Sentencia AC-984-21 — Registro 17439
Resumen
Sentencia declaró con lugar recurso de apelación y revocó fallo dictado por Juzgado de primera instancia que declaró sin lugar escrito de impugnación al cobro y pago de Honorarios Profesionales por indebidos presentada por la demandada en Demanda para la Liquidación y Tasación de Honorarios Profesionales promovida por recurrente contra Digna Erika López Argueta por haberla representado en demanda laboral promovida contra Purificadora Del Valle Verde de la Paz; La Autoridad recurrida considera que el ahora recurrente tenía hasta el 15 de enero del 2020, un (1) año de conformidad con el artículo 2296 del código civil, sin embargo el reclamo de honorarios profesionales es extemporánea, por lo que no puede entrar a conocer sobre el fondo de una acción o reclamo de pago de honorarios profesionales que está probadamente prescrita
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"el Tribunal de Alzada, centra su argumento en que la acción para el reclamo de Honorarios profesionales había prescrito en base a lo establecido en el artículo 2296 numeral 1) del Código Civil, tomando como parámetro para computar el plazo establecido en la norma citada, la certificación de fecha quince de enero del dos mil diecinueve ...Es menester para esta Sala analizar el artículo 2299 del Código Civil, que dispone: ...Así el artículo 124 del Código Procesal Civil, reza:..."..."del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional dictada por la Corte de Apelaciones Sección Judicial de Comayagua, en fecha dieciocho de agosto del dos mil veintiuno, ha sido dictada con inobservancia a las formalidades y garantías establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos por Honduras, vulnerando el debido proceso preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, inobservando asimismo lo establecido en el artículo 124 del Código Procesal Civil, ya relacionado, al tomarse como parámetro para computar un plazo la certificación extendida por la secretaría de la Corte de Apelaciones en fecha once de febrero del dos mil diecinueve (folio 21 al 24 de la pieza de antecedentes), apreciación errónea del Ad-quem, pues tal certificación no se considera un acto de comunicación, ello en consonancia con lo establecido en el artículo 135 del Código Procesal Civil. Por ello esta Sala considera que la resolución impugnada vulnera el debido proceso, en consecuencia, se vulneran los demás derechos invocados por la recurrente que engloba el debido proceso, mismos que deben imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo este motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una nueva resolución en la que resuelva sobre el fondo del asunto, dando respuesta a los agravios expresados por las partes procesales, con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil a efecto de garantizar el debido proceso y así determinar si es procedente confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada y que fuera dictada en primera instancia, o los demás alcances que pueda determinar la sentencia en segunda instancia, según lo preceptuado en la ley..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Civil, art. 2296, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 2289 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 2299 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 124 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 135 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil veintitrés.-VISTO: Para dictar sentencia del recurso de amparo interpuesto por la Abogada LORNA VIOLETA MENDEZ MANUELES, a favor del Señor PEDRO ALEJANDRO NOLASCO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, con relación a la Demanda para la liquidación y tasación de honorarios profesionales promovida por el Señor PEDRO ALEJANDRO NOLASCO, contra la Señora DIGNA ERIKA LOPEZ ARGUETA, por haberla representado en la Demanda Laboral promovida contra el Señor FRANCISCO RAMON NUÑEZ Gerente Propietario de “PURIFICADORA DEL VALLE VERDE” de LA PAZ, LA PAZ. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de su representado contemplados en los artículos 59, 60, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha treinta (30) de enero de dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, Departamento de La Paz, el Abogado PEDRO ALEJANDRO NOLASCO, actuando en CAUSA PROPIA, solicitando reclamo para la liquidación y tasación de honorarios profesionales, medios probatorios, cotejo de documentos, medida cautelar de embargo en forma de retención de cheque o pago ordenado en el expediente laboral bajo el número 286-4-2010, contra la Señora DIGNA ERIKA LOPEZ ARGUETA. (Folios 01-25 de la Pieza del A-Quo).-2) Que, seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó auto resolutivo en fecha veintidós (22) de febrero de dos mil veintiuno (2021), mediante la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR, el escrito de impugnación al cobro y pago de honorarios profesionales por indebidos, es decir que no se deben dentro del plazo de cinco (5) días presentado por la demandada (DIGNA ERIKA LOPEZ ARGUETA. SEGUNDO: En consecuencia, cúmplase lo dispuesto en el requerimiento que se le hizo a la señora Digna Erika López Argueta, según auto de fecha seis de febrero del dos mil veinte, para que pague o consigne la suma de (L.710,862.90) SETECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS, más costas del juicio, bajo apercibimiento de apremio. TERCERO: Téngase al Abogado JOSE ROBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ con carné número 2230 del Colegio de Abogados de Honduras como representante procesal de la demanda, con las facultades legales correspondientes y con la dirección profesional señalada.- Artículo 81.1 del Código Procesal Civil.- NOTIFIQUESE.” (Folios 46–49 de la Pieza del A-Quo).-3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE ROBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ, en su condición de representante procesal de la Señora DIGNA ERIKA LOPEZ ARGUETA, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, dictó sentencia en fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: DECLARAMOS CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JOSE ROBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ, en su condición de representante procesal de la señora DIGNA ERIKA LOPEZ ARGUETA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, Departamento de La Paz, en fecha 22 de febrero del 2021, recaído en la demanda para la liquidación y tasación de honorarios profesionales accionada contra su representada por el abogado PEDRO ALEJANDRO NOLASCO. SEGUNDO: REVOCAMOS LA RESOLUCION de fecha veintidós de febrero del dos mil veintiuno, dictada por dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, Departamento de La Paz (folio 46-49), en virtud de la cual se Declara Sin Lugar el escrito de impugnación al cobro y pago de honorarios profesionales por indebidos, es decir que no se deben, planteado por la Señora DIGNA ERIKA LOPEZ ARGUETA, y así mismo el requerimiento que se le formulase a la señora DIGNA ERIKA LOPEZ ARGUETA, para que pague o consigne la suma de (L.710,862.90) SETECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS, más costas del juicio, bajo el apercibimiento de apremio. Recaído en la demanda para la liquidación y tasación de honorarios profesionales accionada contra la señora DIGNA ERIKA LOPEZ ARGUETA, por el Abogado PEDRO ALEJANDRO NOLASCO. NOTIFIQUESE.” (Folios 08-10 de la Pieza del Ad-Quem).-4) Que la Abogada LORNA VIOLETA MENDEZ MANUELES, compareció ante este Tribunal en fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor del Señor PEDRO ALEJANDRO NOLASCO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que las mismas son violatorias de lo dispuesto en los artículos 59, 60, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022). (Folios 01-08 y 27 del presente Recurso).-5) Que en fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil veintidós (2022), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por existir las vulneraciones constitucionales invocadas por el amparista.” (Folio 30–35 y 37 del presente Recurso).-CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen[1]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la Resolución emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, en fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), que declara Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JOSE ROBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, Departamento de La Paz, en fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), que declara Sin Lugar el escrito de impugnación al cobro y pago de honorarios profesionales por indebidos, presentado por la demandada DIGNA ERIKA LOPEZ ARGUETA, en la solicitud de Reclamo para la liquidación y tasación de Honorarios profesionales promovido por el señor PEDRO ALEJANDRO NOLASCO.-CONSIDERANDO (3): Que la recurrente en Amparo Abogada Lorna Violeta Méndez Manueles, exterioriza su discrepancia con la Resolución emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, en fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), argumentando que el acto que se recurre en Amparo violenta el derecho a la dignidad humana, igualdad, debido proceso y el principio de legalidad contenidos en los artículos 59, 60, 61, 90 y 321 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (4): Que la recurrente, centra sus argumentos, en que no es aplicable la norma de prescripción, pues su representado está haciendo efectiva una condena en costas como remuneración a su trabajo como representante procesal de la señora Digna Erika López Argueta, representación que ejerció hasta el treinta y uno de julio del dos mil diecinueve, y si se siguiera el aberrante estudio que sirve de fundamento en el fallo recurrido, se aplicaría lo concerniente a la prescripción, sería hasta el treinta y uno de julio del dos mil veinte que hubiese cesado en su representación el abogado Pedro Alejandro Nolasco y no como lo arguye la Corte de Apelaciones que es hasta el quince de enero del dos mil diecinueve. Arguye la impetrante, que la Corte de Apelaciones contrariando la igualdad que pregona la carta marga de Honduras, han fallado para que sea un Abogado ajeno al proceso laboral que se ventilo, haga efectiva la condena en costas. Asimismo, argumenta que la impugnación de honorarios no tiene los requisitos establecidos y exigidos en el artículo 225 del Código Procesal Penal, razón por la cual fue inadmitida, pues en la impugnación no se opuso ninguno de los motivos legales de la supuesta impugnación, por lo que la ley indica que será inadmitida, formalidades procesales que no fueron respetadas por el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Comayagua.- CONSIDERANDO (5): Que los derechos constitucionales que el recurrente considera vulnerados son los siguientes: Artículo 59, “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Para garantizar los derechos y libertades reconocidas en esta Constitución, crease la Institución del Comisionado Nacional de Derechos Humanos. La Organización, prerrogativas y atribuciones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos será objeto de una Ley especial.”; Artículo 60, “Todos los hondureños nacen libre e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. La Ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto.”; Articulo 61, “La Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país, el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad.”; Artículo 90, párrafo primero, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; artículo 321 “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.” .-CONSIDERANDO (6): Que el objeto de la Ley sobre Justicia Constitucional es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional; por ello uno de los principios que rigen en la substanciación de la acción de Amparo es la prevalencia del derecho sustancial, observándose en las alegaciones del recurrente motivos esenciales a efecto de recurrir en Amparo la Resolución dictada en fecha dieciocho de agosto del año dos mil veintiuno por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua..-CONSIDERANDO (7): Que uno de los principios rectores del proceso civil hondureño, es precisamente el debido proceso, el que, en consonancia con lo preceptuado en la Constitución de la República e invocado como vulnerado por el recurrente, se define en el artículo 3 del Código Procesal Civil, como el derecho que las parte tienen a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. Asimismo, otro de los principios rectores del proceso civil hondureño, es precisamente el principio de legalidad procesal y que refiere que el proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas; señala también el indicado precepto, que las normas contenidas en este Código son obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso.-CONSIDERANDO (8): Que es importante analizar el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, a efecto de determinar la vulneración o no de los derechos constitucionales alegados como vulnerados por el amparista. La sentencia dictada por el Tribunal de Alzada en fecha dieciocho de agosto del dos mil veintiuno, que resuelve el Recurso de Apelación promovido en contra de la resolución dictada en fecha veintidós de febrero del año dos mil veintiuno por el Juzgado de Letras Seccional de La paz, Departamento de La Paz, se fundamenta en lo siguiente: (sic) “TERCERO: Que con vista en las alegaciones de la parte recurrente y recurrida ante esta Alzada, y después de un examen de los antecedentes, esta Corte, percibe que la acción para el reclamo de Honorarios Profesionales a la fecha de su presentación ante el Juzgado apelado, ya había prescrito, tenor del artículo 2296.1 del Código Civil, que establece que esa acción prescribe por el transcurso de Un (1) año, lo que esta Corte explica y determina así: a) Consta de autos Sentencia Definitiva Laboral proferida por el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, que declara Con Lugar, demanda ordinaria Laboral, promovida por la señora DIGNA ERIKA LOPEZ ARGUETA y como consecuencia, se condena a la empresa Purificadora del valle Verde, S de R. L., Con Costas, (folio 9 al 15); Sentencia que fue confirmada vía apelación por este Tribunal de Alzada el 9 de octubre del 2017, (folio 17 al 20); Y fallo vía recurso de Casación dictada por la Sala Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia dictada el 6 de diciembre del 2018 y habiéndose extendido Certificación el 15 de enero del 2019, (folio 21 al 24). De lo anterior entiende esta Corte que el Abogado Pedro Alejandro Nolasco, tenía hasta el 15 de enero del 2020, Un (1) Año, a efecto de sujetarse fielmente a lo prescrito en el artículo 2296 del Código Civil, sin embargo, sin reparar en dicho precepto civil sustantivo e ignorar que las acciones prescriben por el mero lapso de tiempo fijado por la ley, como lo determina el artículo 2289 del mismo Código, presento su reclamo de honorarios profesionales, en forma extemporánea, es decir hasta el 30 de enero del 2020, habiendo transcurrido más de un año en demasía, es decir, a la fecha de su reclamo transcurrieron un año, quince días. CUARTO: Que ante esa prescripción misma que fue alegada por el impugnante y que mereció pronunciamiento por parte de la recurrida, esta Corte, no puede entrar a conocer sobre el fondo de una acción o reclamo de pago de honorarios profesionales, que se encuentra probadamente prescrita, circunstancia que obliga a esta Alzada a declarar con lugar la apelación planteada por el Abogado JOSE ROBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ, representante procesal de la señora DIGNA ERIKA LOPEZ ARGUETA, bajo la conclusión clara y precisa de encontrarse plenamente establecida la prescripción de la acción para el reclamo de honorarios profesionales.- CONSIDERANDO (9): Siendo que el Tribunal de Alzada, centra su argumento en que la acción para el reclamo de Honorarios profesionales había prescrito en base a lo establecido en el artículo 2296 numeral 1) del Código Civil, tomando como parámetro para computar el plazo establecido en la norma citada, la certificación de fecha quince de enero del dos mil diecinueve (folio 21 al 24 de la pieza de antecedente). Es menester para esta Sala analizar el artículo 2299 del Código Civil, que dispone: “El tiempo de la prescripción de las acciones para exigir el cumplimiento de obligaciones declaradas por sentencia, comienza desde que la sentencia quedó firme.” Así el artículo 124 del Código Procesal Civil, reza: “COMPUTO DE LOS PLAZOS. 1) Los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiese efectuado a cada interesado el acto de comunicación del que la ley haga depender el inicio del cómputo, y se contará en ellos, el día del vencimiento, que expirará a la media noche. 2) No obstante, cuando la ley señale un plazo que comience a correr desde la finalización de otro, aquél se computará, sin necesidad de nueva notificación, desde el día siguiente al del vencimiento de éste. 3) En el cómputo de los plazos señalados por días se excluirán los inhábiles. Para los plazos que se hubiesen señalado en las actuaciones urgentes a que se refiere este Código, no se considerarán inhábiles los días que determine la Corte Suprema de Justicia y solo se excluirán del computo los sábados, domingos y festivos. 4) Los plazos señalados por meses o por años se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. 5) Los plazos que concluyan en domingo u otro día inhábil se entenderán prorrogados hasta el siguiente día hábil.” -Lo negrito es nuestro- CONSIDERANDO (10): Que esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que, al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos.-CONSIDERANDO (11): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.-CONSIDERANDO (12): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional dictada por la Corte de Apelaciones Sección Judicial de Comayagua, en fecha dieciocho de agosto del dos mil veintiuno, ha sido dictada con inobservancia a las formalidades y garantías establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos por Honduras, vulnerando el debido proceso preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, inobservando asimismo lo establecido en el artículo 124 del Código Procesal Civil, ya relacionado, al tomarse como parámetro para computar un plazo la certificación extendida por la secretaría de la Corte de Apelaciones en fecha once de febrero del dos mil diecinueve (folio 21 al 24 de la pieza de antecedentes), apreciación errónea del Ad-quem, pues tal certificación no se considera un acto de comunicación, ello en consonancia con lo establecido en el artículo 135 del Código Procesal Civil. Por ello esta Sala considera que la resolución impugnada vulnera el debido proceso, en consecuencia, se vulneran los demás derechos invocados por la recurrente que engloba el debido proceso, mismos que deben imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo este motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.-CONSIDERANDO (13): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una nueva resolución en la que resuelva sobre el fondo del asunto, dando respuesta a los agravios expresados por las partes procesales, con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil a efecto de garantizar el debido proceso y así determinar si es procedente confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada y que fuera dictada en primera instancia, o los demás alcances que pueda determinar la sentencia en segunda instancia, según lo preceptuado en la ley. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos, 80, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 2.3.a. del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 124, 199, 705, 707, 715 del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por la Abogada LORNA VIOLETA MENDEZ MANUELES, a favor del Abogado PEDRO ALEJANDRO NOLASCO, contra la resolución de fecha VEINTIDOS (22) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, debiendo el Tribunal recurrido dictar nuevamente la resolución impugnada, resolviendo sobre el fondo del asunto; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada SONIA MARLINA DUBON VILLEDA .- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- WAGNER VALLECILLO PAREDES .- FRANCISCA VILLELA ZAVALA.- ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veintitrés (2023) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0984-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.