Sentencia AC-91-23 — Registro 17927
Resumen
Acto recurrido contra la sentencia que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del a-quo, relacionada según el recurrente a la ejecución forzosa de título extrajudicial derivado de la demanda la ejecución forzosa de título extrajudicial
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que los alegatos de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que los alegatos de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad.."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de mayo del año dos mil veintitrés. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado NAZARET EMMANUELLE ARAGON GUTIERREZ, a favor de la sociedad mercantil denominada HONDURAS ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEMS S. DE R.L. DE C.V., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil veintidós, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia emitida por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIONAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil veintidós, relacionada según el recurrente a la ejecución forzosa de título extrajudicial derivado de la demanda la ejecución forzosa de título extrajudicial, promovida por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA como representante legal del ESTADO DE HONDURAS, en contra de la sociedad mercantil denominada HONDURAS ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEMS S. DE R.L. DE C.V.CONSIDERANDO: Que del análisis de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de determinar la exigibilidad del título que sustenta la demanda, lo cual fue decidido por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIONAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, ante el cual se planteó y posteriormente por el Tribunal de Alzada, el cual vía del recurso de apelación tuvo por desestimada la oposición planteada por el recurrente y ordenó la continuación del proceso vía apremio, no apreciando esta Sala, que los derechos que señala el recurrente hayan sido vulnerado, advirtiendo en su lugar que se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley.CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión se observa ha sido resuelto respetando en todo momento el procedimiento regulado por la ley.CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que la alegación en que el impetrante basa su recurso, refiere que se violentaron el Derecho de Defensa y la Garantía del Debido Proceso, por considerar no ha sido juzgado con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. Esta Sala aprecia, sin embargo, que los órganos jurisdiccionales que conocieron del asunto en sus respectivas resoluciones, aplicaron correctamente lo dispuesto por la ley adjetiva, para el asunto que nos ocupa, siendo que el recurrente presento argumentos encaminados a refutar el título que sustenta el proceso, mismo que ha tenido la oportunidad de alegar y según se aprecia ha sido resuelta al tenor de lo que estipula la ley. CONSIDERANDO: Que los alegatos de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 457 y 470 Código de Procedimientos de 1906; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado NAZARET EMMANUELLE ARAGON GUTIERREZ, a favor de la sociedad mercantil denominada HONDURAS ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEMS S. DE R.L. DE C.V., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil veintidós; al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. – SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de julio de dos mil veintitrés y Certificación de la resolución de fecha once de mayo de dos mil veintitrés recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0091-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.