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Sentencia AL-1626-22 — Registro 17793

Resumen

Resolución resolvió recurso de apelación contra pronunciamiento dictado por Juzgado de Primera Instancia en demanda laboral promovida por demandante contra el Estado de Honduras por actuaciones de la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social; La Sala aprecia que la resolución impugnada no quebranta la norma primaria incurriendo en alegatos de mera legalidad por lo que procede causal de inadmisibilidad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"luego del estudio del acto reclamado esta Sala no logra percibir el perjuicio que le ocasiona el acto reclamado el cual se aprecia resuelve el asunto controvertido en los términos y bajo las formalidades exigidas por la ley, aplicando el ordenamiento jurídico vigente, garantizando los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."esta Sala de lo Constitucional indica al recurrente, que no advierte de la exposición que realizó del escrito de interposición, el defecto del que adolece el acto reclamado, pese a los motivos por los que indica el quejoso procedió a interponer la presente acción, y aun cuando esta Sala analizó el acto reclamado no logró apreciar las violaciones constitucionales alegadas por el recurrente, resultando procedente denegar la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito..."..."ésta Sala en el caso sub judice observa que de los agravios no se aprecia la transgresión que denuncia, por cuanto la resolución dictada por el ente denunciado no vulnera los derechos contenidos en la norma fundamental..."..."en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales del afectado, toda vez que aun cuando el recurrente ha invocado la vulneración de derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que impugna, sin embargo, esta Sala después de analizada la resolución denunciada no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos..."..."los alegatos de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio...".."es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"luego del estudio del acto reclamado esta Sala no logra percibir el perjuicio que le ocasiona el acto reclamado el cual se aprecia resuelve el asunto controvertido en los términos y bajo las formalidades exigidas por la ley, aplicando el ordenamiento jurídico vigente, garantizando los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."esta Sala de lo Constitucional indica al recurrente, que no advierte de la exposición que realizó del escrito de interposición, el defecto del que adolece el acto reclamado, pese a los motivos por los que indica el quejoso procedió a interponer la presente acción, y aun cuando esta Sala analizó el acto reclamado no logró apreciar las violaciones constitucionales alegadas por el recurrente, resultando procedente denegar la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito..."..."ésta Sala en el caso sub judice observa que de los agravios no se aprecia la transgresión que denuncia, por cuanto la resolución dictada por el ente denunciado no vulnera los derechos contenidos en la norma fundamental..."..."en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales del afectado, toda vez que aun cuando el recurrente ha invocado la vulneración de derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que impugna, sin embargo, esta Sala después de analizada la resolución denunciada no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos..."..."los alegatos de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio...".."es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de mayo del año dos mil veintitrés. VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JUAN ÁNGEL BENAVIDES PAZ, a favor de DERIC EDWIN LANZA SANTAMARÍA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha catorce (14) de octubre del año dos mil veintidós, que resuelve un recurso de apelación interpuesto en contra el pronunciamiento emitido por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, relacionado según el recurrente a la demanda promovida por DERIC EDWIN LANZA SANTAMARÍA contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARÍA DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.CONSIDERANDO: Que el recurrente que con la emisión del acto reclamado se han vulnerado en perjuicio de su representado los derechos de defensa y debido proceso, por estimar que la Alzada valoró de manera singular prueba cuando debió permitir que sea el A-quo la que decidiera sobre la carga probatoria, así como de los hechos controversia como decidir el conflicto conforme la legislación nacional, sin embargo, luego del estudio del acto reclamado esta Sala no logra percibir el perjuicio que le ocasiona el acto reclamado el cual se aprecia resuelve el asunto controvertido en los términos y bajo las formalidades exigidas por la ley, aplicando el ordenamiento jurídico vigente, garantizando los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional indica al recurrente, que no advierte de la exposición que realizó del escrito de interposición, el defecto del que adolece el acto reclamado, pese a los motivos por los que indica el quejoso procedió a interponer la presente acción, y aun cuando esta Sala analizó el acto reclamado no logró apreciar las violaciones constitucionales alegadas por el recurrente, resultando procedente denegar la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede a quien se estime agraviado para objetar una resolución judicial injusta. CONSIDERANDO: Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos en la ley, entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que los recurrentes deben expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con la resolución que se interpela, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar la resolución que se pide sea reexaminada, sin embargo, ésta Sala en el caso sub judice observa que de los agravios no se aprecia la transgresión que denuncia, por cuanto la resolución dictada por el ente denunciado no vulnera los derechos contenidos en la norma fundamental. CONSIDERANDO: Que en este ámbito, es necesario recalcar que los actos que se aleguen como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales del afectado, toda vez que aun cuando el recurrente ha invocado la vulneración de derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que impugna, sin embargo, esta Sala después de analizada la resolución denunciada no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que los alegatos de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4, 9, 41, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JUAN ÁNGEL BENAVIDES PAZ, a favor de DERIC EDWIN LANZA SANTAMARÍA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha catorce (14) de octubre del año dos mil veintidós, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de julio de dos mil veintitrés, certificación de la resolución de fecha cuatro de mayo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-1626-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL