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Sentencia AL-1363-21 — Registro 17792

Resumen

Condena en costas al Estado en relación a la demanda de emplazamiento y reintegro interpuesta contra recurrente declarada con lugar y condenada a la ejecución de la misma, argumentando impetrante la falta de acreditación de Dolo en el incumplimiento del pago de la obligación por parte del Estado de la sentencia condenatoria, considerando la Sala Constitucional que en el presente caso resulta acreditado que el Tribunal de Alzada ha establecido como dolosa una conducta sin que se haya acreditado fehacientemente la acción intencionada del Estado de Honduras de eludir el cumplimiento de su obligación, desconociéndose actuaciones que muestran lo contrario, es decir, la voluntad del Estado de cumplir con el fallo condenatorio Constitucional

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(14): Que esta Sala no comparte el razonamiento del Ministerio Público en lo referente a que la Alzada actuó al margen de sus facultades de ley, por cuanto como órgano jurisdiccional ostenta sin duda la potestad de conocer y resolver el recurso de apelación que le fue planteado, así como de interpretar la norma, apreciar los hechos y elementos de prueba allegados al proceso con el fin de aplicar la ley al caso que conoció. Ahora bien, esta Sala debe ponderar si la resolución denunciada ha sido debidamente motivada, fundada en derecho y si para resolver el recurso el Tribunal de Alzada no ha actuado de manera arbitraria, para lo cual, resulta imprescindible determinar si el incumplimiento de una obligación constituye por sí misma una conducta dolosa y es criterio de esta Sala que, al menos en este caso, no lo es. La doctrina aceptada en este tema señala que el dolo, como causa de incumplimiento de las obligaciones, llamado en este sentido también, fraude o dolo extracontractual, puede entenderse como la acción u omisión intencionada del deudor de eludir el cumplimiento de su obligación. En el caso que nos ocupa, podemos advertir que la obligación generada al ESTADO DE HONDURAS a razón de la condena impuesta fue básicamente en dos vías, una la del reintegro de los trabajadores demandantes y la otra al pago de los salarios dejados de percibir por éstos como consecuencia del despido injustificado, pues fueron éstas las disposiciones de la sentencia de fecha 18 de junio de 2019. De estos mandatos, se ha cumplido a cabalidad uno de ellos, pues los trabajadores fueron reintegrados al trabajo, inclusive en mejores condiciones de las que estaban antes de la interposición de la demanda puesto que, según se estableció en el procedimiento de demanda, éstos laboraban bajo la modalidad de contrato de servicios profesionales y fueron reintegrados bajo acuerdo de nombramiento, con lo que se les reconoció su calidad de trabajadores permanentes, una condición que indiscutiblemente les resultó más beneficiosa. En cuanto a la falta de cumplimiento en el pago de los salarios dejados de percibir consideramos que para valorar la existencia de dolo debió estar acreditado en autos que esta falta de pago se debió a una acción u omisión intencionada de eludir dicho pago por parte del Estado como deudor ejecutado situación que no logra ser determinada de los razonamientos del Tribunal de Alzada puesto que no podemos determinar de lo actuado que el Estado de Honduras, de manera intencionada haya procurado eludir el cumplimiento de la obligación derivada de la sentencia de condena dictada en su contra y llegamos a esta conclusión por dos razones: 1) Porque la obligación ha sido parcialmente cumplida por el Estado con el reintegro de los trabajadores demandantes, como queda dicho; y, 2) Porque constan en el proceso de ejecución gestiones realizadas por la entidad estatal encaminadas a hacer efectivo el pago de lo adeudado, incluso la solicitud de que los demandantes o su apoderado hagan llegar a la Subgerencia de Presupuesto la documentación necesaria para tal fin (que asume esta Sala se requiere por controles presupuestarios) y no hay ninguna actuación acreditada en el proceso que indique respuesta alguna de parte de los demandantes. De ahí entonces que esta Sala debe asentir con el parecer del Ministerio Público y de la entidad recurrente en cuanto a que no podemos concluir que el Estado o la entidad representada hayan llevado a cabo acciones dirigidas a eludir de manera intencionada el pago del valor adeudado o que haya sido demostrada su falta de voluntad de cumplir con la sentencia dictada, y el hecho que se haya ejercido oposición a la tasación de costas no podría considerarse como una acción dilatoria o elusiva al pago puesto que la ley faculta al ejecutado a oponerse a dicha tasación, por cuanto el ejercicio legítimo de un derecho, en este caso el de defensa, no podría entenderse en perjuicio de quien lo ejerce. CONSIDERANDO (15): Que en el presente caso resulta acreditado que el Tribunal de Alzada ha establecido como dolosa una conducta sin que se haya acreditado fehacientemente la acción intencionada del Estado de Honduras de eludir el cumplimiento de su obligación, desconociéndose actuaciones que muestran lo contrario, es decir, la voluntad del Estado de cumplir con el fallo condenatorio. Por lo cual, al no corresponder la decisión de la Alzada con la normativa aplicable al caso, cual es el artículo 8 de la Ley para la Optimización de la Administración Pública, la autoridad jurisdiccional ha desatendido preceptos legales de obligatorio acatamiento, ratificando una condena de pago de costas contra el Estado cuando la propia ley le ha dispensado expresamente de la misma, con lo cual, el Tribunal de Alzada ha obviado en su decisión garantizar el debido proceso en perjuicio del Estado de Honduras, el cual comporta inter alia el deber de los jueces de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, lo cual conlleva a que todas las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional deban ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico, siendo su contravención causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo que ha sido invocada por la peticionaria. CONSIDERANDO (16): Que en virtud de lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto del recurso de amparo que nos ocupa, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma NO comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, resultando en una sentencia infundada que contraviene la normativa aplicable, lo que quebranta la garantía a un debido proceso que es establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supra legal aplicable al caso. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución bajo los parámetros establecidos en este fallo"

Legislación citada

  • Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, art. 8 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada SUYAPA GERALDINA DEL CID, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en que declara sin lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado del Letras Seccional de la Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha treinta (30) de julio del año dos mil veintiuno (2021), con relación a la demanda laboral promovida por los señores MARIO RENE MARTÍNEZ NAVARRO, MARGARITA CÁRCAMO FUNEZ, GREGORIA CRUZ, MARÍA ELENA DIAZ MARTÍNEZ y OTROS, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD (HOSPITAL REGIONAL ATLÁNTIDA). Considerando la recurrente que le han sido violentados a su cliente los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 y 320 consagrados en la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado JOEL BENÍTEZ PAZ, interponiendo Demanda Colectiva Laboral de Emplazamiento para que un patrono pruebe en juicio la justa causa de un despido y por omisión sea condenado al reintegro a sus puestos de trabajo a los demandantes o en su defecto al pago de las prestaciones laborales y a título de daños y perjuicios al pago de los salarios caídos más las costas del presente juicio.(folio 3 al 8 de la pieza del Juzgado). 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha treinta (30) de julio del año dos mil veintiuno (2021), el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida FALLÓ: “…1)Declarar NO HA LUGAR el Incidente de impugnación, interpuesto por el representante procesal de la parte demandada, contra la tasación de costas de ejecución realizada por este Juzgado…” (Folio 304 al 306 de la pieza del Juzgado). 3) Que en fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), la Corte de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida, (SIC) FALLA: “…PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada SUYAPA GERALDINA DEL CID, en su condición de representante legal procesal del Estado de Honduras. SEGUNDO: CONFIRMAR el Auto Interlocutorio, dictado por el juzgado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, de fecha treinta de julio del año dos mil veintiuno (2021) recaída en la demanda ordinaria laboral descrita en el preámbulo de la presente resolución…”. (Folio 11 al 15 de la pieza de Corte de Apelaciones). 4) Que la recurrente abogada SUYAPA GERALDINA DEL CID, compareció ante este Tribunal, en fecha uno (1) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad Quem, de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), es violatoria de lo amparado en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 y 320 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil veintidós (2022) 5) Que con fecha veintidós (22) de julio del año dos mil veintidós (2022), la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió su dictamen, en el cual es de la opinión que SE OTORGUE la acción impetrada. CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que se reclama por vía de la presente acción constitucional de amparo que la sentencia emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, Departamento de Atlántida de fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021), es violatoria de garantías constitucionales en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS, por estimarse inter alia, por parte de la recurrente, que el mencionado Tribunal de Apelación desconoció el artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios de la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, el cual exonera al Estado del pago de costas, excepto en el caso de dolo. CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los antecedentes consta que en veintitrés de octubre de dos mil quince, el abogado JOEL BENÍTEZ PAZ, promovió demanda en su condición de apoderado judicial del señor SELVIN GUADALUPE BENAVIDES ERAZO y otros, en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PÚBLICA, contraída a que se probase la justa causa de un despido y por omisión fuese condenado al reintegro de los demandantes a sus puestos de trabajo o en su defecto al pago de prestaciones laborales, pago de salarios caídos más costas del juicio. CONSIDERANDO (6): Que luego de que fuese evacuado el procedimiento de ley, se dictó sentencia definitiva en fecha dieciocho de junio de dos mil diecinueve, mediante la que el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, declaró CON LUGAR la demanda ordinaria interpuesta y CONDENÓ al ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública al reintegro de los demandantes y al pago de los salarios dejados de percibir SIN COSTAS en dicha instancia. CONSIDERANDO (7): Que luego de adquirir firmeza, inició el procedimiento para la ejecución y el consecuente cumplimiento de la sentencia condenatoria que fuese dictada en contra del ESTADO DE HONDURAS. Como parte del procedimiento, se procedió en fecha 9 de febrero de 2021, a requerir al representante procesal de la Secretaría de Salud como parte vencida en juicio para que pagase—en el acto del requerimiento—la cantidad de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS, que correspondía como importe de los salarios dejados de percibir y otros conceptos a favor de los trabajadores demandantes. Al día siguiente, el 10 de febrero de 2021 y al no constar que la parte condenada realizó el pago correspondiente, el apoderado judicial de los demandantes solicitó se trabase embargo en las cuentas bancarias de la Secretaría de Salud hasta por la cantidad precitada, lo cual se ordenó en auto de fecha 16 de febrero de 2021, emitido por el Juzgado de Letras Seccional que conoció de dicho procedimiento de ejecución. CONSIDERANDO (8): Que luego del embargo constan en el expediente judicial diversas actuaciones realizadas por los representantes del Estado como parte ejecutada, de las que destacan gestiones con las que se procuró acreditar ante la autoridad jurisdiccional la voluntad del Estado de cumplir con la sentencia dictada, como ser: 1) La comparecencia de la Apoderada Legal de la Secretaría de Salud en 3 de marzo de 2021 (F346), en la que se presentó oficio de fecha 1 de marzo de 2021 mediante el que se comunica el establecimiento de estructura presupuestaria para el pago respectivo y se solicitaba que los interesados o su apoderado comparecieran a la Subgerencia de Presupuesto de la Secretaría de Salud con documentación necesarias para proceder al pago; 2) Comparecencia de la Apoderada Legal de la Secretaría de Salud presentando acuerdos de nombramiento de los demandantes; y, 3) Notas dirigidas—y aparentemente recibidas—a cada uno de los demandantes por parte de la asesora legal del Hospital Atlántida en las que se les solicitaba presentar la documentación necesaria para hacer efectivo el pago respectivo, las que no parecen haber sido atendidas por los interesados. CONSIDERANDO (9): Que en fecha 10 de mayo de 2021 (erróneamente fechada con el año 2020) el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba—a petición del apoderado de los demandantes—resolvió ordenar la tasación de costas de ejecución en contra de la demandada, a razón de que el Estado no había cancelado voluntariamente la totalidad de la cuantía de la demanda, por lo que se realizó la tasación correspondiente, la cual ascendió a un 10% de la cantidad condenada, procediéndose a celebrar, en fecha 19 de mayo de 2021, audiencia en la que se conoció la oposición del Estado de Honduras a las costas tasadas por la judicatura, siendo resuelta la misma mediante auto de fecha 30 de julio de 2021 en el que se determinó desestimar la oposición planteada por el Estado y ordenar el pago de las costas de ejecución respectivas. Entre las consideraciones fijadas por la juez en su resolución, se hizo alusión al artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, que exonera al Estado del pago de costas en cualquier tipo de juicios y se hizo hincapié en el hecho que la norma dispone que la exoneración no procederá en caso de dolo, estimando la juzgadora que el actuar de la entidad demandada se circunscribió, según su criterio, dentro del concepto de dolo, por la falta de voluntad de la parte demandada de dar cumplimiento al fallo recaído en el procedimiento de demanda, entendiendo que el dolo se equipara al incumplimiento del pago. CONSIDERANDO (10): Que, ante tal decisión, el Estado recurrió por vía de apelación, resolviéndose la misma en fecha 28 de octubre de 2021 por parte de la autoridad hoy recurrida, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, la cual en su sentencia fue del parecer de que, efectivamente, el Estado de Honduras mostró una conducta dolosa como parte ejecutada porque omitió cumplir con la sentencia recaída en el juicio, por lo que los trabajadores demandantes tuvieron que acudir por la vía de apremio para que se cumpliese con el fallo dictado, estimando la Alzada que no constó de autos ninguna causa que justificase el por qué la parte ejecutada no dio cumplimiento a la sentencia de mérito. CONSIDERANDO (11): Que luego de un análisis in extenso de las actuaciones que conforman el proceso de ejecución que ha originado la contienda objeto de examen, resulta claramente establecido para esta Sala que las autoridades denunciadas en amparo no desconocieron la disposición normativa que exonera al Estado de Honduras del pago de costas de cualquier naturaleza, sino que consideraron que ha existido una conducta dolosa por parte de la entidad estatal ejecutada, por lo cual resultaba viable la condena en costas al Estado, según se establece en el artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y el Fortalecimiento de la Transparencia del Gobierno (en adelante Ley para Optimizar la Administración Pública) que dice: “…Artículo 8. El Estado o sus entidades, en juicios de cualquier naturaleza, estarán exentos del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente…”. CONSIDERANDO (12): Que, en estricto derecho, correspondía a los órganos jurisdiccionales ordinarios determinar la existencia o no de esta conducta dolosa para decidir si cabía exonerar o no al Estado de Honduras del pago de costas (en este caso de ejecución), concluyéndose que no procedía tal exoneración porque el incumplimiento de la obligación se equipara al dolo, según fue el criterio predominante de los órganos jurisdiccionales que conocieron del caso. CONSIDERANDO (13): Que para la recurrente, la autoridad jurisdiccional inaplicó la ley en el caso que nos ocupa porque en virtud de ella no podía condenarse al Estado al pago de las costas, un argumento medianamente acertado a criterio de esta Sala porque, como ya lo señalamos previamente, tanto el A Quo como la Ad Quem, decidieron la condena en costas de ejecución porque a su parecer la entidad del Estado había actuado dolosamente al no cumplir con el fallo dictado en su contra, lo que excluía la posibilidad de exonerar a la parte ejecutada de la condena en costas. La amparista arguyó que la conducta dolosa no fue probada en el proceso, y el Ministerio Público en su dictamen—en el que se recomienda que el presente amparo sea otorgado—sostuvo la misma opinión, censurando el fallo conocido en amparo por considerar que el mismo quebranta el debido proceso y el principio de legalidad, estimando que la Alzada incumplió la ley y actuó fuera de sus facultades al condenar en costas al Estado de Honduras. CONSIDERANDO (14): Que esta Sala no comparte el razonamiento del Ministerio Público en lo referente a que la Alzada actuó al margen de sus facultades de ley, por cuanto como órgano jurisdiccional ostenta sin duda la potestad de conocer y resolver el recurso de apelación que le fue planteado, así como de interpretar la norma, apreciar los hechos y elementos de prueba allegados al proceso con el fin de aplicar la ley al caso que conoció. Ahora bien, esta Sala debe ponderar si la resolución denunciada ha sido debidamente motivada, fundada en derecho y si para resolver el recurso el Tribunal de Alzada no ha actuado de manera arbitraria, para lo cual, resulta imprescindible determinar si el incumplimiento de una obligación constituye por sí misma una conducta dolosa y es criterio de esta Sala que, al menos en este caso, no lo es. La doctrina aceptada en este tema señala que el dolo, como causa de incumplimiento de las obligaciones, llamado en este sentido también, fraude o dolo extracontractual, puede entenderse como la acción u omisión intencionada del deudor de eludir el cumplimiento de su obligación. En el caso que nos ocupa, podemos advertir que la obligación generada al ESTADO DE HONDURAS a razón de la condena impuesta fue básicamente en dos vías, una la del reintegro de los trabajadores demandantes y la otra al pago de los salarios dejados de percibir por éstos como consecuencia del despido injustificado, pues fueron éstas las disposiciones de la sentencia de fecha 18 de junio de 2019. De estos mandatos, se ha cumplido a cabalidad uno de ellos, pues los trabajadores fueron reintegrados al trabajo, inclusive en mejores condiciones de las que estaban antes de la interposición de la demanda puesto que, según se estableció en el procedimiento de demanda, éstos laboraban bajo la modalidad de contrato de servicios profesionales y fueron reintegrados bajo acuerdo de nombramiento, con lo que se les reconoció su calidad de trabajadores permanentes, una condición que indiscutiblemente les resultó más beneficiosa. En cuanto a la falta de cumplimiento en el pago de los salarios dejados de percibir consideramos que para valorar la existencia de dolo debió estar acreditado en autos que esta falta de pago se debió a una acción u omisión intencionada de eludir dicho pago por parte del Estado como deudor ejecutado situación que no logra ser determinada de los razonamientos del Tribunal de Alzada puesto que no podemos determinar de lo actuado que el Estado de Honduras, de manera intencionada haya procurado eludir el cumplimiento de la obligación derivada de la sentencia de condena dictada en su contra y llegamos a esta conclusión por dos razones: 1) Porque la obligación ha sido parcialmente cumplida por el Estado con el reintegro de los trabajadores demandantes, como queda dicho; y, 2) Porque constan en el proceso de ejecución gestiones realizadas por la entidad estatal encaminadas a hacer efectivo el pago de lo adeudado, incluso la solicitud de que los demandantes o su apoderado hagan llegar a la Subgerencia de Presupuesto la documentación necesaria para tal fin (que asume esta Sala se requiere por controles presupuestarios) y no hay ninguna actuación acreditada en el proceso que indique respuesta alguna de parte de los demandantes. De ahí entonces que esta Sala debe asentir con el parecer del Ministerio Público y de la entidad recurrente en cuanto a que no podemos concluir que el Estado o la entidad representada hayan llevado a cabo acciones dirigidas a eludir de manera intencionada el pago del valor adeudado o que haya sido demostrada su falta de voluntad de cumplir con la sentencia dictada, y el hecho que se haya ejercido oposición a la tasación de costas no podría considerarse como una acción dilatoria o elusiva al pago puesto que la ley faculta al ejecutado a oponerse a dicha tasación, por cuanto el ejercicio legítimo de un derecho, en este caso el de defensa, no podría entenderse en perjuicio de quien lo ejerce. CONSIDERANDO (15): Que en el presente caso resulta acreditado que el Tribunal de Alzada ha establecido como dolosa una conducta sin que se haya acreditado fehacientemente la acción intencionada del Estado de Honduras de eludir el cumplimiento de su obligación, desconociéndose actuaciones que muestran lo contrario, es decir, la voluntad del Estado de cumplir con el fallo condenatorio. Por lo cual, al no corresponder la decisión de la Alzada con la normativa aplicable al caso, cual es el artículo 8 de la Ley para la Optimización de la Administración Pública, la autoridad jurisdiccional ha desatendido preceptos legales de obligatorio acatamiento, ratificando una condena de pago de costas contra el Estado cuando la propia ley le ha dispensado expresamente de la misma, con lo cual, el Tribunal de Alzada ha obviado en su decisión garantizar el debido proceso en perjuicio del Estado de Honduras, el cual comporta inter alia el deber de los jueces de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, lo cual conlleva a que todas las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional deban ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico, siendo su contravención causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo que ha sido invocada por la peticionaria. CONSIDERANDO (16): Que en virtud de lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto del recurso de amparo que nos ocupa, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma NO comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, resultando en una sentencia infundada que contraviene la normativa aplicable, lo que quebranta la garantía a un debido proceso que es establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supra legal aplicable al caso. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución bajo los parámetros establecidos en este fallo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 196 del Código Procesal Civil; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada SUYAPA GERALDINA DEL CID, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en que declara sin lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el JUZGADO DEL LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha treinta (30) de julio del año dos mil veintiuno (2021; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número 1367-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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