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Sentencia AL-1103-21 — Registro 17453

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación contra Auto interlocutorio dictado por Juzgado de Primera Instancia que rechazó la resolución médica emitida por el Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) en relación a la Incapacidad total y permanente de recurrente; Dicho Juzgado consideró que no reúne las condiciones de la normativa laboral para tener aparejada ejecución, en demanda de ejecución forzosa laboral de obligación de hacer infungible o personalísima promovida por Karla Patricia Varela Lagos contra el Instituto de Previsión Militar IPM; La Autoridad recurrida considera que dicho documento no contiene las características para ser título ejecutivo, por lo que el auto impugnado está ajustado a derecho

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."para la Sala de lo Constitucional, la sentencia objeto de la presente garantía constitucional, observa motivadamente la preceptiva legal ordinaria que resulta aplicable a la cuestión jurídica controvertida, particularmente en lo que se refiere a la definición legal de exigibilidad del título ejecutivo, según contemplada en forma clara, expresa y taxativa en el Código del Trabajo; en vista que la Certificación de Dictamen Médico No. 38417, postulado en la demanda puesta al conocimiento de su jurisdicción como dotado de acción ejecutiva, no reúne las condiciones que establecen los artículos 779, 786 y 788 del Código del Trabajo para tener aparejada ejecución por no contener las características para ser título ejecutivo; y, particularmente, de estricta conformidad a lo dispuesto en el artículo 779 del Código de Trabajo, pues únicamente revestiría tal consideración: el cumplimiento de toda obligación originada de una relación de trabajo, que conste en acto o documento indubitado que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme; lo cual no es nugatorio de la exigibilidad de obligaciones no dinerarias, siempre y cuando respondan al ámbito conceptual de tal estipulación; lo cual significa que es taxativo y expreso, no analógico, el procedimiento o cauce procesal establecido en las leyes para la ejecución de un título ejecutivo que contenga una obligación de hacer; siempre y cuando resulte garante deóntico al cumplimiento de una obligación originada de una relación de trabajo y que conste en acto o documento indubitado: “… que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme”…"..."para la Sala de lo Constitucional, la sentencia objeto de la presente garantía constitucional, tampoco infringe el debido proceso como asevera la representación procesal que comparece como garantista, toda vez que la Certificación de Dictamen Médico No. 38417 proviene de distinta fuente obligacional a la anteriormente normativizada y no emana de una decisión judicial o arbitral firme; por lo que se considera observa la preceptiva legal ordinaria en congruencia a lo establecido en la norma fundamental; habiéndose resuelto, con motivación suficiente y fundada en derecho congruente, lo planteado por la parte demandante, ahora ocurrente en amparo, ante la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán. Por lo cual se estima no resultar violatoria la resolución objeto de la presente garantía constitucional de los derechos constitucionales invocados por el Abogado recurrente; quedando a salvo el derecho de las partes a promover el proceso ordinario que corresponda sobre la cuestión de fondo que resulta controvertida, en congruencia con lo normado en el artículo 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional respecto al efecto excluyente y no prejuzgamiento de la sentencia denegatoria en la acción de amparo, que resulta lo procedente en resolución de la presente garantía constitucional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de enero del dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Oscar Danilo Santos Alvarado, a favor de la señora Karla Patricia Varela Lagos, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, con relación a la “DEMANDA DE EJECUCIÓN FORZOSA LABORAL DE OBLIGACIÓN DE HACER INFUNGIBLE O PERSONALÍSIMA…” promovida por el Abogado Miguel Antonio Castillo Gamero, en su condición de representante procesal de la señora Karla Patricia Varela Lagos, en contra del Instituto de Previsión Militar “IPM”, por medio de su representante legal el señor José Ernesto Leva Bulnes, en su cargo de Gerente General. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 90 y 142 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Miguel Antonio Castillo Gamero, en su condición de en su condición de representante procesal de la señora Karla Patricia Varela Lagos, presentando “DEMANDA DE EJECUCIÓN FORZOSA LABORAL DE OBLIGACIÓN DE HACER INFUNGIBLE O PERSONALÍSIMA…” en contra del Instituto de Previsión Militar “IPM”, por medio de su representante legal el señor José Ernesto Leva Bulnes, en su cargo de Gerente General. (Folios 1-5 del expediente A-quo) 2) En fecha veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó el siguiente auto: “…Vista las presentes diligencias y del estudio del mismo se desprende que el Abogado MIGUEL ANTONIO CASTILLO GAMERO, en su condición de representante procesal de la señora KARLA PATRICIA VARELA LAGOS al momento de presentar la acción en contra del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION MILITAR a folio 1 de la misma delego el poder en el ABOGADO OSCAR DANILO SANTOS ALVARADO, y siendo que el derecho de petición y de defensa es inviolable debido de que las partes durante el proceso al considerar que una resolución no esté conforme a derecho tiene expedita los recursos que franquea la misma ley, y habiéndose omitido en la resolución de fecha 22 de octubre del 2019, una de la partes más importante de la acción como ser la delegación de poder ya arriba relacionada este juzgado de oficio REPONE la resolución de fecha 22 de octubre del 2019, en el sentido de dejar sin valor ni efecto la misma y procediéndose a resolver así: Tener por presentado el escrito de demanda ejecutiva laboral por parte de Abogado MIGUEL ANTONIO CASTILLO GAMERO, en su condición de representante procesal de la señora KARLA PATRICIA VARELA LAGOS contra del INSTITUTO DE PREVISION MILIAR (I.P.M.), y siendo que LA ley que rige la materia y aplicables por los Tribunales de Justicia establece:: 1).- Que la Constitución de la República establece que el derecho de petición es inviolable que todo ciudadano tiene el derecho de acción ante los órganos jurisdiccionales que son de Justicia, 2.- Que la jurisdicción del trabajo esta instituida para dirimir los conflictos que se originen directa o indirectamente de un contrato o relación de trabajo, 3).- que los jueces de Trabajo son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometido más que a la Constitución y a la ley y solo podrán acatar las decisiones de sus superiores 4).- que en materia laboral constituye título ejecutivo el cumplimiento de toda obligación originada de una relación de trabajo, que conste en acto documento indubitado que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial firme, 4). Que analizado los documentos acompañados por el compareciente en relación a la demanda ejecutiva que promoviere en contra del INSTITUTO DE PREVISION MILIAR (I.P.M.), ninguno de ellos se encuentra enmarcado dentro de lo establecido en el numeral anterior, en consecuencia este juzgado resuelve RECHAZAR la demanda ejecutiva laboral promovida por Abogado MIGUEL ANTONIO CASTILLO GAMERO, en su condición de representante procesal de la señora KARLA PATRICIA VARELA LAGOS contra del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR…” (Folio 19 del expediente A-Quo) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Oscar Danilo Santos Alvarado, en su condición de apoderado legal de la parte demandante, contra el auto interlocutorio que se ha dejado relacionado en el numeral que antecede, la Corte Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: “….1.- Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado OSCAR DANILO SANTOS ALVARADO, accionando como Representante Procesal de la parte demandante.- 2.- CONFIRMANDO la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de noviembre del dos mil diecinueve que corre a folios 19 y 22 frente de la primera pieza del expediente.- 3.- SIN COSTAS en esta instancia.- MANDA: 1) Que en esta misma fecha se tengan por notificados en estrados a los Representantes Procesales de las partes en litigio.- 2) Que una vez que adquiera el carácter de firme el presente fallo, se remita la certificación de estilo al Juzgado de su procedencia, para los efectos legales pertinentes.- Redactó la Magistrada Integrante SOLÓRZANO JUÁREZ.- "Seguidamente se le cede la palabra al Abogado OSCAR DANILO SANTOS ALVARADO, en su condición de Representante Procesal apelante, quien dice: Que en este acto interpongo recurso de reposición.- Y LA CORTE RESUELVE: Que de la interposición del recurso de reposición se aprecia que el recurrente sólo se limitan a interponer el recurso de mérito sin exponer de manera concreta la motivación en que fundamenta su inconformidad, en consecuencia y conforme a las argumentaciones expresadas en la resolución de este Tribunal se desprende que la misma se encuentra ajustada a derecho, por lo que procede declarar SIN LUGAR el Recurso de Reposición interpuesto por el Abogado OSCAR DANILO SANTOS ALVARADO, en la condición con que actúa, en vista de no existir razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda…”.(Folios 11-13 vuelto del expediente del Ad-Quem) 4) Que, el Abogado Oscar Andino Santos Alvarado, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, reclamando amparo a favor de la señora Karla Patricia Varela Lagos, afirmando que la sentencia dictada por el Ad-Quem, relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 142 de la Constitución de la República, contentivos del derecho al debido proceso y a la seguridad social. 5) Que esta Sala, en fecha once de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el Abogado Oscar Danilo Santos Alvarado, en consecuencia, se dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando la vista de las diligencias al fiscal para que emitiera su dictamen. (Folio 32 del recurso) 6) En fecha uno de agosto de dos mil veintidós, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sandra Lorena Zuniga García, del que se desprende apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…III.-APRECIACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS Determina el Censor que lo resuelto por la Alzada, transgrede el Debido Proceso, y el Derecho a la Seguridad Social, ya que de una manera fraudulenta fundamenta el fallo en el primer párrafo del artículo 779 del Código del Trabajo, que establece: "Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en relación de trabajo, que conste en acto o documento indubitado...", en una franca violación en la aplicación e interpretación del segundo párrafo del mismo artículo, que dispone lo siguiente: "Cuando de fallos judiciales, laudos arbitrales, actos o documentos indubitados se desprendan obligaciones distintas de las de entregar sumas en dinero, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva de que trate este Capítulo, ajustándose en lo positivo, a la forma prescrita en los artículos 509 y subsiguientes del Código de Procedimientos Civiles, según sea el caso." Estableciendo que la demanda puesta al conocimiento de su jurisdicción no reúne las condiciones que estable los artículos 786 y 788 del Código del Trabajo, de tal manera que desconoce que el mismo artículo 779, reconoce de forma taxativa, que cuando una ejecución no fuese de la que señala el artículo 778, el procedimiento a seguir será el establecido en el segundo párrafo del artículo 779, que permite por principio de supletoriedad a la forma prescrita en el artículo 509, y subsiguientes del Código de Procedimientos Civiles, así que la norma, forma y cause procesal en la actualidad es el procedimiento de ejecución forzosa de obligaciones de hacer no fungible y personalísima establecido en el nuevo Código Procesal Civil, ignorando de esta manera el principio Pro Homine o pro persona. Que al efectuar el análisis del antecedente de mérito y revisada la norma supra indicada, se evidencia que en efecto el artículo 779 párrafo segundo del Código de Trabajo, determina que en los casos de entrega distinta de dinero, sustentado a través de fallo judicial, laudos arbitrales, actos o documentos indubitados, podrá pedir el cumplimiento a través de vía ejecutiva, aplicando la supletoriedad de la norma adjetiva; por lo que se colige que la pretensión de la parte actora se ajusta a lo estipulado en esta normativa, en vista que el dictamen emitido por el Seguro Social a través del Comité Técnico de Invalidez, se torna un documento o acto indubitado, al ser el Instituto Hondureño de Seguridad Social, conforme al artículo 1 de la Ley del Seguro Social, el órgano garante del derecho humano a la salud, la asistencia médica, para el bienestar personal y colectivo, por ende corresponde ser exigible bajo los parámetros de la supletoriedad del Código Procesal Civil, a través del proceso de ejecución considerando que el artículo 779 párrafo segundo del Código del Trabajo, de manera taxativa determina que en casos distintos de entrega de sumas de dinero, se ajustará en lo positivo a lo dispuesto en la norma adjetiva, por lo cual se advierte que el ente jurisdiccional actuó en desapego a la legalidad, al no ser aplicable el artículo 788 utilizado como fundamento, al ser contrario a lo solicitado, en detrimento a los derechos que le asisten a la señora Karla Patricia Varela, transgrediendo de esta manera las garantías invocadas por el recurrente. IV. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que se declare CON LUGAR la acción de amparo presentada al atentar la resolución impugnada contra garantías constitucionales.” (Folios 35-37 del recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia de Alzada proferida, por unanimidad de votos de sus miembros, por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán en fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021), misma que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Oscar Danilo Santos Alvarado, a favor de la señora Karla Patricia Varela Lagos, contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil diecinueve (2019), con relación a la “DEMANDA DE EJECUCIÓN FORZOSA LABORAL DE OBLIGACIÓN DE HACER INFUNGIBLE O PERSONALÍSIMA…” promovida por la señora Karla Patricia Varela Lagos, como parte demandante, contra el Instituto de Previsión Militar “IPM”, por medio de su representante legal el señor José Ernesto Leva Bulnes, en su cargo de Gerente General; en la cual demanda el cumplimiento de un Título con Acción ejecutiva consistente en la Resolución de Incapacidad Total y Permanente emitida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y las costas del juicio, mediante despacho de mandamiento judicial para tal efecto; resolución de apelaciones cuya motivación y fundamentación jurídica refiere que, la Certificación de Dictamen Médico No. 38417, postulado en la demanda puesta al conocimiento de su jurisdicción, no reúne las condiciones que establecen los artículos 779, 786 y 788 del Código del Trabajo para tener aparejada ejecución: “… porque no contiene las características para ser título ejecutivo, de conformidad al Código de Trabajo, por lo que resuelto en el auto proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo está ajustado a derecho”. CONSIDERANDO (4): Que en sustanciación de la presente acción constitucional de amparo ha manifestado el garantista, Abogado Oscar Danilo Santos Alvarado, una serie de consideraciones jurídicas y fácticas, que apoyarían la tesis de que tal resolución vulneraría los derechos y garantías constitucionales dispuestas en los artículos 90 y 142 de la Constitución de la República, al violentar las declaraciones y derechos al debido proceso y al derecho a la seguridad social. Asimismo, invoca el amparista, en sustento a su acción constitucional, la infracción por falta de aplicación, por parte de la autoridad judicial competente del Bloque de Convencionalidad; particularmente, lo atinente a los artículos 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 9 del Protocolo adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador); artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y; 16 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. CONSIDERANDO (5): Que, sostiene el amparista en formalización de su recurso, que el proceder de la Corte de Apelaciones que se conoce en amparo carece de control convencional de los derechos humanos en materia de seguridad social y de la supletoriedad que tienen el Código Procesal Civil en materia de trabajo y seguridad social, violentando normativa constitucional fundamental relativa al derecho a la seguridad social, así como a obtener el derecho a la jubilación por incapacidad médica, al considerar el Juez natural de primera instancia que el titulo ejecutivo denominado resolución medica emitida por la Comisión Técnica de Invalidez del Instituto Hondureño del Seguro Social de fecha 25 de julio de 2017, no era título ejecutivo porque no aparece cantidad dineraria; interpretando y aplicando erróneamente, y en sentido contrario a tal disposición normativa contenida en el artículo tal del seguro social (Sic.), que de forma taxativa señala que las resoluciones que emanan del Seguro Social son título ejecutivo; resolución ultrajante a los derechos precitados refrendada por el Tribunal de Alzada, por lo cual se estaría transgrediendo el derecho constitucional y convencional que asiste a su representada, al aplicarse e interpretarse erróneamente la Ley y Reglamento del Seguro Social, impidiéndole así, su acceso y disfrute a la seguridad social. CONSIDERANDO (6): Que ha aducido el garantista, en formalización de su recurso, que, se infringe, además, el derecho al debido proceso; al impedírsele el acceso y disfrute del derecho a la seguridad social, según contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, con relación al artículo 8.2).4) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Objeta la utilización, por parte del Tribunal de Alzada de la interpretación analógica, al no encontrar dentro de la normativa del Código de Trabajo el cauce procesal taxativo e idóneo para la ejecución de un título ejecutivo que contenga una obligación de hacer, encausándolo mediante la analogía a lo establecido en el artículo 779 del Código del Trabajo, lo cual estima incorrecto y no apegado a la buena fe, al transcribir únicamente el primer párrafo del artículo en referencia; omitiendo la aplicación e interpretación del segundo párrafo del referido artículo, y la concurrencia del principio pro homine en la tesitura general del fallo; razones todas estas por las cuales procedería el otorgamiento de la garantía constitucional de amparo. CONSIDERANDO (7): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.[1] CONSIDERANDO (8): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (9): Que, para la Sala de lo Constitucional, la sentencia objeto de la presente garantía constitucional, observa motivadamente la preceptiva legal ordinaria que resulta aplicable a la cuestión jurídica controvertida, particularmente en lo que se refiere a la definición legal de exigibilidad del título ejecutivo, según contemplada en forma clara, expresa y taxativa en el Código del Trabajo; en vista que la Certificación de Dictamen Médico No. 38417, postulado en la demanda puesta al conocimiento de su jurisdicción como dotado de acción ejecutiva, no reúne las condiciones que establecen los artículos 779, 786 y 788 del Código del Trabajo para tener aparejada ejecución por no contener las características para ser título ejecutivo; y, particularmente, de estricta conformidad a lo dispuesto en el artículo 779 del Código de Trabajo, pues únicamente revestiría tal consideración: el cumplimiento de toda obligación originada de una relación de trabajo, que conste en acto o documento indubitado que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme; lo cual no es nugatorio de la exigibilidad de obligaciones no dinerarias, siempre y cuando respondan al ámbito conceptual de tal estipulación; lo cual significa que es taxativo y expreso, no analógico, el procedimiento o cauce procesal establecido en las leyes para la ejecución de un título ejecutivo que contenga una obligación de hacer; siempre y cuando resulte garante deóntico al cumplimiento de una obligación originada de una relación de trabajo y que conste en acto o documento indubitado: “… que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme”. CONSIDERANDO (10): Que, para la Sala de lo Constitucional, la sentencia objeto de la presente garantía constitucional, tampoco infringe el debido proceso como asevera la representación procesal que comparece como garantista, toda vez que la Certificación de Dictamen Médico No. 38417 proviene de distinta fuente obligacional a la anteriormente normativizada y no emana de una decisión judicial o arbitral firme; por lo que se considera observa la preceptiva legal ordinaria en congruencia a lo establecido en la norma fundamental; habiéndose resuelto, con motivación suficiente y fundada en derecho congruente, lo planteado por la parte demandante, ahora ocurrente en amparo, ante la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán. Por lo cual se estima no resultar violatoria la resolución objeto de la presente garantía constitucional de los derechos constitucionales invocados por el Abogado recurrente; quedando a salvo el derecho de las partes a promover el proceso ordinario que corresponda sobre la cuestión de fondo que resulta controvertida, en congruencia con lo normado en el artículo 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional respecto al efecto excluyente y no prejuzgamiento de la sentencia denegatoria en la acción de amparo, que resulta lo procedente en resolución de la presente garantía constitucional. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 64, 80, 82, 90, 128, 142, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la presente acción de Amparo. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de marzo de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-1103-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.