Sentencia AL-1079-21 — Registro 17952
Resumen
Acción de amparo interpuesta contra incidente de nulidad declarado sin lugar en relación a la inobservancia del artículo 8 del Decreto Ley 266-2013, contentivo de la “Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el Gobierno”, el cual establece que al Estado no se le condena en costas, salvo que haya actuado con dolo, lo cual no se aprecia del caso de autos en relación a la Demanda ordinaria laboral para el reconocimiento de una relación laboral de forma permanente por simulación de contrato, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, para el caso específico, pago de pre y post natal, sesenta días de indemnización por despido en estado de embarazo, 180 horas de lactancia, más a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir en virtud de despido directo, ilegal, injusto y discriminatorio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."10): Que analizada que ha sido la resolución de fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021) por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN se aprecia que se ha sido dictada con inobservancia de lo establecido en el artículo 8 de la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, lo que constituye una franca vulneración a los principios constitucionales del debido proceso y el principio de legalidad; estimando la Sala de lo Constitucional que el presente recurso de amparo debe ser otorgado, teniendo como efecto útil, la inaplicabilidad de la sentencia impugnada; debiendo la honorable Corte de Apelaciones dictar nueva resolución en la que, con acopio de la normativa señalada como omisa, realice una valoración motivada y fundada en derecho congruente y de fondo, la cual deberá estar dotada de todos los elementos normativos que atañen y deben observarse para una adecuada impartición de justicia."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1.2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, art. 8 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), que declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora NADIA NIELSEN CANALES EUCEDA, contra EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL.- Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los artículos 60, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil catorce (2014), comparecieron ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán los señores NADIA NIELSEN CANALES EUCEDA y ADALID CARDENAS CASTILLO, interponiendo DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL RECONOCIMIENTO DE UNA RELACIÓN LABORAL DE FORMA PERMANENTE POR SIMULACIÓN DE CONTRATO, PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, PARA EL CASO ESPECÍFICO, PAGO DE PRE Y POST NATAL, SESENTA DÍAS DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO EN ESTADO DE EMBARAZO, 180 HORAS DE LACTANCIA, MÁS A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR EN VIRTUD DE DESPIDO DIRECTO, ILEGAL, INJUSTO Y DISCRIMINATORIO para el caso específico, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de su representante legal el señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA.- (Folio 01 al 07 de la primera pieza del Juzgado) 2) Que el referido Juzgado, al conocer de un incidente de nulidad de actuaciones, interpuesto por el representante del Estado de Honduras, en fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), dictó sentencia interlocutoria en la cual: FALLÓ: 1) DECLARAR SIN LUGAR EL INCIDENTE DE NULIDAD solicitado, presentado por la parte demandada, en virtud que al tenor de la norma antes citada, no ha ocurrido una violación al debido proceso en la cual haya producido indefensión a la parte demandada, ya que este Juzgado concedió el término de 5 al representante procesal de la parte demandante y que las mismas están protegidas por el Arancel del Profesional del Derecho en su artículo 77 numeral b párrafo 4….”. 3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), FALLÓ: 1.- Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, en su condición de Apoderado Procesal de la parte demandada II.- CONFIRMA el auto interlocutorio de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) III.- SIN COSTAS en esta instancia…-(Folio 14 al 16 de la segunda pieza de Antecedentes) 4) Que el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, compareció ante este Tribunal, en fecha trece (13) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), es violatoria a lo dispuesto en el artículos 60, 82 y 90 de la Constitución de la Republica. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil veintidós (2022). (Folio 50 de la pieza de Amparo) 5) Que con fecha uno (1) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), la abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que SE OTORGUE LA ACCIÓN DE AMPARO interpuesta; en virtud haberse inobservado normas esenciales del procedimiento, que han producido la indefensión de la parte demandada y el quebrantamiento del principio de legalidad; al encontrarse exenta la parte demandada (ESTADO DE HONDURAS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS), del pago de las costas de ejecución impuestas. (Folios 53 al 59 de la pieza de Amparo) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que en la Demanda Ordinaria Laboral que ha promovido la señora NADIA NIELSEN CANALES EUCEDA, contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, se conoce en garantía de amparo la sentencia proferida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticuatro (24) de septiembre dos mil veintiuno (2021), que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto por el Abogado SOTERO MEJÍA PADILLA, en su condición de apoderado procesal de la parte demandada; confirmando el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecinueve (19) de noviembre de dos mil diecinueve (2019); resolución de instancia que motiva se le concedió a la parte demandada traslado por el término de cinco (5) días para hacer uso de su derecho de objeción a la Tasación de costas presentadas por su contraparte; etapa en la cual hizo uso de sus argumentos relativos a la inobservancia del artículo 8 del Decreto Ley 266-2013, contentivo de la “Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el Gobierno”, el cual establece que al Estado no se le condena en costas, salvo que haya actuado con dolo; lo cual no se encuentra de recibo, en vista haber existido resistencia del Estado de Honduras a saldar la responsabilidad por la que fue condenada en vía judicial, con el consiguiente requerimiento de pago, el cual se encuentra en mora. Análoga el Juzgador a incumplimiento malintencionado de las obligaciones contraídas y, encontrándose ya en una etapa de ejecución de sentencia, la normativa no permite incidentes ni excepciones, salvo la de pago verificado con posterioridad al título ejecutivo, tal como prescribe el artículo 786 del Código de Trabajo.[1] Señala, en su Considerando (5), el Tribunal de Alzada que el representante procesal demandado debió impugnar la tasación de costas en el plazo establecido por el Juzgado A Quo, en la forma establecida por el artículo 224 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento laboral; resultando improcedente la figura de la nulidad, dado que la legislación procesal establece expresamente los casos en que se produce nulidad de actuaciones; habida cuenta y determinando que el Decreto Legislativo No. 266-2013 no contempla casos de nulidad de actuaciones, lo cual, en interpretación sistemática con lo que establece el artículo 212 numeral 6) del Código Procesal Civil, refiere a otros motivos que éste, y demás leyes, así determinen. CONSIDERANDO (4): Que en formalización de la acción constitucional de amparo asevera el garantista, Abogado SOTERO MEJÍA PADILLA, que tal resolución vulneraría los derechos y garantías constitucionales, en perjuicio de su representación procesal, habiéndose quebrantado la aplicación derecho positivo vigente en las resoluciones del tribunales, tal como el artículo 8 del Decreto Legislativo 266-2013, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, el cual dispone que el Estado o sus entidades están exentos del pago de costas, en juicios de cualquier naturaleza; salvo que se haya actuado con dolo, en cuyo caso el funcionario sería responsable administrativa, civil y penalmente. Manifiesta, asimismo, el garantista, que se ha viciado sustancialmente el proceso y las garantías constitucionales del recurrente, al extralimitarse el Tribunal en sus decisiones tomadas a este respecto. Sostiene el amparista, que se ha inaplicado lo que establece la ley sustantiva, sin observancia del debido proceso y el principio de igualdad, al momento de resolver la solicitud de nulidad correspondiente en sede de ejecución de sentencia; actuación que, al ser confirmada por la Alzada, ha generado indefensión a su instancia y quebrantamiento de las declaraciones, derechos y garantías constitucionales. CONSIDERANDO (5): Que, ha también aducido el recurrente, Abogado SOTERO MEJÍA PADILLA, que dicha resolución del Ad Quem no se encontraba dictada conforme a lo prescrito en los artículos 60, 61, 63, 64, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, con relación al principio de legalidad establecido en el artículo 7 del Código Procesal Civil, en vista a todo lo anteriormente relacionado; por lo cual, no estando fundada en ley la sentencia de mérito, se violentan los derechos constitucionales expresados, y se solicita, por la parte compareciente, el otorgamiento de la presente acción de amparo a favor de su representación procesal. CONSIDERANDO (6): Que, consta en los Antecedentes, que el Ministerio Público, por medio de su Agente Fiscal DIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ COREA, emitió Dictamen en relación al asunto sometido a estudio por este Alto Tribunal, el cual, si bien no es vinculante, se considera corresponde en el presente caso a un criterio de plausibilidad; siendo de la opinión la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución que se otorgue la Acción de Amparo así promovida; en vista a que la resolución bajo estudio violenta, por concepto de su inobservancia, el artículo 8 del Decreto Ley 266-2013, contentivo de la “Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el Gobierno”, el cual establece que al Estado no se le condena en costas, salvo que haya actuado con dolo, lo cual no se aprecia del caso de autos; legalidad vigente en el presente caso, que, al ser inobservada, quebranta el debido proceso y lo dispuesto constitucionalmente respecto al principio de legalidad. CONSIDERANDO (7): Que, a la vista de precedentes de la Sala sobre casos homólogos, se destaca en lo conducente, que el artículo 803, numeral 2 del Código Procesal Civil establece: “En cualquier caso, las costas de la ejecución se impondrán al ejecutado salvo que acredite que hubo causa no imputable a él que le impidió hacer el pago antes de la ejecución”; aunado a lo cual consta el Decreto Legislativo No.266-2013, por el cual se creó la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,336 en fecha 23 de enero del año dos mil catorce, enfocada, entre otros aspectos, en la necesidad de racionalizar las demandas a las que está sujeta la Administración Pública, estableciendo un mínimo de requerimientos para evitar la saturación de demandas contra el Estado; norma legal vigente y aplicable por los Juzgados y Tribunales de la República, en tanto no sea declarada su derogatoria legislativa, o que se le encontrare incursa en causal de inconstitucionalidad.[2] CONSIDERANDO (8): Que el principio de legalidad es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria del Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas; lo cual tiene recepción en los preceptos constitucionales 90 y 321 en que señalan, en su orden: “Nadie Puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece….”, y: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad.” CONSIDERANDO (9): Que todo conflicto constitucional presenta dos dimensiones correlativas, a saber: a) Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación por parte de los Poderes del Estado del orden jurídico constitucional, y; b) Una dimensión subjetiva, cuando los referidos Poderes del Estado o los particulares, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. Cabe recalcar, que la extensión del principio pro persona a situaciones jurídicas en que intervienen personas jurídicas o morales, no es genérica, incondicional o absoluta; sino que opera como expresa salvedad a la regla de juicio dictada, en ejercicio de su competencia consultiva, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva No. 22/16 de 26 de febrero de 2016, solicitada por la República de Panamá;[3] en la cual, por unanimidad de votos de sus miembros, establece lo siguiente: “(…), que 2. El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado, en los términos establecidos en los párrafos 37 a 70 de esta Opinión Consultiva.” CONSIDERANDO (10): Que analizada que ha sido la resolución de fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021) por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN se aprecia que se ha sido dictada con inobservancia de lo establecido en el artículo 8 de la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, lo que constituye una franca vulneración a los principios constitucionales del debido proceso y el principio de legalidad; estimando la Sala de lo Constitucional que el presente recurso de amparo debe ser otorgado, teniendo como efecto útil, la inaplicabilidad de la sentencia impugnada; debiendo la honorable Corte de Apelaciones dictar nueva resolución en la que, con acopio de la normativa señalada como omisa, realice una valoración motivada y fundada en derecho congruente y de fondo, la cual deberá estar dotada de todos los elementos normativos que atañen y deben observarse para una adecuada impartición de justicia. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 1, 4, 60, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el abogado SOTERO MEJÍA PADILLA, a favor de ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha Veinticuatro (24) de septiembre dos mil veintiuno (2021). 2) Que proceda la Corte de Apelaciones recurrida a dictar nueva resolución en los términos explicitados en la parte motivacional de la presente sentencia. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de septiembre de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-1079-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Ver folios 151 y 152 de la pieza de primera instancia, en lo conducente.
[2] Aunado a lo anterior, se cita a título ilustrativo, lo expresado en la jurisprudencia constitucional española, acorde a la cual, correspondería al órgano judicial competente en ejecución, la interpretación del fallo en sus propios términos y la fijación de su alcance, así como la determinación de cuales sean las medidas oportunas y razonablemente coherentes con el contenido de la resolución a ejecutar, que en cada caso hayan de adoptarse. Ver: FOLGUERA CRESPO, José (Director). El proceso laboral en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Editor: Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1996. Págs. 56 y 57.
[3] Asequible vía Internet, en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_22_esp.pdf [Consulta del 15 de mayo de 2023]