Sentencia AC-923-21 — Registro 16266
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada, que desestima la Oposición a la Ejecución de Título Extrajudicial, en relación a la Demanda de Ejecución de Título Ejecutivo Extrajudicial. Estima el recurrente que el acto reclamado violenta los derechos establecidos en los artículos 82, 94 y 97 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma es ajustada a derecho, pues se ha respetado el Principio de Legalidad o primacía de la ley, principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. El recurrente plantea la vulneración al derecho de defensa, por la aplicación errónea, según sus argumentos, del precepto 236.2 del Código Procesal Civil, en la resolución de fecha catorce de junio del año dos mil veintiunos dictada por el Ad-quem, al inadmitir prueba propuesta con el fin de aclarar las circunstancias del Reparo Administrativo declarada por el Tribunal Superior de Cuentas. Del estudio de la resolución impugnada, se observa que la inadmisión de la prueba en segunda instancia, fue dictada en fundamento a lo establecido en el Artículo 236 numeral 2 del Código Procesal Civil, que establece que no se admitirá la prueba impertinente o improcedente. El razonamiento de la Alzada se muestra acorde a lo establecido en la norma legal, en cuanto a que el recurrente pretende en los motivos de oposición planteados, que se revisen cuestiones de fondo en cuanto a la responsabilidad civil que ya fue declarada en vía administrativa por el Tribunal Superior de Cuentas; por ello el recurso de Apelación le ha sido desestimado al recurrente en Amparo, en atención a que sus alegaciones y la interpretación que pretende de ellas, no son acordes a lo establecido en la ley. En ese orden de ideas el recurrente expone lo referido en el artículo 234 del Código Procesal Civil, en tanto la prueba recaerá sobre los hechos que guarden relación con la tutela judicial que pretenda obtener en el proceso; no obstante a ello y como bien argumenta la Alzada, no compete a la vía judicial conocer sobre el fallo que declara la responsabilidad civil del ejecutado, ello porque esa tarea corresponde realizarse en la vía administrativa al Tribunal Superior de Cuentas, debiendo en esa instancia el interesado instar todos los medios de impugnación que la ley pone a su disposición, ante la emisión de una resolución que pueda afectar sus derechos. Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho de defensa, ello ante la inadmisión de medios de prueba en la Oposición a la Ejecución de Título Extrajudicial, derivado de Resolución emitida por el Tribunal Superior de Cuentas, transgresión que no se observa, pues la resolución fue emitida aplicando la ley vigente al caso en concreto, haciendo prevalecer con ello que el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas, especialmente en aquellas cuya intervención del poder público se encuentra directamente ligado a los derechos del individuo. Reiterando esta Sala de lo Constitucional que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.-CONSIDERANDO (11): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos.-CONSIDERANDO (12): Que, al haberse determinado la no vulneración de las garantías constitucionales señaladas, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 234 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 236 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 782 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 790 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 792 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de enero del año dos mil veintitrés.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ANTONIO JOSUE COREA, a favor de SÍ MISMO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha catorce (14) de junio del año dos mil veintiuno (2021), que declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), que desestima la Oposición a la Ejecución de Título Extrajudicial, presentada por el señor Antonio Josué Corea, en relación a la Demanda de Ejecución de Título Ejecutivo Extrajudicial, promovida por la Procuraduría General de la República, como Representante Legal del Estado de Honduras, contra el señor ANTONIO JOSUÉ COREA.- Estima el recurrente que el acto reclamado violenta los derechos establecidos en los artículos 82, 94 y 97 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES: 1) Que en fecha doce (12) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, la Abogada DORIS ARODI ANDRADE CHAVEZ, en su condición de Procuradora Judicial de la Procuraduría General de la República, promoviendo demanda de Ejecución de Título Ejecutivo Extrajudicial, contra el señor ANTONIO JOSUE COREA, quien se desempeña como Alcalde Municipal de la Municipalidad de Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua. (Folios del 1-3 de la pieza de antecedentes del A-quo).-2) Que el Abogado Antonio Josué Corea, actuando en causa propia, compareció en fecha seis (6) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), ante el referido juzgado, presentando Oposición contra el Título Extrajudicial contenido en la Resolución número 293/2013-SG-TSC de fecha 15 de octubre del año 2013 y contra la Resolución 134/2011-SG-TSC de fecha 13 de enero del año 2011, promoviendo asimismo incidente de nulidad relativa en el fondo contra dicha resolución. (Folios del 16-21fv de la pieza de antecedentes del A-quo).-3) Que el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, en fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), emitió sentencia mediante la cual falló: (Sic) “1) Desestimar la oposición a la ejecución de título extrajudicial presentada por el señor ANTONIO JOSUE COREA por medio de sí mismo. 2) Seguir adelante con las actuaciones de apremio sobre los bienes de la ejecutada hasta que se satisfaga las pretensiones del ejecutante. 3) CONDENA en costas al ejecutada señor ANTONIO JOSUE COREA artículo 219 del Código Procesal Civil. Puede interponerse el Recurso de Apelación. Artículo 705 del Código Procesal Civil. SE dicta hasta en esta fecha en virtud de mediar justa causa y encontrarse llena la agenda de este Tribunal, artículo 201.2 del Código Procesal Civil. -NOTIFIQUESE…” (Folios 105-106 de la pieza de antecedentes del A-quo).-4) Que, ante la manifestación presentada por la parte demandante, la Procuraduría General de la Republica, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, emitió auto en fecha doce (12) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), corrigiendo los errores materiales que se reflejan en el Auto Incidental de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil diecinueve. (Folios del 107-108fv de la pieza de antecedentes del A-quo) .-5) Que conociendo del recurso de apelación promovido por el Abogado ANTONIO JOSUE COREA, contra la resolución dictada por el A-quo en fecha veintisiete de noviembre y corregida en fecha doce de diciembre del año dos mil diecinueve, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, dictó sentencia en fecha catorce (14) de junio del año dos mil veintiuno (2021), mediante la cual por unanimidad de votos falló: (Sic) “PRIMERO: DECLARAMOS SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por EL ABOGADO ANTONIO JOSUE COREA, en su condición de Apoderado Legal y en Representación de sí mismo, contra la Resolución de Fecha Veintisiete (27) de Noviembre del año Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el Juzgado de Letras Civil de la Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, en LA DEMANDA DE EJECUCION FORZOSA DE UN TITULO EXTRAJUDICIAL, promovida por LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, en virtud de la cual, FALLA: 1) DESESTIMAR la oposición a la ejecución de título extrajudicial presentada por el señor ANTONIO JOSUE COREA, por medio de sí mismo. 2) Seguir adelante con las actuaciones de apremio sobre los bienes de la ejecutada hasta que satisfaga las pretensiones del ejecutante. 3) CONDENA en costas al ejecutado ANTONIO JOSUE COREA, artículo 219 del Código Procesal Civil. - SEGUNDO: CONFIRMAMOS LA RESOLUCION RECURRIDA DESCRITA EN EL ACÁPITE PRIMERO. - TERCERO: CON COSTAS…” (Folios del 11-22fv de la pieza de antecedentes del Ad-quem). - 6) Que el recurrente Abogado ANTONIO JOSUE COREA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), interponiendo Acción de Amparo a favor de SÍ MISMO, contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha catorce (14) de junio del año dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de los derechos contenidos en los artículos 82, 94 y 97 de la Constitución de la República.- Teniendo esta Sala por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil veintidós (2022).-7) Que en fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veintidós (2022), la abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, actuando en su condición de Fiscal adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, emitió su dictamen, en el cual fue de la opinión que: (Sic) “SE DENIEGUE la presente acción de Amparo, por no existir vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente”. Argumenta la Fiscal del Despacho que esa representación fiscal aprecia que la resolución cuestionada, no causa ninguna vulneración de los derechos constitucionales alegados, en tanto la Alzada en su motivación explica los argumentos que expone el recurrente para sostener el recurso de apelación, en tanto que los motivos de oposición a la ejecución del título extrajudicial contenidos en el artículo 792 numerales 3) y 6) del Código Procesal Civil, referente a la nulidad del mandamiento por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales exigidos y la plus petición respectivamente, no son acordes con el sentido e interpretación que pretende el recurrente, ya que la pretensión anulatoria del título ejecutivo va dirigido al fondo de la declaración de responsabilidad civil, lo cual no es competencia de la vía judicial, siendo que fue una resolución conocida y declarada por la instancia administrativa del Tribunal Superior de Cuentas. En ese orden de ideas, consta en autos que el recurrente se sometió a una investigación por parte del Tribunal Superior de Cuentas, emitiendo la Resolución N° 134-2011 que declaró la responsabilidad civil del recurrente, misma que fue recurrida y resuelta mediante resolución SG-TSC 293/2013-SG-TSC, que declara No Ha Lugar el recurso de reposición, confirma la responsabilidad civil recurrida y dando por agotada la vía administrativa, sin perjuicio del derecho de impugnar dicha resolución ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, bajo la advertencia que, en caso de no hacer uso de ese derecho, se remitirían las diligencias a la Procuraduría General de la República, para que inicie la acción civil correspondiente. De la revisión de los autos se aprecia que el recurrente no instó la vía jurisdiccional correspondiente a fin de lograr la revisión y enmienda sobre lo resuelto por el Tribunal Superior de Cuentas, en cuanto a la no valoración de medios de prueba y el exceso de la cantidad demandada, por lo que al no haber hecho uso de los recursos que le concede la ley contra dicha resolución, la misma adquirió firmeza y se convirtió en el título ejecutivo cuya ejecución se pretende, siendo esto precisamente el objeto del presente proceso y sobre cuya oposición debe dirigirse la actividad probatoria. (Folios del 132-135 de la pieza de autos).- CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen[1]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la Resolución emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha catorce (14) de junio del año dos mil veintiuno (2021), que declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Antonio Josué Corea, quien actúa en representación de Sí Mismo, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, en fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), que resuelve Desestimar la Oposición a la Ejecución de Título Extrajudicial, interpuesta por el recurrente en relación a la Demanda de Ejecución de Título Ejecutivo Extrajudicial, promovida por la Procuraduría General de la República, como Representante Legal del Estado de Honduras, contra el señor ANTONIO JOSUÉ COREA.- CONSIDERANDO (3): Que el recurrente en la exposición de los hechos hace relación al procedimiento administrativo en el Tribunal Superior de Cuentas, que culminó con la emisión de las Resoluciones No. 134/2011-SG-TSC de fecha 13 de enero del año 2011 y la No. 293/2013-SG-TSC de fecha 15 de octubre del año 2013, que resuelve el recurso de reposición promovido contra la primera; siguiendo con su relación de hechos, el impetrante indica que la Procuraduría General de la República, promovió Demanda de Ejecución de Título Extra Judicial el 11 de diciembre del año 2018, amparado en la resolución No. 293/2013-SG-TSC, pero no informó al Juez de la resolución No. 134/2011-SG-TSC, de la cual se deriva la resolución que viene ejecutando, como consecuencia de un Recurso de Reposición. Continuando, el impetrante sostiene que promovió un incidente de nulidad relativa en el fondo, contra dicha Resolución, por no haber permitido ni aceptado la prueba documental consistente en contratos y recibos del proyecto “APOYO A LA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA Y COMUNIDADES ALEDAÑAS”, lo que viola el artículo 153 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. Reitera el pedidor de Amparo que los contratos y recibos que propuso como prueba tienen relación directa con la demanda ejecutiva.- CONSIDERANDO (4): Que de la lectura del escrito y formalización de la Acción de Amparo, el recurrente centra su tesis de vulneración a su derecho a la defensa, en que tanto el A-quo como el Ad-quem no tomaron en cuenta la prueba documental relacionada con contratos y recibos, aplicando erróneamente el artículo 236 numeral 2 del Código Procesal Civil, haciendo también referencia al artículo 234.1 de la precitada normativa, al considerar que la prueba propuesta guarda relación directa con el proceso y el acto que se ejecuta y que es una prueba que permite aclarar las circunstancias del Reparo Administrativo, por ello considera vulnerados los derechos contenidos en los artículos 82, 94 y 97 de la Constitución de la República, haciendo énfasis en la vulneración al derecho de defensa; sostiene el impetrante que corresponde a los jueces y magistrados admitir y valorar la prueba que ante ellos se propone, para garantizar el derecho a la legitima defensa y al no admitir la prueba se convierten en violadores de las garantías constitucionales.- CONSIDERANDO (5): Que el recurrente en Amparo, hace énfasis en la vulneración del derecho constitucional a la defensa, contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República el cual establece: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la Republica tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”- CONSIDERANDO (6): Que la garantía del debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. En ese orden de ideas el artículo 3 del Código Procesal Civil establece: “DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.” - CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[2], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.- CONSIDERANDO (8): Que en la motivación y fundamentos de derecho de la resolución que se recurre en Amparo, la Alzada en el acápite quinto deja plasmado sus argumentos en relación a la declaratoria Sin Lugar del recurso de apelación promovido por el recurrente en Amparo, inter alia señala:“… somos del criterio que los argumentos que expone el recurrente para sostener el recurso de apelación, no son consistentes ya que los alcances de tales presupuestos no son acordes al espíritu e interpretación que pretende el recurrente, en primer lugar la pretensión anulatoria del título ejecutivo a la que hace alusión el literal 3 del artículo 792 del Código Procesal Civil va dirigido al fondo de la declaratoria de la responsabilidad civil declarada, en este caso no compete a la vía judicial conocer sobre el fallo que declara la responsabilidad civil del ejecutado, esto porque ya fue conocido ante la instancia administrativa del Tribunal Superior de Cuentas… en ese sentido no es en esta etapa procesal o ante la vía judicial Civil, que se va a conocer si el proceso seguido ante la vía administrativa por el Tribunal Superior de Cuentas se realizó sin observar el debido proceso, ya que la vía administrativa es un proceso independiente al proceso judicial Civil, pues cada una de estas instancias tiene sus propias características que incluyen fases y términos que son particulares, es por tal razón que las alegaciones que respecto a dicho proceso hace el recurrente son extemporáneas, sino estaba de acuerdo con ese fallo del Tribunal Superior de Cuentas, debió instar la vía judicial mediante la Jurisdicción de lo Contenciosos Administrativo a fin de que esta instancia revisara el fallo proferido en la vía administrativa (Tribunal Superior de Cuentas) sin embargo el recurrente a pesar de saber que podía hacer uso de éste recurso no lo utilizó y al no agotar esta alternativa de revisión y enmienda sobre lo actuado por el Tribunal Superior de Cuentas, a estas alturas, el fallo que lo declara responsable civilmente adquirió firmeza, por lo tanto se convirtió en un título ejecutivo y los vicios que considera el recurrente, fueron consentidos por el mismo, desde el momento que una vez que se le notificó el fallo, dejo precluir el termino de treinta (30) días….” -En relación a la inadmisión de los medios de prueba tanto por el A-quo como por el Ad-quem, que es el alegato fundamental del recurrente en Amparo, el Tribunal recurrido expone: “En lo relativo a que la Juez de Primera Instancia inadmitió los medios de prueba ofertados en la audiencia de oposición y que esto le provocó indefensión al ejecutado, sobre este tema es importante recordar que los medios de prueba deben ser útiles, pertinentes y procedentes en relación con la pretensión de la parte proponente, en el caso en estudio se aprecia que la oferta de pruebas va dirigida a desvirtuar la responsabilidad civil declarada por el Tribunal Superior de Cuentas, desviándose del objeto del proceso que es la ejecución de esa declaratoria de responsabilidad civil, en esa línea de pensamiento conforme al artículo 236 literal 2 del Código Procesal Civil… por lo que amparado en tales conceptos es que se aprecia que la prueba ofertada no reúne los requisitos de admisibilidad que la norma exige, para el objeto de acreditar la pretensión de oposición del ejecutado; siendo por tales razones inadmisibles los medios de pruebas propuestos y consecuentemente no es procedente la apertura a pruebas en esta instancia…” CONSIDERANDO (9): Que, para la inadmisión de la prueba propuesta por el impetrante, el cual es su alegato esencial en relación a la vulneración de derechos constitucionales, específicamente el derecho de defensa, la Alzada se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 236 numeral 2, del Código Procesal Civil, relacionado a la inadmisión de pruebas, percepto que señala: “INADMISIÓN DE PRUEBAS. 1… 2. No se admitirán tampoco las pruebas impertinentes o improcedentes. Son impertinentes las pruebas que no guardan relación con lo que sea objeto del proceso. Son improcedentes las pruebas no necesarias.” -CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma es ajustada a derecho, pues se ha respetado el Principio de Legalidad o primacía de la ley, principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. El recurrente plantea la vulneración al derecho de defensa, por la aplicación errónea, según sus argumentos, del precepto 236.2 del Código Procesal Civil, en la resolución de fecha catorce de junio del año dos mil veintiuno dictada por el Ad-quem, al inadmitir prueba propuesta con el fin de aclarar las circunstancias del Reparo Administrativo declarada por el Tribunal Superior de Cuentas. Del estudio de la resolución impugnada, se observa que la inadmisión de la prueba en segunda instancia, fue dictada en fundamento a lo establecido en el Artículo 236 numeral 2 del Código Procesal Civil, que establece que no se admitirá la prueba impertinente o improcedente. El razonamiento de la Alzada se muestra acorde a lo establecido en la norma legal, en cuanto a que el recurrente pretende en los motivos de oposición planteados, que se revisen cuestiones de fondo en cuanto a la responsabilidad civil que ya fue declarada en vía administrativa por el Tribunal Superior de Cuentas; por ello el recurso de Apelación le ha sido desestimado al recurrente en Amparo, en atención a que sus alegaciones y la interpretación que pretende de ellas, no son acordes a lo establecido en la ley. En ese orden de ideas el recurrente expone lo referido en el artículo 234 del Código Procesal Civil, en tanto la prueba recaerá sobre los hechos que guarden relación con la tutela judicial que pretenda obtener en el proceso; no obstante a ello y como bien argumenta la Alzada, no compete a la vía judicial conocer sobre el fallo que declara la responsabilidad civil del ejecutado, ello porque esa tarea corresponde realizarse en la vía administrativa al Tribunal Superior de Cuentas, debiendo en esa instancia el interesado instar todos los medios de impugnación que la ley pone a su disposición, ante la emisión de una resolución que pueda afectar sus derechos. Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho de defensa, ello ante la inadmisión de medios de prueba en la Oposición a la Ejecución de Título Extrajudicial, derivado de Resolución emitida por el Tribunal Superior de Cuentas, transgresión que no se observa, pues la resolución fue emitida aplicando la ley vigente al caso en concreto, haciendo prevalecer con ello que el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas, especialmente en aquellas cuya intervención del poder público se encuentra directamente ligado a los derechos del individuo. Reiterando esta Sala de lo Constitucional que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.-CONSIDERANDO (11): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos.-CONSIDERANDO (12): Que, al haberse determinado la no vulneración de las garantías constitucionales señaladas, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90, párrafo primero, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8, 21 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3, 7, 234.1, 236.2, 782, 790 y 792 del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado ANTONIO JOSUE COREA, a favor de SÍ MISMO, contra la Resolución de fecha CATORCE (14) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), DICTADA POR LA CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la magistrada Reina Hércules.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los nueve (9) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintitrés (2023) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0923-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.
[2] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11.