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Sentencia AL-108-22 — Registro 17417

Resumen

Sentencia declaró sin lugar Recurso de Apelación y confirmó Auto Interlocutorio dictado por Juzgado de Primera Instancia que declaró sin lugar Declinatoria y Defecto Procesal de Falta de Legitimación del demandante en Demanda Ordinaria Laboral para el pago de preaviso, auxilio de cesantía y otros derechos laborales promovida por Demandante contra recurrente; La Autoridad recurrida consideró que se acreditaron los elementos legales para considerar la existencia de un contrato de trabajo y ambas partes están legitimadas para accionar ante la jurisdicción laboral

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"según advierte esta Sala, los argumentos del impetrante se enfocan básicamente en que la decisión del Tribunal de Alzada ha violentado este derecho y el de defensa, al no haber coincidido el fallo con sus pretensiones, observando esta Sala que las alegaciones del quejoso se limitan a la mera censura de lo fallado por la Alzada, no habiéndose manifestado razonamientos suficientes que permitan a este Alto Tribunal considerar la existencia de estas supuestas violaciones constitucionales...la Sala observa que las alegaciones del recurrente parecen estar más orientadas hacia una discutible falta de jurisdicción del tribunal que a una cuestión de competencia, pues se infiere de sus argumentos que los hechos de la demanda deben ser conocidos por la jurisdicción civil y no la laboral, dada la naturaleza del contrato cuyo cumplimiento se cuestiona, sin embargo, siendo que de acuerdo con la ley, la jurisdicción de trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo, y estando establecido tanto por la juez como por el Tribunal de Alzada la existencia de un contrato de trabajo en el caso que nos ocupa, resulta procedente el conocimiento de la demanda de mérito por la jurisdicción del trabajo, ostentando por ende la juez respectiva la capacidad legal para procesar y juzgar el litigio, es decir la competencia para ejercer su jurisdicción...esta Sala ha dicho en pasadas decisiones—asistiendo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español—que para que se produzca una situación de indefensión debe resultar en el agraviado una imposibilidad real de efectuar alegaciones o de probar lo alegado, de ahí que deba tratarse de una privación real, efectiva y actual de los medios de alegación o prueba que además debe ser imputable exclusivamente de modo inmediato y directo al órgano jurisdiccional, es decir, no provocada ni consentida por el afectado con algún tipo de pasividad, impericia o negligencia. Debe además ser definitiva, sin que el afectado pueda promover acciones o recursos en defensa de sus derechos o intereses legítimos en un ulterior juicio declarativo...se puede apreciar de las actuaciones judiciales de mérito, ninguno de estos supuestos se ha dado en este caso, en tanto que el órgano jurisdiccional denunciado no ha privado al recurrente de presentar alegaciones, recursos o prueba a favor de su representado, y ello puede determinaste prima facie de la simple lectura de las argumentaciones y de los antecedentes del proceso...esta Sala encuentra oportunos los razonamientos que en este respecto ha puesto de manifiesto el Tribunal de Apelación, por cuanto la pretensión del querellante efectivamente es deducible ante la jurisdicción laboral, siendo que la contienda jurídica que de los hechos alegados se ha iniciado, se deriva de una relación de trabajo, estando por ende legitimado el demandante para ejercer su acción, y será el órgano jurisdiccional quien determinará si le asiste el derecho que pretende hacer valer ante la jurisdicción del trabajo...esta Sala debe asentir con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de examen, advirtiéndose que el fallo emitido no causó ni generó vulneración alguna a la garantía del debido proceso, correspondiendo la resolución del juzgado de instancia con la normativa aplicable al caso, y plasmándose a su vez una correcta y debida motivación, sin que mediase arbitrariedad o desafuero a ley, no advirtiéndose tampoco afectación alguna al derecho de defensa como quedó ya explicado...esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República. En consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, DENEGAR la acción de amparo pretendida y así debe declararse..."

Jerarquía: Reiterativa

…"según advierte esta Sala, los argumentos del impetrante se enfocan básicamente en que la decisión del Tribunal de Alzada ha violentado este derecho y el de defensa, al no haber coincidido el fallo con sus pretensiones, observando esta Sala que las alegaciones del quejoso se limitan a la mera censura de lo fallado por la Alzada, no habiéndose manifestado razonamientos suficientes que permitan a este Alto Tribunal considerar la existencia de estas supuestas violaciones constitucionales...la Sala observa que las alegaciones del recurrente parecen estar más orientadas hacia una discutible falta de jurisdicción del tribunal que a una cuestión de competencia, pues se infiere de sus argumentos que los hechos de la demanda deben ser conocidos por la jurisdicción civil y no la laboral, dada la naturaleza del contrato cuyo cumplimiento se cuestiona, sin embargo, siendo que de acuerdo con la ley, la jurisdicción de trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo, y estando establecido tanto por la juez como por el Tribunal de Alzada la existencia de un contrato de trabajo en el caso que nos ocupa, resulta procedente el conocimiento de la demanda de mérito por la jurisdicción del trabajo, ostentando por ende la juez respectiva la capacidad legal para procesar y juzgar el litigio, es decir la competencia para ejercer su jurisdicción...esta Sala ha dicho en pasadas decisiones—asistiendo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español—que para que se produzca una situación de indefensión debe resultar en el agraviado una imposibilidad real de efectuar alegaciones o de probar lo alegado, de ahí que deba tratarse de una privación real, efectiva y actual de los medios de alegación o prueba que además debe ser imputable exclusivamente de modo inmediato y directo al órgano jurisdiccional, es decir, no provocada ni consentida por el afectado con algún tipo de pasividad, impericia o negligencia. Debe además ser definitiva, sin que el afectado pueda promover acciones o recursos en defensa de sus derechos o intereses legítimos en un ulterior juicio declarativo...se puede apreciar de las actuaciones judiciales de mérito, ninguno de estos supuestos se ha dado en este caso, en tanto que el órgano jurisdiccional denunciado no ha privado al recurrente de presentar alegaciones, recursos o prueba a favor de su representado, y ello puede determinaste prima facie de la simple lectura de las argumentaciones y de los antecedentes del proceso...esta Sala encuentra oportunos los razonamientos que en este respecto ha puesto de manifiesto el Tribunal de Apelación, por cuanto la pretensión del querellante efectivamente es deducible ante la jurisdicción laboral, siendo que la contienda jurídica que de los hechos alegados se ha iniciado, se deriva de una relación de trabajo, estando por ende legitimado el demandante para ejercer su acción, y será el órgano jurisdiccional quien determinará si le asiste el derecho que pretende hacer valer ante la jurisdicción del trabajo...esta Sala debe asentir con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de examen, advirtiéndose que el fallo emitido no causó ni generó vulneración alguna a la garantía del debido proceso, correspondiendo la resolución del juzgado de instancia con la normativa aplicable al caso, y plasmándose a su vez una correcta y debida motivación, sin que mediase arbitrariedad o desafuero a ley, no advirtiéndose tampoco afectación alguna al derecho de defensa como quedó ya explicado...esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República. En consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, DENEGAR la acción de amparo pretendida y así debe declararse..."

Jerarquía: Reiterativa

…"según advierte esta Sala, los argumentos del impetrante se enfocan básicamente en que la decisión del Tribunal de Alzada ha violentado este derecho y el de defensa, al no haber coincidido el fallo con sus pretensiones, observando esta Sala que las alegaciones del quejoso se limitan a la mera censura de lo fallado por la Alzada, no habiéndose manifestado razonamientos suficientes que permitan a este Alto Tribunal considerar la existencia de estas supuestas violaciones constitucionales...la Sala observa que las alegaciones del recurrente parecen estar más orientadas hacia una discutible falta de jurisdicción del tribunal que a una cuestión de competencia, pues se infiere de sus argumentos que los hechos de la demanda deben ser conocidos por la jurisdicción civil y no la laboral, dada la naturaleza del contrato cuyo cumplimiento se cuestiona, sin embargo, siendo que de acuerdo con la ley, la jurisdicción de trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo, y estando establecido tanto por la juez como por el Tribunal de Alzada la existencia de un contrato de trabajo en el caso que nos ocupa, resulta procedente el conocimiento de la demanda de mérito por la jurisdicción del trabajo, ostentando por ende la juez respectiva la capacidad legal para procesar y juzgar el litigio, es decir la competencia para ejercer su jurisdicción...esta Sala ha dicho en pasadas decisiones—asistiendo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español—que para que se produzca una situación de indefensión debe resultar en el agraviado una imposibilidad real de efectuar alegaciones o de probar lo alegado, de ahí que deba tratarse de una privación real, efectiva y actual de los medios de alegación o prueba que además debe ser imputable exclusivamente de modo inmediato y directo al órgano jurisdiccional, es decir, no provocada ni consentida por el afectado con algún tipo de pasividad, impericia o negligencia. Debe además ser definitiva, sin que el afectado pueda promover acciones o recursos en defensa de sus derechos o intereses legítimos en un ulterior juicio declarativo...se puede apreciar de las actuaciones judiciales de mérito, ninguno de estos supuestos se ha dado en este caso, en tanto que el órgano jurisdiccional denunciado no ha privado al recurrente de presentar alegaciones, recursos o prueba a favor de su representado, y ello puede determinaste prima facie de la simple lectura de las argumentaciones y de los antecedentes del proceso...esta Sala encuentra oportunos los razonamientos que en este respecto ha puesto de manifiesto el Tribunal de Apelación, por cuanto la pretensión del querellante efectivamente es deducible ante la jurisdicción laboral, siendo que la contienda jurídica que de los hechos alegados se ha iniciado, se deriva de una relación de trabajo, estando por ende legitimado el demandante para ejercer su acción, y será el órgano jurisdiccional quien determinará si le asiste el derecho que pretende hacer valer ante la jurisdicción del trabajo...esta Sala debe asentir con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de examen, advirtiéndose que el fallo emitido no causó ni generó vulneración alguna a la garantía del debido proceso, correspondiendo la resolución del juzgado de instancia con la normativa aplicable al caso, y plasmándose a su vez una correcta y debida motivación, sin que mediase arbitrariedad o desafuero a ley, no advirtiéndose tampoco afectación alguna al derecho de defensa como quedó ya explicado...esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República. En consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, DENEGAR la acción de amparo pretendida y así debe declararse..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"según advierte esta Sala, los argumentos del impetrante se enfocan básicamente en que la decisión del Tribunal de Alzada ha violentado este derecho y el de defensa, al no haber coincidido el fallo con sus pretensiones, observando esta Sala que las alegaciones del quejoso se limitan a la mera censura de lo fallado por la Alzada, no habiéndose manifestado razonamientos suficientes que permitan a este Alto Tribunal considerar la existencia de estas supuestas violaciones constitucionales...la Sala observa que las alegaciones del recurrente parecen estar más orientadas hacia una discutible falta de jurisdicción del tribunal que a una cuestión de competencia, pues se infiere de sus argumentos que los hechos de la demanda deben ser conocidos por la jurisdicción civil y no la laboral, dada la naturaleza del contrato cuyo cumplimiento se cuestiona, sin embargo, siendo que de acuerdo con la ley, la jurisdicción de trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo, y estando establecido tanto por la juez como por el Tribunal de Alzada la existencia de un contrato de trabajo en el caso que nos ocupa, resulta procedente el conocimiento de la demanda de mérito por la jurisdicción del trabajo, ostentando por ende la juez respectiva la capacidad legal para procesar y juzgar el litigio, es decir la competencia para ejercer su jurisdicción...esta Sala ha dicho en pasadas decisiones—asistiendo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español—que para que se produzca una situación de indefensión debe resultar en el agraviado una imposibilidad real de efectuar alegaciones o de probar lo alegado, de ahí que deba tratarse de una privación real, efectiva y actual de los medios de alegación o prueba que además debe ser imputable exclusivamente de modo inmediato y directo al órgano jurisdiccional, es decir, no provocada ni consentida por el afectado con algún tipo de pasividad, impericia o negligencia. Debe además ser definitiva, sin que el afectado pueda promover acciones o recursos en defensa de sus derechos o intereses legítimos en un ulterior juicio declarativo...se puede apreciar de las actuaciones judiciales de mérito, ninguno de estos supuestos se ha dado en este caso, en tanto que el órgano jurisdiccional denunciado no ha privado al recurrente de presentar alegaciones, recursos o prueba a favor de su representado, y ello puede determinaste prima facie de la simple lectura de las argumentaciones y de los antecedentes del proceso...esta Sala encuentra oportunos los razonamientos que en este respecto ha puesto de manifiesto el Tribunal de Apelación, por cuanto la pretensión del querellante efectivamente es deducible ante la jurisdicción laboral, siendo que la contienda jurídica que de los hechos alegados se ha iniciado, se deriva de una relación de trabajo, estando por ende legitimado el demandante para ejercer su acción, y será el órgano jurisdiccional quien determinará si le asiste el derecho que pretende hacer valer ante la jurisdicción del trabajo...esta Sala debe asentir con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de examen, advirtiéndose que el fallo emitido no causó ni generó vulneración alguna a la garantía del debido proceso, correspondiendo la resolución del juzgado de instancia con la normativa aplicable al caso, y plasmándose a su vez una correcta y debida motivación, sin que mediase arbitrariedad o desafuero a ley, no advirtiéndose tampoco afectación alguna al derecho de defensa como quedó ya explicado...esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República. En consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, DENEGAR la acción de amparo pretendida y así debe declararse..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de marzo de dos mil veintitrés.-VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ROLANDO PALMA RODRÍGUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha tres (3) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), que confirmó el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), con relación a la demanda Ordinaria Laboral promovida por el señor FRANK GERARDO MONCADA BUESO, contra el ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los artículos 82, 90 y 183 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES: 1.En fecha nueve (29) de Septiembre del año dos mil quince (2015), compareció ante Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el señor FRANK GERARDO MONCADA BUEZO, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia, para que, mediante sentencia definitiva, se condenara a la parte demandada a pagar el preaviso, el auxilio cese de cesantía proporcional, las vacaciones proporcionales, el aguinaldo proporcional, el décimo cuarto mes proporcional, el salario adecuado a horas extraordinarias, los salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios. (Folios 01-06 de la pieza del Juzgado).- 2.En audiencia primera de trámite, celebrada el 6 de febrero de 2019, la parte demandada, el Instituto de Desarrollo Comunitaria Agua y Saneamiento, promovió ante el Juzgado de instancia, una cuestión de declinatoria por falta de jurisdicción y competencia, así como un defecto procesal en la demanda por falta de legitimación.-3.El referido Juzgado, en auto interlocutorio de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020) resolvió lo pertinente en torno a los planteamientos de la parte demanda, así: “…DECLARAR SIN LUGAR EL DEFECTO PROCESAL DE FALTA DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA y DEFECTO PROCESAL DE FALTA DE LEGITIMACIÓN opuesto por el representante procesal de la parte demandada (ESTADO DE HONDURAS) a través del Procurador General de la Republica Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA…”. (Folio182 al 187 de la pieza del Juzgado).- 4.La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado OSCAR ROLANDO PALMA RODRÍGUEZ en contra de la resolución arriba relacionada, dictó sentencia en fecha tres (3) de noviembre del año dos mil veintiunos (2021), en la cual dictó sentencia que en su parte conducente dice: “…FALLA: 1. DECLARAR SIN LUGAR, el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado OSCAR ROLANDO PALMA RODRÍGUEZ. 2. CONFIRMANDO el auto interlocutorio de fecha veintisiete de enero del dos mil veinte, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, recaído en el incidente de declinatoria por falta de jurisdicción y el defecto procesal de falta de legitimación del demandante, presentada por la Abogada ELISA REGINA SPEERS ZAMORA, en su condición de representante procesal demandado en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA QUE MEDIANTE SENTENCIA DEFINITIVA SE CONDENE A LA PARTE DEMANDADA A PAGAR EL PREAVISO, EL AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL, LAS VACACIONES PROPORCIONALES EL AGUINALDO PROPORCIONAL EL DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL, EL SALARIO ADEUDADO, HORAS EXTRAORDINARIAS, LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIO, promovido por el señor FRANK GERARDO MONCADA BUEZO, contra EL ESTADO DE HONDURAS presentada por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA,. SIN COSTAS en esta instancia…”. (Folio 86 al 90 de la pieza de Corte de Apelaciones).- 5. El recurrente abogado OSCAR ROLANDO PALMA RODRÍGUEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veintiunos (2021), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha tres (3) de noviembre del año dos mil veintiunos (2021), es violatoria a lo dispuesto en los artículos 82, 90 Y 183 de la Constitución de la Republica. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha quince (15) de agosto del año dos mil veintidós (2022). (Folio 30 de la pieza de amparo).-6.Con fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), la abogada DIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ COREA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta.-LA ACCIÓN DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL .-1. La acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, teniendo por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional, relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- 2. Como garantía constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- 3. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. 4.Correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, siendo ésta, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán.-MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS.- I. En el trámite de la demanda principal de que se ha hecho mérito, el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO de este Departamento, resolvió una cuestión de declinatoria por “falta de jurisdicción y competencia” y un alegado defecto procesal de “falta de legitimación”, ambos opuestos por la parte demandada, en este caso, el Estado de Honduras, al haber sido objeto de la acción de mérito el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento. II. Según lo argumentado por la demandada, el Juzgado de Letras del Trabajo carece de jurisdicción y competencia para conocer de la demanda, siendo competente la jurisdicción civil del lugar en donde se suscribió el contrato, por ser éste de servicios profesionales y, además, siendo que el contrato suscrito fue celebrado entre el demandante y una persona ajena a la institución estatal demandada, se arguyó el precitado defecto procesal de falta de legitimación. III. Para la Juez A Quo, de los elementos probatorios allegados por las partes en la primera audiencia de trámite, se lograron acreditar los elementos que por disposición legal son necesarios para considerar la existencia de una relación de trabajo entre la entidad demandada y el accionante Frank Gerardo Moncada Buezo, siendo éstos: 1) La actividad personal del trabajador; 2) La continuada subordinación y dependencia con respecto al patrono; y, 3) El salario como retribución del servicio, por lo que, de conformidad con el parecer de la juez de instancia, el contrato de trabajo—cuyos elementos se han citado—no deja de serlo, según la ley, porque se le dé una denominación distinta o por las condiciones o modalidades que en él de establezcan, decidiendo que la jurisdicción del trabajo es la competente para el conocimiento y resolución de la demanda.- IV. En cuanto al defecto procesal alegado, la A quo consideró que al accionante le asiste el derecho de acudir a la instancia laboral y compete únicamente al juez determinar si su pretensión procede o no, estimando que el demandante ostenta la debida legitimación para presentar su acción ante la jurisdicción del trabajo. V. La decisión arriba citada y dictada mediante auto resolutorio fue recurrida en apelación ante la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZÁN, por el demandado, no obstante, la Alzada consideró infundados los agravios presentados por el Estado en este caso, ratificando en su sentencia lo resuelto por la A Quo.- VI. Según lo señaló el Tribunal de Alzada en sus razonamientos, hay extensa jurisprudencia encaminada a que la jurisdicción del trabajo es la competente para conocer de los conflictos derivados de ese tipo de trabajadores del Estado, coincidiendo con la juez de instancia también en cuanto a la acreditación de los elementos de la ley laboral para considerar la existencia de un contrato de trabajo en el caso objeto de estudio. La Alzada a su vez determinó en su sentencia que ambas partes están legitimadas para accionar ante la jurisdicción laboral, partiendo del hecho que ambas reconocen la existencia de una relación de trabajo, asintiendo con la A Quo en cuanto a que el derecho será o no declarado una vez agotado el procedimiento de ley.-VII. Estimando que el fallo de apelación resultó violatorio a derechos constitucionales de su representada, el quejoso presentó su acción de amparo contra la Corte de Apelaciones del Trabajo como autoridad recurrida a razón de la sentencia que pronunció en el presente asunto, argumentando una supuesta violación al derecho de defensa y a un debido proceso, derechos que fueron vulnerados por la Alzada, según el impetrante, por la desestimación de sus pretensiones, valorando que es ilegitima la incoación del proceso laboral iniciado en contra de su representada. VIII. Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión.- IX. Hemos insistido que en virtud de la garantía constitucional al debido proceso comporta es deber de los jueces cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, ello conlleva a que todas las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional deban ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico, siendo su contravención causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo.-X. También esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba.- XI La Sala ha declarado en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva envuelve, como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio.-XII. En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. XIII. Así, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. XIV. Hemos reiterado a su vez, que el recurso de amparo no constituye un recurso de instancia, pues está destinado a la protección constitucional ante violaciones a preceptos de esa índole y que, para la apreciación de estas violaciones, deben presentarse razonamientos concretos que expliquen a este Alto Tribunal cómo éstas surgen del acto reclamado en amparo, y así acordar en su caso, la debida protección y consecuente restitución a estos derechos. XV. En el presente caso, según advierte esta Sala, los argumentos del impetrante se enfocan básicamente en que la decisión del Tribunal de Alzada ha violentado este derecho y el de defensa, al no haber coincidido el fallo con sus pretensiones, observando esta Sala que las alegaciones del quejoso se limitan a la mera censura de lo fallado por la Alzada, no habiéndose manifestado razonamientos suficientes que permitan a este Alto Tribunal considerar la existencia de estas supuestas violaciones constitucionales. XVI Los cuestionamientos del quejoso en torno a la falta de competencia y de jurisdicción tampoco fueron claramente formulados en la instancia a criterio de esta Sala, no pareciendo éste discernir entre los conceptos de competencia y de jurisdicción. XVII.Este Supremo Tribunal ha considerado que, en el ámbito jurídico-procesal, la competencia se entiende como la aptitud legal de un juez o tribunal para ejercer jurisdicción en un proceso concreto y determinado, así, podemos afirmar que la competencia es, esencialmente, la capacidad legal que tiene una autoridad jurisdiccional para procesar, juzgar, y en su caso, ejecutar la decisión que resuelva un litigio determinado. XVIII. En este sentido, sabemos que, tanto jurisprudencial como doctrinalmente, ha sido aceptado que la competencia puede entenderse en forma básica desde dos aspectos: el objetivo, como aquel conjunto de causas en que, con arreglo a la ley, el juez o tribunal ejerce su jurisdicción, y el subjetivo, como la facultad conferida a cada juez o tribunal para ejercer la jurisdicción dentro de los limites en que le es atribuida. XIX. Dicho esto, la Sala observa que las alegaciones del recurrente parecen estar más orientadas hacia una discutible falta de jurisdicción del tribunal que a una cuestión de competencia, pues se infiere de sus argumentos que los hechos de la demanda deben ser conocidos por la jurisdicción civil y no la laboral, dada la naturaleza del contrato cuyo cumplimiento se cuestiona, sin embargo, siendo que de acuerdo con la ley, la jurisdicción de trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo, y estando establecido tanto por la juez como por el Tribunal de Alzada la existencia de un contrato de trabajo en el caso que nos ocupa, resulta procedente el conocimiento de la demanda de mérito por la jurisdicción del trabajo, ostentando por ende la juez respectiva la capacidad legal para procesar y juzgar el litigio, es decir la competencia para ejercer su jurisdicción.- XX. Con respecto a una alegada indefensión del quejoso como consecuencia de haber sido desestimadas sus pretensiones, esta Sala ha dicho en pasadas decisiones—asistiendo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español—que para que se produzca una situación de indefensión debe resultar en el agraviado una imposibilidad real de efectuar alegaciones o de probar lo alegado, de ahí que deba tratarse de una privación real, efectiva y actual de los medios de alegación o prueba que además debe ser imputable exclusivamente de modo inmediato y directo al órgano jurisdiccional, es decir, no provocada ni consentida por el afectado con algún tipo de pasividad, impericia o negligencia. Debe además ser definitiva, sin que el afectado pueda promover acciones o recursos en defensa de sus derechos o intereses legítimos en un ulterior juicio declarativo.- XXI.- Como se puede apreciar de las actuaciones judiciales de mérito, ninguno de estos supuestos se ha dado en este caso, en tanto que el órgano jurisdiccional denunciado no ha privado al recurrente de presentar alegaciones, recursos o prueba a favor de su representado, y ello puede determinaste prima facie de la simple lectura de las argumentaciones y de los antecedentes del proceso. XXII. Siendo así, esta Sala encuentra oportunos los razonamientos que en este respecto ha puesto de manifiesto el Tribunal de Apelación, por cuanto la pretensión del querellante efectivamente es deducible ante la jurisdicción laboral, siendo que la contienda jurídica que de los hechos alegados se ha iniciado, se deriva de una relación de trabajo, estando por ende legitimado el demandante para ejercer su acción, y será el órgano jurisdiccional quien determinará si le asiste el derecho que pretende hacer valer ante la jurisdicción del trabajo. XXIII. En consecuencia, esta Sala debe asentir con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de examen, advirtiéndose que el fallo emitido no causó ni generó vulneración alguna a la garantía del debido proceso, correspondiendo la resolución del juzgado de instancia con la normativa aplicable al caso, y plasmándose a su vez una correcta y debida motivación, sin que mediase arbitrariedad o desafuero a ley, no advirtiéndose tampoco afectación alguna al derecho de defensa como quedó ya explicado. XXIV. En virtud de todo lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia impugnada, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República. En consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, DENEGAR la acción de amparo pretendida y así debe declararse.-PARTE RESOLUTIVA: POR TANTO, LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y 665 del Código del Trabajo;FALLA: ÚNICO: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ROLANDO PALMA RODRÍGUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha tres (3) de noviembre del año dos mil veintiunos (2021), que confirmó el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020). Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada. - VILLELA ZAVALA. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada SONIA MARLINA DUBON VILLEDA .- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- WAGNER VALLECILLO PAREDES .- FRANCISCA VILLELA ZAVALA.- ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veintitrés (2023) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0108-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL