Sentencia AL-163-22 — Registro 17950
Resumen
Sentencia declaró ha lugar recurso de apelación contra resolución dictada por Juzgado de Instancia que declaró sin lugar el embargo de créditos a MEDICARD S A por considerar que es persona jurídica distinta a la demandada (BANMEDICA S A de C V) (PORSALUD) en Demanda laboral promovida por demandante contra BANMEDICA S A de C V o conocida como PORSALUD; La Autoridad recurrida reformó el fallo por considerar que procede decretar embargo de saldos existentes en entidades financieras y de crédito a favor del ejecutado (MEDICARD S A) por considerar que se está frente al mismo empleador según pruebas aportadas, y ordenó al Juez realizar las diligencias necesarias para tal fin; confirmando los demás extremos de la sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió declarar Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la representación procesal de la señora Julia Suazo Martínez, en atención a que la sociedad mercantil demandada fue BANMEDICA, S.A. de C.V. y no la sociedad MEDICARD, S.A., ya que ésta última no fue oída en juicio y se ordena se proceda al embargo peticionado por la demandante..."..."esta Sala de lo constitucional encuentra que el recurrente expresa su inconformidad en relación a que se declara Ha Lugar el recurso de apelación promovido por la parte demandante, quien solicita se proceda a decretar Embargo sobre los ingresos o créditos percibidos en pago, recaudaciones ya sea en cuenta o no cuenta que percibe la empresa mercantil MEDICARD, S.A., aduciendo el garantista que dicha sociedad mercantil nunca fue demandada y no fue parte en el juicio, por ello no procede se decrete Embargo alguno; en ese orden de ideas es importante señalar que en Derecho el embargo se refiere a la suspensión o interdicción judicial del ius disponendi (o derecho absoluto de disposición de la cosa) que se posea sobre cualquier bien económicamente realizable..."..."de la pieza de antecedentes de primera instancia se desprende, que la Demanda va dirigida contra la “Empresa BANMEDICA, S. de R. L. de C.V., o conocida comúnmente como PORSALUD”, representada legalmente por el señor Rony Salatiel Martínez Bernhard, quien es la persona que suscribe los contratos de trabajo como empleador, con la señora Julia Suazo Martínez, quien según los hechos de la demanda prestaba sus servicios a la demandada, como Auxiliar de Enfermería, en las instalaciones de la empresa CADECA,...documentos que se encuentran visibles a folios del 60 al 86 de la pieza de antecedentes del A-quo; contratos que fueron suscritos por el señor Rony Salatiel Martínez Bernhard, no solo como representante Legal de la empresa BANMEDICA, S. de R. L. de C.V., sino también como representante legal de la empresa MEDICARD, S.A....-F. del 69al 71 y del F. 78 al 86-, aunado a ello y como lo argumenta el Tribunal recurrido, a folio 265 de la pieza del A-quo, se encuentra nota enviada por el Gerente Legal de la Compañía Avícola de Centroamérica S.A. de C.V. (CADECA), en respuesta al Oficio No. 0041-2021/Exhorto 0456-2021/SPS, informando que la empresa CADECA, no tiene ninguna relación con la sociedad BANMEDICA, S. A. de C.V., e informa que la empresa Compañía Avícola de Centroamérica S.A. de C.V. (CADECA), tiene relación de prestación de servicios con la sociedad mercantil MEDICARD, S.A., quien representa a la marca Por Salud y quienes les brindan los servicios médicos, con lo cual se infiere como bien lo hace la Corte de Apelaciones recurrida, que se esta ante el mismo empleador, tesis que se refuerza con los documentos agregados a folios del 103 al 112 en relación al medio de prueba denominado Reconocimiento Judicial y que fueron firmados y sellados por la Gerente de Recursos Humanos de PORSALUD MEDICARD..."..."esta Sala de lo Constitucional, encuentra que la sentencia de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se encuentra dictada conforme a derecho, respetando el derecho a ser oído que arguye el impetrante vulnerado; ello porque se declara ha lugar el recurso de apelación promovido por la parte ejecutante, y ordena se decrete el embargo de saldos existentes en entidades financieras y de créditos o retribuciones o bienes que generen dinero a favor del ejecutado, al inferirse de la foliada de la pieza de antecedentes del A-quo, que ambas sociedades BANMEDICA, S. de R. L. de C.V. y MEDICARD, S.A., representan a POR SALUD, según los diferentes contratos suscritos por el señor Rony Salatiel Martínez Bernhard y la señora Julia Suazo Martínez, concluyendo que se trata del mismo empleador, por ello no son de recibo los argumentos expuestos por el recurrente en Amparo, en relación a la vulneración del derecho a ser oído, pues desde la contestación de la demanda es el señor Rony Salatiel Marini Bernhard, quien actúa como representante legal de la sociedad mercantil BANMEDICA, S. de R. L. de C.V., y el que suscribe los contratos con la demandante señora Julia Suazo Martínez, en representación de ambas sociedades BANMEDICA, S. de R. L. de C.V. y MEDICARD, S.A.,aunado a ello y conforme a lo establecido en el artículo 714 del Código de Trabajo, el demandante no estará obligado a presentar con la demanda la prueba de la existencia de la persona jurídica contra la cual va dirigida ni la de la calidad de su representante. Le bastará con designarlos, a menos que en el juicio se debata como cuestión principal este punto. .."..."la Sala de lo Constitucional ha dejado establecido en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional[5]...."..la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 714 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Fallo que literalmente dice “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de mayo del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, a favor de la Sociedad Mercantil MEDICARD, S.A., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha trece (13) de enero del año dos mil veintidós (2022), que declaró HA LUGAR el recurso de apelación planteado por el representante procesal ejecutante, contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha uno (1) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), que declara Sin Lugar, el embargo solicitado por la parte demandante en contra de la empresa mercantil MEDICAR S.A., en relación a la demanda laboral promovida por la señora JULIA SUAZO MARTINEZ, contra la Sociedad Mercantil BANMEDICA, S. DE R.L. DE C.V., o conocida como “PORSALUD”. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 82, 90, 94 y 134 de la Constitución de la República, normas constitucionales que se relacionan con lo dispuesto en los artículos 360, 361, 729, 733, 738 y 739 del Código de Trabajo y artículos 7, 228 y 245.2 del Código Procesal Civil. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cuatro de abril del año dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la señora JULIA SUAZO MARTINEZ, actuando en su condición personal, interponiendo demanda laboral, contra la Sociedad Mercantil BANMEDICA, S. DE R. L. DE C.V., conocida comúnmente como “PORSALUD”, representada legalmente por el señor RONY SALATIEL MARINI BERNHARD; a efecto de que la sociedad demandada, sea condenada a pagar a la demandada, las prestaciones e indemnizaciones laborales y demás derechos que la Ley le otorga. (Folios del 1-8 de la pieza de los antecedentes del A-quo) 2) Que seguido que fue el proceso, en fecha diez de noviembre del año dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia definitiva mediante la cual fallo: (Sic) “1) declarando SIN LUGAR la demanda Ordinaria Laboral para pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales promovida por la señora JULIA SUAZO MARTINEZ, de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; contra la sociedad BANMEDICA S. DE R.L. DE C.V. conocida comúnmente como PORSALUD, a través de su Representante Legal RONY SALATIEL MARINI BERNHARD, también de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; En consecuencia: 2) ABSUELVE: A la sociedad BANMEDICA S. DE R.L. DE C.V. conocida comúnmente como PORSALUD, a través de su Representante Legal RONY SALATIEL MARIN BERNHARD, de la responsabilidad del pago de prestaciones sociales, e indemnizaciones legales a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, pago de derechos adquiridos; 3) CONDENA a la sociedad BANMEDICA S. DE R.L. DE C.V. conocida comúnmente como POR SALUD, a través de su Representante Legal RONY SALATIEL MARIN BERNHARD, a pagar a la demandante JULIA SUAZO MARTINEZ, la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L.43,696.80), Por los conceptos siguientes: 2 meses de salario en concepto de una bonificación L. 24,276.00; 48 días en concepto de vacaciones por cada mes trabajado L. 19,420.80. SIN COSTAS…” (Folios del 150-153 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que conociendo del recurso de apelación presentado por el Apoderado Legal de la parte demandante, contra la sentencia definitiva relacionada en el numeral anterior, la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha quince de enero del año dos mil dieciocho, mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: Declarando HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en consecuencia se REFORMA la sentencia proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta ciudad, departamento de Cortés, en fecha diez de noviembre del dos mil diecisiete (2017), en la demanda de la referencia, la que consiste en: I.- Declarar CON LUGAR la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el cese laboral hasta que quede firme el presente fallo; consecuentemente condena por tales conceptos; II.- Fijar como monto total de condena la cantidad de CIENTO UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (L 101,987.30) que corresponde al monto en el concepto de vacaciones concedido por la iudex Aquo, más el desglose siguiente: preaviso: L 28,322.00, auxilio de cesantía: L42,483.00 y auxilio de cesantía proporcional: L 11,761.50; III.-Deducir del monto anterior la cantidad de L 19,290.60 pagados como anticipos en conceptos de cesantía según operaciones aritméticas realizadas en base al salario pactado para cada periodo de tiempo laborado; IV.- Excluir de la parte resolutiva del fallo de primera instancia la condena de los dos meses de salario en concepto de bonificación concedida por la iudex A-quo. SEGUNDO: CONFIRMAR la referida Sentencia en los demás extremos es decir en cuanto a la condena de pago de vacaciones y exoneraciones de costas. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia dado el carácter social de las normas del trabajo…” (Folios del 160-164fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) Que la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, al conocer del Recurso de Casación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de la que se hace relación en el numeral que precede, dictó sentencia en fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil diecinueve, mediante la cual falló declarando NO HA LUGAR el recurso de casación en sus dos motivos. (Folios del 165-171 de la pieza de antecedentes del A-quo) 5) Que en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado JOSE MELENDEZ MURILLO, actuando en su condición Apoderado Legal de la señora JULIA SUAZO MARTINEZ, solicitando que se procediera a Decretar Embargo sobre los Ingresos o Créditos Percibidos en Pago, Recaudaciones ya sea en cuenta o no en cuenta, que perciba la empresa mercantil MEDICAR S.A., conocida comúnmente como “POR SALUD”, en los diferentes bancos a nivel nacional, en razón de los cobros, créditos, cánones u otros de similar naturaleza, que reciba la empresa MEDICAR S.A., conocida comúnmente como “POR SALUD”, o que se efectuaran a nombre de ella. (Folio 270 de la pieza de antecedentes del A-quo) 6) Que en fecha uno de diciembre del año dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en respuesta a la petición de embargo sobre los créditos de la Sociedad Mercantil MEDICAR S.A., dictó Resolución mediante la cual resolvió: (Sic) “PARTE DISPOSITIVA. 1.- Téngase por recibida la comparecencia que antecede presentada a través de correo electrónico de la Secretaria General de este Tribunal, en consecuencia, Admítase la comparecencia que antecede la que se manda agregar a los autos y en cuanto a lo solicitado declárese SIN LUGAR en virtud de que el compareciente pretende que se embarguen créditos que le pertenecen a la empresa MEDICAR S.A. persona jurídica que es distinta a la demandada BANMEDICA S.A. DE C.V. …” (Folio 271fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 7) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, al conocer del Recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE MELENDEZ MURILLO, actuando en su condición de Apoderado Legal de la parte demandante, contra la resolución dictada por el A-quo y relacionada en el numeral que antecede, dictó sentencia en fecha trece de enero del año dos mil veintidós, mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: DECLARANDO HA LUGAR el recurso de apelación planteado por el representante procesal ejecutante contra la resolución de fecha uno de diciembre del año dos mil veintiuno dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección judicial en la demanda de la referencia; consecuentemente, se REFORMA la misma, en el sentido de decretar el embargo de saldos existentes en entidades financieras y de crédito o retribuciones o bienes que generen dinero a favor del ejecutado (MEDICARD S.A.) razón por la que la entidad financiera correspondiente, debe retener a disposición del Tribunal la cantidad de L. 691,266.53 que es el remanente de la obligación según folio: 222pp, para ello, la Juez de primera instancia, debe ordenar las diligencias necesarias para la práctica del embargo en los términos del artículo 818 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: CONFIRMANDO la referida resolución en sus demás extremos. - TERCERO: SIN COSTAS en ésta instancia dado el carácter social de las normas del trabajo…” (Folios del 9-11 de la pieza de antecedentes del Ad-quem) 8) Que el Abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, compareció ante este Tribunal en fecha veinticinco de enero del año dos mil veintidós, reclamando amparo a favor de la sociedad mercantil MEDICARD, S.A., afirmando que la sentencia de fecha trece de enero del año dos mil veintidós, dictada por el Ad-quem y de la que se ha hecho referencia en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 94 y 134 de la Constitución de la República, normas constitucionales que se relacionan con lo dispuesto en los artículos 360, 361, 729, 733, 738 y 739 del Código de Trabajo y artículos 7, 228 y 245.2 del Código Procesal Civil. Teniendo esta Sala de lo Constitucional por formalizada su acción de amparo en fecha veintidós de julio del año dos mil veintidós. (Folios del 1-8 y 36 de los autos) 9) Que en fecha siete de septiembre del año dos mil veintidós, esta Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho y por emitido el dictamen a través de la Fiscal, Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, quien fue de la opinión porque: “Se declare Sin Lugar la acción de amparo presentada al no concurrir vulneración a derechos fundamentales”. (Folios del 39-43 de los autos) CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la sentencia dictada en fecha trece (13) de enero del año dos mil veintidós (2022), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la Demanda Laboral, promovida por la señora JULIA SUAZO MARTINEZ, en su condición personal, en contra de la Sociedad Mercantil BANMEDICA S. de R.L., conocida comúnmente como “POR SALUD”, representada legalmente por el señor Rony Salatiel Marini Bernhard; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el representante procesal ejecutante y reformó la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. CONSIDERANDO(3): Que el recurrente Abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, en la formalización de la acción de Amparo, muestra su desacuerdo con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que la misma vulnera en perjuicio de su representada lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República; enfocándose en el derecho a ser oído conforme el articulo 94 constitucional, el que se relaciona con el derecho a la defensa y el debido proceso; en la exposición de sus argumentos, el recurrente sostiene que la sociedad BANMEDICA, S.A., no tuvo ninguno de esos derechos en el caso que nos ocupa. Lo que ocurrió en el juicio es que la señora Julia Suazo Martínez, interpuso en el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, una demanda ordinaria laboral promovida contra la sociedad mercantil BANMEDICA, S.A. de C.V., para que el patrono pruebe en juicio la causa justa del despido, caso contrario y mediante sentencia definitiva sea condenada al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales; es decir la sociedad MEDICARD, S.A. nunca fue demandada, no fue parte en el juicio, no se le notificó ninguna demanda, ni tuvo oportunidad para contestar una demanda, por lo que nunca fue oída en juicio; como lógica consecuencia, nunca presentó pruebas ni tuvo oportunidad de formular alegaciones en su favor; de igual manera no tuvo derecho a recurrir ninguna resolución, porque no existió ninguna sentencia en su contra, la sociedad que fue condenada en el juicio fue la sociedad BANMEDICA, S. A. de C.V., la sentencia que condena al pago de indemnizaciones y prestaciones laborales a favor de la señora Julia Suazo Martínez no condena a la sociedad MEDICARD, S.A., que ni siquiera fue parte en el juicio, la sociedad condenada fue BANMEDICA, S. A. de C.V. CONSIDERANDO(4): Que el Ministerio Público a través de la Fiscal del Despacho, emitió dictamen en relación al caso bajo estudio, argumentando que una vez analizado lo expresado por el recurrente y revisado el antecedente de mérito, se logra apreciar que la señora Julia Suazo, demanda a la sociedad BANMEDICA S. de R.L. de C.V., conocida también como “POR SALUD”, observándose que corre a folio 265, nota enviada en fecha 27 de septiembre del 2021, en respuesta al Exhorto 0456-2021 enviado por el ente jurisdiccional (ver folio 264), mediante el cual informa el Gerente Legal de la Compañía Avícola de Centroamérica S.A. de C.V. (CADECA), que no tiene ninguna relación con la sociedad BANMEDICA S. de R.L. de C.V., y por consiguiente no hay cantidad retenida, estableciendo que si tiene la prestación de servicio con la sociedad mercantil MEDICARD, S.A., que representa a la marca “POR SALUD”, elemento probatorio que va en consonancia con los hechos relatados en la demanda, al establecer la parte actora que ella laboraba en la Clínica “POR SALUD”, ubicada en las instalaciones de CADECA, por lo que se colige que la sociedad MEDICARD, es el mismo empleador que BANMEDICA, extremo que se ve corroborado con los diferentes Contratos de Trabajo suscritos por la demandante y el señor Rony Salatiel Marini, quien funge como representante Legal, consignados en unos MEDICARD y en otros BANMEDICA (Folio 63 al 86); aunado a lo anterior corre de folio 103-112 listado de personal con contrato por hora donde se visualiza que el mismo fue firmado y sellado por la Gerente de Recursos Humanos “Por Salud, Medicard”, no derivándose de lo anterior transgresión a las garantías invocadas por el recurrente, por lo que lo resuelto por el Ad-quem, se encuentra conforme a derecho. CONSIDERANDO(5): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no el derecho a ser oído contenido en el artículo 94 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió declarar Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la representación procesal de la señora Julia Suazo Martínez, en atención a que la sociedad mercantil demandada fue BANMEDICA, S.A. de C.V. y no la sociedad MEDICARD, S.A., ya que ésta última no fue oída en juicio y se ordena se proceda al embargo peticionado por la demandante. CONSIDERANDO(6): Que el Tribunal de Alzada, fundamenta la resolución que se impugna, en lo siguiente: “SEGUNDO: Es cierto que en la sentencia se condenó a la empresa BANMEDICA S. DE R.L DE C.V conocida comúnmente como PORSALUD, sin embargo, de acuerdo al documento visible a folio 265 de la primera pieza, consta que la empresa Compañía Avícola de Centroamérica S.A de C.V. (CADECA) tiene relación de prestación de servicios con la sociedad mercantil MEDICARD S.A quien representa a la marca POR SALUD y de los documentos visibles a folios del 103 al 112 de la primera pieza aportados en el juicio ordinario, fueron sellados por PORSALUD MEDICARD y los contratos de trabajo que obran a folios: del 69 al 71 y del 78 al 86pp fueron suscritos por MEDICARD S.A; de lo que se concluye que se está ante el mismo empleador y es que otras acciones han sido dirigidas contra MEDICARD S.A (POR SALUD) según los folios 128-129 y 132-135 de la primera pieza; por lo que es procedente el embargo contra la empresa MEDICARD S.A…” CONSIDERANDO(7): Que los artículos señalados por el recurrente como vulnerados en detrimento del derecho a ser oído, defensa y debido proceso que señala la Constitución de la República, son los artículos 360, 361, 729, 733, 738 y 739 del Código de Trabajo, que versan sobre concepto de salario, medios de prueba, análisis de las pruebas y libre formación del convencimiento, ello en relación a que el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito; aunado a ello el amparista relaciona los artículos 7, 228 y 245.2 del Código Procesal Civil, preceptos que hacen referencia a la legalidad procesal y formas, atendiendo que el proceso civil se desarrollará según las disposiciones de esa norma, de acuerdo a la Constitución de la República y que las formalidades previstas en él, son imperativas; asimismo se hace referencia a los fines de la prueba y la valoración de ésta. CONSIDERANDO (8): Que luego del estudio de la acción constitucional impetrada, esta Sala de lo constitucional encuentra que el recurrente expresa su inconformidad en relación a que se declara Ha Lugar el recurso de apelación promovido por la parte demandante, quien solicita se proceda a decretar Embargo sobre los ingresos o créditos percibidos en pago, recaudaciones ya sea en cuenta o no cuenta que percibe la empresa mercantil MEDICARD, S.A., aduciendo el garantista que dicha sociedad mercantil nunca fue demandada y no fue parte en el juicio, por ello no procede se decrete Embargo alguno; en ese orden de ideas es importante señalar que en Derecho el embargo se refiere a la suspensión o interdicción judicial del ius disponendi (o derecho absoluto de disposición de la cosa) que se posea sobre cualquier bien económicamente realizable. En un sentido más amplio, es la declaración judicial por la que determinados bienes o derechos de contenido o valor económico quedan afectados o reservados para extinguir con ellos una obligación pecuniaria ya declarada (embargo ejecutivo) o que, previsiblemente, se va a declarar en una sentencia futura (embargo preventivo). Su función es señalar aquellos bienes, que se cree son propiedad del ejecutado, sobre los cuales va a recaer la actividad ejecutiva, para evitar que salgan de su patrimonio y acaben en manos de terceros; asimismo tenemos que el embargo es: EMBARGO. Con significados generales y arcaicos: impedimento, embarazo u obstáculo; y también incomodidad, molestia o daño. En lenguaje jurídico, esta palabra posee diversas aplicaciones, según se refiera al Derecho Político y Marítimo, por un lado, o al Derecho Procesal Civil, Penal o Administrativo, por otra parte. EJECUTIVO. Retención o apoderamiento que de los bienes del deudor se efectúa en el procedimiento ejecutivo, a fin de, con ellos o con el producto de la venta de los mismos, satisfacer la incumplida obligación a favor del acreedor que posea título con ejecución aparejada (v.). PREVENTIVO. Medida procesal precautoria de carácter patrimonial que, a instancia de acreedor o actor puede decretar un juez o tribunal sobre los bienes del deudor o demandado, para asegurar el cumplimiento de la obligación exigida y las resultas generales del juicio.[3] CONSIDERANDO(9): Que si bien el garantista hace relación en su escrito de formalización de la acción de amparo, a la vulneración del derecho a ser oído, contenido en el artículo 94 de la Constitución de la República, invoca preceptos de leyes secundarias relacionadas con la prueba y su valoración, pero omite referir o argumentar por qué dichos preceptos se relacionan con el derecho a ser oído, que refiere como vulnerado. El derecho a ser oído se encuentra reconocido constitucionalmente en el artículo 94 como bien lo invoca el garantista; el precepto referido dispone: “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente. En los casos de apremio y otras medidas de igual naturaleza en materia civil o laboral, así como en los de multa o arresto en materia de policía, siempre deberá ser oído el afectado.”; el derecho a ser oído encuentra también reconocimiento en instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, a saber: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 10; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8; Pacto Internacional de Decretos Civiles y Políticos, artículo 14.1). De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a ser oído “exige que toda persona pueda tener acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones”[4]. CONSIDERANDO(10): Que de la pieza de antecedentes de primera instancia se desprende, que la Demanda va dirigida contra la “Empresa BANMEDICA, S. de R. L. de C.V., o conocida comúnmente como PORSALUD”, representada legalmente por el señor Rony Salatiel Martínez Bernhard, quien es la persona que suscribe los contratos de trabajo como empleador, con la señora Julia Suazo Martínez, quien según los hechos de la demanda prestaba sus servicios a la demandada, como Auxiliar de Enfermería, en las instalaciones de la empresa CADECA, ubicada en Sosoa, Yojoa, departamento de Cortés; documentos que se encuentran visibles a folios del 60 al 86 de la pieza de antecedentes del A-quo; contratos que fueron suscritos por el señor Rony Salatiel Martínez Bernhard, no solo como representante Legal de la empresa BANMEDICA, S. de R. L. de C.V., sino también como representante legal de la empresa MEDICARD, S.A. -F. del 69al 71 y del F. 78 al 86-, aunado a ello y como lo argumenta el Tribunal recurrido, a folio 265 de la pieza del A-quo, se encuentra nota enviada por el Gerente Legal de la Compañía Avícola de Centroamérica S.A. de C.V. (CADECA), en respuesta al Oficio No. 0041-2021/Exhorto 0456-2021/SPS, informando que la empresa CADECA, no tiene ninguna relación con la sociedad BANMEDICA, S. A. de C.V., e informa que la empresa Compañía Avícola de Centroamérica S.A. de C.V. (CADECA), tiene relación de prestación de servicios con la sociedad mercantil MEDICARD, S.A., quien representa a la marca Por Salud y quienes les brindan los servicios médicos, con lo cual se infiere como bien lo hace la Corte de Apelaciones recurrida, que se esta ante el mismo empleador, tesis que se refuerza con los documentos agregados a folios del 103 al 112 en relación al medio de prueba denominado Reconocimiento Judicial y que fueron firmados y sellados por la Gerente de Recursos Humanos de PORSALUD MEDICARD. CONSIDERANDO(11): Que en ese orden de ideas esta Sala de lo Constitucional, encuentra que la sentencia de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se encuentra dictada conforme a derecho, respetando el derecho a ser oído que arguye el impetrante vulnerado; ello porque se declara ha lugar el recurso de apelación promovido por la parte ejecutante, y ordena se decrete el embargo de saldos existentes en entidades financieras y de créditos o retribuciones o bienes que generen dinero a favor del ejecutado, al inferirse de la foliada de la pieza de antecedentes del A-quo, que ambas sociedades BANMEDICA, S. de R. L. de C.V. y MEDICARD, S.A., representan a POR SALUD, según los diferentes contratos suscritos por el señor Rony Salatiel Martínez Bernhard y la señora Julia Suazo Martínez, concluyendo que se trata del mismo empleador, por ello no son de recibo los argumentos expuestos por el recurrente en Amparo, en relación a la vulneración del derecho a ser oído, pues desde la contestación de la demanda es el señor Rony Salatiel Marini Bernhard, quien actúa como representante legal de la sociedad mercantil BANMEDICA, S. de R. L. de C.V., y el que suscribe los contratos con la demandante señora Julia Suazo Martínez, en representación de ambas sociedades BANMEDICA, S. de R. L. de C.V. y MEDICARD, S.A., aunado a ello y conforme a lo establecido en el artículo 714 del Código de Trabajo, el demandante no estará obligado a presentar con la demanda la prueba de la existencia de la persona jurídica contra la cual va dirigida ni la de la calidad de su representante. Le bastará con designarlos, a menos que en el juicio se debata como cuestión principal este punto. CONSIDERANDO (12): Que la Sala de lo Constitucional ha dejado establecido en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional[5]. CONSIDERANDO(13): Que la garantía procesal del juez natural tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental, en virtud que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo. CONSIDERANDO (14): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito.POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 80, 82, 90, 94, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 714 del Código de Trabajo; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, a favor de la Sociedad Mercantil MEDICARD, S.A., contra la sentencia dictada en fecha trece (13) de Enero del año dos mil veintidós (2022), por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. - Redacto la Magistrada VILLELA ZAVALA. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL.. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. MARIO ROLANDO DIAZ FLORES FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de Agosto de dos mil veintitrés, certificación del Fallo de fecha cuatro de mayo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0163-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.
[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[3]Guillermo Cabanellas de Torres, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL NUEVA EDICIÓN ACTUALIZADA, CORREGIDA Y AUMENTADA POR GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS. EDITORIAL HELIASTA S.R.L. Primera edición. 1979 Undécima edición, 1993. I.S.B.N.: 950-9065-98-6.
[4] Convención Americana sobre Derechos Humanos. Garantías Judiciales Artículo 8. Juana Maria Ibáñez Rivas, citando las sentencias Caso Apitz Barbera y otros (” Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 72; Caso Barbani Duarte y otros vs. Uruguay, párr. 120, y Caso Furlan y Familiares vs. Argentina. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, párr. 228. Fundación Konrad Adenauer Programa Estado de Derecho para Latinoamérica. Impreso en Guatemala por Magna Terra Editores en diciembre de 2014. Págs. 217.
[5] L. Alfredo De Diego Diez. El derecho a la tutela judicial efectiva., OIM Editorial, Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras), 2014. Pág. 56.