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Sentencia AL-1216-21 — Registro 17039

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró no ha lugar el recurso de apelación en la demanda ordinaria laboral. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos constitucionales.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… CONSIDERANDO: Que ha criterio de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la sentencia impetrada vía amparo se ha dictado interpretando los preceptos constitucionales, está dotada de la debida motivación, respetando el debido derecho de defensa, dando oportunidad procesal a las partes involucradas en el juicio y respetando el debido proceso.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Carlos Alberto Castro Rodríguez, a favor de la sociedad mercantil denominada Bordados e Impresos Olanchitos Servicios Agregados, S. de R.L. de C.V. (BIMOSA), contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha (SIC) siete de septiembre de dos mil veintiuno, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tocoa, departamento de Colón, en fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, con relación a un incidente alegado en la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Zoany Lisbeth Romero Romero contra la sociedad mercantil denominada Bordados e Impresos Olanchitos Servicios Agregados, S. de R.L. de C.V. (BIMOSA). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 60, 61, 64, 82, 90 y 304 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tocoa, departamento de Colón, la señora Zoany Lisbeth Romero Romero, en su condición personal, promoviendo demanda ordinaria laboral para el pago de derechos adquiridos, prestaciones e indemnizaciones laborales, en contra de la sociedad mercantil denominada Bordados e Impresos Olanchitos Servicios Agregados, S. de R.L. de C.V. (BIMOSA). (Folios 1-3 del expediente del A-quo)2)En fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tocoa, departamento de Colón, resolvió: “…1) Declarar sin lugar la excepción planteada por el incidentista, en virtud de no estar apegada a derecho.-EN LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS Y PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, promovida por ZOANY LISBETH ROMERO ROMERO, contra BIMOSA S. DE R.L.-2)NOTÍFIQUESE.-3) Esta resolución es susceptible del Recurso de Reposición y subsidiariamente el Recurso de Apelación.-4)Si la misma no es recurrida, continúese con la audiencia de primera de trámite.” (Folios 33-34 del expediente del A-quo)3)Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Carlos Alberto Castro Rodríguez, en su condición de representante procesal de los señores Héctor Javier Alvarado Barahona y Claudio Fernando Pérez en su condición de Gerentes de la sociedad mercantil Bordados e Impresos Olanchitos Servicios Agregados, S. de R.L. de C.V. (BIMOSA), contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha (Sic) catorce de octubre de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de apelación impetrado por el abogado CARLOS ALBERTO CASTRO RODRÍGUEZ en su condición de apoderado legal y representante procesal de los señores HÉCTOR JAVIER ALVARADO BARAHONA Y CLAUDIO FERNANDO PÉREZ en su condición de gerentes de la sociedad mercantil “BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITOS SERVICIOS AGREGADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE” en la demanda Ordinaria Laboral para el pago de derechos adquiridos y prestaciones e indemnizaciones laborales, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional, reajuste de salario mínimo y horas extras, salarios dejados de percibir en virtud de despido verbal y directo presentada por la señora ZOANY LISBETH ROMERO ROMERO contra la empresa denominada BIMOSA S. DE R.L. DE C.V., representada a través de sus Gerente General HÉCTOR JAVIER ALVARADO BARAHONA.-SEGUNDO: SE CONFIRMA el auto interlocutorio de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón, donde declara sin lugar la excepción planteada por el incidentista en la demanda Ordinaria Laboral para el pago de derechos adquiridos y prestaciones e indemnizaciones laborales, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional, reajuste de salario mínimo y horas extras, salarios dejados de percibir en virtud de despido verbal y directo presentado por la señora ZOANY LISBETH ROMERO ROMERO contra la empresa denominada BIMOSA S. DE R.L. DE C.V. representada a través de su Gerente General HÉCTOR JAVIER ALVARADO BARAHONA.- MANDA:…” (Folios 10-14 del expediente del A-quem)5)Que, el Abogado Carlos Alberto Castro Rodríguez, compareció ante este Tribunal, en fecha ocho de noviembre de dos mil veintiuno, reclamando amparo a favor de la sociedad mercantil Bordados e Impresos Olanchitos Servicios Agregados, S. de R.L. de C.V. (BIMOSA), afirmando que la sentencia dictada por el Ad-quem, relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 60, 61, 64, 82, 90 y 304 de la Constitución de la República. 6)Que esta Sala, en fecha doce de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el Abogado Carlos Alberto Castro Rodríguez, en consecuencia, se dispuso a continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando la vista de las diligencias al fiscal para que emitiera su dictamen. (Folio 26 del recurso)7) En fecha veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Diana Elizabeth Rodríguez, del que se desprende apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…De la resolución traída a estudio, al Suscrita es del parecer que el criterio esgrimido por el Ad-quem no vulnera los preceptos constitucionales invocados por el recurrente, ya que se aprecia que la sentencia de mérito ha sido debidamente motivada y dictada de conformidad a derecho, en tanto explica que conforme al derecho positivo vigente, al haber emplazado uno de los socios de la persona jurídica, como tal, contestó la demanda en su condición de gerentes de BIMOSA S. DE R.L. de C.V. y ejerció su derecho de defensa, al grado que la comparecencia del recurrente lo hace en su condición de apoderado legal de ambos gerentes HÉCTOR JAVIER ALVARADO BARAHONA y CLAUDIO FERNANDO PÉREZ, tal como se desprende del Poder Especial para pleitos que consta en autos. De aquí, que la Alzada estime que el emplazamiento realizado a estos surtió los efectos legales correspondientes, pues si bien se emplazó a uno de los gerentes de la parte demandada, al momento de la contestación compareció el apoderado legal de ambos socios, por lo que concluye que al haberse acreditado que se demandó la persona jurídica correcta y emplazado en legal y debida forma uno de los representantes legales, no procede la excepción planteada. IV.-OPINIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que SE DENIEGUE la presente acción de amparo por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el amparista.” (Folios 29-32 del recurso de mérito. RESULTA: Que la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha catorce de octubre del dos mil veintiuno, dictó NO HA LUGAR el recurso de apelación planteado, en relación confirma el auto interlocutorio impugnado, planteado por el Abogado Carlos Alberto Castro Rodríguez.RESULTA: Que resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Sala de lo Constitucional en fecha doce de octubre del dos mil veintidós, el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación por lo que es procedente continuar con el trámite y no sea necesario formalizar el recurso de amparo, así como también ordena en consecuencia dar vista de los autos al señor Fiscal del Despacho, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas emitiera el respectivo dictamen. CONSIDERANDO: Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos en los artículos 60, 61, 64, 82, 90 y 304 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que es facultad la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; de igual modo en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO: Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO: Que al interponer no formalizó según la propia sentencia del recurso de mérito el recurrente alega que con el fallo proferido por el ad-quem, se ha violado el artículo 64 constitucional; pero es de hacer notar, que las disposiciones legales aplicadas por la Corte de Apelaciones en la resolución recurrida, lejos de disminuir, restringir o tergiversar derechos y garantías señalados en la Constitución, son las que garantizan una resolución apegada a derecho, encauzando el proceso al orden preestablecido por la legislación. CONSIDERANDO: Que también se alega como violentado por el fallo proferido por el ad-quem, el artículo 90 constitucional; pero del estudio particular del fallo censurado y de los autos en general, se observa que los Órganos Jurisdiccionales del Estado que han conocido del conflicto ínter subjetivo de intereses, son los competentes por razón de la materia, cuantía y territorio, y sus titulares son las personas naturales que la Organización Judicial Superior ha nombrado para el desempeño de tales funciones, por consiguiente, el juzgamiento se está llevando a cabo por el Juez y/o Tribunal competente, con las formalidades derechos y garantías que la ley establece.CONSIDERANDO: Que el amparista manifiesta en el recurso de amparo el que tenían que haber sido citados ambos socios de la empresa BIMOSA, por lo que el amparista dice que de ahí nace el defecto procesal y así mismo menciona que el derecho que ha sido violado con la conducta negativa de la Corte recurrida y con ello dejando desprotegido y sin garantía alguna el derecho que debe ser tutelado por el Estado de Honduras, a lo anterior nos aplicamos el artículo 32 del Código Procesal Civil como ley supletoria y que dice: El Tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito, la tiene también para resolver sobre incidencias, para llevar a efecto las providencias y autos que dictare, y para la ejecución de la sentencia o convenios y transacciones que aprobare, salvo disposición legal en otro sentido. (SIC)CONSIDERANDO: Que el Ministerio Público al emitir su dictamen se pronuncia en el sentido de que el recurso interpuesto debe ser otorgado, por existir lesión a las normas fundamentales invocadas. CONSIDERANDO: Que ha criterio de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la sentencia impetrada vía amparo se ha dictado interpretando los preceptos constitucionales, esta dotada de la debida motivación, respetando el debido derecho de defensa, dando oportunidad procesal a las partes involucradas en el juicio y respetando el debido proceso. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia mediante la Sala de lo Constitucional de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, por unanimidad de votos esta Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313, 316 de la Constitución de la República; 1, 55 y 78, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 129, 169, 170, 193, 194, 200, 206, 207, 208, 701, 705, 707 y 913 del Código de Procesal Civil; 1, 2, 3, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 681, 686, 703, 704, 705, 706, 712, 714, y 858 del Código del Trabajo. FALLA: DENEGANDO el amparo de que se ha hecho mérito, en virtud que no se aprecia violación a ninguna de las normas primarias invocadas por el recurrente. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFÍQUESE. –. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-1216-2021. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.