Sentencia AC-934-22 — Registro 18452
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró sin lugar el recurso de apelación con relación a la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “ CONSIDERANDO (8): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya en reiteradas ocasiones con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, no teniendo esta Sala entre sus atribuciones la valoración de hechos y elementos de prueba que lleven a determinar si procede o no declarar con lugar la Oposición planteada en las Demandas de Ejecución que se han iniciado en los diferentes Órganos Jurisdiccionales de la República, pues ello es competencia de los órganos jurisdiccionales de instancia. CONSIDERANDO (9): Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; … El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad”. CONSIDERANDO (10): Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia de la presente Acción de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de diciembre del año dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RAMÓN ENRIQUE VALERIO EGUIGUREMS, a favor del señor YANCO FERNANDO LOZANO ARRIAGA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha nueve (9) de mayo del año dos mil veintidós (2022), que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el recurrente, contra la resolución de fecha quince (15) de febrero del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, promovida por el Abogado Cristhian Porfirio Ortega Ortega, en su condición de Apoderado Judicial de la COOPERATIVA MIXTA USULA LIMITADA, contra el señor YANCO FERNANDO LOZANO ARRIAGA. Estima el recurrente que el acto reclamado es violatorio de los derechos al debido proceso, defensa, a la igualdad ante la ley y la propiedad, contenidos en los artículos 59, 60, 61, 82 y 90 de la Constitución de la República, relacionados con la inobservancia de los artículos 453 del Código de Comercio y 692 del Código Procesal Civil. ANTECEDENTES1)Que en fecha veintidós de junio del año dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado CRISTHIAN PORFIRIO ORTEGA ORTEGA, en su condición Apoderado Judicial de la COOPERATIVA MIXTA USULA LIMITADA, presentando “DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL…”, contra el señor YANCO FERNANDO LOZANO ARRIAGA, para que sea obligado a pagar la cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L. 229, 424.20), mas los intereses y costas que generen el presente juicio. (Folios del 2-4fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 2)En fecha quince de febrero del año dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “1.- DESESTIMANDO totalmente la oposición planteada por el motivo de PLUSPETICION por parte del señor YANCO FERNANDO LOZANO ARRIAGA, en su condición de parte ejecutada y opositora, a treves de su representante procesal, contra la presente ejecución de titulo extrajudicial promovida en su contra por la COOPERATIVA MIXTA USULA LIMITADA, a treves de su representante procesal, para el pago de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L 229,424.20) en concepto de capital e intereses, más los intereses y costas de la presente ejecución. 2.- SE ORDENA continuar el proceso por la Vía De Apremio contra al señor YANCO FERNANDO LOZANO ARRIAGA para el pago de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L 229,424.20) en concepto de capital e intereses, más los intereses y costas de la presente ejecución, de acuerdo con las normas que rigen la Ejecución de Sentencias. 3.- SE CONDENA al señor YANCO FERNANDO LOZANO ARRIAGA, al pago de las costas causadas. 4.- MANDA: Que este fallo quede firme si dentro del término legal no se interpone recurso alguno. Esta sentencia es susceptible de recurso de apelación, el que puede interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación. NOTIFÍQUESE…” (Folios del 43-46 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3)Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado RAMÓN ENRIQUE VALERIO EGUIGUREMS, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha nueve de mayo del año dos mil veintidós, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual resolvió: (Sic) “1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en fecha QUINCE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, por el juzgado de letras civil de esta sección judicial.- 2)CONFIRMAR la resolución apelada.- CON COSTAS…” (Folios 5-6fv de la pieza de antecedentes del Ad-quem) 4)En fecha quince de junio del año dos mil veintidós, el Abogado RAMÓN ENRIQUE VALERIO EGUIGUREMS, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo acción de amparo a favor del señor YANCO FERNANDO LOZANO ARRIAGA, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, al considerar que la decisión adoptada por el Ad-quem, es violatoria de los derechos al debido proceso, defensa, a la igualdad ante la ley y la propiedad, contenidos en los artículos 59, 60, 61, 82 y 90 de la Constitución de la República, relacionados con la inobservancia de los artículos 453 del Código de Comercio y 692 del Código Procesal Civil. (Folios 1-2fv de los autos) 5)En fecha seis de diciembre del año dos mil veintidós, este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma, el recurso de mérito y ordena la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de 48 horas a efecto de emitir el dictamen correspondiente. (Folio 25 de los autos) 6)Que en fecha veinte de febrero del año dos mil veintitrés, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Sandra Lorena Zuniga García, desprendiéndose de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Si bien es cierto, la parte ejecutada allegó en el proceso de oposición una nota de cobro de fecha 14 de junio del 2021, por la cantidad de (Lps.157,000.00) que recibió por parte del departamento Legal y Fraudes, por una cantidad menor a la que se le está demandando de pago, pero se extrae que la misma forma parte del proceso pre- judicial; sin embargo la cantidad que ahora se exige es la que corresponde a los 900 días de atraso (2 años 5 meses con 20 días), denotándose que el monto reclamado de pago corresponde a cuotas vencidas más los intereses correspondientes, es decir, que el hecho que contengan cantidades diferentes no indica que no ostenten la condición de indubitados, de tal modo que no se aprecia que concurra el motivo de oposición planteado, por ende se considera que la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, no atenta contra las garantías invocadas por el amparista. IV. CONCLUSIÓN Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, al determinar que no existe vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el impetrante”. (Folios del 28-31 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que de la revisión de los antecedentes que conforman la acción de amparo promovida, la Sala de lo Constitucional constata que, en la misma, se están alegando violaciones de mera legalidad, al tenor de lo establecido en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. El precepto indicado señala que: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; …”. Afirmación a la que llega esta Sala de la lectura de la tesis expuesta por el recurrente en relación a la vulneración de los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 61, 82 y 90 de la Constitución de la República, al exteriorizar que la decisión del Ad-quem vulnera tales garantías constitucionales, ante la existencia de dos documentos provenientes del mismo acreedor que establecen diferentes cantidades de dinero como saldos deudores y constan en un mismo juicio. CONSIDERANDO (2): Que asimismo sostiene el impetrante que resulta evidente que la autoridad recurrida reconoce en favor del ejecutante la cantidad mayor, violentando con ello principios legales como el establecido por el artículo 453 del Código de Comercio aplicable por analogía, por cuanto consagra a favor del deudor el reconocimiento legal que en caso de diferencias de la determinación del importe de un título valor, se vera obligado a pagar la cantidad menor; en el proceso civil está la prohibición de la reforma peyorativa según consta en el artículo 692 del Código Procesal Civil y es que no puede haber empeoramiento de la situación inicial del recurrente, pues esto es contrario al derecho de la tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO (3): Que examinadas que han sido las diligencias, esta Sala observa que el asunto traído a este Alto Tribunal a efecto de determinar si existe o no vulneración a derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República, reside en la declaratoria Sin Lugar, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, del Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Ramón Enrique Valerio Eguigurems en su condición de Apoderado Legal del señor YANCO FERNANDO LOZANO ARRIAGA, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en fecha quince de febrero del año dos mil veintidós, que falló Desestimando totalmente la Oposición planteada por el motivo de pluspetición por parte del señor YANCO FERNANDO LOZANO ARRIAGA, en la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, promovida por el Abogado Cristhian Porfirio Ortega Ortega, en su condición de Apoderado Judicial de la COOPERATIVA MIXTA USULA LIMITADA, contra el señor YANCO FERNANDO LOZANO ARRIAGA.CONSIDERANDO (4): Que como se deja supra relacionado en este libelo, el impetrante alega como violaciones constitucionales, cuestiones de mera legalidad, propias de ser resueltas por los órganos jurisdiccionales de instancia, con la valoración correspondiente a la prueba evacuada al efecto en el momento procesal; advierte esta Sala que se recurre en amparo la decisión adoptada por el Tribunal de Segunda Instancia en fecha nueve de mayo del año dos mil veintidós, al confirmar la sentencia emitida por el A-quo, en relación a desestimar totalmente la Oposición planteada por el ejecutado por el motivo de Pluspetición, en consecuencia ordena continuar con el proceso por la Vía de Apremio contra el señor Yanco Fernando Lozano Arriaga, para el pago de doscientos veintinueve mil cuatrocientos veinticuatro lempiras con veinte centavos (L. 229,424.20), controversia jurídica que fue resuelta haciendo el Tribunal de segunda instancia las valoraciones correspondientes tal y como lo señala la ley procesal civil, observando en consecuencia las reglas de procedimiento que al efecto señala la ley, respetando con ello el principio de legalidad y la aplicación de la ley al caso concreto. CONSIDERANDO (5): Que el recurrente sostiene en la tesis que defiende, en relación a la vulneración de garantías constitucionales, con la decisión adopta por el Ad-quem, que éste fundó su decisión con infracción del artículo 453 del Código de Comercio, en atención que en caso de presentarse diferencias en la determinación del importe de un título valor, se debe pagar la suma menor, asimismo en lo dispuesto en el artículo 692 del Código Procesal Civil en relación a la prohibición de la reforma peyorativa; de la lectura de la sentencia que se impugna, se aprecia que ésta contiene los hechos y fundamentos de derecho que llevaron al Tribunal de Segunda Instancia a valorar y conforme a ello obtener la convicción y confirmar la decisión adoptada en primera Instancia, ello es así porque los preceptos legales que invoca el recurrente en Amparo como inobservados, no son aplicables al caso bajo estudio, pues se trata de la valoración que ambas instancias han realizado sobre un Título Valor y una nota de cobro enviada por la Cooperativa, firmada y sellada por el Departamento Legal. CONSIDERANDO (6): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Que analizadas las diligencias esta Sala de lo Constitucional observa que se ha respetado la tutela judicial efectiva, que comprende el derecho al debido proceso, en consecuencia, se han respetado los derechos constitucionales invocados por el recurrente. CONSIDERANDO (7): Que siendo así las cosas, la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se encuentra dictada conforme a derecho, pues la misma se encuentra debidamente motivada, con el razonamiento lógico que exige la ley, en cuanto a la valoración de la prueba efectuada, que le llevó a formar la convicción que culminó en el fallo que hoy se recurre en amparo, dando cumplimiento a lo establecido en la ley aplicable al caso concreto, respetando el derecho de petición, acceso a los tribunales, igualdad de los intervinientes en el proceso, debido proceso y principio de legalidad entre otros, pues las cuestiones que alega el impetrante en amparo, son meramente legales y de conocimiento exclusivo de los órganos jurisdiccionales de instancia, toda vez que esta Sala observa que se han respetado los derechos y principios constitucionales invocados por el amparista, específicamente los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 82 y 90 de la Constitución de la República, pues el Código Procesal Civil ya establece el procedimiento a seguir en el Mandato de Ejecución, en relación a la cantidad en concepto de principal e intereses vencidos hasta la fecha en que se presente. CONSIDERANDO (8): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya en reiteradas ocasiones con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, no teniendo esta Sala entre sus atribuciones la valoración de hechos y elementos de prueba que lleven a determinar si procede o no declarar con lugar la Oposición planteada en las Demandas de Ejecución que se han iniciado en los diferentes Órganos Jurisdiccionales de la República, pues ello es competencia de los órganos jurisdiccionales de instancia. CONSIDERANDO (9): Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; … El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad”.CONSIDERANDO (10): Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia de la presente Acción de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 80, 82, 90, 303, 304, 313 No.5, y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 3, 200, 207, 705 y 802 del Código Procesal Civil; 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2 y 46 numeral 1 y último párrafo de la Ley sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª, del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, FALLA: SOBRESEYENDO LAS PRESENTES DILIGENCIAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA. - NOTIFÌQUESE. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha catorce de diciembre de dos mil veintitrés , recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0934-2022. Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL