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Sentencia AL-1007-21 — Registro 17508

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio con relación a la demanda ordinaria laboral. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado garantías constitucionales.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (8): Siguiendo con la idea anterior, el artículo 5 del Código del Trabajo señala que Patrono es toda persona natural o jurídica, particular o de derecho público, que utiliza los servicios de uno o más trabajadores, en virtud de un contrato o relación de trabajo. Así las cosas, si se trata de una demanda ordinaria laboral por despido ya sea directo o indirecto, ésta se dirigirá contra la parte a quien se reclama o contra su representante, siempre y cuando éste tenga facultad para comparecer en juicio en nombre de aquél. En este caso, la demanda fue interpuesta contra una persona jurídica con capacidad para ser parte como demandada, sin embargo, una revisión de los antecedentes revela que, en el caso de autos, la persona jurídica demandada, compareció ante el Juzgado de mérito contestando a demanda laboral a través de su Gerente General, inobservando lo dispuesto en el artículo 712 del Código del Trabajo, disposición legal que otorga la capacidad para comparecer en su condición de parte, ya sea demandante o demandada, pero no otorga la facultad para comparecer ejerciendo actos de procuración. Es importante recordar que, en principio, la contestación de una demanda es un acto de procuración que el legislador reserva a los profesionales del derecho, ya que mediante ese acto se fijarán los puntos sujetos a debate en el proceso, asimismo se excluirán aquellos que hayan sido aceptados por el demandado, por lo que se requiere un conocimiento técnico-jurídico, que no todas las personas naturales o los representantes de las jurídicas tienen. En ese sentido, esta Sala señala la inexistencia de la interpretación errónea del artículo 712 del Código del Trabajo, imputada al tribunal de Alzada, por el contrario, se considera que no existe la vulneración a los artículos constitucionales citados, en virtud de que dentro del proceso se ha dado respuesta a las pretensiones de la quejosa quien ha hecho uso de los medios y mecanismos legales en las etapas procesales correspondientes, ello en procura del derecho reclamado y de la oposición formulada. Se ha observado el derecho de defensa, y se debe mencionar que éste no es privativo de la parte demandante, sino también del demandado. Sumado a lo anterior, queda evidenciado que tanto el A-quo como el Ad-quem han respetado el debido proceso laboral, dando respuesta pronta y oportuna a las partes aplicando las disposiciones legales correspondientes al caso, por lo que al ser la sociedad mercantil GABU, S.A., una persona jurídica, debió contestar la demanda por medio de un abogado representante procesal debidamente colegiado, razón por la cual es procedente denegar el amparo de mérito.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “Siguiendo con la idea anterior, el artículo 5 del Código del Trabajo señala que Patrono es toda persona natural o jurídica, particular o de derecho público, que utiliza los servicios de uno o más trabajadores, en virtud de un contrato o relación de trabajo. Así las cosas, si se trata de una demanda ordinaria laboral por despido ya sea directo o indirecto, ésta se dirigirá contra la parte a quien se reclama o contra su representante, siempre y cuando éste tenga facultad para comparecer en juicio en nombre de aquél. En este caso, la demanda fue interpuesta contra una persona jurídica con capacidad para ser parte como demandada, sin embargo, una revisión de los antecedentes revela que, en el caso de autos, la persona jurídica demandada, compareció ante el Juzgado de mérito contestando a demanda laboral a través de su Gerente General, inobservando lo dispuesto en el artículo 712 del Código del Trabajo, disposición legal que otorga la capacidad para comparecer en su condición de parte, ya sea demandante o demandada, pero no otorga la facultad para comparecer ejerciendo actos de procuración. Es importante recordar que, en principio, la contestación de una demanda es un acto de procuración que el legislador reserva a los profesionales del derecho, ya que mediante ese acto se fijarán los puntos sujetos a debate en el proceso, asimismo se excluirán aquellos que hayan sido aceptados por el demandado, por lo que se requiere un conocimiento técnico-jurídico, que no todas las personas naturales o los representantes de las jurídicas tienen.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 5 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 712 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ a favor del Señor DANIEL GALEANO ORTIZ, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la señora MIRIAM ARACELY LOPEZ CANALES contra la Sociedad Mercantil GABU S.A. a través del señor DANIEL GALEANO ORTIZ. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado los artículos 80, 82 y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la Señora MIRIAM ARACELY LOPEZ CANALES en causa propia y por conferido el poder en la Abogada KENIA MACJORI VARGAS IRIAS, contra la Sociedad Mercantil GABU S.A., interponiendo demanda ordinaria laboral por despido directo e injustificado, pago de prestaciones, derechos adquiridos, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y demás derechos conexos. (Folios 01–20 de la Pieza del A-Quo). 2) Que en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil diecinueve (2019), el Juzgado antes citado, dictó auto interlocutorio en la cual se tiene por presentada en tiempo la contestación de la demanda, pero no en forma, ya que quien comparece contestándola es el señor DANIEL GALEANO ORTIZ en su condición de Gerente General de la Sociedad Mercantil GABU SOCIEDAD AANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; y este no puede ejercer actos de procuración, ya que la misma debió ser contestada mediante un Profesional del Derecho, y al no ser así, se rechaza el escrito de contestación y por ende se declara en CONTUMACIA a la parte demandada. En consecuencia, señálese audiencia de CONCILIACION para el días MARTES DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, A LAS NUEVE DE LA MAÑANA, en la que los apoderados de las partes a la presencia y bajo la vigilancia de la señora juez procuraran conciliar sus diferencias, no siendo posible el acuerdo, se clausurara la misma y acto seguido se abrita la audiencia PRIMERA DE TRAMITE, en la que apoderados de las partes harán uso de los derechos que la ley les confiere.” (Folio 29 de la Pieza del A-Quo). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ, en su condición de Apelante, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), mediante la cual Falló: (SIC) “1.- DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ; 2.- CONFIRMANDO el auto interlocutorio de fecha veintiséis de julio de dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán.- Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL POR DESPIDO DIRECTO E INJUSTIFICADO, PAGO DE PRESTACIONES, DERECHOS ADQUIRIDOS, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y DEMÁS DERECHOS CONEXOS, COSTAS DEL JUICIO, promovida por la señora MIRIAM ARACELY LOPEZ CANALES contra la Sociedad Mercantil GABU, S.A. a través del señor DANIEL GALEANO ORTIZ en su condición de Gerente General y propietario. 3.- SIN COSTAS en esta instancia.” (Folios 28-31 de la Pieza del Ad-Quem). 4) Que la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ en su condición de Apoderada Legal del Señor DANIEL GALEANO ORTIZ, compareció ante este Tribunal en fecha veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo contra el fallo de fecha diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito en fecha veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022). (Folios 01–09 y 36 de la presente Recurso) 5) Que en fecha veinticinco (25) de julio de dos mil veintidós (2022), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión que: (SIC) “NO se OTORGUE la presente Acción de Amparo al no concurrir las vulneraciones constitucionales alegadas por el impetrante”. (Folios 38–40 y 42 del presente Recurso). CONSIDERANDO(1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO(2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto, no obliga al recurrente ni le es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO(3): La Señora MIRIAM ARACELY LOPEZ CANALES actuando en causa propia, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, interponiendo demanda ordinaria laboral por despido directo e injustificado, pago de prestaciones, derechos adquiridos, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y demás derechos conexos contra la Sociedad Mercantil GABU S.A. a través de su Gerente General y propietario, señor DANIEL GALEANO ORTIZ. CONSIDERANDO(4): El demandado, señor DANIEL GALEANO ORTIZ en su condición de Gerente General de la Sociedad Mercantil GABU SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, compareció contestando la demanda y en el mismo escrito confirió poder para que lo represente en el juicio a la abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ. En fecha veintiséis de julio de dos mil diecinueve, el Juzgado resolvió mediante auto interlocutorio tener por presentada en tiempo, la contestación de la demanda, pero no en forma, argumentando que quien comparece contestando la demanda es el señor DANIEL GALEANO ORTIZ; quien no puede ejercer actos de procuración, explicando que la demanda debió ser contestada mediante un Profesional del Derecho, y al no ser así, se rechaza el escrito de contestación y se declara en contumacia a la parte demandada. En esa misma resolución el Juez Instructor señaló audiencia de conciliación para el día martes diecinueve de noviembre del año dos mil diecinueve, a las nueve de la mañana, y si no es posible el acuerdo, se clausurará la misma y acto seguido se abrirá la audiencia PRIMERA DE TRAMITE, en la que apoderados de las partes harán uso de los derechos que la ley les confiere.” CONSIDERANDO (5): La Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ, apoderada demandada, manifestó su inconformidad interponiendo recurso de apelación contra el auto interlocutorio antes referido, de fecha veintiséis de julio de dos mil diecinueve. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ y confirmó el auto interlocutorio de fecha veintiséis de julio de dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán. - CONSIDERANDO(6): Que la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ en su condición de apoderada procesal del Señor DANIEL GALEANO ORTIZ, compareció ante esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, interponiendo acción de amparo contra el fallo de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito en fecha veinte de mayo de dos mil veintidós. Manifiesta la recurrente que el argumento de la Corte de Apelaciones vulnera el derecho de petición y el derecho a la defensa de su representado, al CONFIRMAR el auto interlocutorio dictado por el Juez Instructor, en el cual declara en contumacia a la parte demandante por no haber contestado la demanda mediante apoderado legal. Indica que no comparte la motivación de la sentencia recurrida que entre otros dice que las personas jurídicas cuentan con capacidad procesal desde el momento en el que queden válidamente constituidas, dado que son las personas físicas las que actúan en su nombre, la representación de estos entes se denomina “representación necesaria” y, la ostentarán, quienes legalmente las representen. Señala que, el sujeto que haga la función de representación será el que se prevea en las normas legales, estatutarias o fundacionales que en cada tipo de sociedad sean aplicables; sin embargo, la representación de personas jurídicas, no es propiamente representación, sino la misma actuación de las personas jurídicas a través de sus órganos, o, dicho de otra forma, por medio de las personas físicas que encarnan a dichos órganos a los que la Ley y los estatutos le atribuyen tal condición jurídica, expresando la voluntad de dicho ente. Expone la recurrente que la persona jurídica que ella representa, -DANIEL GALEANO ORTIZ en su condición de Gerente General de la Sociedad Mercantil GABU SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE- si tiene la capacidad procesal para contestar la demanda laboral interpuesta en su contra y alega que la vulneración de las garantías ya enunciadas, surge producto de una interpretación equivocada del artículo 712 del Código del Trabajo disposición jurídica que otorga la capacidad a las personas jurídicas para que comparezcan en juicio por medio de sus representantes constitucionales, legales o convencionales, según el caso. CONSIDERANDO (7): Que es menester recordar que la jurisdicción del trabajo está instituida, para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo, no obstante, el thema decidendi planteado en esta acción constitucional es relativo a la comparecencia y representación en juicio de las personas jurídicas. CONSIDERANDO (8): Siguiendo con la idea anterior, el artículo 5 del Código del Trabajo señala que Patrono es toda persona natural o jurídica, particular o de derecho público, que utiliza los servicios de uno o más trabajadores, en virtud de un contrato o relación de trabajo. Así las cosas, si se trata de una demanda ordinaria laboral por despido ya sea directo o indirecto, ésta se dirigirá contra la parte a quien se reclama o contra su representante, siempre y cuando éste tenga facultad para comparecer en juicio en nombre de aquél. En este caso, la demanda fue interpuesta contra una persona jurídica con capacidad para ser parte como demandada, sin embargo, una revisión de los antecedentes revela que, en el caso de autos, la persona jurídica demandada, compareció ante el Juzgado de mérito contestando a demanda laboral a través de su Gerente General, inobservando lo dispuesto en el artículo 712 del Código del Trabajo, disposición legal que otorga la capacidad para comparecer en su condición de parte, ya sea demandante o demandada, pero no otorga la facultad para comparecer ejerciendo actos de procuración. Es importante recordar que, en principio, la contestación de una demanda es un acto de procuración que el legislador reserva a los profesionales del derecho, ya que mediante ese acto se fijarán los puntos sujetos a debate en el proceso, asimismo se excluirán aquellos que hayan sido aceptados por el demandado, por lo que se requiere un conocimiento técnico-jurídico, que no todas las personas naturales o los representantes de las jurídicas tienen. En ese sentido, esta Sala señala la inexistencia de la interpretación errónea del artículo 712 del Código del Trabajo, imputada al tribunal de Alzada, por el contrario, se considera que no existe la vulneración a los artículos constitucionales citados, en virtud de que dentro del proceso se ha dado respuesta a las pretensiones de la quejosa quien ha hecho uso de los medios y mecanismos legales en las etapas procesales correspondientes, ello en procura del derecho reclamado y de la oposición formulada. Se ha observado el derecho de defensa, y se debe mencionar que éste no es privativo de la parte demandante, sino también del demandado. Sumado a lo anterior, queda evidenciado que tanto el A-quo como el Ad-quem han respetado el debido proceso laboral, dando respuesta pronta y oportuna a las partes aplicando las disposiciones legales correspondientes al caso, por lo que al ser la sociedad mercantil GABU, S.A., una persona jurídica, debió contestar la demanda por medio de un abogado representante procesal debidamente colegiado, razón por la cual es procedente denegar el amparo de mérito. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No. 2), 7, 9 No. 3) literal b), 41,42, 47, 49, 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ a favor del Señor DANIEL GALEANO ORTIZ Gerente General de la Sociedad Mercantil GABU SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la señora MIRIAM ARACELY LOPEZ CANALES contra la Sociedad Mercantil GABU S.A. a través del señor DANIEL GALEANO ORTIZ. MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó Magistrado Wagner Vallecillo.-NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA.ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de mayo de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha veintidós de marzo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-1007-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL