Sentencia AL-1382-21 — Registro 16809
Resumen
Se interpuso recurso de Amparo contra la Resolución dictada que confirmó la resolución en relación a la demanda laboral. Estima el recurrente que con el acto reclamado se violentan en perjuicio de su representada garantía constitucionales.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (13): Que, de la tesitura de la sentencia examinada, a la luz de la garantía constitucional de amparo, no se observan cumplimentados los principios que rigen el derecho del trabajo, según referidos a la Primacía de la realidad y Antiformalidad, conforme a los cuales los aspectos fácticos-sustanciales deben prevalecer por sobre los jurídicos-formales; estableciendo, a la vez, que son mínimos los requisitos que se exigen a las partes que deben cumplir: “… incluso en la demanda y contestación, y cuando faltase requisitos, hubiese omisiones o errores se deberá de indicar la subsanación no el rechazo”.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (14): Que, el derecho de defensa, estrechamente ligado al debido proceso, como queda visto, no se ha garantizado en debida forma en el caso Sub Judice, pues, pues según se desprende del escrito de formalización de amparo, y se constata en la foliada, se le ha denegado al recurrente el derecho a ser juzgado con las formalidades, solemnidades y garantías que demarca la ley, en el asunto controvertido colocado bajo la esfera de atribuciones de los Tribunales; pues tal decisión judicial ha obviado la aportación real y material de la relación de probanzas documentales enunciadas en el momento procesal oportuno teniendo por desvalorada tal enunciación de elementos de prueba documentales, útiles y pertinentes para los fines de la defensa; por el sólo hecho de no habérsele asignado el nomine iuris que se tiene por usual en la técnica forense; juzgándola como inexistente. CONSIDERANDO (15): Que, lo anteriormente razonado, adquiere mayor intensidad, al constatarse, de la foliada su enunciación expresa en el escrito de contestación; y, más aún, al constar jurídicamente entre las actuaciones y ejecutorias del proceso, el auto suscrito por la Abg. NELDA SUYAPA SÁNCHEZ, Juez de Letras del Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, cuyo resolutivo número 2.-, dispone, a la letra: “Tienese (Sic.) por enunciado los medios de prueba que hará valer la demandada en el presente juicio, como establece el artículo 251 del Código Procesal Civil aplicable en el presente juicio (…)”. CONSIDERANDO (16): Que, como intérprete último y definitivo de de , esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico; por lo cual, vistos los antecedentes del caso y los elementos de motivación razonados, encuentra la Sala de lo Constitucional que la resolución de apelaciones bajo estudio, disminuye las garantías y derechos constitucionales y convencionales que integran el derecho de defensa y el debido proceso; al impedírsele a la representación procesal del recurrente, acceder efectivamente a la justicia, cumplidos que fueren los requisitos materiales y sucintos que enmarca la Ley para que las partes procesales puedan desplegar su elenco probatorio; tal lo que ocurre en el presente caso, meritorio de la garantía jurisdiccional impetrada. Por ende, en aras de cumplimentar una justicia constitucional ágil y efectiva, debe otorgarse la presente acción de Amparo, con el objeto de mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece a la parte demandada, aquí compareciente como amparista; particularmente, los derechos a la tutela judicial efectiva, derecho de defensa, derecho al debido proceso, que le han sido conculcados a la sociedad mercantil RKI HONDURAS, S. DE R.L. CONSIDERANDO (17): Visto para sentencia el caso en estudio subexamine, resulta que la resolución impugnada ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, implícitamente relacionada con el debido proceso legal, el derecho a la defensa y las demás garantías y derechos constitucionales invocados por el recurrente; razón necesaria y suficiente para la estimatoria del recurso de amparo interpuesto, por haberse vulnerado, con la resolución recurrida, el derecho de la parte demandada a ser juzgada con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; teniendo como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable. De tal manera que, la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, deberá dictar nueva resolución en la que, con acopio de los argumentos motivados en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados a la representación procesal del Amparista."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 251 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023) VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA a favor de la sociedad mercantil RKI HONDURAS S. DE R.L. DE C.V., contra la Resolución dictada por de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinticinco de noviembre del año dos mil veintiuno que confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha quince de octubre del dos mil veintiuno; en relación a la demanda laboral, promovida por los señores YADIRA BISEIFE CERRATO AGUILERA, SILVIA ROSA GACIA GARCIA, MIRNA LILIAN MOLINA EUCEDA y JESUS ALBERTO PADILLA SUAZO, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA RKI HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. Estima el recurrente que con el acto reclamado se violentan en perjuicio de su representada los artículos 80, 82 y 90 de de la República.A N T E C E D E N T E S1) Que en fecha veintidós de octubre del año dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la señora SILVIA ROSA GARCIA GARCIA, interponiendo demanda ordinaria laboral de primera instancia reclamando reintegro en iguales o mejores condiciones, en contra de LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA RED KAP INDUSTRIES HONDURAS S.A RKI. (Folios 03 al 08 de los antecedentes del A-quo). 2) Que en fecha quince de octubre de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras citado, celebró Audiencia Primera de Tramite en la cual resolvió: “En vista de lo solicitado por la apoderada actora y constado en autos que la parte demandada omitió hacer las relaciones de los medios de prueba de que se haría valer en el presente juicio en sus escrito de contestación de demanda por lo que se le declara precluido el derecho que tenía la parte demandada a proponer medio de prueba en el presente juicio ya que no lo señala ni los estable en sus escritos de contestación de demanda, hecho este que es indispensable en materia laboral tal como lo establece el artículo 709 del Código de Trabajo, ya que si no se establecen en su escrito de contestación está renunciando tácitamente a proponer los medios de prueba por lo que este tribunal admite los medios de prueba propuestos por la parte actora y mandar agregar a los autos la documental presentada en este acto, con lo expuesto se cierra la presente acta y se declara abierta y en curso la audiencia segunda de tramite…”.(Folios 794 al 796 de los antecedentes del A-quo).3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la resolución que se deja relacionada en el numeral anterior, de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual resolvió: “PRIMERO: Declarando no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal demandado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo el día quince de octubre del año dos mil veintiuno (2021) en la demanda de la referencia, consecuentemente se CONFIRMA la misma SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia dado el carácter social de la normativa jurídica del trabajo…” (Folios 14 al 18 de la pieza Ad-Quem).4) El recurrente abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA, compareció ante este Tribunal, en fecha dos de diciembre del año dos mil veintiuno, reclamando amparo a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA RKI HONDURAS, SOCIEDA DE RERSPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en adelante y para abreviar RKI HONDURAS S DE R.L DE C.C.V. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción Constitucional en fecha dos de mayo del año dos mil veintidós.5) Que en fecha cinco de agosto del año dos mil veintidós, la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE el amparo solicitado; al considerar que la actuación judicial recurrida por el amparista, realiza una cabal interpretación de lo establecido en el artículo 709 del Código de Trabajo, el cual transcribe; brindando una motivación razonable, congruente y justa del porque se considera que ambas partes tuvieron los momentos procesales oportunos para hacer uso de los derechos que la ley les concede, de los cuales no hizo uso el representante procesal demandado, al omitir en la contestación de la demanda el acápite de los medios de prueba; siendo este un requisito esencial para que en la Audiencia Primera de Trámite se puedan proponer las pruebas. - Por todo lo cual, estima la Dictaminadora, el fallo emitido por el Ad Quem no vulnera las garantías constitucionales invocadas por el amparista. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinticinco de noviembre del año dos mil veintiuno, que confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha quince de octubre del dos mil veintiuno, declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación planteado por el Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA a favor de la sociedad mercantil RKI HONDURAS S. DE R.L. DE C.V., en su calidad de representante procesal demandado; fundamentándose tal resolución en los artículos 664 y 709 del Código de Trabajo, en relación a los distintos procedimientos y las diferentes etapas procesales que han de observarse para garantizar el debido proceso laboral, incluyendo: “(…) las oportunidades que tienen los sujetos procesales para pedir pruebas, las atribuciones del juez para decretarlas y practicarlas, (…)”, inter alia; todo ello regido por una serie de principios como son los de: “… concentración de pruebas, inmediación, oralidad, publicidad, inquisitivo, lealtad procesal, preclusión y libre apreciación de pruebas”. Asimismo, en lo normativizado en este último artículo (709 del Código de Trabajo), el cual determina, a juicio de la Corte Ad Quem, un requisito esencial de la contestación de la demanda: “(…) hacer “una relación de los medios de prueba de los que pretenda hacer valer”. En el presente caso, motiva la Corte Ad Quem, el Profesional del Derecho que representa a la Empresa RKI HONDURAS S. DE R.L. “RKI”, al contestar la demanda omitió hacer la relación de los medios de prueba que pretendía hacer valer en el juicio, lo cual responde a su voluntad propia; ocasionando se tenga por vencido ese momento procesal, por precluido, en consecuencia; no pudiendo solicitar la práctica de pruebas en los periodos posteriores del juicio, tal y como acertadamente habría resuelto la Iudex A Quo. CONSIDERANDO (4): Que, finalmente, la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinticinco de noviembre del año dos mil veintiuno, bajo estudio constitucional, finaliza argumentando que si bien es cierto, por disposición de los artículos 757 y 758 del Código de Trabajo, la admisión y práctica de las pruebas se realiza en las audiencias de trámite; también lo es que dicha admisión está en relación con la enunciación de los medios de prueba establecidos en la demanda y en la contestación. Cita el fallo bajo estudio a los doctrinarios laboralistas Miguel Gerardo Salazar, y José María Obando Garrido, quienes sostienen que el demandado está obligado a pedir en la contestación de la demanda la práctica de las pruebas que estime conducentes y necesarias para demostrar los hechos que invoque en su defensa; y que: “… por virtud del fenómeno de la preclusión de los actos procesales, las partes no pueden ejercer los mencionados derechos en ningún otro momento procesal”. Siendo concurrente el parecer que, tanto en la demanda, como en la contestación, debe hacerse una relación de las pruebas con las que los contrincantes pretendan establecer la verdad de los hechos.CONSIDERANDO (5): Que, en formalización de su recurso de amparo, ha manifestado el Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA que ratificaba los hechos y fundamentos de derecho contenidos en la acción constitucional emprendida a favor de la sociedad mercantil RKI HONDURAS S. DE R.L. DE C.V., en vista a que la resolución de de Apelaciones, que se describe en el numeral inmediato anterior, no se encuentra conforme a los derechos a la inviolabilidad de la defensa, al debido proceso, ni al principio de legalidad, que asisten a su representación procesal, según prescritos en los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República; en virtud habérsele denegado a su representada el debido proceso, así como el pleno ejercicio del derecho de defensa, en la demanda laboral incoada en su contra, mediante la práctica y evacuación de los medios probatorios documentales aportados en la Contestación de la Demanda, en vista al contrario proceder de la judicatura ordinaria en perjuicio de su representada; quien ha sido dejada en indefensión al denegársele la apelación interpuesta contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha quince de octubre del dos mil veintiuno, por la cual se le deniega la proposición de prueba a la parte demandada, preclusión del derecho a proponer prueba y renuncia tácita a proponer prueba de la parte demandada. No obstante, señala el amparista, ya el 14 de junio del 2021, se había presentado contestación a las cuatro demandas acumuladas posteriormente, bajo el número 0501-2021-00259; resolviéndose los escritos de contestación enunciados en fecha 17 de junio de 2021, todos con el siguiente contenido en los respectivos autos: “Tienese por enunciado los medios de prueba que hará valer la demandada en el presente juicio”; lo cual atiende a la circunstancia de haberse relacionado y acompañado los medios de prueba documentales que con los que se acreditarían las afirmaciones de los hechos de la defensa, aun y cuando apartándose la redacción de la tradicional forma: “Medios de Prueba que se hará valer la parte demandada”.CONSIDERANDO (6): Que, ha aseverado el Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA, en el recurso de amparo en mención, que sirve para mejor conceptualizar la infracción denunciada, los artículos 703 y 709 del Código de Trabajo, en relación; acorde los cuales establecen los requisitos que la demanda laboral deberá contener, de los cuales se desprende es que, en el caso del sujeto activo de la relación jurídico procesal, exprese lo que se demanda, los hechos y las omisiones; mientras que, en lo que concierne al sujeto pasivo del proceso, su proposición sea atinente a los hechos y razones en que el demandado apoya su defensa; exigiéndose, como contenido esencial, dentro de los respectivos escritos, una relación de medios de prueba en que apoyan sus pretensiones; lo cual se estima cumplimentado materialmente en el presente caso, sin perjuicio de las fórmulas sacramentales que son de uso acostumbrado en los juzgados y tribunales que conocen del ámbito laboral. Sigue manifestando, el amparista que tal prevención opera contra legem a lo dispuesto por el artículo 129 del Código Procesal Civil, que, en relación a la forma de los actos procesales, dispone: “1. Los actos procesales que realicen los órganos jurisdiccionales y las partes estarán sujetos al principio de legalidad formal. 2. Los requisitos formales nunca podrán interpretarse de manera que se conviertan en una traba insuperable para el acceso a la justicia de los ciudadanos.”CONSIDERANDO (7): Que, finalmente, continúa manifestando el garantista, en su condición expresada, que la improcedencia de lo fallado por la jurisdicción ordinaria se denota en que la prueba documental aportada por la defensa obra ya y forma parte del proceso, como consta en los respectivos folios de los expedientes que a continuación detalla. Por todo lo cual, solicita admitir la formalización del recurso de amparo, dictándose sentencia en plazo legal otorgando el amparo a favor de su representada, restituyéndole el derecho a la tutela judicial efectiva y demás derechos constitucionales enunciados; teniendo como efecto un pronunciamiento que determine la conducta a cumplirse por la autoridad judicial recurrida, consistente en la invalidación de la sentencia que decretó en fecha veinticinco de noviembre del año dos mil veintiuno y la consiguiente emisión de una nueva sentencia, en que se declare ha lugar el recurso de apelación interpuesto; concediéndole a la parte demandada el derecho para proponer la prueba que se tuvo por enunciada, según acompañada en el escrito de contestación de la demanda y, oportunamente tenerla por evacuada, ordenando el adelantamiento de los autos a la subsiguiente etapa procesal. CONSIDERANDO (8): Que el debido proceso, según reconocido en el artículo 90, párrafo primero de la Constitución de la República, se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar a la persona la adecuada defensa de sus derechos u obligaciones bajo consideración judicial. Es el momento de la tutela jurisdiccional efectiva, por el cual el Estado reconoce un conjunto de garantías normativas e institucionales que permiten el pleno ejercicio del debido proceso a toda persona; garantizando a la ciudadanía el derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, tanto del demandante, como los del demandado; en el derecho interno, como en el ámbito de los tratados y Convenciones Internacionales en materia de derechos fundamentales; bien sea contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (9): Que el artículo 82 Constitucional, por su parte, establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo consagra en su artículo 14. 1., estableciendo “la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. CONSIDERANDO (10): Que los derechos humanos son, en definitiva, situaciones jurídicas de poder que son consustanciales a la persona humana, a la calidad del ser humano que tenemos todos por igual. Tal como lo demarca el principio de alteridad, ínsito a la universalización y ampliación de las declaraciones de derechos; en igualdad jurídica ante la ley y en proscripción de la discriminación arbitraria o injustificada. CONSIDERANDO (11): Que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la vinculación del debido proceso con el derecho de acceso a la justicia. La Corte ha afirmado, en tal concepto, que, para no obstaculizar el proceso, los jueces: “tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad”, y que se viola el derecho de acceso a la justicia, consagrado en el artículo 8.1 del Pacto de San José, si se interponen trabas en el acceso a la justicia. En tal sentido, en el caso Cantos Vs. Argentina la Corte afirmó: Que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acuden a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención. Si bien el derecho de acceso a la justicia no es absoluto, y consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones por parte del Estado; la Corte Interamericana afirma que tales limitaciones deben guardar correspondencia con el medio empleado, y con el fin perseguido. Y, que, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho. CONSIDERANDO (12): Que, en la misma línea de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el jurista L. Alfredo de Diego Diez, sostiene que “En suma la tutela judicial efectiva constituye un derecho humano capital, en cuanto garantiza la cabal defensa de los derechos e intereses legítimos de las personas. Es un derecho inherente a la dignidad humana y, en cuanto derecho que los seres humanos tienen por el mero hecho de ser personas, se predica sin distinción ni restricción, incluyendo a todos: nacionales y extranjeros, sean habitantes o no de la República….”; de Diego Diez sostiene que ni los jueces y tribunales pueden restringir este derecho con criterios rigoristas o puramente formalistas y señala como lo explica la STC 144/2004: 2.° El derecho a la tutela judicial efectiva puede verse conculcado por aquellas normas que impongan condiciones impeditivas u obstaculizadoras del acceso a la jurisdicción, siempre que los obstáculos legales sean innecesarios y excesivos y carezcan de razonabilidad y proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador en el marco de la Constitución (SSTC 4/1988, de 12 de enero, fj 5; 141/1988, de 29 de junio, jj 7). También puede verse conculcado el derecho de acceso a la tutela por aquellas interpretaciones de las normas que son manifiestamente erróneas, irrazonables o basadas en criterios que por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquella causa preserva y los intereses que se sacrifican, de forma que la negación de la concurrencia del presupuesto o requisito en cuestión sea arbitraria o irrazonable (por todas, STC 35/1999, de 22 de marzo, fj 4 y las en él citadas). CONSIDERANDO (13): Que, de la tesitura de la sentencia examinada, a la luz de la garantía constitucional de amparo, no se observan cumplimentados los principios que rigen el derecho del trabajo, según referidos a la Primacía de la realidad y Antiformalidad, conforme a los cuales los aspectos fácticos-sustanciales deben prevalecer por sobre los jurídicos-formales; estableciendo, a la vez, que son mínimos los requisitos que se exigen a las partes que deben cumplir: “… incluso en la demanda y contestación, y cuando faltase requisitos, hubiese omisiones o errores se deberá de indicar la subsanación no el rechazo”. CONSIDERANDO (14): Que, el derecho de defensa, estrechamente ligado al debido proceso, como queda visto, no se ha garantizado en debida forma en el caso Sub Judice, pues, pues según se desprende del escrito de formalización de amparo, y se constata en la foliada, se le ha denegado al recurrente el derecho a ser juzgado con las formalidades, solemnidades y garantías que demarca la ley, en el asunto controvertido colocado bajo la esfera de atribuciones de los Tribunales; pues tal decisión judicial ha obviado la aportación real y material de la relación de probanzas documentales enunciadas en el momento procesal oportuno teniendo por desvalorada tal enunciación de elementos de prueba documentales, útiles y pertinentes para los fines de la defensa; por el sólo hecho de no habérsele asignado el nomine iuris que se tiene por usual en la técnica forense; juzgándola como inexistente. CONSIDERANDO (15): Que, lo anteriormente razonado, adquiere mayor intensidad, al constatarse, de la foliada su enunciación expresa en el escrito de contestación; y, más aún, al constar jurídicamente entre las actuaciones y ejecutorias del proceso, el auto suscrito por la Abg. NELDA SUYAPA SÁNCHEZ, Juez de Letras del Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, cuyo resolutivo número 2.-, dispone, a la letra: “Tienese (Sic.) por enunciado los medios de prueba que hará valer la demandada en el presente juicio, como establece el artículo 251 del Código Procesal Civil aplicable en el presente juicio (…)”. CONSIDERANDO (16): Que, como intérprete último y definitivo de de , esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico; por lo cual, vistos los antecedentes del caso y los elementos de motivación razonados, encuentra la Sala de lo Constitucional que la resolución de apelaciones bajo estudio, disminuye las garantías y derechos constitucionales y convencionales que integran el derecho de defensa y el debido proceso; al impedírsele a la representación procesal del recurrente, acceder efectivamente a la justicia, cumplidos que fueren los requisitos materiales y sucintos que enmarca la Ley para que las partes procesales puedan desplegar su elenco probatorio; tal lo que ocurre en el presente caso, meritorio de la garantía jurisdiccional impetrada. Por ende, en aras de cumplimentar una justicia constitucional ágil y efectiva, debe otorgarse la presente acción de Amparo, con el objeto de mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece a la parte demandada, aquí compareciente como amparista; particularmente, los derechos a la tutela judicial efectiva, derecho de defensa, derecho al debido proceso, que le han sido conculcados a la sociedad mercantil RKI HONDURAS, S. DE R.L. CONSIDERANDO (17): Visto para sentencia el caso en estudio subexamine, resulta que la resolución impugnada ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, implícitamente relacionada con el debido proceso legal, el derecho a la defensa y las demás garantías y derechos constitucionales invocados por el recurrente; razón necesaria y suficiente para la estimatoria del recurso de amparo interpuesto, por haberse vulnerado, con la resolución recurrida, el derecho de la parte demandada a ser juzgada con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; teniendo como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable. De tal manera que, la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, deberá dictar nueva resolución en la que, con acopio de los argumentos motivados en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados a la representación procesal del amparista. POR TANTO: de lo Constitucional de de Justicia, como intérprete último y definitivo de de , en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 16, 59 reformado, 60, 64, 80, 82, 90, 183 numeral 1), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de de ; 1, 8.1 y 25 de sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de de Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la garantía constitucional de amparo que se ha hecho mérito, teniendo como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada, como es la vertida por la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), se tenga por inaplicable; debiendo dictar nueva resolución, en la que, haciendo acopio de los argumentos motivados en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos a la tutela judicial efectiva, derecho de defensa, derecho al debido proceso, que le han sido conculcados a la sociedad mercantil RKI HONDURAS, S. DE R.L. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023) certificación de la Sentencia de fecha veintidós (2022) de junio de dos mil veintitrés (2023) recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-1382--2021.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.