debe ser conocido en materia laboral. Aduce el recurrente que la acción debió ser interpuesta ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por disponerlo así el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que señala que: “las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la ley de Contratación del Estado, que hayan sido celebrados por cualquiera de los poderes del Estado, por las Municipalidades y por las instituciones autónomas y todo lo relativo a los contratos de servicios profesionales o técnicos que celebren los poderes del Estado”. Argumenta que, el demandado fue contratado por la anterior Dirección General de Migración y Extranjería hoy Instituto Nacional de Migración, y que los contratos del Poder Ejecutivo, serán sujetos por su propia naturaleza al derecho administrativo. Concluye su exposición aduciendo que el Juzgado de lo laboral está conociendo de forma indebida de un asunto privativo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. CONSIDERANDO(5): Que en fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno, el Juez de Letras Primero departamental de Choluteca, dictó sentencia interlocutoria para decidir el incidente de declinatoria por falta de jurisdicción del tribunal, declarándolo SIN LUGAR, motivando su decisión de la manera siguiente: “…Que el caso subjúdice se contrae a determinar se una relación de trabajo existente entre un particular y el Estado de Honduras suscrita bajo la modalidad de “Contrato de Prestación de Servicios Personales” puede o no ser sometida a la jurisdicción laboral; lo cual debe ser resuelto a la luz de los principios protectorios y de la primacía de la realidad. Tal situación debe resolverse desde un punto de vista de la normativa laboral de la manera siguiente: 1) Si hay subordinación, elemento que se materializa dentro del propio contrato de prestación de servicios personales, puesto que en su cláusula “segunda” el patrono, es decir el Estado de Honduras le impone al Trabajador un horario de trabajo como se lee literal a) “Prestara sus servicios de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm, debiendo estar disponible en horario distinto al anterior cuando así lo requiera el desempeño de su trabajado” es decir, que el demandante no dispone de libertad en la ejecución de sus actividades personales por lo tanto se encuentra sujeto y consecuentemente subordinado a su patrono, en este caso el Estado de Honduras; 2) Si se presta el trabajo de manera personal, hecho que ha quedado establecido con el propio contrato de trabajo; 3) El lugar y los medios con que se ejecuta el trabajo, según la propia clausula “segunda” del contrato de prestación de servicios personales los lugares serán los que le indica el propio contratante; 4) Si el trabajo desempeñado corresponde a un puesto permanente en la institución hecho que no ha sido evacuado por las partes, sin embargo la suscrita juez deviene en la obligación de evacuar tal extremo a la luz del principio de la realidad y siendo que el trabajador inició a laborar para la demandada desde la fecha 01 de septiembre del 2008, por lo cual transcurrieron hasta el 12 de diciembre del 2014, seis años, tres meses y once días, lo cual nos arriba a la conclusión lógica de que por su naturaleza dicho puesto debe ser permanente en la institución y 5) Una remuneración o salario, lo cual ya ha quedado acreditado. Siendo que el juez del Trabajo es el único facultado para establecer si en un determinado caso se da o no la concurrencia de los tres elementos esenciales del contrato de trabajo y declarar o no la existencia de una relación laboral y sus consecuencias. Por tanto, la suscrita arriba a la convicción de que nos encontramos frente a una verdadera relación laboral misma que se ha pretendido ocultar mediante la suscripción sucesiva de los denominados “Contrato de Prestación de Servicios Personales” que aparentemente no podrían ser conocidos por la jurisdicción del trabajo; sin embargo, cuando se entiende que existe un contrato de trabajo, éste no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen…” CONSIDERANDO (6): Que el Ad-quem en fecha doce de enero de dos mil veintidós, falló confirmando la sentencia recurrida, concluyendo que es importante establecer que la existencia del vínculo de la “subordinación es tan esencial que la doctrina ha dicho con propiedad que donde hay subordinación hay contrato de trabajo, y viceversa donde no existe la subordinación lo que hay es un contrato de derecho común. Aduce el Adquem que la jurisprudencia ha reconocido que la subordinación jurídica es la esencia del contrato de trabajo; la autonomía e independencia en la prestación del servicio da lugar a configurar un contrato de naturaleza civil. la diferencia está en que en la autonomía e independencia propia de la vinculación de la naturaleza civil del contrato se inspira en la igualdad formal de las partes, mientras que en el contrato de trabajo rige la primacía de la realidad acorde con las condiciones reales de la prestación del servicio. Sobre el principio de la primacía de la realidad señala el jurista Olvín Rodríguez en su obra “Estudios de Derecho Laboral, Página 156 “Que de acuerdo a este principio es la prestación del servicio y no el acuerdo de voluntades, lo que hace que el trabajador se encuentre amparado por el derecho del trabajo; o dicho en otras palabras la prestación del servicio es el supuesto necesario para la aplicación del derecho del trabajo…”. No conforme, el defensor del Estado Estima recurrió vía amparo esta sentencia alegando la vulneración de los artículos 64, 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (7): Que de la revisión de los antecedentes se acreditó que el demandante fungía como “Inspector de Migración”, realizando las funciones siguientes: Realizar el control de entradas y salidas de los nacionales y extranjeros, Inspeccionar los medios de transporte nacionales e internacionales, inspeccionar centros de trabajo, centros de espectáculos públicos, centros educativos y cualquier lugar donde permanezcan personas migrantes, con el objetivo de verificar la situación migratoria de extranjeros, verificar y validar documentos de viaje, éstas funciones y otras hasta completar veinticuatro funciones específicas contenidas en el documento denominado “Contrato de Prestación de Servicios Profesionales”, concluyéndose que dichas funciones son de carácter permanente, pues ésto es lo que sucede en la cotidianidad del desempeño de las funciones realizadas, ésta cotidianidad es lo que define con precisión la coexistencia de una relación laboral, y de ahí surge el amparo a los derechos de la persona. Se reitera que las funciones realizadas por el demandante son la razón de ser o la misión de dicha institución del Estado, pues no se trata de prestar servicios específicos como asesorías, dirección técnica, coordinación específica y temporal, preparación de términos de referencia, supervisión técnica de obras etc., lo cual es excluyente con la realización de las labores de un Inspector de Migración. CONSIDERANDO (8): El presente caso es uno más donde se observa la relación en desventaja del trabajador y el patrono, y más en casos en los que el patrono es el Estado, pues existe una desprotección total del trabajador al encubrir la relación de trabajo con acuerdos contractuales, sin importar la evidente existencia de la continuidad de las funciones, con el propósito de evitar el pago de aportes al sistema de seguridad social de salud, el pago de aportes para el sistema de pensión y jubilación, no hay lugar al pago de prestaciones sociales, constituyendo una franca vulneración a los derechos de los trabajadores. CONSIDERANDO (9): Observa esta Sala que tanto el A-quo como el Ad-quem, han seguido y aplicado un criterio jurisprudencial de la Sala Laboral-Contencioso Administrativa, criterio avalado por esta Sala de lo Constitucional, agregando que, cuando se trata de contratos de servicios profesionales y técnicos, éstos deben, al momento de su análisis, pasar por el tamiz del principio protector de la primacía de la realidad y de la intrascendencia de la calificación jurídica que las partes le den al documento del cual surja la relación previo a determinar se es contractual o laboral y con ello determinar la jurisdicción por materia. CONSIDERANDO (10): En la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 31 de mayo de 2006, se decidió adoptar, con fecha 15 de junio de ese mismo año, “La recomendación No. 198 Sobre la Relación de Trabajo, 2006”, en dicha recomendación se reafirma el Principio de Primacía de la Realidad Sobre las Formas, a utilizarse sobre todo en los contratos de prestación de servicios en la administración pública. Es así que cuando en el desarrollo de un contrato de prestación de servicios se configura una relación laboral, se entiende que existe indiscutiblemente un contrato de trabajo, por lo mismo, quien presta el servicio lo ejecutara en una jornada completa, presente el elemento de subordinación, es decir, con ausencia de autonomía al momento de realizar las funciones, por lo que tiene derecho a exigir todas las prestaciones legales. Así las cosas, esta Sala concluye que una relación de trabajo se considera formalmente establecida, a pesar de que las partes hayan dado una designación diferente al vínculo, en estos casos la ley asumirá todas las formalidades de la contratación laboral (artículo 20 del Código del Trabajo), aun y cuando no estén definidas en el contrato de servicios profesionales. CONSIDERANDO (11): Por el contrario, serán contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados y a ser ejecutados dentro de un término de tiempo justo mientras se ejecuta la labor contractual acordada y con absoluta autonomía respecto de quien lo contrata. CONSIDERANDO (12): Que, en el caso de autos, la sentencia recurrida no vulnera los artículos constitucionales citados, en virtud de que se detectó una vulneración de derechos al trabajador por parte del Estado al pretender simular una relación laboral con un contrato de servicios profesionales, en detrimento o perjuicio en los derechos constitucionalmente reconocidos a los trabajadores, en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución de la República que manda al Estado a tutelar los derechos de los trabajadores, pues mientras los trabajadores o empleados nombrados por acuerdo en el Estado, gozan de todas las garantías propias del empleo público, quienes están vinculados mediante contrato de prestación de servicios no. Se determina entonces que dentro del proceso se ha dado respuesta a las pretensiones del quejoso quien ha hecho uso de los medios y mecanismos legales en las etapas procesales correspondientes, ello en procura del derecho reclamado y de la oposición formulada. Se ha observado el derecho de defensa. Sumado a lo anterior, queda evidenciado que tanto el A-quo como el Ad-quem han respetado el debido proceso laboral, dando respuesta pronta y oportuna a las partes aplicando las disposiciones legales correspondientes al caso, específicamente con respecto a la excepción propuesta, razón por la cual es procedente denegar el amparo de mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3, 19, 20, 710 y 858 del Código del Trabajo, 1, 3 No. 2), 7, 9 No. 3) literal b) y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por el Abogado JOSE ALEJANDRO CASTRO a favor del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha doce de enero de dos mil veintidós, que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación presentado contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en relación a la demanda laboral promovida por el señor GUSTAVO ADOLFO GUILLEN ESPINAL, contra el INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Wagner Vallecillo.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de mayo de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fechas veintidós de marzo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0202-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL