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Sentencia AL-1382-22 — Registro 17467

Resumen

sobreseimiento de acción de amparo en relación a la demanda ordinaria laboral promovida contra sociedad mercantil por despido directo de trabajadores argumentando impetrante que no ha sido parte legitima en el juicio que es la génesis de la improcedente solicitud de liquidación de sentencia, constituyéndose una flagrante violación a los derechos fundamentales al declarar sin lugar incidente de nulidad y dirigir la presente acción en éste en su calidad de socio, con el fin de afectar de manera irreparable las finanzas públicas de la república

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(4): Que la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en su sentencia de fecha veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022), sobreseyó la presente acción de amparo por considerar que sus alegatos son de mera legalidad. -CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1).- Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9)….- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”-CONSIDERANDO OCHO (8): Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en la sentencia de fecha veintiséis (26) de agosto del dos mil veintidós (2022), al sobreseer la acción de amparo que se conoce en consulta, por considerar

que el alegato realizado por el recurrente es un acto de mera legalidad, al no enmarcarlo en violaciones de derechos constitucionales.- Decimos lo anterior, en vista que de la revisión de la sentencia interlocutoria recurrida y del escrito de interposición del recurso de amparo, se observa que los alegatos realizados por el recurrente no determinan una afectación al debido proceso, principio de legalidad y derecho a la defensa, ya que está claro que lo pretendido es que se le revise la instancia y la motivación fáctica y jurídica que realizo el Ad-Quo, siendo esos alegatos de mera legalidad y por tanto totalmente distintos a los requeridos para la procedencia de la acción de amparo.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que por lo referido, esta Sala Constitucional, confirma la resolución que se conoce en consulta por constar en el expediente judicial de mérito, que efectivamente existe una causa de inadmisibilidad de la acción que impide al órgano jurisdiccional conocer de la demanda de amparo. -R TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 89, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 1), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022), por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.- “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., veinte de marzo de dos mil veintitrés.-VISTO: El recurso de reposición interpuesto por el Abogado OSCAR ANDRES PINEDA SUAZO, actuando en representación del ESTADO DE HONDURAS; contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha trece (13) de enero del dos mil veintitrés (2023), y por la cual se falla CONFIRMANDO la sentencia en consulta dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle en fecha veintiséis (26) de agosto del dos mil veintidós (2022).-CONSIDERANDO (1): Que consta de los antecedentes del presente recurso, que la acción de Amparo de mérito fue interpuesta en fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil veintidós (2022), Sobreseyendo la misma en Sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle en fecha veintiséis (26) de agosto del dos mil veintidós (2022) y confirmada por este Alto Tribunal en fecha trece (13) de enero del año dos mil veintitrés (2023).-CONSIDERANDO (2): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho.-CONSIDERANDO (3): Que vista la petición del recurrente, se aprecian los mismos alegatos expresados en la garantía de amparo interpuesta, aunado a lo anterior argumenta el recurrente que esta de lo Constitucional confirma la sentencia emitida por el Ad-quem, la cual es violatoria de derechos y garantías constitucionales del derecho de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, pues se ha podido evidenciar que el Estado de Honduras en ningún momento fue parte del proceso principal, por ello carece de legitimación para actuar en el proceso de ejecución de la sentencia, por ser resoluciones violatorias de derechos fundamentales solicita se reponga la Sentencia, se enmiende el fallo y proceda a decretar con lugar la garantía constitucional de amparo.-CONSIDERANDO (4): Que las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado OSACR ANDRES PINEDA SUAZO, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha trece (13) de enero del dos mil veintitrés (2023) que corre agregada en autos, se establece claramente las razones que esta Sala ha estimado para confirmar el recurso de amparo venido en consulta, es oportuno señalar al recurrente que dentro de esos argumentos la Sala ha dejado claramente establecido que: (Sic) “CONSIDERANDO OCHO (8): Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en la sentencia de fecha veintiséis (26) de agosto del dos mil veintidós (2022) al sobreseer la acción de amparo que se conoce en consulta, por considerar que el alegato realizado por el recurrente es un acto de mera legalidad, al no enmarcarlo en violaciones de derechos constitucionales.- Decimos lo anterior, en vista que de la revisión de la sentencia interlocutoria recurrida y del escrito de interposición del recurso de amparo, se observa que los alegatos realizados por el recurrente no determinan una afectación al debido proceso, principio de legalidad y derecho de defensa, ya que esta claro que lo pretendido es que se le revise la instancia y la motivación fáctica y jurídica que realizó el Ad-quo, siendo esos alegatos de mera legalidad y por lo tanto totalmente distintos a los requeridos para la procedencia de la acción de amparo.”. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, se encuentra apegada a derecho, en virtud de que efectivamente el amparista se centra en establecer en un orden cronológico los hechos acaecidos desde que se presenta la demanda laboral de primera instancia y continuando con sendos apartados, expone como se desarrollan los hechos en la ejecución de la sentencia, haciendo alegatos sobre el objeto de la demanda, al grado de solicitar a esta Sala, se decrete nulidad de actuaciones (página 21 del recurso de reposición), lo que corresponde ser resueltos por el tribunal de instancia.- Por todo ello, procede confirmar la sentencia venida en consulta y por ende declarar sin lugar el recurso de reposición.-CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “ Corte Suprema de Justicia.-Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de enero de dos mil veintitrés.- VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA Y VALLE, de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintidós, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ANDRES PINEDA SUAZO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia interlocutoria dictada en fecha veintiséis de abril de dos mil veintidós, por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE, en relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señores JOSE REINALDO CRUZ FLORES, IVANIA ALTAGRACIA PINEDA, ALEX BOANERGES VELASQUEZ AGUILERA Y OTROS, contra la sociedad mercantil denominada IBEROAMERICANA DE MARISCOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (IBERMAR, S.A DE C.V.). Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 1, 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha dos de febrero de dos mil doce, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Nacaome, departamento de Valle, el Abogado LEONARDO RODAS CONTRERAS, actuando en su condición de Apoderado Legal de los señores JOSE REINALDO CRUZ FLORES, IVANIA ALTAGRACIA PINEDA, ALEX BOANERGES VELASQUEZ AGUILERA, WILMER CRISTINO MERCADO PINEDA, BAYARDO TORRES, GLORIA LIZETTE GUEVARA GARCIA, JACINTO ANGEL NUÑEZ SANDOVAL Y FELIPE ANTONIO ESQUIVEL GIRON, promoviendo Demanda laboral de Primera Instancia en contra la sociedad mercantil denominada IBEROAMERICANA DE MARISCOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (IBERMAR, S.A DE C.V.), a efecto de que dicha sociedad de pruebe justa causa de despido directo, o en caso contrario sea condenado al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, y a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir por despido ilegal, pago de bonificaciones laborales y depreciación de vehículos, entre otros. (Folios 01 al 15 de la primera pieza de antecedentes).-2) Que seguido el proceso, en fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho, el citado Juzgado dictó sentencia, mediante la cual falló: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR la DEMANDA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA QUE EL PATRONO PRUEBA LA JUSTA CAUSA EN LA QUE SE FUNDO EL DESPIDO DIRECTO O EN CASO CONTRARIO, SEA CONDENADO AL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES MAS A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR DESPIDO ILEGAL DIRECTO E INJUSTIFICADO Y SEA CONDENADO AL PAGO DE BONIFICACIONES LABORALES.- DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS.- MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO PRECAUTORIO EN CALIDAD URGENTE, promovida por el Abogado LEONARDO RODAS CONTRERAS, en su condición de representante procesal de los señores JOSE REINALDO CRUZ FLORES, IVANIA ALTAGRACIA PINEDA, ALEX BOANERGES VELASQUEZ AGUILERA, WILMER CRISTINO MERCADO PINEDA, BAYARDO TORRES FLORES, GLORIA GUEVARA GARCIA, JACINTO ANGEL NUÑEZ SANDOVAL Y FELIPE ANTONIO ESQUIVEL GIRON, en contra la Sociedad Mercantil denominada IBEROAMERICANA DE MARRISCOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (IBERMAR, S.A.), representada por su representante legal el señor ONAN NEPTALI MARTINEZ PONCE, todos de generales ya expresadas en el preámbulo de esta sentencia.- SEGUNDO: CONDENA a la empresa mercantil IBEROAMERICANA DE MARRISCOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (IBERMAR, S.A.) a pagar a favor de los demandantes, las siguientes cantidades: ….” (Folios 277 al 281 del Tomo II de la primera pieza de antecedentes) .-3) Que en fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno, la Abogada CINTHIA FERNANDA GALO ALVARADO, en su condición de Representante Procesal de los señores JOSE REINALDO CRUZ FLORES, IVANIA ALTAGRACIA PINEDA, ALEX BOANERGES VELASQUEZ AGUILERA, WILMER CRISTINO MERCADO PINEDA, BAYARDO TORRES FLORES, GLORIA GUEVARA GARCIA, JACINTO ANGEL NUÑEZ SANDOVAL Y FELIPE ANTONIO ESQUIVEL GIRON, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, departamento de Valle, solicitando la Liquidación de la Sentencia. En consecuencia, en fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno, la Secretaría de dicho Juzgado, procedió a practicar la liquidación correspondiente a los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios estableciendo el Monto Total de la Condena en VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (L.28,508,827.65) (Folios 336 al 341 del Tomo II de la primera pieza de los antecedentes).-4) Que en fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, el citado Juzgado de Letras, tuvo por firme la liquidación de la sentencia de la que se hace referencia en el numeral precedente, y decreta Mandamiento de Ejecución, contra la sociedad mercantil IBEROAMERICANA DE MARRISCOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (IBERMAR, S.A.), a efecto de que pagaran o consignaran la cantidad de TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L35,157,723.66), correspondiente al monto total líquido de la sentencia definitiva, más los salarios dejados de percibir por los trabajadores hasta la fecha en que quedó firme la sentencia. (Folios 349 al 351 del Tomo II de la primera pieza de antecedentes).-5) Que en fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, actuando en su condición de Procuradora General de la República y por ende Representante Legal del ESTADO DE HONDURAS, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, departamento de Valle, presentando Nulidad de Actuaciones a partir del Auto de Admisión de Liquidación de Sentencia y el Inminente Embargo por prescindir de normas esenciales de procedimiento, por violación de los derechos Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso, Derecho de Defensa y Principio de Legalidad.-

  1. Que habiéndose celebrado la respectiva audiencia incidental, el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, departamento de Valle, dictó sentencia interlocutoria en fecha veintiséis de abril de dos mil veintidós, en la cual resolvió: “PRIMERO: ESTIMAR PARCIALMENTE LA NULIDAD DE ACTUACIONES, a partir del auto de fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiuno (2021) visible a folios 349 de autos y actuaciones subsiguientes, únicamente en cuanto al mandamiento de ejecución, orden de requerir de pago y decreto de embargo por el concepto de COSTAS DE EJECUCIÓN, por un valor de TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L.3,196,156.70) por las razones antes expuestas, manteniéndose subsistente dicho acto judicial en cuanto a la obligación principal.- SEGUNDO: DESISTIMAR PARCIALMENTE el incidente de NULIDAD DE ACTUACIONES A PARTIR DEL AUTO DE ADMISION DE LIQUIDACION DE SENTENCIA Y EL INMINENTE EMBARGO POR PRESCINDIR DE NORMAS ESENCIALES DE PROCEDIMIENTO QUE GENERAN VIOLACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES PROCESALES DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD, interpuesto por la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA en su condición de PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA Y COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTADO DE HONDURAS por estimar que no se han violentado derechos fundamentales a la parte incidentista. …”- 7) Que en fecha Treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, el Abogado OSCAR ANDRES PINEDA SUAZO, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia interlocutoria dictada en fecha veintiséis de abril de dos mil veintidós, por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Nacaome, departamento de Valle, estimando el recurrente que la misma viola los derechos y garantías establecidos en los Artículos 1 82 y 90, de la Constitución de la República.-8) Que seguido el procedimiento establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, emitió resolución en fecha veintiséis de agosto de dos mil veintidós , mediante la cual: “RESUELVE: PRIMERO: SOBRESEER las diligencias que contienen el RECURSO O ACCION DE AMPARO, interpuesto por el Abogado OSCAR ANDRES PINEDA SUAZO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la SENTENCIA INTERLOCUTORIA, de fecha veintiséis (26) de Abril del año dos mil veintidós (2022) proferida por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL, promovida por Jose Reinaldo Cruz Flores, Ivania Altagracia Pineda, Alex Boanerges Velásquez Aguilera y otros, contra la Sociedad Mercantil IBEROAMERICANA DE MARISCOS, S.A. DE C.V. (IBERMAR S.A. de C.V.), por concurrir causal de inadmisibilidad..…” (Folios 156 al 158 de la segunda pieza de antecedentes).-9) Que en fecha dieciséis de septiembre de dos mil veintidós, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. -CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA Y VALLE, de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintidós, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ANDRES PINEDA SUAZO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia interlocutoria dictada en fecha veintiséis de abril de dos mil veintidós, por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE, en relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señores JOSE REINALDO CRUZ FLORES, IVANIA ALTAGRACIA PINEDA, ALEX BOANERGES VELASQUEZ AGUILERA Y OTROS, contra la sociedad mercantil denominada IBEROAMERICANA DE MARISCOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (IBERMAR, S.A DE C.V.).-CONSIDERANDO TRES (3): Que el recurrente sustentó su recurso de amparo, al señalar que se le violento el Principio de Defensa, legalidad y debido proceso, al referir que con fundamento en los artículos 743 y 787 del Código del Trabajo de Honduras, a su representado le asiste el derecho de recurrir para exigir la enmienda de la errónea aplicación e interpretación, tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Valle, mediante la emisión de la sentencia interlocutoria de fecha veintiséis (26) de abril de dos mil veintidós (2022), puesto que su representado no ha sido parte legitima en el juicio que es la génesis de la improcedente solicitud de liquidación de sentencia, constituyéndose una flagrante violación a los derechos fundamentales del debido proceso y legítima defensa de su representado, y el quebrantamiento del orden jurídico al pretender, la parte ejecutante extralimitar su acción sobre la propia representación legal que ostenta la Sociedad Mercantil Iberoamericana de Mariscos Sociedad Anónima de Capital Variable (IBERMAR S.A. de C.V.), y dirigir la presente acción en contra de su representado en su calidad de socio, con el fin de afectar de manera irreparable las finanzas públicas de la república, sin que se respete el beneficio de excusión que establece el artículo 35 del Código de Comercio, pues este mismo determina la prerrogativa de realizarlo para exigir el cumplimiento de la obligación de la sentencia recaída en contra de la Sociedad Mercantil Iberoamericana de Mariscos Sociedad Anónima de Capital Variable (IBERMAR S.A. de C.V.), y no en contra del Estado de Honduras, así como la obligación de determinar la fijación del capital social existente en la Sociedad Mercantil de conformidad con el artículo 21 del Código de Comercio para la determinación de los bienes de la Sociedad que deberá de ser la misma del capital (por lo menos). Es por ello que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal Civil se identifica que el error que provoca el agravio consistente en la interpretación y aplicación errónea de las normas legales empleadas para resolver la cuestión objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente artículo 82 y 90 de la Constitución de la República; 10.2 del Código Procesal Civil.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en su sentencia de fecha veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022), sobreseyó la presente acción de amparo por considerar que sus alegatos son de mera legalidad. -CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1).- Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9)….- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”-CONSIDERANDO OCHO (8): Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en la sentencia de fecha veintiséis (26) de agosto del dos mil veintidós (2022), al sobreseer la acción de amparo que se conoce en consulta, por considerar

que el alegato realizado por el recurrente es un acto de mera legalidad, al no enmarcarlo en violaciones de derechos constitucionales.- Decimos lo anterior, en vista que de la revisión de la sentencia interlocutoria recurrida y del escrito de interposición del recurso de amparo, se observa que los alegatos realizados por el recurrente no determinan una afectación al debido proceso, principio de legalidad y derecho a la defensa, ya que está claro que lo pretendido es que se le revise la instancia y la motivación fáctica y jurídica que realizo el Ad-Quo, siendo esos alegatos de mera legalidad y por tanto totalmente distintos a los requeridos para la procedencia de la acción de amparo.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que por lo referido, esta Sala Constitucional, confirma la resolución que se conoce en consulta por constar en el expediente judicial de mérito, que efectivamente existe una causa de inadmisibilidad de la acción que impide al órgano jurisdiccional conocer de la demanda de amparo. -R TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 89, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 1), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022), por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.- “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., veinte de marzo de dos mil veintitrés.-VISTO: El recurso de reposición interpuesto por el Abogado OSCAR ANDRES PINEDA SUAZO, actuando en representación del ESTADO DE HONDURAS; contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha trece (13) de enero del dos mil veintitrés (2023), y por la cual se falla CONFIRMANDO la sentencia en consulta dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle en fecha veintiséis (26) de agosto del dos mil veintidós (2022).-CONSIDERANDO (1): Que consta de los antecedentes del presente recurso, que la acción de Amparo de mérito fue interpuesta en fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil veintidós (2022), Sobreseyendo la misma en Sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle en fecha veintiséis (26) de agosto del dos mil veintidós (2022) y confirmada por este Alto Tribunal en fecha trece (13) de enero del año dos mil veintitrés (2023).-CONSIDERANDO (2): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho.-CONSIDERANDO (3): Que vista la petición del recurrente, se aprecian los mismos alegatos expresados en la garantía de amparo interpuesta, aunado a lo anterior argumenta el recurrente que esta de lo Constitucional confirma la sentencia emitida por el Ad-quem, la cual es violatoria de derechos y garantías constitucionales del derecho de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, pues se ha podido evidenciar que el Estado de Honduras en ningún momento fue parte del proceso principal, por ello carece de legitimación para actuar en el proceso de ejecución de la sentencia, por ser resoluciones violatorias de derechos fundamentales solicita se reponga la Sentencia, se enmiende el fallo y proceda a decretar con lugar la garantía constitucional de amparo.-CONSIDERANDO (4): Que las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado OSACR ANDRES PINEDA SUAZO, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha trece (13) de enero del dos mil veintitrés (2023) que corre agregada en autos, se establece claramente las razones que esta Sala ha estimado para confirmar el recurso de amparo venido en consulta, es oportuno señalar al recurrente que dentro de esos argumentos la Sala ha dejado claramente establecido que: (Sic) “CONSIDERANDO OCHO (8): Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en la sentencia de fecha veintiséis (26) de agosto del dos mil veintidós (2022) al sobreseer la acción de amparo que se conoce en consulta, por considerar que el alegato realizado por el recurrente es un acto de mera legalidad, al no enmarcarlo en violaciones de derechos constitucionales.- Decimos lo anterior, en vista que de la revisión de la sentencia interlocutoria recurrida y del escrito de interposición del recurso de amparo, se observa que los alegatos realizados por el recurrente no determinan una afectación al debido proceso, principio de legalidad y derecho de defensa, ya que esta claro que lo pretendido es que se le revise la instancia y la motivación fáctica y jurídica que realizó el Ad-quo, siendo esos alegatos de mera legalidad y por lo tanto totalmente distintos a los requeridos para la procedencia de la acción de amparo.”. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, se encuentra apegada a derecho, en virtud de que efectivamente el amparista se centra en establecer en un orden cronológico los hechos acaecidos desde que se presenta la demanda laboral de primera instancia y continuando con sendos apartados, expone como se desarrollan los hechos en la ejecución de la sentencia, haciendo alegatos sobre el objeto de la demanda, al grado de solicitar a esta Sala, se decrete nulidad de actuaciones (página 21 del recurso de reposición), lo que corresponde ser resueltos por el tribunal de instancia.- Por todo ello, procede confirmar la sentencia venida en consulta y por ende declarar sin lugar el recurso de reposición.-CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 numeral 5, y 316 de la Constitución de la República; 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 numeral 7 y 8, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado OSCAR ANDRÉS PINEDA SUAZO, por las razones que se dejan ya señaladas.- Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada SONIA MARLINA DUBON VILLEDA .- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- WAGNER VALLECILLO PAREDES .- FRANCISCA VILLELA ZAVALA.- ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.-

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintitrés (2023) y resolución de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil veintitrés (2023) recaída en el Amparo Laboral Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1382-2022.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.