Sentencia AC-915-22 — Registro 17731
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó Resolución dictada por Juzgado de Instancia que estimó Demanda de Tercería de Dominio promovida por persona natural Demandante, quien actúa en su condición de madre y representante legal de menor de edad contra Recurrente; Ordenó el cese del Embargo decretado sobre bien Inmueble propiedad de la menor de edad, ordenando librar el Mandamiento al Registro para el efecto de dicha cancelación; La Autoridad recurrida en base a los medios de prueba aportados concluyó que la resolución está apegada a derecho sin vulneración de derechos fundamentales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"Esta sala de lo Constitucional al examinar el caso de marras, es del criterio que, el primer motivo no es de recibo, en tanto que por disposición del artículo 206 del Código Procesal Civil, las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas, entendiendo que una sentencia es clara cuando esta respeta la significación del lenguaje empleado en la misma de tal manera que los conceptos y criterios esbozados en ella son perfectamente entendibles; es precisa cuando se entiende la decisión judicial, en tanto ha acotado la resolución del conflicto a la cuestión estrictamente debatida; y es exhaustiva, cuando la sentencia es completa, esto es, que ha dado respuestas a todas las pretensiones de las partes, estos elementos del fallo tienen vinculación con el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías, entre las cuales sin duda se deriva el derecho a la motivación, así lo ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar a la motivación como una de las “debidas garantías” a que se refiere el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos..."..."Este Tribunal Constitucional, ha examinado la sentencia de la Corte de Apelaciones y encuentra que ha expuesto su decisión con la suficiente claridad, precisión y exhaustividad en los términos que antes hemos conceptualizado, en tanto que ha ofrecido los razonamientos fácticos y jurídicos que ha relacionado con la apreciación y valoración de la prueba, valorando la misma tanto individualmente como en forma conjunta; la violación al derecho de defensa solo concurre en aquellos casos es que se provoca una supresión o restricción sustancial de los derechos que corresponde a las partes en función de su posición procesal y la vulneración procesal implica una privación del derecho de defensa que acarrea un perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado, y estas circunstancias, no se observan en el caso subjudice..."..."Al examinar el segundo motivo, esta Sala Constitucional, considera que el proceso se ha llevado a cabo con las formalidades y garantían previstas en la ley, por las razones que hemos expuesto en el considerando anterior, en donde ya hemos destacado la relación de los requisitos de claridad, precisión y exhaustividad de las sentencias con la motivación, tanto así que el recurrente lo que hace en este motivo es prácticamente invertir el abordaje, comenzando por el artículo 207 y terminando con el artículo 206 del Código Procesal Civil, pero plantándolo desde la óptica del debido proceso, que sin duda está íntimamente ligado al derecho de defensa y cuyos argumentos hemos expuesto en el considerando anterior, razón por la cual opinamos que este segundo motivo tampoco es procedente..."..."al tercer motivo, esta Sala de lo Constitucional, estima que este motivo no es de recibo, porque del examen de los autos se colige que los tribunales de instancia han hecho una apreciación y valoración de la prueba individual y conjuntamente; no puede considerarse una violación al derecho a la igualdad el hecho que la valoración de la prueba de una de las partes no conduzca a un sentido del fallo favorable a los intereses de la parte que la propuso, el hecho que un tribunal de instancia, luego de valorar la prueba de ambas partes, no favorezca en su fallo a una de ellas no implica una infracción al principio de igualdad, si al valorar la prueba de ambas partes, este ejercicio se deduce clara y terminantemente de los fundamentos fácticos y jurídicos, tal como acontece en el caso de marras..."..."al cuarto motivo, esta Sala de lo Constitucional considera que no concurre la violación al artículo 321 de la Constitución de la República en virtud de que lo que viene planteando el recurrente tiene relación con los presupuestos para la procedencia de una tercería de dominio, lo que tiene relación precisamente con lo que constituye el objeto del litigio; El artículo 321 constitucional se relaciona con las facultades de los servidores del estado, no con los derechos fundamentales de las partes, en ese sentido, este Tribunal, es del criterio que, la Corte de Apelaciones ha motivado razonablemente su decisión en base a los elementos controvertidos incorporados oportunamente por las partes y en base a la prueba evacuada, lo que en nuestra opinión no puede ser objeto de examen de la justicia constitucional por constituir aspectos de mera legalidad que corresponden a los órganos jurisdiccionales competentes de primera y segunda instancia tal y como lo han hecho; sobre este criterio, cabe recordar lo que este Tribunal ha venido reiterando: “las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrario sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio”.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.1 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"Esta sala de lo Constitucional al examinar el caso de marras, es del criterio que, el primer motivo no es de recibo, en tanto que por disposición del artículo 206 del Código Procesal Civil, las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas, entendiendo que una sentencia es clara cuando esta respeta la significación del lenguaje empleado en la misma de tal manera que los conceptos y criterios esbozados en ella son perfectamente entendibles; es precisa cuando se entiende la decisión judicial, en tanto ha acotado la resolución del conflicto a la cuestión estrictamente debatida; y es exhaustiva, cuando la sentencia es completa, esto es, que ha dado respuestas a todas las pretensiones de las partes, estos elementos del fallo tienen vinculación con el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías, entre las cuales sin duda se deriva el derecho a la motivación, así lo ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar a la motivación como una de las “debidas garantías” a que se refiere el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos..."..."Este Tribunal Constitucional, ha examinado la sentencia de la Corte de Apelaciones y encuentra que ha expuesto su decisión con la suficiente claridad, precisión y exhaustividad en los términos que antes hemos conceptualizado, en tanto que ha ofrecido los razonamientos fácticos y jurídicos que ha relacionado con la apreciación y valoración de la prueba, valorando la misma tanto individualmente como en forma conjunta; la violación al derecho de defensa solo concurre en aquellos casos es que se provoca una supresión o restricción sustancial de los derechos que corresponde a las partes en función de su posición procesal y la vulneración procesal implica una privación del derecho de defensa que acarrea un perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado, y estas circunstancias, no se observan en el caso subjudice..."..."Al examinar el segundo motivo, esta Sala Constitucional, considera que el proceso se ha llevado a cabo con las formalidades y garantían previstas en la ley, por las razones que hemos expuesto en el considerando anterior, en donde ya hemos destacado la relación de los requisitos de claridad, precisión y exhaustividad de las sentencias con la motivación, tanto así que el recurrente lo que hace en este motivo es prácticamente invertir el abordaje, comenzando por el artículo 207 y terminando con el artículo 206 del Código Procesal Civil, pero plantándolo desde la óptica del debido proceso, que sin duda está íntimamente ligado al derecho de defensa y cuyos argumentos hemos expuesto en el considerando anterior, razón por la cual opinamos que este segundo motivo tampoco es procedente..."..."al tercer motivo, esta Sala de lo Constitucional, estima que este motivo no es de recibo, porque del examen de los autos se colige que los tribunales de instancia han hecho una apreciación y valoración de la prueba individual y conjuntamente; no puede considerarse una violación al derecho a la igualdad el hecho que la valoración de la prueba de una de las partes no conduzca a un sentido del fallo favorable a los intereses de la parte que la propuso, el hecho que un tribunal de instancia, luego de valorar la prueba de ambas partes, no favorezca en su fallo a una de ellas no implica una infracción al principio de igualdad, si al valorar la prueba de ambas partes, este ejercicio se deduce clara y terminantemente de los fundamentos fácticos y jurídicos, tal como acontece en el caso de marras..."..."al cuarto motivo, esta Sala de lo Constitucional considera que no concurre la violación al artículo 321 de la Constitución de la República en virtud de que lo que viene planteando el recurrente tiene relación con los presupuestos para la procedencia de una tercería de dominio, lo que tiene relación precisamente con lo que constituye el objeto del litigio; El artículo 321 constitucional se relaciona con las facultades de los servidores del estado, no con los derechos fundamentales de las partes, en ese sentido, este Tribunal, es del criterio que, la Corte de Apelaciones ha motivado razonablemente su decisión en base a los elementos controvertidos incorporados oportunamente por las partes y en base a la prueba evacuada, lo que en nuestra opinión no puede ser objeto de examen de la justicia constitucional por constituir aspectos de mera legalidad que corresponden a los órganos jurisdiccionales competentes de primera y segunda instancia tal y como lo han hecho; sobre este criterio, cabe recordar lo que este Tribunal ha venido reiterando: “las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrario sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio”.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.1 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"Esta sala de lo Constitucional al examinar el caso de marras, es del criterio que, el primer motivo no es de recibo, en tanto que por disposición del artículo 206 del Código Procesal Civil, las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas, entendiendo que una sentencia es clara cuando esta respeta la significación del lenguaje empleado en la misma de tal manera que los conceptos y criterios esbozados en ella son perfectamente entendibles; es precisa cuando se entiende la decisión judicial, en tanto ha acotado la resolución del conflicto a la cuestión estrictamente debatida; y es exhaustiva, cuando la sentencia es completa, esto es, que ha dado respuestas a todas las pretensiones de las partes, estos elementos del fallo tienen vinculación con el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías, entre las cuales sin duda se deriva el derecho a la motivación, así lo ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar a la motivación como una de las “debidas garantías” a que se refiere el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos..."..."Este Tribunal Constitucional, ha examinado la sentencia de la Corte de Apelaciones y encuentra que ha expuesto su decisión con la suficiente claridad, precisión y exhaustividad en los términos que antes hemos conceptualizado, en tanto que ha ofrecido los razonamientos fácticos y jurídicos que ha relacionado con la apreciación y valoración de la prueba, valorando la misma tanto individualmente como en forma conjunta; la violación al derecho de defensa solo concurre en aquellos casos es que se provoca una supresión o restricción sustancial de los derechos que corresponde a las partes en función de su posición procesal y la vulneración procesal implica una privación del derecho de defensa que acarrea un perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado, y estas circunstancias, no se observan en el caso subjudice..."..."Al examinar el segundo motivo, esta Sala Constitucional, considera que el proceso se ha llevado a cabo con las formalidades y garantían previstas en la ley, por las razones que hemos expuesto en el considerando anterior, en donde ya hemos destacado la relación de los requisitos de claridad, precisión y exhaustividad de las sentencias con la motivación, tanto así que el recurrente lo que hace en este motivo es prácticamente invertir el abordaje, comenzando por el artículo 207 y terminando con el artículo 206 del Código Procesal Civil, pero plantándolo desde la óptica del debido proceso, que sin duda está íntimamente ligado al derecho de defensa y cuyos argumentos hemos expuesto en el considerando anterior, razón por la cual opinamos que este segundo motivo tampoco es procedente..."..."al tercer motivo, esta Sala de lo Constitucional, estima que este motivo no es de recibo, porque del examen de los autos se colige que los tribunales de instancia han hecho una apreciación y valoración de la prueba individual y conjuntamente; no puede considerarse una violación al derecho a la igualdad el hecho que la valoración de la prueba de una de las partes no conduzca a un sentido del fallo favorable a los intereses de la parte que la propuso, el hecho que un tribunal de instancia, luego de valorar la prueba de ambas partes, no favorezca en su fallo a una de ellas no implica una infracción al principio de igualdad, si al valorar la prueba de ambas partes, este ejercicio se deduce clara y terminantemente de los fundamentos fácticos y jurídicos, tal como acontece en el caso de marras..."..."al cuarto motivo, esta Sala de lo Constitucional considera que no concurre la violación al artículo 321 de la Constitución de la República en virtud de que lo que viene planteando el recurrente tiene relación con los presupuestos para la procedencia de una tercería de dominio, lo que tiene relación precisamente con lo que constituye el objeto del litigio; El artículo 321 constitucional se relaciona con las facultades de los servidores del estado, no con los derechos fundamentales de las partes, en ese sentido, este Tribunal, es del criterio que, la Corte de Apelaciones ha motivado razonablemente su decisión en base a los elementos controvertidos incorporados oportunamente por las partes y en base a la prueba evacuada, lo que en nuestra opinión no puede ser objeto de examen de la justicia constitucional por constituir aspectos de mera legalidad que corresponden a los órganos jurisdiccionales competentes de primera y segunda instancia tal y como lo han hecho; sobre este criterio, cabe recordar lo que este Tribunal ha venido reiterando: “las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrario sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio”.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.1 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"Esta sala de lo Constitucional al examinar el caso de marras, es del criterio que, el primer motivo no es de recibo, en tanto que por disposición del artículo 206 del Código Procesal Civil, las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas, entendiendo que una sentencia es clara cuando esta respeta la significación del lenguaje empleado en la misma de tal manera que los conceptos y criterios esbozados en ella son perfectamente entendibles; es precisa cuando se entiende la decisión judicial, en tanto ha acotado la resolución del conflicto a la cuestión estrictamente debatida; y es exhaustiva, cuando la sentencia es completa, esto es, que ha dado respuestas a todas las pretensiones de las partes, estos elementos del fallo tienen vinculación con el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías, entre las cuales sin duda se deriva el derecho a la motivación, así lo ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar a la motivación como una de las “debidas garantías” a que se refiere el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos..."..."Este Tribunal Constitucional, ha examinado la sentencia de la Corte de Apelaciones y encuentra que ha expuesto su decisión con la suficiente claridad, precisión y exhaustividad en los términos que antes hemos conceptualizado, en tanto que ha ofrecido los razonamientos fácticos y jurídicos que ha relacionado con la apreciación y valoración de la prueba, valorando la misma tanto individualmente como en forma conjunta; la violación al derecho de defensa solo concurre en aquellos casos es que se provoca una supresión o restricción sustancial de los derechos que corresponde a las partes en función de su posición procesal y la vulneración procesal implica una privación del derecho de defensa que acarrea un perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado, y estas circunstancias, no se observan en el caso subjudice..."..."Al examinar el segundo motivo, esta Sala Constitucional, considera que el proceso se ha llevado a cabo con las formalidades y garantían previstas en la ley, por las razones que hemos expuesto en el considerando anterior, en donde ya hemos destacado la relación de los requisitos de claridad, precisión y exhaustividad de las sentencias con la motivación, tanto así que el recurrente lo que hace en este motivo es prácticamente invertir el abordaje, comenzando por el artículo 207 y terminando con el artículo 206 del Código Procesal Civil, pero plantándolo desde la óptica del debido proceso, que sin duda está íntimamente ligado al derecho de defensa y cuyos argumentos hemos expuesto en el considerando anterior, razón por la cual opinamos que este segundo motivo tampoco es procedente..."..."al tercer motivo, esta Sala de lo Constitucional, estima que este motivo no es de recibo, porque del examen de los autos se colige que los tribunales de instancia han hecho una apreciación y valoración de la prueba individual y conjuntamente; no puede considerarse una violación al derecho a la igualdad el hecho que la valoración de la prueba de una de las partes no conduzca a un sentido del fallo favorable a los intereses de la parte que la propuso, el hecho que un tribunal de instancia, luego de valorar la prueba de ambas partes, no favorezca en su fallo a una de ellas no implica una infracción al principio de igualdad, si al valorar la prueba de ambas partes, este ejercicio se deduce clara y terminantemente de los fundamentos fácticos y jurídicos, tal como acontece en el caso de marras..."..."al cuarto motivo, esta Sala de lo Constitucional considera que no concurre la violación al artículo 321 de la Constitución de la República en virtud de que lo que viene planteando el recurrente tiene relación con los presupuestos para la procedencia de una tercería de dominio, lo que tiene relación precisamente con lo que constituye el objeto del litigio; El artículo 321 constitucional se relaciona con las facultades de los servidores del estado, no con los derechos fundamentales de las partes, en ese sentido, este Tribunal, es del criterio que, la Corte de Apelaciones ha motivado razonablemente su decisión en base a los elementos controvertidos incorporados oportunamente por las partes y en base a la prueba evacuada, lo que en nuestra opinión no puede ser objeto de examen de la justicia constitucional por constituir aspectos de mera legalidad que corresponden a los órganos jurisdiccionales competentes de primera y segunda instancia tal y como lo han hecho; sobre este criterio, cabe recordar lo que este Tribunal ha venido reiterando: “las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrario sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio”.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.1 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de agosto del año dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de agosto del año dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Allan Roberto Núñez Ramos, a favor de la sociedad mercantil Centro Médico Sampedrano S. A. de C.V., (CEMESA), contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós, que declaró con lugar el recurso de apelación impetrado contra la resolución de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación al proceso declarativo abreviado de una demanda de tercería de dominio promovida por la señora Rudy Concepción Salas Durán contra la sociedad mercantil Centro Médico Sampedrano S.A de C.V., (CEMESA) y la señora Azucena Peralta de Cook. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1)En fecha dieciséis de junio de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Rafel Eduardo Murillo Coto, en su condición de Apoderado de la señora Rudy Concepción Salas Durán, quien a su vez actúa en su condición de madre y representante legal de la menor de edad Sofia Valentina Ríos Salas, presentando “DEMANDA DE TERCERÍA DE DOMINIO, SUSPENSIÓN INMEDIATA DE TODA GESTIÓN CAUTELAR SOBRE EL BIEN OBJETO DE LA TECERÍA”, contra CEMESA S.A. y contra la señora Azucena Peralta de Cook. (Folios 1-2 de la pieza del A-quo)2)En fecha veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual el cual falló: “…PRIMERO: ESTIMANDO la Tercería de Dominio a través del Proceso Declarativo Abreviado presentada por el Abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO en su condición de apoderado legal de la señora RUDY CONCEPCION SALAS DURAN quien actúa en su condición de madre y por ende representante legal de la menor SOFIA VALENTINA RIOS SALAS contra la sociedad mercantil denominada CENTRO MEDICO SAMPEDRANO S.A. (CEMESA) y la señora AZUCENA PERALTA DE COOK, todos de generales conocidos en el preámbulo de esta Sentencia; SEGUNDO: ORDENA el cese del Embargo decretado en Autos sobre el bien inmueble propiedad de la menor SOFIA VALENTINA RIOS SALAS representada por su madre la señora RUDY CONCEPCION SALAS DURAN, inmueble registrado bajo Matrícula No.473603 Asiento No.1, y el Embargo inscrito bajo Número 22 del Tomo 6266 en el Registro de la Propiedad Inmueble, dependencia del Instituto de la Propiedad; TERCERO: MANDA que se libre atento Mandamiento al Registro en mención a efecto de que sea cancelado el Embargo decretado en Autos; CUARTO: SIN COSTAS con relación a la demandada señora AZUCENA PERALTA MEYER y CON COSTAS en relación a la sociedad mercantil demandada CENTRO MEDICO SAMPEDRANO, S.A. (CEMESA)…” (Folios 138-142 de la pieza del A-quo)3)Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Allan Roberto Núñez Ramos, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic)“…PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado ALLAN ROBERTO NUÑEZ RAMOS, como apoderado judicial de la Sociedad Mercantil denominada CENTRO MEDICO SAMPEDRANO S.A, más conocida como HOSPITAL CEMESA, contra el AUTO de fecha veintitrés de agosto del dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en la demanda de tercería de dominio, a través del Proceso Declarativo Abreviado, promovida por el abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO en su condición de apoderada judicial de la señora RUDY CONCEPCION SALAS DURAN, quien actúa en su condición de madre y por ende en representación legal de la menor SOFIA VALENTINA RIOS SALAS, contra la sociedad mercantil denominada CENTRO MEDICO SAMPEDRANO S.A, más conocida como HOSPITAL CEMESA y la señora AZUCENA PERALTA DE COOK.-SEGUNDO: CONFIRMAR el AUTO de fecha veintitrés de agosto del dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, que corre agregada al expediente de mérito…” (Folios 5-8 de la pieza del Ad-quem)4)En fecha trece de junio de dos mil veintidós, el Abogado Allan Roberto Núñez Ramos, compareció ante esta Sala, interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad Centro Médico Sampedrano, S. A. de C. V. (CEMESA), contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-quem, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. 5)En fecha dos de diciembre de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado el Abogado Allan Roberto Núñez Ramos, en fecha uno de noviembre de dos mil veintidós, ordenándole a la Secretaría de este Tribunal poner a la vista las presentes diligencias por el término de 48 horas para que el Fiscal emitiera su dictamen. (Folio 49 del recurso)6)En fecha veinte de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Sandra Lorena Zuniga García, quien en su apreciación jurídica de los hechos controvertidos, expone lo siguiente: “…Que esta representación fiscal luego de revisar y analizar el antecedente de mérito, constata que el apoderado de la parte recurrente allegó a la audiencia de tercería: Tracto sucesivo de 4 Certificaciones registrales que contiene el inmueble Nn.61 del Tomo 953 y posteriormente traslado de Matricula 473603 del 19 de enero del 2019, que a continuación se describen: 1) Instrumento número seis (06) de fecha 06 de mayo de 1987, que establece que la señora AZUCENA PERALTA MEYER DE COOK, adquirió el bien inmueble en conflicto (folio 52 al 57). 2) Instrumento número seiscientos sesenta (660) de fecha 14 de agosto del 2009, donde se establece que la señora AZUCENA PERALTA MEYER DE COOK, otorga en venta el inmueble en referencia a la señora AMINTA PERALTA MEYER y que el mismo se encuentra libre de gravamen (folio 69 al 70). 3) Instrumento número ciento veintiséis (126) de fecha 14 de junio del 2012, el cual establece que la señora AMINTA PERALTA MEYER dio en venta el bien inmueble al señor ALAN DAVID DUBE PERALTA (Folio 74 al 75). 4) Instrumento número doscientos cincuenta y dos (252) de fecha 24 de marzo del 2015, el cual establece que el señor ALAN DAVID DUBE PERALTA otorgó en venta el bien inmueble a la señora RUDY CONCEPCION SALAS DURAN quien actúa como representante legal de su menor hija SOFIA VALENTINA RIOS SALAS (Folio 80 al 82); si bien es cierto, el amparista acreditó con la Hoja de Notas (Folio 57 vuelto) que en fecha 11 de agosto del 2009, se efectuó inscripción de embargo sobre el inmueble en referencia, no obstante se desprende de los autos Constancia extendida por el Instituto de la Propiedad de Cortés / San Pedro, de fecha 04 de Marzo del 2015, donde establece que el inmueble con matrícula 473603 (en conflicto) se encuentra libre de gravamen, condición que se ve igualmente reflejada en cada uno de los instrumentos de propiedad que fueron otorgados en las ventas efectuadas sobre dicho inmueble, desprendiéndose de las probanzas que fue el Instituto de la Propiedad, quien provocó el error al establecer que no existía gravamen sobre el bien en litigio, y procedió a inscribir los instrumentos que perfeccionan las ventas del inmueble. Finalmente debemos indicar, que si bien el Tribunal de Alzada en el apartado Tercero del fallo impugnado indica que el embargo de fecha 11 de agosto del 2009, le resulta contradictorio en vista que el bien inmueble sobre el cual recayó dicho embargo no formaba parte del patrimonio de la señora Azucena Peralta Meyer de Cook al haber dado en venta el inmueble a la señora Aminta Peralta Meyer, según inscripción número 5 del Tomo 4066 del cinco de diciembre del 2001, no obstante, se evidencia a folio 121 al 124 de la pieza principal que dicho inmueble fue inscrito nuevamente a favor de la señora Azucena Peralta Meyer de Cook el 12 de enero del 2004, por lo que si formaba parte de sus activos cuando se produjo el embargo en vista que fue hasta el 14 de agosto del 2009, que nuevamente lo dio en venta a la señora Aminta Peralta; aspecto que a nuestro criterio no incide en el resultado, en virtud que como ya se indicó con anterioridad, quien provocó la equivocación es la entidad encargada del registro (Instituto de la Propiedad) situación que no puede ir en detrimento del derecho de propiedad que le asiste a la parte actora (tercerista), es por ello, que se comparte el criterio de la Alzada en torno a que el impetrante no logra desacreditar la tercería, es así, que el artículo 2348 del Código Civil establece: "El tenedor de un título inscrito tendrá derecho para oponerse a que se embarguen los bienes inmuebles a que el título se refiere, o a que se inventaríen, a consecuencia de acciones que no se dirijan contra él...", por lo cual no se aprecia que el fallo transgreda las garantías fundamentales invocadas por el amparista. IV.CONCLUSIÓN Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que SE DECLARE SIN LUGAR la acción de amparo planteada.” (Folios 53-56 del recurso de mérito)CONSIDERANDO (1): Conforme lo disponen los artículos 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 3, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo.CONSIDERANDO (2): La acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.CONSIDERANDO (3) El recurrente al formalizar la acción constitucional de amparo, argumenta como primer motivo, que la Corte de Apelaciones en la sentencia viola el derecho de defensa establecido en el artículo 82 constitucional, al declarar sin lugar el recurso de apelación violentando los presupuestos que debe contener la motivación de una resolución judicial, arguyendo que infringe lo dispuesto en el artículo 206 del Código Procesal Civil, ya que no es precisa, ni exhaustiva; en razón que se limita a una muy escueta exposición de los extremos de una parte no así los de la otra parte. Al exponer el segundo motivo, alega el recurrente que se vulnera el principio del debido proceso contenido en el artículo 90 constitucional, al inobservar lo preceptuado en el artículo 207 del Código Procesal Civil, en tanto la resolución ha infringido en su motivación los razonamientos de hecho y de derecho que conducen a la apreciación y valoración de la prueba aportada por las partes, manifiesta que las sentencias deben tener motivación, en la cual debe expresar una apreciación y valoración de las pruebas; entendiéndose, la propuesta por ambas partes, lo que no se dio, pues de haberse dado la resolución sería distinta, asimismo señala que el tribunal de apelaciones infringió lo preceptuado en el artículo 206 del Código Procesal Civil, quebrantando los principios del debido proceso y el derecho de defensa; estos presupuestos la doctrina los denomina: a) Subsunción, que es el enlace lógico de una situación particular, específica y concreta, con la previsión abstracta, genérica e hipotética contenida en la ley. b) Precisión, necesario, indispensable, exacto, determinado o concreto. C) La exhaustividad, que determina la obligación del juez de analizar, con detalle, todos los puntos controvertidos, las pruebas y alegatos de las partes, al emitir sus resoluciones y sentencia, sin dejar nada pendiente que amerite otro juicio o procedimiento. En el tercer motivo, el recurrente alega la vulneración del principio de igualdad ante la ley contenido en el artículo 60 constitucional, arguyendo que al no apreciar su prueba en su totalidad y aún más, no valorarla, especialmente su prueba documental, es razonablemente aceptable su omisión de relacionar y valorar la prueba documental de meridiana importancia cuya no apreciación y valoración violenta la garantía constitucional referida. En el cuarto motivo viene invocando la vulneración al principio de responsabilidad del estado y de sus servidores contenido en el artículo 321 constitucional en el sentido que procesalmente debe tener el conocimiento jurídico de los presupuestos para la procedencia de una tercería de dominio como lo indica el procesalista Faustino Cordón Moreno y estos son: 1) El derecho de propiedad sobre el bien objeto del embargo, debe probar que la adquisición del dominio por el tercerista fue antes del embargo y 2) que la identidad entre el bien embargado y el bien objeto de la tercería, sean el mismo, de modo que no pueda caber duda de que los bienes que son objeto de la tercería, sean el mismo. Señala también que la medida cautelar de embargo fue decretada y trabada mucho antes de que la ahora tercerista adquiriera el bien inmueble y además que se trata del mismo bien raíz.ONSIDERANDO (4): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (5): Esta sala de lo Constitucional al examinar el caso de marras, es del criterio que, el primer motivo no es de recibo, en tanto que por disposición del artículo 206 del Código Procesal Civil, las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas, entendiendo que una sentencia es clara cuando esta respeta la significación del lenguaje empleado en la misma de tal manera que los conceptos y criterios esbozados en ella son perfectamente entendibles; es precisa cuando se entiende la decisión judicial, en tanto ha acotado la resolución del conflicto a la cuestión estrictamente debatida; y es exhaustiva, cuando la sentencia es completa, esto es, que ha dado respuestas a todas las pretensiones de las partes, estos elementos del fallo tienen vinculación con el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías, entre las cuales sin duda se deriva el derecho a la motivación, así lo ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar a la motivación como una de las “debidas garantías” a que se refiere el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. La Corte ha sostenido: “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Es por esto que las decisiones que adopten los órganos jurisdiccionales deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. Este Tribunal Constitucional, ha examinado la sentencia de la Corte de Apelaciones y encuentra que ha expuesto su decisión con la suficiente claridad, precisión y exhaustividad en los términos que antes hemos conceptualizado, en tanto que ha ofrecido los razonamientos fácticos y jurídicos que ha relacionado con la apreciación y valoración de la prueba, valorando la misma tanto individualmente como en forma conjunta; la violación al derecho de defensa solo concurre en aquellos casos es que se provoca una supresión o restricción sustancial de los derechos que corresponde a las partes en función de su posición procesal y la vulneración procesal implica una privación del derecho de defensa que acarrea un perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado, y estas circunstancias, no se observan en el caso subjudice. CONSIDERANDO (6) Al examinar el segundo motivo, esta Sala Constitucional, considera que el proceso se ha llevado a cabo con las formalidades y garantían previstas en la ley, por las razones que hemos expuesto en el considerando anterior, en donde ya hemos destacado la relación de los requisitos de claridad, precisión y exhaustividad de las sentencias con la motivación, tanto así que el recurrente lo que hace en este motivo es prácticamente invertir el abordaje, comenzando por el artículo 207 y terminando con el artículo 206 del Código Procesal Civil, pero plantándolo desde la óptica del debido proceso, que sin duda está íntimamente ligado al derecho de defensa y cuyos argumentos hemos expuesto en el considerando anterior, razón por la cual opinamos que este segundo motivo tampoco es procedente.CONSIDERANDO (7) En relación al tercer motivo, esta Sala de lo Constitucional, estima que este motivo no es de recibo, porque del examen de los autos se colige que los tribunales de instancia han hecho una apreciación y valoración de la prueba individual y conjuntamente; no puede considerarse una violación al derecho a la igualdad el hecho que la valoración de la prueba de una de las partes no conduzca a un sentido del fallo favorable a los intereses de la parte que la propuso, el hecho que un tribunal de instancia, luego de valorar la prueba de ambas partes, no favorezca en su fallo a una de ellas no implica una infracción al principio de igualdad, si al valorar la prueba de ambas partes, este ejercicio se deduce clara y terminantemente de los fundamentos fácticos y jurídicos, tal como acontece en el caso de marras. CONSIDERANDO (8) En relación al cuarto motivo, esta Sala de lo Constitucional considera que no concurre la violación al artículo 321 de la Constitución de la República en virtud de que lo que viene planteando el recurrente tiene relación con los presupuestos para la procedencia de una tercería de dominio, lo que tiene relación precisamente con lo que constituye el objeto del litigio; El artículo 321 constitucional se relaciona con las facultades de los servidores del estado, no con los derechos fundamentales de las partes, en ese sentido, este Tribunal, es del criterio que, la Corte de Apelaciones ha motivado razonablemente su decisión en base a los elementos controvertidos incorporados oportunamente por las partes y en base a la prueba evacuada, lo que en nuestra opinión no puede ser objeto de examen de la justicia constitucional por constituir aspectos de mera legalidad que corresponden a los órganos jurisdiccionales competentes de primera y segunda instancia tal y como lo han hecho; sobre este criterio, cabe recordar lo que este Tribunal ha venido reiterando: “las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrario sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio” . POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos: 1.1 y 8.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 62, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 46, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGAR el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ALLAN ROBERTO NUÑEZ RAMOS, a favor de la Sociedad Mercantil CENTRO MEDICO SAMPEDRANO S.A. DE C.V. (CEMESA), contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL.“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de noviembre del año dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para resolver el recurso de reposición interpuesto por el abogado ALLAN ROBERTO NÚÑEZ RAMOS, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha dieciséis de agosto del año dos mil veintitrés, en la acción de amparo interpuesta a favor de la Sociedad Mercantil Centro Médico Sampedrano S.A, de C.V., contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintitrés de mayo del año dos mil veintidós, que declaró con lugar el recurso de apelación impetrado contra la resolución de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en el proceso declarativo abreviado de una demanda de tercería de dominio promovida por la señora Rudy Concepción Salas Durán contra la Sociedad Mercantil Centro Médico Sampedrano S.A. de C.V. (CEMESA) y la señora Azucena Peralta de Cook. ANTECEDENTES1)En fecha dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, esta Sala de lo Constitucional dictó sentencia en la Acción de Amparo registrada con el número SCO 0915-2023, mediante la cual falló denegando el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ALLAN ROBERTO NÚÑEZ RAMOS a favor de la Sociedad Mercantil Centro Médico Sampedrano S.A. de C.V. (CEMESA, contra la resolución dictada en fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés.2)En fecha diez de octubre de dos mil veintitrés, el Abogado ALLAN ROBERTO NUÑEZ RAMOS, interpuso recurso de reposición contra la resolución dictada en la presente acción de amparo, motivando su recurso básicamente en lo siguiente: a)Refiere puntualmente que la infracción al debido proceso consiste en la no valoración de una prueba documental aportada por las partes procesales, prueba cuya no valoración violenta los artículos 245 y 246 del Código Procesal Civil que constituye un pilar fundamental que garantiza el debido proceso y el derecho de defensa, argumenta que el adquem no apreció ni valoró la prueba y que esa infracción no es de mera legalidad. b) El no valorar el ad quem una prueba propuesta en tiempo y forma, no constituye una infracción de mera legalidad. C) Constituye una violación a los principios de derecho de defensa y debido proceso el no valorar la prueba del recurrente, no así la de la parte contraria, con lo que se violenta el principio de igualdad.CONSIDERANDO (1): Conforme lo dispone el artículo 120 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad por la Sala de lo Constitucional, solo cabrá el recurso de reposición. CONSIDERANDO (2): Esta sala de lo Constitucional ha dado respuesta oportunamente a cada uno de los motivos de amparo, abordando en el considerando número siete las razones por las cuales estima que no es de recibo el tercer motivo de amparo que es precisamente en donde el accionante alega la no valoración de prueba aportada; reconociendo esta sala que los tribunales de instancia apreciaron y valoraron la prueba individual y conjuntamente, enfatizando que no se vulnera el derecho a la igualdad por el hecho que la valoración de la prueba de una de las partes no conduzca a un sentido favorable a la parte que la propuso; dicho esto, resulta notorio que al dar respuesta a este motivo en concreto, este Tribunal de casación no hizo alusión a alegatos de mera legalidad, como lo pretende hacer ver ahora el impetrante en su recurso de reposición; La sala hizo referencia a aspectos de mera legalidad cuando abordó la respuesta al cuarto motivo de amparo relacionado con la presunta violación del artículo 321 Constitucional, no mencionando ese argumento para la respuesta de la presunta violación del derecho de igualdad, por lo tanto, no procede el recurso de reposición. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 7 inciso 2), 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos: 1.1, 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 60, 61, 62,82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 Y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el abogado ALLAN ROBERTO NÚÑEZ RAMOS, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional en fecha dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, en la acción de amparo interpuesta a favor de la Sociedad Mercantil CENTRO MÉDICO SAMPEDRADO S.A. DE C.V. (CEMESA), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós Y MANDA: Con la certificación de esta resolución se remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de abril de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, y Reposición de fecha treinta de noviembre de dos mil veintitrés recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0915-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.