Sentencia AC-88-22 — Registro 17619
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que declaró sin lugar el recurso de apelación con relación a la “demanda por vía de proceso ordinario para que se declare obligación, Estimando el recurrente que con la inadmisión a trámite la presente demanda se ha violado en perjuicio de su representado derecho constitucionales.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (7): Que la acción de amparo se configura como un proceso autónomo que tiene como finalidad esencial la protección de los derechos fundamentales frente a violaciones actuales o a amenazas, convirtiendo los derechos fundamentales en algo efectivo para su protección formal y material. En ese orden de ideas en relación al caso en estudio, esta Sala aprecia que la Corte Primera de Apelaciones que conoció el recurso de apelación interpuesto, ha razonado y fundamentado debidamente su decisión, puesto que el hoy recurrente solicitó su pretensión mediante procedimiento declarativo ordinario y no mediante el procedimiento de liquidación de frutos y rentas que es el establecido por el Código Procesal Civil para la rendición de cuentas. Asimismo, se le hace ver al recurrente que ya el mismo Juzgado de Letras Civil en su resolución de fecha tres de agosto de dos mil veintiuno le deja claramente establecido que se inadmite a trámite la demanda ordinaria presentada por no poderse adecuar la misma a un procedimiento de rendición de cuentas, pero le dejan a salvo el poder de intervenir en el proceso mediante los medios de impugnación, asimismo, pese a la declaración de nulidad absoluta de actuaciones, le asiste el derecho de volver a promover la demanda pertinente a sus intereses, tal como quedó señalado en la resolución ya referida. En consecuencia y de acuerdo a los antecedentes del acto reclamado, se aprecia que la resolución dictada por el Ad-Quem, se encuentra debidamente fundada en el derecho constitucional; por lo que es procedente la denegatoria de la presente acción de amparo. CONSIDERANDO (8): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de abril del dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Leonel de Jesús Ávila, a favor del señor Faustino Enrique Rodríguez Martínez, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación impetrado contra la resolución de fecha tres de agosto de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la “DEMANDA POR VÍA DE PROCESO ORDINARIO PARA QUE SE DECLARE OBLIGACIÓN DEL DEMANDADO PARA QUE EFECTÚE RENDICIÓN DE CUENTAS…”, promovida por el Abogado Leonel de Jesús Ávila, en su condición de representante procesal del señor Faustino Enrique Rodríguez Martínez, contra la señora Aida Lourdes Juventina Quesada Suazo, en su condición de Gerente General de la sociedad mercantil HONDURAS QUIÍMICA, S.A. DE R.L. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 61, 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha uno de noviembre de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el abogado Leonel de Jesús Ávila, en su condición de representante procesal del señor Faustino Enrique Rodríguez Martínez, interponiendo “DEMANDA POR VÍA DE PROCESO ORDINARIO PARA QUE SE DECLARE OBLIGACIÓN DEL DEMANDADO PARA QUE EFECTÚE RENDICIÓN DE CUENTAS…”, contra la señora Aida Lourdes Juventina Quesada Suazo, en su condición de Gerente General de la sociedad mercantil HONDURAS QUIÍMICA, S.A. DE R.L. (Folio 1-3 del tomo I del expediente del A-quo). 2) En fecha tres de agosto de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual resolvió: “…PRIMERO: Se declara Nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto dictado en fecha 29 de noviembre del año 2019 que obra a folios 34-35; consecuentemente, se inadmite a trámite la presente demanda ordinaria promovida por el Abogado LEONEL DE JESUS AVILA, como Apoderado Legal del Señor FAUSTINO ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ, en contra de la Señora AIDA LOURDES JUVENTINA QUESADA SUAZO, como Gerente General de la Sociedad Mercantil HONDURAS QUIMICA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, porque la misma no puede ser adecuada a un proceso de rendición de cuentas de acuerdo a lo expuesto en los fundamentos, dejando a salvo el poder de los profesionales del derecho que intervienen en el proceso para los efectos de los medios de impugnación de ser el caso. SEGUNDO: La anterior nulidad, es sin perjuicio del derecho que tiene el Señor RODRIGUEZ MARTINEZ, de volver a promover la demanda pertinente a sus intereses como Socio de la referida Sociedad Mercantil. Que el secretario del Despacho proceda a la devolución de los anexos que interesen previo recibo. NOTIFIQUESE.…” (Folios 294-295 vuelto del tomo II del expediente del A-quo). 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Leonel de Jesús Ávila, contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Leonel de Jesús Ávila, actuando en su condición de representante procesal de Faustino Enrique Rodríguez Martínez. SEGUNDO: Confirmar el auto de fecha tres (03) de agosto del año dos mil veintiuno (2021) dictado por el Juzgado de Letra de Departamento de Francisco Morazán en el expediente 0801-2019-07650-CPCO. TERCERO: Sin costas…” (Folios 16-19 vuelto de la pieza del Ad-quem). 4) En fecha catorce de enero de dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal, el Abogado Leonel de Jesús Ávila, interponiendo acción de amparo a favor del señor Faustino Enrique Rodríguez Martínez, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-quem, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 61, 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el recurrente, en fecha dos de mayo de dos mil veintidós, ordenándole a la Secretaría de este Tribunal poner a la vista las presentes diligencias por el término de 48 horas para que el Fiscal emita su dictamen. (Folio 36 del recurso). 6) Que en fecha trece de junio de dos mil veintidós, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Diana Elizabeth Rodríguez, desprendiéndose de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Sobre el particular, esta representación fiscal aprecia que la resolución cuestionada en la presente acción de amparo no causa ninguna vulneración a los derechos constitucionales alegados, al explicar que la resolución dictada por el juzgador se encuentra debidamente motivada y fundada en derecho, en cuanto razona que la acción a tratar es la rendición de cuentas de la parte demandada, la cual fue solicitada a través del proceso declarativo ordinario, sin embargo, ese no es el procedimiento indicado para estos casos, dado que la pretensión de Rendición de cuentas se canalizara mediante procedimiento para la liquidación de frutos o rentas contenido en los artículos 885 y 886 del Código Procesal civil. Por otra parte, advierte el A-quo, que no es procedente la subsanación de la demanda ya que esta se causa por una sola vez como dispone el artículo 426.3 de la norma adjetiva, por lo que al haberse equivocado el procedimiento lo procedente era resolver conforme lo establecido en el artículo 212.4 del Código Procesal Civil, que regula lo relativo a la nulidad de los actos procesales, en cuanto señala que "cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión serán nulos los actos". Siguiendo este orden de ideas, esta representación fiscal comparte la motivación externada por la Corte de Apelaciones que, pese a la falta de claridad sobre la finalidad u objeto de cada agravio expresado en su escrito de apelación, se pronunció sobre cada uno de las pretensiones expuestas por el demandante, de cuyo razonamiento no se aprecia ninguna vulneración a los derechos constitucionales alegados, en tanto que la Alzada en su motivación es congruente clara y justa. IV.- OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por no existir vulneración a las garantías constitucionales, invocados por el Amparista como transgredidos.” (Folios 39-42 del recurso de mérito). CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce de la Acción de Amparo interpuesta por el abogado LEONEL DE JESUS AVILA, a favor del señor FAUSTINO ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán en fecha veintitrés de noviembre de dos mi veintiuno que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha tres de agosto de dos mil veintiuno, con relación a la demanda promovida por el señor FAUSTINO ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ contra la señora AIDA LOURDES JUVENTINA QUESADA SUAZO en su condición de Gerente General de la sociedad mercantil HONDURAS QUIMICA S. DE R.L. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente sustenta el presente recurso de amparo en que la resolución dictada en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno por la Corte Primera de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, le causa agravio a su representado al considerar que, al ordenarse subsanar la demanda, nunca se denunció defecto en cuanto al tipo de proceso y en la contestación por parte de la demandada tampoco se colocó objeción al tipo de proceso; violentando los derechos consagrados en los artículos 61, 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem en su resolución deja establecido que revisado el recurso de apelación interpuesto, se constató el incumplimiento de los requisitos de dicho recurso, conocido como técnica del recurso al no señalar en sus agravios la finalidad u objeto de cada agravio, sea esta, si se busca enmendar por aplicación indebida, falta de aplicación, interpretación errónea (ya sea de normas generales que rigen actos y garantías del proceso o normas legales para resolver las cuestiones objeto de debate) revisión de hecho dados como probados o valoración probatoria, a excepción del agravio segundo en el cual se ha indicado que pretende la revisión de los hechos probados y valoración de la prueba. Por tanto, declara sin lugar el recurso de apelación y confirma el auto de fecha tres de agosto de dos mil veintiuno dictado por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO (6): Que en fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, el Ministerio Público emite opinión exponiendo en ella que se aprecia que la resolución cuestionada no causa ninguna vulneración a los derechos constitucionales alegados por el recurrente, puesto que la resolución se encuentra debidamente motivada y fundada en derecho, en cuanto que razona que la acción a tratar es la rendición de cuentas de la parte demandada, la cual fue solicitada a través del proceso declarativo ordinario, sin embrago, no era el procedimiento indicado para este caso, dado que la pretensión de rendición de cuentas se canaliza mediante el procedimiento para la liquidación de frutos o rentas establecido en los artículos 885 y 886 del Código Procesal Civil. Asimismo, advierte el A-Quo que no es procedente la subsanación de la demanda ya que solo se causa por una sola vez, por lo que, al haberse equivocado el procedimiento, lo procedente era resolver conforme lo dispuesto en el articulo 212 numeral 4 relativo a la nulidad de los actos procesales. Por lo que se comparte el parecer de la Corte Primera de Apelaciones, por considerarse que no ha existido vulneración alguna a los derechos constitucionales alegados, debiendo no otorgarse la presente acción de amparo. CONSIDERANDO (7): Que la acción de amparo se configura como un proceso autónomo que tiene como finalidad esencial la protección de los derechos fundamentales frente a violaciones actuales o a amenazas, convirtiendo los derechos fundamentales en algo efectivo para su protección formal y material. En ese orden de ideas en relación al caso en estudio, esta Sala aprecia que la Corte Primera de Apelaciones que conoció el recurso de apelación interpuesto, ha razonado y fundamentado debidamente su decisión, puesto que el hoy recurrente solicitó su pretensión mediante procedimiento declarativo ordinario y no mediante el procedimiento de liquidación de frutos y rentas que es el establecido por el Código Procesal Civil para la rendición de cuentas. Asimismo, se le hace ver al recurrente que ya el mismo Juzgado de Letras Civil en su resolución de fecha tres de agosto de dos mil veintiuno le deja claramente establecido que se inadmite a trámite la demanda ordinaria presentada por no poderse adecuar la misma a un procedimiento de rendición de cuentas, pero le dejan a salvo el poder de intervenir en el proceso mediante los medios de impugnación, asimismo, pese a la declaración de nulidad absoluta de actuaciones, le asiste el derecho de volver a promover la demanda pertinente a sus intereses, tal como quedó señalado en la resolución ya referida. En consecuencia y de acuerdo a los antecedentes del acto reclamado, se aprecia que la resolución dictada por el Ad-Quem, se encuentra debidamente fundada en el derecho constitucional; por lo que es procedente la denegatoria de la presente acción de amparo. CONSIDERANDO (8): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 212.4, 426.3, 885, 886 del Código Procesal Civil. FALLA: DENEGANDO la resolución dictada en fecha veintitrés de noviembre del año dos mil veintiuno, por la Corte Primera de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán. Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de junio de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha veinte de abril de dos mil veintitrés, recaídas en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0088-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL