Sentencia AL-1058-22 — Registro 16957
Resumen
Sentencia interlocutoria declaró parcialmente ha lugar recurso de apelación y revocó parcialmente resolución interlocutoria dictada por Juzgado de Primera Instancia que inadmitió a Demandante algunos medios de prueba por considerar que no contribuirán a establecer la procedencia o no de la excepción alegada por la Demandada en Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones, indemnizaciones y otros derechos laborales promovida por Demandante contra recurrente, como propietaria de MAZAPAN SCHOOL, también conocida como Escuela MAZAPAN; La Autoridad recurrida comparte la decisión del Juez A-quo siendo del criterio que debe admitir dichos medios probatorios y al momento de dictar sentencia definitiva establecer si procede o no la prescripción alegada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha diecisiete(17) de mayo del año dos mil veintidós (2022), por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la Abogada ALEJANDRA MARIA ARIAS SÁNCHEZ, en su condición de Representante Legal del señor CLAUDE ROCHON, contra la STANDARD FRUIT DE HONDURAS S.A., como propietaria de MAZAPAN SCHOOL, también conocida como ESCUELA MAZAPAN; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar Parcialmente Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada Alejandra Maria Irias Sánchez, en su condición de Representante Procesal del señor CLAUDE ROCHON y revoca parcialmente la resolución de fecha treinta y uno de enero del año dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de La Ceiba, Departamento de Atlántida..."..."corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el Ad-quem, vulnera o no inter alia el derecho al debido proceso y el principio de legalidad; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento fundamental del recurso versa esencialmente con que el Tribunal de Alzada no debió declarar parcialmente Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante y consecuentemente debió confirmar la resolución dictada por el A-quo, resolución mediante la cual el referido Juzgado, inadmite algunos medios de prueba que fueron propuestos por la parte demandante a efecto de acreditar sus pretensiones en el juicio..."..."este Alto Tribunal de Justica Constitucional, se ha pronunciado en diferentes sentencias y mantiene como línea jurisprudencial que uno de los elementos para configurar el derecho al debido proceso, lo constituye el derecho a obtener una respuesta motivada en relación a las pretensiones expuestas por las partes en contienda; es así que también este Alto Tribunal siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”...entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad...”..."analizada que ha sido la sentencia interlocutoria de fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, se aprecia que la misma ha sido dictada con inobservancia de lo establecido en el artículo 207 del Código Procesal Civil, en relación a motivar en forma razonada, suficiente y congruente con la disposición contenida en el artículo 729 del Código de Trabajo, en cuanto a los razonamientos fácticos y jurídicos, en la apreciación de la admisión de la prueba propuesta, que llevaron al Tribunal a arribar al criterio que el A-quo debe admitir todos los medios de prueba propuestos por la parte demandante, a efecto de acreditar en juicio sus pretensiones, sin hacer referencia o motivación a lo argumentado por la parte demandada que algunos de esos elementos de prueba, constituyen prueba prohibida, por haberse realizado vulnerando derechos fundamentales, como lo es el de admitir testimonios que no fueron rendidos ante Juez competente, o la admisión de prueba vulnerando el derecho fundamental a la privacidad de las comunicaciones; asimismo la admisión de peritos sin justificar o razonar de manera lógica cuál es el asesoramiento que requiere el Juez en conocimientos especiales que si pueda tener el perito propuesto. Lo que en su conjunto constituye una evidente vulneración a los principios constitucionales del debido proceso y el principio de legalidad relacionados en el presente libelo..."..."para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por la recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado...."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de la normativa señalada en la presente sentencia, haga una valoración suficientemente motivada de los elementos que deben observarse, a efecto de determinar cuál o cuáles de los elementos de prueba propuestos por la parte demandante deben ser admitidos, al efecto de acreditar sus pretensiones en juico y con ello hacer valer el derecho de las partes a ser oídas en el proceso y el respeto a la tutela judicial efectiva, al momento de recurrir ante los tribunales de justicia en amparo de sus pretensiones..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 729 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 731 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 71 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha diecisiete(17) de mayo del año dos mil veintidós (2022), por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la Abogada ALEJANDRA MARIA ARIAS SÁNCHEZ, en su condición de Representante Legal del señor CLAUDE ROCHON, contra la STANDARD FRUIT DE HONDURAS S.A., como propietaria de MAZAPAN SCHOOL, también conocida como ESCUELA MAZAPAN; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar Parcialmente Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada Alejandra Maria Irias Sánchez, en su condición de Representante Procesal del señor CLAUDE ROCHON y revoca parcialmente la resolución de fecha treinta y uno de enero del año dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de La Ceiba, Departamento de Atlántida..."..."corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el Ad-quem, vulnera o no inter alia el derecho al debido proceso y el principio de legalidad; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento fundamental del recurso versa esencialmente con que el Tribunal de Alzada no debió declarar parcialmente Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante y consecuentemente debió confirmar la resolución dictada por el A-quo, resolución mediante la cual el referido Juzgado, inadmite algunos medios de prueba que fueron propuestos por la parte demandante a efecto de acreditar sus pretensiones en el juicio..."..."este Alto Tribunal de Justica Constitucional, se ha pronunciado en diferentes sentencias y mantiene como línea jurisprudencial que uno de los elementos para configurar el derecho al debido proceso, lo constituye el derecho a obtener una respuesta motivada en relación a las pretensiones expuestas por las partes en contienda; es así que también este Alto Tribunal siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”...entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad...”..."analizada que ha sido la sentencia interlocutoria de fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, se aprecia que la misma ha sido dictada con inobservancia de lo establecido en el artículo 207 del Código Procesal Civil, en relación a motivar en forma razonada, suficiente y congruente con la disposición contenida en el artículo 729 del Código de Trabajo, en cuanto a los razonamientos fácticos y jurídicos, en la apreciación de la admisión de la prueba propuesta, que llevaron al Tribunal a arribar al criterio que el A-quo debe admitir todos los medios de prueba propuestos por la parte demandante, a efecto de acreditar en juicio sus pretensiones, sin hacer referencia o motivación a lo argumentado por la parte demandada que algunos de esos elementos de prueba, constituyen prueba prohibida, por haberse realizado vulnerando derechos fundamentales, como lo es el de admitir testimonios que no fueron rendidos ante Juez competente, o la admisión de prueba vulnerando el derecho fundamental a la privacidad de las comunicaciones; asimismo la admisión de peritos sin justificar o razonar de manera lógica cuál es el asesoramiento que requiere el Juez en conocimientos especiales que si pueda tener el perito propuesto. Lo que en su conjunto constituye una evidente vulneración a los principios constitucionales del debido proceso y el principio de legalidad relacionados en el presente libelo..."..."para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por la recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado...."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de la normativa señalada en la presente sentencia, haga una valoración suficientemente motivada de los elementos que deben observarse, a efecto de determinar cuál o cuáles de los elementos de prueba propuestos por la parte demandante deben ser admitidos, al efecto de acreditar sus pretensiones en juico y con ello hacer valer el derecho de las partes a ser oídas en el proceso y el respeto a la tutela judicial efectiva, al momento de recurrir ante los tribunales de justicia en amparo de sus pretensiones..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 729 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 731 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 71 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha diecisiete(17) de mayo del año dos mil veintidós (2022), por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la Abogada ALEJANDRA MARIA ARIAS SÁNCHEZ, en su condición de Representante Legal del señor CLAUDE ROCHON, contra la STANDARD FRUIT DE HONDURAS S.A., como propietaria de MAZAPAN SCHOOL, también conocida como ESCUELA MAZAPAN; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar Parcialmente Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada Alejandra Maria Irias Sánchez, en su condición de Representante Procesal del señor CLAUDE ROCHON y revoca parcialmente la resolución de fecha treinta y uno de enero del año dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de La Ceiba, Departamento de Atlántida..."..."corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el Ad-quem, vulnera o no inter alia el derecho al debido proceso y el principio de legalidad; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento fundamental del recurso versa esencialmente con que el Tribunal de Alzada no debió declarar parcialmente Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante y consecuentemente debió confirmar la resolución dictada por el A-quo, resolución mediante la cual el referido Juzgado, inadmite algunos medios de prueba que fueron propuestos por la parte demandante a efecto de acreditar sus pretensiones en el juicio..."..."este Alto Tribunal de Justica Constitucional, se ha pronunciado en diferentes sentencias y mantiene como línea jurisprudencial que uno de los elementos para configurar el derecho al debido proceso, lo constituye el derecho a obtener una respuesta motivada en relación a las pretensiones expuestas por las partes en contienda; es así que también este Alto Tribunal siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”...entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad...”..."analizada que ha sido la sentencia interlocutoria de fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, se aprecia que la misma ha sido dictada con inobservancia de lo establecido en el artículo 207 del Código Procesal Civil, en relación a motivar en forma razonada, suficiente y congruente con la disposición contenida en el artículo 729 del Código de Trabajo, en cuanto a los razonamientos fácticos y jurídicos, en la apreciación de la admisión de la prueba propuesta, que llevaron al Tribunal a arribar al criterio que el A-quo debe admitir todos los medios de prueba propuestos por la parte demandante, a efecto de acreditar en juicio sus pretensiones, sin hacer referencia o motivación a lo argumentado por la parte demandada que algunos de esos elementos de prueba, constituyen prueba prohibida, por haberse realizado vulnerando derechos fundamentales, como lo es el de admitir testimonios que no fueron rendidos ante Juez competente, o la admisión de prueba vulnerando el derecho fundamental a la privacidad de las comunicaciones; asimismo la admisión de peritos sin justificar o razonar de manera lógica cuál es el asesoramiento que requiere el Juez en conocimientos especiales que si pueda tener el perito propuesto. Lo que en su conjunto constituye una evidente vulneración a los principios constitucionales del debido proceso y el principio de legalidad relacionados en el presente libelo..."..."para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por la recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado...."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de la normativa señalada en la presente sentencia, haga una valoración suficientemente motivada de los elementos que deben observarse, a efecto de determinar cuál o cuáles de los elementos de prueba propuestos por la parte demandante deben ser admitidos, al efecto de acreditar sus pretensiones en juico y con ello hacer valer el derecho de las partes a ser oídas en el proceso y el respeto a la tutela judicial efectiva, al momento de recurrir ante los tribunales de justicia en amparo de sus pretensiones..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 729 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 731 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 71 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de septiembre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Amparo interpuestos por la Abogada DANIELA MARINA GÓMEZ LOPEZ, a favor de la Sociedad Mercantil STANDARD FRUIT DE HONDURAS, SOCIEDAD ANÓNIMA (STANFRUSA S.A.), registrados con los números SCO-1058-2022 y SCO-1061-2022, ambos contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintidós, que resuelve declarar Parcialmente Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y revoca parcialmente la resolución de fecha treinta y uno de enero del año dos mil veintidós, dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, que resuelve sobra la admisión de medios de prueba para acreditar la no prescripción de la acción, asimismo sobre la admisión de medios de prueba que se hará valer en el juicio; en relación a la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la Abogada ALEJANDRA MARIA ARIAS SÁNCHEZ, en su condición de Representante Legal del señor CLAUDE ROCHON, contra la STANDARD FRUIT DE HONDURAS S.A., como propietaria de MAZAPAN SCHOOL, también conocida como ESCUELA MAZAPAN. Estima la recurrente que el acto reclamado es violatorio de las normas y derechos que conceden los artículos 76 de la intimidad, 82 defensa, 88 que solo hace prueba la declaración rendida ante juez competente, 90 párrafo primero del debido proceso y el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente, 94 derecho a ser oído, previo a ser condenado, 100 a la inviolabilidad y el secreto de las comunicaciones, 321 y 323 de la Constitución de la República, principio de legalidad. ANTECEDENTES 1) Que en fecha trece de septiembre del año dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, la Abogada ALEJANDRA MARIA IRIAS SANCHEZ, actuando en su condición de representante legal del señor CLAUDE ROCHON, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral, para el pago prestaciones laborales, indemnizaciones en concepto de cesantía y cesantía proporcional, reajuste de salario, pagos de vacaciones y vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional y otros bonos, devolución de deducción indebida al empleado en concepto de aportaciones al INPREMA por parte del demandante, derechos adquiridos por años de servicio y derechos de previsión otorgados por la Ley el Instituto de Previsión del Magisterio, adeudados al INPREMA al laboral como docente, y se ordene el reintegro del señor Claude Rochon, al INPREMA, según lo establecido en la Ley del INPREMA, Estatuto del Docente, Ley de Educación y Reglamento de la Ley de Educación de Instituciones No Gubernamentales y demás Reglamentos de la Ley de Educación, consignándosele la antigüedad laboral dentro del INPREMA, y sufragando el patrono lo que establezca el INPREMA, por reintegro, hasta la sentencia condenatoria respectiva sea firme y ejecutoriada; demanda que interpone contra la STANDARD FRUIT DE HONDURAS S.A. como propietaria de MAZAPAN SCHOOL, también conocida como ESCUELA MAZAPAN, institución educativa propiedad de la empresa mencionada, representada legalmente por el señor Héctor Toribio Ferrera Meza. (Folios del 01-16fv del Tomo I de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que en fecha treinta y uno de enero del año dos mil veintidós, el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, celebró Audiencia de Trámite, con el objeto de dar respuesta a la excepción de prescripción de la acción promovida por la parte demandada; proponiendo los medios de prueba a efecto de acreditar la prescripción y escuchado las objeciones de la parte demandante, el referido juzgado resolvió“conforme al artículo 731 del CT, con relación a las objeciones presentadas por la representante de la parte demandada, se declaran ha lugar las siguientes objeciones, documental privado número uno referente a los títulos académicos del demandante, se inadmiten por considerarse improcedentes e inútiles,… documental privado número tres, consistente en el print de pantalla de los beneficios, se consideran improcedentes e inútiles, en base a lo que establece el artículo 236 numeral 2 y 3 CPC, en virtud de que dichos medios de prueba no contribuirían a esclarecer los hechos controvertido, en relación a la excepción de excepción perentoria de prescripción apuntada por la parte demandada; en cuanto a los medios de prueba documental privado numerales quinto, sexto, séptimo los mismos se inadmiten por considerarse improcedentes, conforme a lo establecido en el artículo 236, numeral 2 del CPC y el número 1 del fundamento antes referido, en virtud que el mismo se ha obtenido vulnerando derechos fundamentales, el cual esta reconocido en el artículo 100 de la Constitución de la República, referente al derecho de inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones, mismo que a su vez esta regulado, en la Ley Especial sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas, y de igual forma dichos medios de prueba se consideran no necesarios…. Sobre las objeciones presentadas sobre los numerales décimos, décimo primero décimo tercero y décimo sexto, dichos medios de prueba se inadmiten por ser medios de prueba que han vulnerado los derechos fundamentales, por ser una prueba prohibida… con el medio de prueba décimo séptimo se inadmite por ser una prueba no necesaria e inútil… el décimo noveno consistente en los anuarios se inadmite por improcedente e inútil… en cuanto a los medios de prueba testifical del testigo perito Jorge Juvenal García Cacho, medio de prueba de peritaje, medios de prueba denominados técnicos de reproducción de sonido e imagen, se inadmiten de conformidad al Artículo 236, numeral 1, el cual establece que no son admisibles las pruebas que hayan sido obtenidas, vulnerando derechos… Se inadmite el medio de prueba consistente en documento privado, cuarta declaración jurada, por considerar el medio de prueba improcedente, … Se inadmite el medio de prueba documental privado denominado pago de print de panta de mensaje de correo electrónico enviado al Abogado Jorge Sauceda, por considerarlo improcedente y prohibido… en cuanto al medio de prueba noveno, consistente en la declaración jurada del Abogado Jorge Sauceda, se inadmite la misma conforme a lo que establece el Artículo 236 numeral 1 del CPC, en relación al artículo 88 de la Constitución de la República el cual establece que solo hará prueba la rendida ante la autoridad competente… No se admite el medio de prueba décimo cuarto por considerarse improcedente e inútil, al no constar en el folio 414 del expediente de mérito, el nombre del demandante, ni una anotación que haga constar el número bajo el cual es identificado el señor Claude Rochon… y se inadmite el medio de prueba denominado peritaje número dos, referente al perfil del profesional del técnico analista Jorge García, al igual que los diplomas de capacitación, en virtud que es una prueba inútil, tal como lo establece el artículo 236 numeral 3, es impertinente a su vez, ya que el artículo 236 numeral 2, establece que no guarda relación con la excepción presentada por la parte demandada… Así mismo téngase por admitidos los medios de prueba consistentes en documentales propuestos por el representante procesal de la parte actora, uno dos tres décimo segundo y décimo octavo, mismos que corren agregados en autos y otros que se manda a agregar e este momento y los cuales se dan por evacuados en este instante, todo en virtud de reunir los requisitos formales y materiales de admisibilidad, utilidad, pertinencia y proporcionalidad, señalando al efecto que dichas Excepciones serán resueltas en sentencia definitiva, según lo dispone el artículo 710 párrafo cuarto del Código del Trabajo 729, 228, 234 y 238 del CPC…”En la misma audiencia de trámite y continuando con la misma, se le cedió la palabra a las partes a efecto de proponer los medios de prueba que harían valer en el juicio y una vez escuchadas las objeciones, el A-quo resolvió sobre la admisión de prueba propuesta lo siguiente: “Tener por contestadas las objeciones planteadas por la representante procesal de la parte demandada, se declara HA LUGAR las siguientes objeciones: EN CUANTO AL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PRIVADO, UNO, DOS, TRES, CINCO, SEIS, SIETE, OCHO, NUEVE, TRECE, QUINCE, DIECISÉIS; TESTIFICAL UNO, PERITAJE UNO Y DOS, MEDIOS TÉCNICOS DE REPRODUCCION DE SONIDO E IMAGEN, UNO, DOS, TRES Y CUATRO; RECONOCIMIENTO JUDICIAL, UNO; EXHIBICIÓN DE DOCUEMNTOS INCISO C; en virtud que con el medio de prueba uno, se considera inútil conforme a lo que establece el artículo 236 numeral 3, del código procesal civil, en virtud de que no es un hecho controvertido los títulos académicos que ostenta el señor demandante, el número dos consistente en el print de pantalla impresa de la página web, el inciso D, son medios de prueba improcedentes y no necesarios conforme a lo que establece el artículo 236 numeral 2 del código procesal civil, en virtud que es indispensable y no se requiere saber quiénes son los miembros de la directiva ni conocer las boletas de calificaciones extraídas de la red social Facebook; con el número tres, consistente en los anuarios dicho medio de prueba es inútil y no va a contribuir al esclarecimiento de los hechos controvertidos de la presente demanda… en cuanto al número cinco consistente en la declaración jurada la misma carece de los requisitos formales y materiales en virtud… el print de pantalla de mensajes de correo electrónico establecido en el numeral seis de los incisos A a la letra G, dichos medios de prueba se consideran prohibidos, tal como lo establece el artículo 237 del código procesal civil… se inadmite el número 8 consistente en la declaración jurada, se inadmite siendo que existen otros medios de prueba oportunos para que la parte actora dé a conocer lo que tuviera que manifestar el abogado Jorge Alexis Sauceda.- En cuanto a los medios de prueba que han sido aportados en fotocopias que son: número nueve, quince, dieciséis, se inadmiten en virtud de que los mismos han sido aportados como medios de prueba documental privado y que ha sido cuestionada la autenticidad de los mismos por parte de la representante procesal de la parte demandada, tal como lo establece el artículo 278 numeral 2 del código procesal civil y la parte que lo ha propuesto no ha señalado el archivo o registro donde se encuentra su original para efectos de ser cotejados de la fotocopia presentada, se inadmite por no reunir los requisitos establecidos en la ley, tal como lo establece el artículo 236 numeral 1 del código procesal civil, los medios de prueba número 13, consistente en correo electrónico se inadmite el mismo por considerarse una prueba prohibida conforme a lo que establece el artículo 236 numeral 1 y 237 del código procesal civil, en relación al artículo 1000 de la Constitución de la República.- En cuanto a los medios de prueba testifical y pericial se inadmiten los mismos en virtud de que los medios de prueba son medios de prueba inútiles, impertinentes e improcedentes tal como lo establece el artículo 236 numeral 2 y 3 del código procesal civil, en virtud que lo que se pretende es acreditar si constan las conversaciones, de igual forma se inadmiten los medios de prueba consistentes en medios técnicos de reproducción de imagen…” (Folios del 467 al 498 del Tomo III de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que conociendo del recurso de Apelación de Hecho interpuesto por la Abogada ALEJANDRA MARIA IRIAS SANCHEZ, en su condición de Apoderada Legal del señor CLAUDE ROCHON, contra la resolución relacionada en el acápite que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida dictó resolución en fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintidós, por medio de la cual falló: (Sic) “PRIMERO: Declarar PARCIALMENTE HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la ALEJANDRA MARIA IRIAS SANCHEZ, en su condición de parte demandante-apelante contra la resolución de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras de la sección judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACIONES COMO SER…, promovida por la Abogada ALEJANDRA MARIA IRIAS SANCHEZ, en su condición de apoderado judicial del señor CLAUDE ROCHON, contra la sociedad mercantil STANDARD FRUIT DE HONDURAS S.A. como propietaria de MAZAPAN SCHOOL, representada por el señor HECTOR TORIBIO FERRERA MEZA.- SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE la resolución de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós dictada por el Juzgado de Letras de esta sección judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en cuanto a la inadmisión de medios de prueba propuestos por la parte demandante en relación a la demanda, mismos que deben de ser admitidos…” (Folios del 23-33fv de la pieza de antecedentes del Ad-quem) 4) Que mediante correo electrónico recibido en este Tribunal de Justicia Constitucional de fecha quince de julio del año dos mil veintidós, la Abogada DANIELA MARINA GÓMEZ LOPEZ, interpuso recurso de amparo a favor de la Sociedad Mercantil STANDARD FRUIT DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA (STANFRUSA), Registro de expediente No. SCO-1058-2022, contra la sentencia de fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintidós, dictada por la Corte primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, al estimar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 76, 82, 88, 90 párrafo primero, 94 100, 321 y 323 de la Constitución de la República. Posteriormente, en fecha veinte de julio del año dos mil veintidós, la Abogada DANIELA MARINA GÓMEZ LOPEZ, compareció ante la Sala de lo Constitucional, interponiendo nuevamente amparo a favor de la Sociedad Mercantil STANDARD FRUIT DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA (STANFRUSA), Registro de expediente No. SCO-1061-2022, contra la misma sentencia dictada por la Corte primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en los mismos términos referidos en la acción recibida vía electrónica. (Folios del 1-7 y 10-21 de los autos) 5) Que en fecha veinte de febrero del año dos mil veintitrés, la Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, por el termino de cuarenta y ocho horas, a efecto de emitir el dictamen correspondiente. (Folio 44 de los autos) 6) Que en fecha once de abril del año dos mil veintitrés, esta Sala de lo Constitucional tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho y por emitido en tiempo y forma el dictamen a través de la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCÍA, quien concluye que: (Sic) “se declare CON LUGAR la acción de amparo presentada al atentar la resolución impugnada contra garantías constitucionales". (Folios del 47-51 de los autos)CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha diecisiete(17) de mayo del año dos mil veintidós (2022), por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la Abogada ALEJANDRA MARIA ARIAS SÁNCHEZ, en su condición de Representante Legal del señor CLAUDE ROCHON, contra la STANDARD FRUIT DE HONDURAS S.A., como propietaria de MAZAPAN SCHOOL, también conocida como ESCUELA MAZAPAN; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar Parcialmente Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada Alejandra Maria Irias Sánchez, en su condición de Representante Procesal del señor CLAUDE ROCHON y revoca parcialmente la resolución de fecha treinta y uno de enero del año dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de La Ceiba, Departamento de Atlántida. CONSIDERANDO(3): Que la recurrente Abogada DANIELA MARINA GÓMEZ LOPEZ, muestra su descontento con el fallo que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que con el acto reclamado se han quebrantado los derechos o garantías del Debido Proceso, defensa, legalidad, intimidad e inviolabilidad de las comunicaciones contenidos en los artículos 76, 82, 90 párrafo primero, 94, 100, 321 y 323 de la Constitución de la República, relacionado con la inobservancia del contenido de los artículos 729 y 731 del Código de Trabajo; la peticionaria relaciona fallos que han sido dictados por este Alto Tribunal de Justicia, a efecto de referir la línea jurisprudencial que ha seguido este Tribunal Constitucional en atención al quebranto del principio derecho al debido proceso, tutela judicial efectiva y defensa. CONSIDERANDO(4): Que en defensa de su tesis de vulneración de derechos y garantías constitucionales, la recurrente expone en atención al quebranto del Debido Proceso, que la resolución recurrida violenta su deber de motivar y explicar las razones de sus decisiones, ya que basta leer dicho fallo para comprender que el referido Tribunal únicamente señala que los medios de prueba propuestos por la parte deben ser admitidos, sin razonar porque deben serlo, por lo que es evidente la falta de motivación y explicación de ese pronunciamiento. Indica la peticionaria que, en la Audiencia Primera de Trámite, el Juez de primera instancia motivó y explicó las razones por las cuales no se admiten los medios de prueba al ser los mismos inconducentes, superfluos, impertinentes o prohibidos, en relación a los hechos debatidos y al objeto del pleito, conforme lo mandado en el artículo 731 del Código de Trabajo. Pero de igual forma esa obligación también la tenía el Tribunal de Alzada al revocar esa decisión, ya que varia el criterio en que se fundó el A-quo. Fallo recurrido que afecta por ello el debido proceso. En cuanto a la vulneración del derecho de defensa, la garantista reitera la misma tesis de falta de motivación de la resolución; argumenta asimismo la recurrente que se vulnera el principio de legalidad, ya que la sentencia no se encuentra dictada de acuerdo a las normas sustantivas y procesales del mas estricto derecho, ello en relación a que se admiten declaraciones escritas, vulnerando con ello el artículo 88 constitucional, lo que conlleva a la vulneración del artículo 729 del Código de Trabajo, en atención a la designación de perito, sin razonar ni justificar la Corte recurrida porque eran admisibles y de que forma esos medios de prueba contribuían a la búsqueda de la verdad; y por último estima la garantista la vulneración del derecho a la intimidad, con la admisión de grabaciones que vulneran el derecho de terceros y el debido proceso, sin ser al menos analizados, por tratarse de prueba prohibida.CONSIDERANDO(5): Que conforme la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el Ad-quem, vulnera o no inter alia el derecho al debido proceso y el principio de legalidad; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento fundamental del recurso versa esencialmente con que el Tribunal de Alzada no debió declarar parcialmente Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante y consecuentemente debió confirmar la resolución dictada por el A-quo, resolución mediante la cual el referido Juzgado, inadmite algunos medios de prueba que fueron propuestos por la parte demandante a efecto de acreditar sus pretensiones en el juicio.CONSIDERANDO(6): Que el Ministerio Público por medio de su agente Fiscal Sandra Lorena Zuniga García, adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, es del parecer que se declare con lugar la acción de amparo presentada, por atentar la resolución impugnada contra garantías constitucionales; argumenta la Fiscal del Despacho que se aprecia que la resolución impugnada carece del razonamiento jurídico que condujo a la Alzada a la admisión de los medios probatorios propuestos por la parte actora, ya que se limitó a establecer la procedencia de las probanzas en relación a la demanda, y no describe cuales de los medios ofertados, son lo que ordena que admitan, por lo que se advierte que la misma no reviste claridad y precisión, de tal modo que atendiendo la supletoriedad de ley determinada en el artículo 858 del Código del Trabajo, en consonancia con el artículo 22 de la norma procesal civil, por lo que concurre transgresión al Debido Proceso, en vista que el artículo 3 de la norma adjetiva en comento señala el derecho de obtener un fallo motivado, aspecto que no acontece en el caso que nos ocupa, aunado a ello, el artículo 206 de la referida norma determina que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas, en ese sentido lo resuelto por el Ad-quem, indefectiblemente transgrede el derecho a la tutela judicial efectiva al ser un imperativo la obtención por parte de los órganos judiciales de una respuesta razonada, motivada y congruente en relación a las pretensiones efectuadas. CONSIDERANDO(7): Que la motivación derivada del Tribunal Ad-quem y en la que fundamenta su decisión, la encontramos en el ordinal primero de los fundamentos de derecho que exponen:PRIMERO: La parte demandante propuso medios de prueba en relación a la excepción de Prescripción planteada por la parte demandada, siendo inadmitidos los medios de prueba relacionados tanto en la audiencia primera de tramite que obra agregada a folio 467 de la pieza principal (pp en lo sucesivo), como en los alegatos esgrimidos por la recurrente en la audiencia de alegaciones celebrada en este Ad-Quem, los cuales analizados en su utilidad y pertinencia, se comparte la decisión de la Juez de Primera Instancia por cuanto dichos medios de prueba inadmitidos no contribuirán a establecer si procede o no la prescripción alegada por la demandada, por tratarse de una cuestión de mero derecho, que deberá ser analizada por la juzgadora al momento de la sentencia definitiva, tomando en cuenta tanto lo reclamado, como el tiempo transcurrido y la norma aplicable, por ende, prueba inadmitida como los títulos académicos que posee el demandante carecen de valor para efectos de acreditar como ya se ha mencionado, si ha operado o no la prescripción. En lo que, a la prueba propuesta e inadmitida en relación a la pretensión de la parte demandante, este tribunal de alzada es del criterio que la A-quo debe admitir dichos medios probatorios y al momento de dictar la sentencia definitiva es cuando emitirá juicio de valor que a su juicio le merezcan. -Énfasis añadido- CONSIDERANDO(8): Que la recurrente en amparo cita el texto del artículo 729 del Código de Trabajo el que considera ha sido obviado por el Ad-quem lo que conlleva la vulneración al debido proceso en la decisión adoptada; decisión que revoca parcialmente la emitida por el A-quo, quien en observancia del artículo 731 de la norma en comento, rechazó fundadamente determinados medios de prueba, por vulnerar derechos fundamentales, como los contenidos en los artículos 76, 88 y 100 de la Constitución de la República CONSIDERANDO(9): Que la recurrente expone como carencia fundamental de la resolución recurrida, la inobservancia del deber de motivar sus resoluciones los árganos judiciales; señala que basta leer dicho fallo para comprender que el referido Tribunal únicamente señala que los medios de prueba propuestos por la parte deben ser admitidos, sin dar razón o justificación del porqué de su decisión. Siguiendo esta tesis de motivación insuficiente de las resoluciones judiciales, este Alto Tribunal de Justica Constitucional, se ha pronunciado en diferentes sentencias y mantiene como línea jurisprudencial que uno de los elementos para configurar el derecho al debido proceso, lo constituye el derecho a obtener una respuesta motivada en relación a las pretensiones expuestas por las partes en contienda; es así que también este Alto Tribunal siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Sin embargo, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader, cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad” CONSIDERANDO(10): Que, así también la garantista argumenta que se vulnera el principio de legalidad, en atención a que la sentencia no se encuentra dictada de acuerdo a las normas sustantivas y procesales del más estricto derecho, ello en relación a que se admiten declaraciones escritas, vulnerando con ello el artículo 88 constitucional, lo que conlleva a la vulneración del artículo 729 del Código de Trabajo, en atención a la designación de perito, sin razonar ni justificar la Corte recurrida porque eran admisibles; aquí se muestra importante referir que el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. La recurrente plantea la vulneración al derecho Debido Proceso y el Principio de Legalidad, por la inobservancia, según sus argumentos, de los preceptos constitucionales 90 y 321 en la sentencia interlocutoria de fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintidós, dictada por el Ad-quem. Los preceptos constitucionales indicados señalan en su orden: “Nadie Puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”; y, “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad.”; ello en relación a las disposiciones contenidas en los artículos 729 y 731 del Código de Trabajo, asimismo por remisión y en aplicación del principio de analogía, contenida en el artículo 858 de la referida norma laboral, la observancia obligatoria de las disposiciones contenidas en los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO(11): Que el debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO(12): Que analizada que ha sido la sentencia interlocutoria de fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, se aprecia que la misma ha sido dictada con inobservancia de lo establecido en el artículo 207 del Código Procesal Civil, en relación a motivar en forma razonada, suficiente y congruente con la disposición contenida en el artículo 729 del Código de Trabajo, en cuanto a los razonamientos fácticos y jurídicos, en la apreciación de la admisión de la prueba propuesta, que llevaron al Tribunal a arribar al criterio que el A-quo debe admitir todos los medios de prueba propuestos por la parte demandante, a efecto de acreditar en juicio sus pretensiones, sin hacer referencia o motivación a lo argumentado por la parte demandada que algunos de esos elementos de prueba, constituyen prueba prohibida, por haberse realizado vulnerando derechos fundamentales, como lo es el de admitir testimonios que no fueron rendidos ante Juez competente, o la admisión de prueba vulnerando el derecho fundamental a la privacidad de las comunicaciones; asimismo la admisión de peritos sin justificar o razonar de manera lógica cuál es el asesoramiento que requiere el Juez en conocimientos especiales que si pueda tener el perito propuesto. Lo que en su conjunto constituye una evidente vulneración a los principios constitucionales del debido proceso y el principio de legalidad relacionados en el presente libelo. CONSIDERANDO(13): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.CONSIDERANDO(14): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO(15): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por la recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO(16): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de la normativa señalada en la presente sentencia, haga una valoración suficientemente motivada de los elementos que deben observarse, a efecto de determinar cuál o cuáles de los elementos de prueba propuestos por la parte demandante deben ser admitidos, al efecto de acreditar sus pretensiones en juico y con ello hacer valer el derecho de las partes a ser oídas en el proceso y el respeto a la tutela judicial efectiva, al momento de recurrir ante los tribunales de justicia en amparo de sus pretensiones. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) y 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 207 del Código Procesal Civil; 729, 731 y 858 del Código del Trabajo. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por la abogada DANIELA MARINA GÓMEZ LOPEZ, a favor de la Sociedad Mercantil STANDARD FRUIT DE HONDURAS, SOCIEDAD ANÓNIMA (STRANFUSA), contra la sentencia interlocutoria de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil veintidós (2022), emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA. 2) Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia, en atención a que la resolución recurrida vulnera en perjuicio del recurrente en Amparo, el derecho fundamental al debido proceso y principio de legalidad. 3) Que la nueva resolución debe dar respuesta motivada y razona en relación a cuáles elementos de prueba deben ser admitidos, considerando las cuestiones fácticas y jurídicas que aplican a cada pretensión. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.- Redactó la Magistrada Villela Zavala.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en los Recursos de Amparo Laboral (Acumulados) registrados en este Tribunal con el número SCO-1058 y 1061-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.