Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AC-851-23 — Registro 17650

Resumen

En consulta la sentencia que declaro inadmisible un recurso de amparo contra actuaciones del Juzgado de Letras; en relación a un recurso de apelación promovido en el Juzgado de Paz en una Demanda de Pago a través del proceso Monitorio. // que se ha recurrido en amparo la resolución dictada en fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), por el Juzgado de Letras Unificado de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante el cual se resuelve decretar la nulidad de actuaciones de un expediente contentivo de una Demanda de Pago que a través del Proceso Monitorio se entabló ante el Juzgado de Paz del Municipio de San Nicolás, Departamento de Santa Bárbara, resolviendo un recurso de apelación presentado, según lo expuesto por el recurrente en su escrito de interposición de la Acción de Amparo. Advierte la Sala que el recurrente en sus argumentaciones expone lo relacionado a una nulidad de actuaciones y a un recurso de apelación que se resolvió inobservando el debido proceso.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso, por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala asimismo ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado también en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso..." …" … Al ser el Estado de Honduras suscriptor de la Convención Americana, se compromete a garantizar los derechos en ella reconocidos y que son acordes con los establecidos en nuestra Constitución; como bien argumenta la autoridad que conoce del Amparo, este recurso tiene la característica de ser excepcional, pues previo a recurrir al mismo se deben agotar ciertos requisitos de observancia para su interposición, como ser el que se hayan agotado los remedios ordinarios que la ley pone a disposición de las partes a efecto de subsanar las violaciones que fueren cometidas en contra de los derechos que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales de protección de Derechos establecen. No obstante, a ello la Corte de Apelaciones parece olvidar lo atinente a la observancia del debido proceso, como uno de los principios rectores en la aplicación de la justicia constitucional, relacionado con la prevalencia del derecho sustancial que se invoca como conculcado. Ello es así porque la autoridad que resuelve declarar Inadmisible la garantía de Amparo, argumenta que el amparista no presentó documentación que acreditare cual era el auto que determinó y contra que fue la nulidad, cuando el artículo 50 de la Ley sobre Justicia Constitucional brinda un plazo de tres (3) días hábiles para que el demandante pueda corregir su demanda, en consideración a que la demanda de Amparo debe contener los elementos contenidos en el artículo 49 de la ley en comento, es así que el numeral 3) del referido precepto indica que se señale el hecho, acto, resolución, orden o mandato contra el cual se reclama, pues en la tramitación de la acción de Amparo, los antecedentes son requeridos a la autoridad recurrida. Aunado a ello, el artículo 4 numeral 5) de la ley referida establece que “En la tramitación de las acciones de exhibición personal, hábeas data, amparo e inconstitucionalidad, prevalecerá el fondo sobre la forma, por lo que los defectos procesales no impedirán la expedita sustanciación de los asuntos. Las partes podrán corregir sus propios errores, siempre que fueren subsanables. No obstante, los órganos jurisdiccionales que conozcan del asunto podrán hacerlo de oficio…”. Como corolario de todo lo anteriormente expuesto este Alto Tribunal de Justicia Constitucional, en defensa del orden jurídico constitucional no advierte que sean cuestiones de mera legalidad los argumentos expuestos por el recurrente en amparo, por ello debe dársele el trámite a las diligencias, a efecto de conocer el fondo del asunto y conforme a ello dictar sentencia que en respuesta a las pretensiones del recurrente, resuelva si existe o no vulneración al derecho de defensa y debido proceso invocados o la determinación de alguna otra causal de inadmisibilidad de la acción de las contenidas en el artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de diciembre del año dos mil veintitrés. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la resolución de fecha catorce (14) de junio del año dos mil veintitrés (2023), dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, que declaró Inadmisible la acción de Amparo interpuesta por el Abogado JORGE ESTUARDO AMAYA ARITA, contra actuaciones del Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), con relación a la demanda de pago a través del proceso Monitorio, promovida ante el Juzgado de Paz del Municipio de San Nicolás, Departamento de Santa Bárbara, proceso en el que intervienen como partes los señores TONY ALEXANDER CABALLERO VALLECILLO y LUIS EDGARDO HERNÁDEZ CABALLERO. Estimando el recurrente que la resolución recurrida hace caso omiso a lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cinco (5) de junio del año dos mil veintitrés (2023) compareció ante la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, el Abogado JORGE ESTUARDO AMAYA ARITA, interponiendo recurso de amparo a favor del señor LUIS EDGARDO HERNÁNDEZ CABALLERO, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil veintitrés (2023); manifestando el recurrente que la resolución recurrida hace caso omiso a lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios del 1-4 de la pieza de antecedentes de Amparo) 2) Que la referida Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha catorce (14) de junio del año dos mil veintitrés (2023), dictó resolución mediante la cual RESOLVIÓ: (Sic) “UNICO: DECLARAR INADMISIBLE la Acción de Amparo interpuesta por el abogado JORGE ESTUARDO AMAYA ARITA a favor del señor LUIS EDGARDO HERNANDEZ CABALLERO, contra las actuaciones del Juez de Letras Unificado de Santa Bárbara. Y MANDA Que se archiven las presentes diligencias en la Secretaría y se extienda copia o certificación a la parte interesada si lo solicita; asimismo que mande en consulta a la Sala de lo Constitucional la presente Inadmisión…” (Folios del 5-8 de la pieza de antecedentes de Amparo). 3) Que en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil veintitrés (2023), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene las diligencias en relación al Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo ordenado en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo civil venida en consulta, conocido por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, interpuesta por el Abogado JORGE ESTUARDO AMAYA ARITA, contra la resolución de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), dictada por el Juzgado de Letras Unificado de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en relación a un recurso de apelación promovido en la Demanda de Pago a través del proceso Monitorio, promovida en el Juzgado de Paz del Municipio de San Nicolás, Departamento de Santa Bárbara, en el que son parte los señores LUIS EDGARDO HERNÁNDEZ CABALLERO y TONY ALEXANDER CABALLERO VALLECILLO. CONSIDERANDO (2): Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha veintidós de mayo del año dos mil veintitrés, dictado por el Juzgado de Letras Unificado de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, hace caso omiso a lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que el acto que se conoce en consulta es la resolución proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha catorce (14) de junio del año dos mil veintitrés (2023), mediante la cual resuelve declarar Inadmisible la acción de Amparo interpuesta por el Abogado JORGE ESTUARDO AMAYA ARITA, a favor del señor LUIS EDGARDO HERNÁNDEZ CABALLERO, contra actuaciones del Juez de Letras Unificado de Santa Bárbara. CONSIDERANDO (4): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO (5): Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos en la Constitución de la República, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales. Así tenemos entonces que el Recurso de Amparo es el instrumento procesal mas importante de defensa ante el Tribunal Constitucional de los derechos y libertades de los ciudadanos. Cumple una doble misión: sirve como remedio último interno de protección de los derechos del ciudadano; y tiene una función objetiva de defensa de la constitucionalidad al servir de instrumento de interpretación de los derechos fundamentales. CONSIDERANDO (6): Que, del estudio de las diligencias, esta Sala de lo Constitucional observa que se ha recurrido en amparo la resolución dictada en fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), por el Juzgado de Letras Unificado de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante el cual se resuelve decretar la nulidad de actuaciones de un expediente contentivo de una Demanda de Pago que a través del Proceso Monitorio se entabló ante el Juzgado de Paz del Municipio de San Nicolás, Departamento de Santa Bárbara, resolviendo un recurso de apelación presentado, según lo expuesto por el recurrente en su escrito de interposición de la Acción de Amparo. Advierte la Sala que el recurrente en sus argumentaciones expone lo relacionado a una nulidad de actuaciones y a un recurso de apelación que se resolvió inobservando el debido proceso. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso, por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala asimismo ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado también en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (8): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (9): Que el recurrente en Amparo, comparece ante la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, impugnando mediante la vía constitucional de Amparo, la resolución (Sic) “de fecha veintidós (22) de mayo del año en curso”, dictada por el Juzgado de Letras Unificado de Santa Bárbara; en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional no comparte el criterio jurídico plasmado por la referida Corte de Apelaciones que por Unanimidad de Votos, resuelve declarar Inadmisible la acción de amparo impetrada, invocando que el amparista alega violaciones de mera legalidad; argumenta la autoridad que conoce de la Acción de Amparo promovida, que el Juzgado de Letras Ad-quem, tiene dentro de sus atribuciones anular el proceso de acuerdo a lo que observó al momento de la remisión, de igual forma sostiene que el amparista no presentó documentación que acreditara cual era el auto que determinó y contra que fue la nulidad y que el escrito se refiere a que el Juzgado de Paz remitió el expediente al Juzgado de Letras después de la apelación sin que caducara el plazo para el mismo. CONSIDERANDO (10): Que es importante referir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos a señalado que el texto del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, entendido como el procedimiento judicial y sencillo breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados Partes y por la Convención”. En esa idea y al ser el Estado de Honduras suscriptor de la Convención Americana, se compromete a garantizar los derechos en ella reconocidos y que son acordes con los establecidos en nuestra Constitución; como bien argumenta la autoridad que conoce del Amparo, este recurso tiene la característica de ser excepcional, pues previo a recurrir al mismo se deben agotar ciertos requisitos de observancia para su interposición, como ser el que se hayan agotado los remedios ordinarios que la ley pone a disposición de las partes a efecto de subsanar las violaciones que fueren cometidas en contra de los derechos que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales de protección de Derechos establecen. No obstante, a ello la Corte de Apelaciones parece olvidar lo atinente a la observancia del debido proceso, como uno de los principios rectores en la aplicación de la justicia constitucional, relacionado con la prevalencia del derecho sustancial que se invoca como conculcado. Ello es así porque la autoridad que resuelve declarar Inadmisible la garantía de Amparo, argumenta que el amparista no presentó documentación que acreditare cual era el auto que determinó y contra que fue la nulidad, cuando el artículo 50 de la Ley sobre Justicia Constitucional brinda un plazo de tres (3) días hábiles para que el demandante pueda corregir su demanda, en consideración a que la demanda de Amparo debe contener los elementos contenidos en el artículo 49 de la ley en comento, es así que el numeral 3) del referido precepto indica que se señale el hecho, acto, resolución, orden o mandato contra el cual se reclama, pues en la tramitación de la acción de Amparo, los antecedentes son requeridos a la autoridad recurrida. Aunado a ello, el artículo 4 numeral 5) de la ley referida establece que “En la tramitación de las acciones de exhibición personal, hábeas data, amparo e inconstitucionalidad, prevalecerá el fondo sobre la forma, por lo que los defectos procesales no impedirán la expedita sustanciación de los asuntos. Las partes podrán corregir sus propios errores, siempre que fueren subsanables. No obstante, los órganos jurisdiccionales que conozcan del asunto podrán hacerlo de oficio…”. Como corolario de todo lo anteriormente expuesto este Alto Tribunal de Justicia Constitucional, en defensa del orden jurídico constitucional no advierte que sean cuestiones de mera legalidad los argumentos expuestos por el recurrente en amparo, por ello debe dársele el trámite a las diligencias, a efecto de conocer el fondo del asunto y conforme a ello dictar sentencia que en respuesta a las pretensiones del recurrente, resuelva si existe o no vulneración al derecho de defensa y debido proceso invocados o la determinación de alguna otra causal de inadmisibilidad de la acción de las contenidas en el artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (11): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe revocar la resolución venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha catorce de junio del año dos mil veintitrés, que resuelve Declarar Inadmisible el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Jorge Estuardo Amaya Arita. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 45, 49, 50, 52, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) REVOCANDO la resolución de Inadmisión de la Acción de Amparo venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara en fecha catorce (14) de junio del año dos mil veintitrés (2023). 2) Que la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, siga el trámite que corresponde a la sustanciación de la garantía de Amparo, en la que conozca el fondo del asunto promovido por el impetrante en Amparo y una vez concluido el trámite dicte sentencia a efecto de determinar si la resolución invocada por el recurrente de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), vulnera o no los derechos de defensa y debido proceso o si se advierte causal de inadmisibilidad de la acción de las contenidas en el artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, no siendo procedente como líneas arriba se dijo, el que se alegan violaciones de mera legalidad. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA. - NOTIFÌQUESE. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Sello y Firmas. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de marzo de dos mil veinticuatro, certificación de la Sentencia de fecha catorce de diciembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0851-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.