Sentencia AL-1072-21 — Registro 16958
Resumen
Con relación a la Demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento para que el Patrono pruebe en juicio la justa causa en que se fundó el Despido Directo y reintegro contra el Estado de Hondura a través del Procurador General de la República (Secretaría de Estado en los Despachos de Salud Pública) argumentando impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
(7): Que el caso sub judice traído a examen a esta Sala es dirimir si con las actuaciones realizadas por los órganos jurisdiccionales recurridos se han vulnerado las garantías invocadas, cuya motivación se fundamenta en el rechazo para corregir en la sentencia condenatoria de fecha 8 de agosto del 2019, el nombre correcto del demandante, error material manifiesto que está impidiendo el reconocimiento de los derechos consignados en la sentencia a favor de la parte demandante. CONSIDERANDO (8): Que el artículo 204 del Código Procesal Civil establece la aclaración y corrección de resoluciones y específicamente en el numeral 3 establece: “Los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento, incluso de oficio”. Como podrá observarse el A-Quo se pronuncia mediante auto interlocutorio y rechaza la petición de corrección del error material contenido en la sentencia condenatoria, tanto a la parte demandante como la demandada, al omitir esta disposición normativa vulnera con ello las garantías al debido proceso como parte integral de la tutela judicial efectiva, acto que la Alzada confirma a sabiendas del error material manifiesto que pudo corregirse de oficio como lo manda la norma vigente y no se efectuó. Por otro lado, el artículo 203 del mismo cuerpo legal dispone, que los Juzgados y tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero si aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan, como es el caso en comento.CONSIDERANDO(9): Que es evidente el error material manifiesto en la sentencia, y por el cual comparece la parte actora (ejecutante)ante el órgano jurisdiccional que lo emite para que se corrija en cuanto al nombre del demandante; al examinar las piezas del caso, estamos frente a una simple equivocación de un nombre (error material) el cual se relaciona en el expediente donde se tramitó todo el proceso laboral, aunado ello, la parte vencida en juicio participo sin percatarse del error, sino hasta el momento de su ejecución, tal y como se explica en el Oficio No.3173-2020-SGRH de fecha 1 de diciembre el 2020, suscrito por el subgerente de Recurso Humanos de la Secretaria de Salud (Ver F.86 p.p.) parte vendida en juicio y donde pide al Órgano Jurisdiccional rectifique el nombre en la sentencia para proceder a reintegrar al trabajador y hacer efectivo el pago por concepto de salarios dejados de percibir al ciudadano Omar Murillo Maldonado, ya que en la sentencia por error del juez y del secretario adjunto se firmó la sentencia con diferentes nombres: Omar Murillo Barahona, Omar Murillo Maradiaga y Omar Murillo Maldonado, lo que hace imposible su reintegro y pago de salarios caídos hasta la fecha. CONSIDERANDO (10) : Que para esta Sala el error material es manifiesto, por tanto, no es necesario acudir a interpretación de normas jurídicas, siempre y cuando no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto firme y hasta cierto punto consentido, implica entonces, que no hay necesidad de hacer un juicio valorativo o que se exija una operación de calificación jurídica sin mayores razonamientos, mas y cuando la parte demandada y vencida en juicio ha comparecido al Órgano Jurisdiccional con el mismo objetivo, es decir, ambas partes solicitaron que se corrija y aclare el nombre correcto del demandante en la resolución judicial cuyo fin es que sea ejecutada en sus propios términos y evitar una traba insuperable al ciudadano Omar Murillo Maldonado para su reintegro al puesto de trabajo y el pago de los salarios dejados de percibir, lo que no limita al sentenciador para que proceda e enmendar el error material; consecuentemente, el Ad-Quem al confirmar el auto interlocutorio apelado decanta en un fallo que no se ajusta a derecho, vulnerando con ello las garantías constitucionales que le asisten al ejecutante, aunado a ello, se trata de una persona que pertenece a grupos vulnerables, de tercera edad y con discapacidad como ha quedado demostrado en las piezas estudiadas. Por otro lado, es importante señalar el derecho reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos que dispone: “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”. Por lo anteriormente expresado, y siendo evidente que los actos judiciales examinados han quebrantado las garantías enunciadas por las reclamantes, y con el propósito de lograr la completa satisfacción del demandante (ejecutante) en aplicación supletoria del citado artículo 203.3 del Código Procesal Civil y demás señalados, que se ejecute la sentencia en los términos reconocidos en la misma como parte de la tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO (11): Que Los servidores del Estado no tiene más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. CONSIDERANDO (12): Que por todo lo anteriormente expuesto y en aplicación del artículo 204.3 de manera supletoria como lo establece el 858 del Código de Trabajo, este Alto Tribunal de Justicia es del parecer que se Otorgue la garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 203.3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 204.3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 203.3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 204.3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito CentraL, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por las Abogadas Iris Georgina Anariba y Diana Rebeca Mejía Chevez, a favor del señor Omar Murillo Maldonado, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de agosto de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de enero de dos mil veintiuno, con relación a la demanda laboral promovida por el señor Omar Murillo Maldonado contra el Estado de Honduras. Estimando las recurrentes que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 127, 129, 134 y 138 de de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cinco de junio de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el señor Omar Murillo Barahona, presentando “DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE EN JUICIO LA JUSTA CAUSA EN QUE SE FUNDÓ EL DESPIDO DIRECTO, ARBITRARIO, ILEGAL Y SIN CAUSA JUSTIFICADA…” contra la señora Edna Yolany Batres en su condición de Secretaria de Estado en los Despachos de Salud Pública. (Folios 1-7 del expediente del A-quo) 2) En fecha ocho de agosto de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO A SU TRABAJO EN IGUALDAD O EN MEJORES CONDICIONES; SE OTORGUE EL CONTRATO INDEFINIDO DE TRABAJO. PAGO DE BENEFICIOS O DERECHOS ADEUDADOS, MAS EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y OTROS DERECHOS QUE CORRESPONDAN, DESDE LA FECHA DEL DESPIDO, HASTA QUE CON SUJECION A LAS NORMAS PROCESALES SE CUMPLA MATERIALMENTE CON EL REINTEGRO; instaurada por el Señor OMAR MURILLO BARAHONA; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA. II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA a lo siguiente: a) Reintegrar al Señor OMAR MURILLO BARAHONA a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la institución demandada nombrarlo como empleado permanente desde el inicio de la relación laboral 16 de abril de 2006; b) Asimismo pagarle al Señor OMAR MURILLO BARAHONA vacaciones con sus respectivas bonificaciones; de igual forma décimo tercer mes y décimo cuarto mes conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal oportuno corresponda. III.-SIN COSTAS en esta instancia…” (Folios 58-61 del expediente del A-quo) 3) En fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, compareció la Abogada Iris Georgina Anariba Castillo, en su condición de Apoderada Legal del señor Omar Murillo Maldonado, quien manifestó: solicitando que se corrijan los nombres del demandante en vista que por error involuntario en la sentencia de fecha 8 de agosto del año 2019 existen 3 nombres, siendo uno el correcto el cual es Omar Murillo Maldonado. (Folio 80 del expediente del A-quo) 4) En fecha siete de enero de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, vista la comparecencia que antecede, resolvió: “PRIMERO: Siendo que la sentencia fue emitida en fecha 8 de agosto de 2019 por lo que el término para hacer tal petición venció el 13 de agosto del 2019 a las doce de la noche (12:00 a.m.), en consecuencia SE RECHAZA lo solicitado por extemporáneo, lo anterior al tenor de lo que establece el artículo 204 del Código Procesal Civil utilizado de forma supletoria, aplicado al proceso laboral…” (Folio 84 del expediente del A-quo) 5) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Iris Georgina Anariba Castillo, contra la resolución que se ha dejado relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de agosto de dos veintiuno, por dictó sentencia mediante la cual falló: “…1) Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada IRIS GEORGINA ANARIBA CASTILLO, actuando en su condición de apoderada legal de la parte demandante.- 2) Confirmando el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha siete de enero del año dos mil veintiuno, que corre a folio 84 de la primera pieza de autos.- Y MANDA: Que en esta misma fecha se tengan por notificados en estrados a los apoderados de las partes en litigio y que una vez firme el presente fallo, vuelvan las diligencias de mérito al Juzgado de su procedencia, con la certificación de estilo para los efectos legales pertinentes.” (Folios 16-18 del expediente del A-Quem). 6) Que, en fecha once de noviembre de dos mil veintiuno, las Abogadas Iris Georgina Anariba y Diana Rebeca Mejía Chevez, interpusieron mediante correo electrónico, recurso de amparo a favor del señor Omar Murillo Maldonado, afirmando que la sentencia dictada por el Ad-Quem, relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 127, 129, 134 y 138 de de la República. 7) Que esta Sala, en fecha uno de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por la Abogada Diana Rebeca Mejía Chevez, en consecuencia, se dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando la vista de las diligencias al fiscal para que emitiera su dictamen. (Folio 55 del recurso) 8) En fecha veinte de febrero de dos mil veintitrés, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sandra Lorena Zuniga García, del que se desprende análisis jurídico lo siguiente: “…Que al revisar el antecedente de mérito, es visible que la postura dictada por el Tribunal de Alzada no se encuentra apegada a derecho, en vista que la demanda fue presentada el 05 de junio del 2017, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, sin que la Secretaria de dicho juzgado como ministra de fe se haya percatado que los documentos adjuntos: 1). Convocatoria de Audiencia de Conciliación, 2). Acta de cierre de diligencias Administrativas gubernativas conciliatorias, 3). Tarjeta de identidad del demandante (ver folio 8), no coincidía con el segundo apellido del demandante descrito en la demanda, de igual forma, la juez de la causa tampoco advierte la falencia supra relacionada, en vista que del auto de fecha 14 de junio del 2017 (F.11) donde ordena subsanar la demanda, no se desprende que haya ordenado aclarar lo atinente al apellido del demandante, es decir, solo centra la enmienda en el sentido que: a) Aclare contra quien está dirigiendo su demanda. b) Que el compareciente en el acápite "PODER" designe quien actúa como Directora del Juicio y como Procuradora y una vez que se subsanada la demanda en los términos señalados por el juez, admite la pretensión mediante auto de fecha 06 de septiembre del 2017, permitiendo un proceso en que se tiene como demandante a una persona diferente y por si fuera poco agrega en el fallo un tercer apellido "Maradiaga", cuando de las probanzas (Contratos de trabajo que obran de folio 38 al 48), se deriva que el nombre correcto del demandante es Omar Murillo Maldonado. De lo anteriormente expuesto, es evidente la existencia del error material en la sentencia, de ahí, que el artículo 204 numeral 3 del Código Procesal Civil, faculta al juez para rectificar de oficio en cualquier momento, de tal manera que el hecho que la parte recurrente no haya aclarado o corregido el equívoco en tomo al apellido de su representado en la audiencia Primera de Trámite como lo establece el artículo 706 párrafo segundo del Código del Trabajo, no limita al sentenciador que proceda a enmendar el error, consecuentemente lo resuelto por el Ad-Quem, no se encuentra apegado a derecho transgrediendo las garantías constitucionales que le asisten al demandante. De lo antes mencionado consideramos que la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, atenta las garantías invocadas por las censoras, trayendo grave perjuicio a su representado, al impedir ejecutar la sentencia emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo. IV. CONCLUSIÓN Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que SE OTORGUE la presente Acción de Amparo al concurrir las vulneraciones Constitucionales alegadas por las impetrantes.” (Folios 58-61 del recurso de mérito) CONSIDERANDO (1): Que es facultad de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; de igual modo en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO(3) Que se conoce en Amparo la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán en fecha tres (3) de agosto del año dos mil veintiunos (2021) y que en la parte resolutiva del fallo declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada Iris Georgina Anariba Castillo y confirma el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de fecha siete (7) de enero del Dos mil veintiuno, en la Demanda Ordinaria laboral promovida por el señor Omar Murillo Barahona (Maldonado) contra el Estado de Hondura a través del Procurador General de la República (Secretaría de Estado en los Despachos de Salud Pública) y que actualmente se encuentra en proceso de ejecución. CONSIDERANDO (4): Que la Alzada, en el fallo pronunciado por mayoría de votos y objetado a través del recurso de apelación en uno de sus considerados expresa: “Que la parte realmente apelante, que es la abogada Iris Georgina Anariba Castillo, la cual debió también reclamar su derecho como parte apelante y no aceptar una condición de parte apelada, se remite en sus alegatos a la sentencia en razón de que considera que ahí es donde el Juez cometió el error que ahora peticiona que sea aclarado, y que le hizo ver en comparecencia de fecha 9 de diciembre del 2020, cuando ya la sentencia se encontraba más que firme, habiéndosele sobrepasado el término establecido por la ley para solicitar la aclaración, desaprovechando también el recurso de apelación, si le hubiese sido denegada dicha aclaración por el A-Quo. Por otro lado, estima el Ad-Quem, “Que de la revisión se ha observado todas las irregularidades, que la demanda fue presentada con el nombre de Omar Murillo Barahona admitida bajo ese nombre, en la primera de tramite cuando se le pregunta si va aclarar, corregir, enmendar, u oponer incidentes en esta audiencia, contesta que no, ese era el momento procesal para corregir su demanda y no lo hizo desarrollándose todo el proceso bajo el nombre de Omar Murillo Barahona por consiguiente la sentencia condenatoria sale bajo ese mismo nombre, en razón de que al Tribunal nadie le manifestó que tuviera otros apellidos, en todo caso quien indujo en error a la Judicatura fue la parte que ahora pretende que el Tribunal enmiende y fuera de termino, un error material que debió de reclamar en el momento procesal oportuno, los cuales ya fueron señalados por este Tribunal. Que por determinación de la ley los fallos son inmutables, es decir, que una vez firmados no pueden hacérseles ninguna variación, salvo en los casos de errores materiales o aritméticos, pero señala un tiempo para hacerlo tanto de oficio como a petición de parte, por lo que, al haberle prelucido estos términos a la parte demandante, es procedente confirmar el auto que se apela. CONSIDERANDO(5): Que las recurrentes, abogadas Iris Georgina Anariba y Diana rebeca Mejía Chevez en la interposición del recurso a favor del señor Omar Murillo Maldonado contrala resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de fecha 3 de agosto del 2021, expone entre sus motivos como vulneradas las garantías contenidas en los artículos 82, 90, 127, 129 y 321 de la Constitucional de la República; las censoras expresan que en el preámbulo de la demanda laboral de manera involuntaria consignaron el segundo apellido del demandante como “Barahona” siendo lo correcto “Maldonado”, error que fue recogido en la sentencia definitiva y agregando el juzgador un tercer apellido “Maradiaga”, inconsistencia que mediante comparecencia fue puesta en conocimiento del Juez para su enmienda, petición rechazada y confirmada por el Ad-Quem, fundando en que esta prelucido el término para enmendar el error material lo que transgrede los derechos fundamentales de su representado y no pueden ejecutar el fallo a su favor. CONSIDERANDO (6): Que mediante comparecencia ante el Juzgado de primera instancia la abogada Iris Georgina Anariba Castillo representante procesal de la pate demandante señor Omar Murillo Maldonado solicitó corrección de nombre del demandante en vista que por un error involuntario en la sentencia de fecha 8 de agosto del año 2019, existen tres nombres diferentes, siendo solo uno el correcto Omar Murillo Maldonado, haciendo saber al Despacho de Justicia que la parte demandada también había pedido la corrección para efectos de ejecución del fallo pero que había sido denegada por extemporánea, ejecución que no resolverá la Secretaria de Salud sin antes no se corrige el error material en la sentencia, pidiendo al A-Quo encarecidamente corregirlo tomando en cuenta que se trata de una persona que pertenece a grupos vulnerables, como es tercera edad y con una discapacidad como quedo acreditado. Que en auto de fecha siete (7) de enero del dos mil veintiuno (2021) el A-Quo rechaza lo solicitado por extemporáneo, con fundamento en el artículo 204 del Código Procesal Civil y que el termino para hacer la petición venció el 13 de agosto del 2019. CONSIDERANDO (7): Que el caso sub judice traído a examen a esta Sala es dirimir si con las actuaciones realizadas por los órganos jurisdiccionales recurridos se han vulnerado las garantías invocadas, cuya motivación se fundamenta en el rechazo para corregir en la sentencia condenatoria de fecha 8 de agosto del 2019, el nombre correcto del demandante, error material manifiesto que está impidiendo el reconocimiento de los derechos consignados en la sentencia a favor de la parte demandante. CONSIDERANDO (8): Que el artículo 204 del Código Procesal Civil establece la aclaración y corrección de resoluciones y específicamente en el numeral 3 establece: “Los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento, incluso de oficio”. Como podrá observarse el A-Quo se pronuncia mediante auto interlocutorio y rechaza la petición de corrección del error material contenido en la sentencia condenatoria, tanto a la parte demandante como la demandada, al omitir esta disposición normativa vulnera con ello las garantías al debido proceso como parte integral de la tutela judicial efectiva, acto que la Alzada confirma a sabiendas del error material manifiesto que pudo corregirse de oficio como lo manda la norma vigente y no se efectuó. Por otro lado, el artículo 203 del mismo cuerpo legal dispone, que los Juzgados y tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero si aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan, como es el caso en comento.CONSIDERANDO(9): Que es evidente el error material manifiesto en la sentencia, y por el cual comparece la parte actora (ejecutante)ante el órgano jurisdiccional que lo emite para que se corrija en cuanto al nombre del demandante; al examinar las piezas del caso, estamos frente a una simple equivocación de un nombre (error material) el cual se relaciona en el expediente donde se tramitó todo el proceso laboral, aunado ello, la parte vencida en juicio participo sin percatarse del error, sino hasta el momento de su ejecución, tal y como se explica en el Oficio No.3173-2020-SGRH de fecha 1 de diciembre el 2020, suscrito por el subgerente de Recurso Humanos de la Secretaria de Salud (Ver F.86 p.p.) parte vendida en juicio y donde pide al Órgano Jurisdiccional rectifique el nombre en la sentencia para proceder a reintegrar al trabajador y hacer efectivo el pago por concepto de salarios dejados de percibir al ciudadano Omar Murillo Maldonado, ya que en la sentencia por error del juez y del secretario adjunto se firmó la sentencia con diferentes nombres: Omar Murillo Barahona, Omar Murillo Maradiaga y Omar Murillo Maldonado, lo que hace imposible su reintegro y pago de salarios caídos hasta la fecha. CONSIDERANDO (10) : Que para esta Sala el error material es manifiesto, por tanto, no es necesario acudir a interpretación de normas jurídicas, siempre y cuando no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto firme y hasta cierto punto consentido, implica entonces, que no hay necesidad de hacer un juicio valorativo o que se exija una operación de calificación jurídica sin mayores razonamientos, mas y cuando la parte demandada y vencida en juicio ha comparecido al Órgano Jurisdiccional con el mismo objetivo, es decir, ambas partes solicitaron que se corrija y aclare el nombre correcto del demandante en la resolución judicial cuyo fin es que sea ejecutada en sus propios términos y evitar una traba insuperable al ciudadano Omar Murillo Maldonado para su reintegro al puesto de trabajo y el pago de los salarios dejados de percibir, lo que no limita al sentenciador para que proceda e enmendar el error material; consecuentemente, el Ad-Quem al confirmar el auto interlocutorio apelado decanta en un fallo que no se ajusta a derecho, vulnerando con ello las garantías constitucionales que le asisten al ejecutante, aunado a ello, se trata de una persona que pertenece a grupos vulnerables, de tercera edad y con discapacidad como ha quedado demostrado en las piezas estudiadas. Por otro lado, es importante señalar el derecho reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos que dispone: “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”. Por lo anteriormente expresado, y siendo evidente que los actos judiciales examinados han quebrantado las garantías enunciadas por las reclamantes, y con el propósito de lograr la completa satisfacción del demandante (ejecutante) en aplicación supletoria del citado artículo 203.3 del Código Procesal Civil y demás señalados, que se ejecute la sentencia en los términos reconocidos en la misma como parte de la tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO (11): Que Los servidores del Estado no tiene más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. CONSIDERANDO (12): Que por todo lo anteriormente expuesto y en aplicación del artículo 204.3 de manera supletoria como lo establece el 858 del Código de Trabajo, este Alto Tribunal de Justicia es del parecer que se Otorgue la garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del señor Fiscal, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 64, 80, 82, 90, 128, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República;779 del Código de Trabajo; 8 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán en fecha tres (3) de agosto del Dos mi veintiuno (2021) Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Asimismo, este Alto Tribunal de Justicia le hace la observación al Iudex A-Quo y a la Alzada, que en futuras resoluciones presten la debida atención en cuanto a designar de manera correcta el nombre de las partes procesales en los fallos que pronuncien. -Redactó el Magistrado VALLECILLO PAREDES.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes diciembre de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-1072-2021.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL