Sentencia AC-826-21 — Registro 17932
Resumen
Con relación a la oposición de medida cautelar de prohibición de uso de nombre comercial, planteada en lo que respecta a la usurpación de un nombre comercial, La Sala Constitucional considera que hay una violación de derechos intelectuales, ya que el nombre comercial de recurrente se encuentra debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, por lo que ostenta los derechos legales de explotar la marca y el nombre comercial,que no se puede desconocer la existencia de derechos registrales inscritos y vigentes a la fecha, pues ambas empresas tienen derechos legalmente inscritos, inscripción que a la fecha les faculta a ambos utilizar el nombre comercial inscrito y siendo que a la fecha la Sociedad Mercantil que solicita amparo, tiene licencia autorizada por autoridad competente, legalmente inscrita y vigente a la fecha, tiene los mismos derechos ante la ley que los derechos de la parte demandante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."considera la Sala que no se puede desconocer la existencia de derechos registrales inscritos y vigentes a la fecha, pues ambas empresas tienen derechos legalmente inscritos, inscripción que a la fecha les faculta a ambos utilizar el nombre comercial inscrito y siendo que a la fecha la Sociedad Mercantil que solicita amparo, tiene licencia autorizada por autoridad competente, legalmente inscrita y vigente a la fecha, tiene los mismos derechos ante la ley que los derechos de la parte demandante. CONSIDERANDO (14): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera los derechos constitucionales invocados por el recurrente y preceptuados en los artículos 70, 82, 90 párrafo primero y 94 de la Constitución de la República, pues ha dado un trato desigual a las partes que mantienen derechos legalmente inscritos en el Registro de la Propiedad y vigentes a la fecha, y prejuzga en el fondo del asunto que debe ser dilucidado una vez seguido el procedimiento correspondiente, en consecuencia se vulnera los derechos invocados por el recurrente. CONSIDERANDO (15): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (16): Que, el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, debe dictar nueva resolución en la que con acopio de los argumentos señalados en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en amparo; en consecuencia la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales administrativos"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 94 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 390 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de mayo del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia del recurso de amparo dictado por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil diecisiete, con relación a la oposición planteada por la parte demandada consistente en la prohibición general de realizar publicidad del nombre XTRA, en la solicitud de medida cautelar promovida por la Sociedad Mercantil SUPERTIENDAS XTRA S.A. contra la Sociedad Mercantil H.M. PROCESSING S.A. DE C.V. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de su representada Sociedad Mercantil ALMACENES XTRA, S. A., contemplados en los artículos 70, 82, 90, 94, 108 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cinco (05) de abril del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JOSE RAMON OSORIO MURILLO, actuando como Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil SUPERTIENDAS XTRA S.A., solicitando se decrete medida cautelar inaudita parte consistente en la cesación de una actividad que genera un acto de competencia desleal, al usurpar una sociedad mercantil, un nombre comercial debidamente inscrito en la Dirección de Propiedad Intelectual, Oficina del Registro de Propiedad Industrial. (Folios 01-42 de la Pieza del A-Quo) 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado dictó auto en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), mediante la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Declarando SIN LUGAR la oposición a la medida cautelar presentada en fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, por la Abogada LIZETTE AMALIA GOMEZ ROBLEDA en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil ALMACENES XTRA S.A. adoptada mediante auto de fecha tres de mayo de dos mil diecisiete; en consecuencia, manténgase la medida cautelar adoptada.”. (Folios 245–249 de la Pieza de Medida Cautelar del A-Quo). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado HECTOR EFRAIN FORTIN PAVON, actuando como Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil ALMACENES XTRA S.A., la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), en la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado HECTOR EFRAIN FORTIN PAVON, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil ALMACENES XTRA S.A.- SEGUNDO: Se CONFIRMA el auto apelado.- TERCERO: CON COSTAS a la parte apelante.” (Folios 55-60 de la Pieza del Ad-Quem) 4) Que en fecha diez (10) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), interpone ante la Honorable Sala de lo Constitucional la acción de amparo el Abogado HECTOR MAURICIO CASTRO ORTEZ, a favor de la Sociedad Mercantil ALMACENES XTRA S.A., contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 70, 82, 90, 94 y 108 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha dieciocho (18) de abril del año dos mil veintidós (2022). (Folios 01–22 y 62 de la presente Recurso) 5) Que en fecha veintidós (22) de julio del año dos mil veintidós (2022), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por no existir las vulneraciones constitucionales invocadas por el amparista.” (Folios 65–70 y 72 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen[1]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la Resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), que declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Héctor Efrain Fortin Pavón, en su condición de Apoderado Legal de la Parte Demandada, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), que resuelve declarar SIN LUGAR la oposición a la medida cautelar interpuesta por la Abogada LIZETTE AMALIA GOMEZ ROBLEDA, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil ALMACENES XTRA, S. A. medida adoptada mediante resolución de fecha tres de mayo del año dos mil diecisiete y solicitada por el Abogado JOSE RAMON OSORIO MURILLO, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada SUPERTIENDAS XTRA S. A. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente muestra su inconformidad con la Resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de mayo del año dos mil veintiuno, argumentando que el acto que se recurre en Amparo violenta los derechos constitucionales de igualdad, defensa, debido proceso y legalidad contenidos en los artículos 70, 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. Argumentando que la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil y confirmada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, no fueron dictadas conforme a derecho, por las razones siguientes: 1) En lo que respecta a la usurpación de un nombre comercial, hay una violación de derechos intelectuales, ya que el nombre comercial de la Empresa que representa se encuentra debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, por lo que ostenta los derechos legales de explotar la marca y el nombre comercial “HPERTIENDAS XTRA”. 2) En cuando a que su representada ejecutó actos de competencia desleal, en contra de la empresa que solicitó la medida cautelar, es falso, ya que la misma realiza legalmente actos de uso y explotación de la denominación “HIPERTIENDAS XTRA” en virtud de tener el certificado de licencia de uso otorgada el once de abril del dos mil dieciséis ante el Instituto de la propiedad. 3) La medida cautelar aplicada a su representada carece de legitimación, pues ha recaído por error y por confusión de quien es el verdadero dueño del bien que se tiene que afectar, pues la medida cautelar se dirige en contra de la sociedad mercantil HM PROCESSING, que es una sociedad mercantil distinta a su representada que es la que explota legalmente el nombre comercial “HIPERTIENDAS XTRA” y se ejecuta la medida cautelar en contra de su representada sin ser parte en el proceso. CONSIDERANDO (4): Que el pedidor de la presente garantía constitucional argumenta que la resolución dictada por la Corte Primera de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, es violatoria de garantías constitucionales que expone de la forma siguiente: 1) Derecho de igualdad ante la ley. Argumenta que en el caso de autos tanto el a-quo como el Ad-quem han hecho una distinción de los derechos de su representada y los derechos de la parte demandante que ha solicitado la medida cautelar, aun y cuando ha acreditado la existencia legal de su derecho, éste no ha sido visto con igualdad por la autoridad recurrida, al establecer de manera subjetiva que la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo contencioso administrativo, está por encima de una inscripción previa conforme a ley que autoriza los usos que su representada ha dado al nombre comercial “HIPERTIENDAS XTRA”; que sus inscripciones continúan vigentes, razón por la cual no puede considerar ni el juzgado de primera instancia, ni la corte de apelaciones, con mayor valor o mejor derecho la inscripción de la parte demandante, que los derechos que mantiene inscritos su representada, pues los mismos obran inscritos ante el mismo registro y con el mismo valor ante la ley y frente a terceros, por lo cual decretar una medida cautelar que le impida a si representado hacer uso de un nombre comercial debidamente inscrito y vigente, bajo el falaz argumento de la competencia desleal, evidencia un trato desigual de las autoridades jurisdiccionales que a la fecha han conocido el proceso, ubicando a su representada en una posición de desigualdad ante el demandante; 2) Derecho de Defensa. Se violenta según el recurrente, ya que al declarar sin lugar el recurso de apelación que se interpuso, se está dejando en indefensión a su representada, convalidando actuaciones al margen de la ley del A-quo, pues en la resolución denunciada desconoce los derechos inscritos a favor de su representada, pues no examinó los argumentos expuestos a favor de la sociedad mercantil Almacenes Xtra y prejuzga en el fondo del asunto, en una resolución de una medida cautelar que todas luces es improcedente por cuanto ambas partes tienen derechos inscritos a su favor los nombres comerciales que utilizan, siendo este el objeto del juicio y aún y cuando las partes procesales no han acudido a audiencia preliminar del proceso principal, la alzada recurrida ha prejuzgado en el fondo del asunto, sin haberse evacuado prueba alguna, estableciendo en su sentencia que no interesa que tenga derechos de propiedad intelectual e industrial inscritos a su favor y establecer la existencia de un derecho a favor de la parte demandante, por existir una sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo contencioso administrativo, que no ha sido parte, ni ha sido vencida su representada. 3) Debido proceso. Arguye el pedidor que en el presente caso existe un error judicial propiciado por el Juzgado de Letras Civil, confirmado por la Corte de Apelaciones al imponer una medida cautelar a una sociedad que tiene licencia de uso otorgada por autoridad competente, ya que se utiliza la figura de competencia desleal, sin existir la misma, pues se encuentran inscritos los atestados que autorizan el nombre comercial de “HIPETIENDAS XTRA”, misma que no ha sido vencida en juicio y se le establece una sanción anticipada mediante un proceso de competencia desleal a todas luces inexistente por cuanto ostenta derechos inscritos a su favor ante el Registro de Propiedad Intelectual y Registro de la Propiedad Industrial, por lo cual la medida cautelar decretada vulnera el debido proceso, constituyendo un perjuicio real y efectivo de los intereses de su representada, y prejuzga en el fondo del asunto, sanciona de manera anticipada y desconoce los derechos registrales inscritos a favor de su representada, sin existir sentencia definitiva y firme, sin haber probado la existencia de la competencia desleal. 4) Principio de legalidad. Manifiesta el amparista que a su representado se le está aplicando una medida cautelar que prácticamente constituye una sentencia definitiva desfavorable, prejuzga en el fondo del asunto sin haber evacuado prueba en el proceso principal, se preestablece la existencia de competencia desleal sin haber sido oída y vencida en juicio, ya que la medida cautelar fue impuesta a una sociedad distinta a la demandada, que no ha sido incorporada como parte en el proceso y se le impide usar derechos inscritos y vigentes con una medida basada en hechos falaces, pues el principal elemento legitimador para promover acción de competencia desleal es que el demandado no tenga inscrito a su favor nombre comercial que utiliza y con ello provoque engaño y confusión al publico en general, situación que no ocurre en el caso de autos. 5) Por último alega que en base al artículo 108 constitucional y ante la existencia de atestados que obran en la pieza separada de medida cautelar, conforme la norma constitucional señalada y las disposiciones contenidas en los artículos 118, 119, 120, 151, 152 de la Ley de Propiedad Industrial, al haber acreditado las inscripciones del nombre comercial “HIPERTIENDAS XTRA” se encuentra legitimado para hacer uso del mismo y ser tutelada desde el marco constitucional, hasta las demás disposiciones legales para el uso de dicho nombre comercial, ley especial que regula la inscripción y utilización de los derechos industriales e intelectuales sujetos de inscripción, todo con el único fin de proteger la exclusividad, uso y titularidad frente a terceros, y habiéndose acreditado la inscripción y vigencia de los derechos de su representada, resulta legalmente imposible e improcedente que se le imponga una medida cautelar bajo el falaz argumento de competencia desleal, a quien ostenta la titularidad de una licencia de uso de nombre comercial, inscripción de rótulo, marca, diseño y demás derechos que se han acreditado se encuentran inscritos y vigentes a su favor. CONSIDERANDO (5): Que las garantías constitucionales que el recurrente considera vulnerados son los siguientes: Artículo 70. “Todos los hondureños tienen derecho a hacer lo que no perjudique a otro y nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito ni impedido de ejecutar lo que la Ley no prohíbe.”; artículo 82. “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.” artículo 90 primer párrafo. “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.” artículo 94. “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente.” Y artículo 108. “Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial con arreglo a la Ley.”. CONSIDERANDO (6): Que todos los que acuden a los tribunales tienen derecho a un juicio justo, a una recta administración de justicia, a contar con las garantías procesales establecidas en la ley; el derecho a la defensa forma parte de ese conjunto de derechos que abarca el debido proceso, para el doctor Miguel Hernández Terán[2], citando a Arturo Hoyos, en su escrito El debido proceso en la doctrina, expone una definición del debido proceso en donde se puede apreciar que el derecho de defensa forma parte del mismo: Es una institución instrumental en virtud del cual debe asegurarse a las partes en todo proceso legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones justificadas, oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones de la parte contraria, de aportar pruebas licitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y conforme a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos. CONSIDERANDO (7): Que la garantía del debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. En ese orden de ideas el artículo 3 del Código procesal Civil establece: “DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.” CONSIDERANDO (8): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[3], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (9): Que el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. CONSIDERANDO (10): Que en la fundamentación jurídica de la resolución que se recurre en Amparo, la Alzada deja plasmado: “TERCERO: … manifiesta el apelante que la juzgadora en su análisis de apariencia de buen derecho utiliza como fundamento el certificado de sentencia definitiva del Juzgado de Letras Contencioso Administrativo de fecha 06 de noviembre del 2013. En ese sentido es suficiente que la sociedad demandante tenga a su favor la inscripción del término “XTRA”, en el registro correspondiente por decisión de un órgano jurisdiccional para el ejercicio del derecho que ha reclamado en la jurisdicción civil, por lo que tal elemento resulta de sobra para colmar el requisito de apariencia de buen derecho que se requiere demostrar entre otros, para la procedencia de una medida cautelar, no requiriéndose que en el proceso contencioso administrativo, haya sido parte o no la opositora a la medida cautelar, pues lo trascendental es acreditar al juez, aún de forma sumaria la titularidad del derecho que se reclama y en el presente caso la parte demandante con dicha sentencia e inscripción en el registro correspondiente lo ha realizado de forma contundente, al ser la titular del término o frase “XTRA”. CUARTO: El apelante discrepa con el criterio de la a-quo, referente a que hace una interpretación sui generis, al determinar el alcance de la frase SOBRE CUALQUIER PERSONA, en este caso las personas jurídicas contra la que se dictó la medida cautelar son titulares de derechos iguales a los que presento la parte demandante para acreditar su presunto derecho. En tal orden de ideas, si bien es cierto también la parte opositora a la medida cautelar ha presentado como medio de prueba documental autorización para que pueda usar el nombre comercial “HIPERTIENDAS XTRA”, lo cierto es que dicho documento otorgado, lo que concede es la autorización de uso del nombre comercial “HIPERTIENDAS XTRA2, no de la palabra o frase “XTRA, que es lo que se encuentra en discusión en el presente proceso. QUINTO: Expone también la parte apelante que se admite una demanda contra alguien que no ha sido vencido en juicio y que no ha sido notificado, ni emplazado, en caso de que lo hubieren hecho no basta una lacónica publicación para poner en conocimiento de terceros la admisión de una demanda contra el Estado que los pueda perjudicar. En ese sentido, este alegato no es muy claro, se refiere al proceso Contencioso Administrativo, entre el demandante y el ESTADO DE HONDURAS, el cual no tiene relevancia alguna con la oposición a la medida cautelar que nos ocupa. SEXTO: También el apelante expresa que la juzgadora en su análisis en cuanto a la legitimación y competencia se basa en el artículo 118 de la Ley de Propiedad Industrial y artículo 660 al 663 del Código de Comercio, interpretando que SUPERTIENDA XTRA, tiene la universalidad de utilización del vocablo XTRA, análisis errado ya que su representada tiene registrado el nombre comercial HIPERTIENDA XTRA, así como la existencia de JABONES EXTRA, REVISTA EXTRA Y PREMIOS XTRA, entre muchos que se encuentran registrados. En tal situación no se puede aceptar como válido la tesis expuesta por el apelante, que por el hecho de que existen en el registro correspondiente marcas similares a XTRA, se rompe con ello el principio de universalidad que rige en los temas de derechos intelectuales, entre ellos el de propiedad industrial, ya que si bien el nombre comercial que se utilice como marca gozará de protección especial en la clase de interés que corresponda, pudiendo existir otra marca similar registrada en otra clase de interés, siempre y cuando no conduzca a error o confusión en general.” CONSIDERANDO (11): En relación a la procedencia y requisitos de las medidas cautelares, el Código Procesal Civil en el artículo 350 Numeral 1 dispone: “En cualquier proceso el demandante o el demandado reconviniente podrán solicitar las medidas cautelares necesarias y apropiadas para asegurar la efectividad y el cumplimiento de la sentencia que recayera.” Así el Artículo 351 del mismo cuerpo legal dispone: PRESUPUESTOS. “1. Para decretar las medidas cautelares será necesario que el solicitante justifique debidamente que son indispensables para la protección de su derecho por el peligro de lesión o frustración del mismo antes de la resolución definitiva, de modo que sin la inmediata adopción de la medida la sentencia estimatoria de la pretensión sería imposible o de muy difícil ejecución. 2) El solicitante deberá justificar también su derecho, de manera que permita al juez, sin prejuzgar el fondo, considerar provisional e indiciariamente que la pretensión tiene fundamento. 3. La justificación del peligro de lesión o frustración por demora y de su derecho deberá presentarse sumariamente en la solicitud, en la forma que sea más adecuada y pertinente. 4. …”. CONSIDERANDO (12): En relación a la oposición de medida cautelar por parte del demandado, en el artículo 390 del Código Procesal Civil, dispone: “1. Cuando la medida cautelar se adoptara sin previa citación del demandado, podrá éste formular oposición en el plazo de tres (3) días contados desde la notificación del auto por el que se acuerde. 2. En el escrito de oposición deberá el demandado justificar debidamente la improcedencia de la medida, proponiendo las pruebas de las que pretenda valerse para fundamentar su oposición. CONSIDERANDO (13): Que argumenta el amparista que se vulnera el derecho de igualdad, defensa, debido proceso y legalidad, pues su representada acreditó la existencia legal de su derecho a utilizar el nombre comercial de “HIPERTIENDAS XTRA”, con una inscripción previa conforme a ley que autoriza los usos que su representada ha dado al nombre comercial HIPERTIENDAS XTRA”, inscripciones que continúan vigentes y tanto el a-quo como el Ad-quem han hecho una distinción de los derechos de su representada y los derechos de la parte demandante que ha solicitado la medida cautelar, pues los mismos obran inscritos ante el mismo registro y con el mismo valor ante la ley y frente a terceros, lo que evidencia un trato desigual de las autoridades jurisdiccionales que a la fecha han conocido el proceso, ubicando a su representada en una posición de desigualdad ante el demandante; se vulnera el derecho de defensa y debido proceso pues el Tribunal de Alzada prejuzga en el fondo del asunto, en una resolución de una medida cautelar que a todas luces es improcedente por cuanto ambas partes tienen inscritos a su favor los nombre comerciales que utilizan, siendo este el objeto del juicio y prejuzga sin haberse evacuado prueba alguna, estableciendo en su sentencia que no interesa que tenga derechos de propiedad intelectual e industrial inscritos a su favor, por lo cual la medida cautelar decretada vulnera el debido proceso, lo que constituyendo un perjuicio real y efectivo de los intereses de su representada, pues sanciona de manera anticipada y desconoce los derechos registrales inscritos a su favor, sin existir sentencia definitiva y firme, sin haber probado la existencia de la competencia desleal. Se vulnera el principio de legalidad porque se le impide a su representada usar derechos inscritos y vigentes a la fecha. Del estudio del caso sub judice, advierte esta Sala que si bien es cierto la medida cautelar solicitada, se decretó inaudita parte en base a los presupuestos señalados para la adopción de la misma, tomado como base para la apariencia de buen derecho la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es que con fundamento en el artículo 390 del Código Procesal Civil, se presentó oposición a dicha medida en la cual el opositor acredito mediante prueba documental, su derecho legalmente inscrito y vigente a la fecha (ver folios 272 al 285 de la pieza del antecedente). En base a este hecho considera la Sala que no se puede desconocer la existencia de derechos registrales inscritos y vigentes a la fecha, pues ambas empresas tienen derechos legalmente inscritos, inscripción que a la fecha les faculta a ambos utilizar el nombre comercial inscrito y siendo que a la fecha la Sociedad Mercantil que solicita amparo, tiene licencia autorizada por autoridad competente, legalmente inscrita y vigente a la fecha, tiene los mismos derechos ante la ley que los derechos de la parte demandante. CONSIDERANDO (14): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera los derechos constitucionales invocados por el recurrente y preceptuados en los artículos 70, 82, 90 párrafo primero y 94 de la Constitución de la República, pues ha dado un trato desigual a las partes que mantienen derechos legalmente inscritos en el Registro de la Propiedad y vigentes a la fecha, y prejuzga en el fondo del asunto que debe ser dilucidado una vez seguido el procedimiento correspondiente, en consecuencia se vulnera los derechos invocados por el recurrente. CONSIDERANDO (15): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (16): Que, el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, debe dictar nueva resolución en la que con acopio de los argumentos señalados en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en amparo; en consecuencia la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales administrativos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90, párrafo primero, 94, 95, 303, 304 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8, 21 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogado HECTOR MAURICIO CASTRO ORTEZ, a favor de la Sociedad Mercantil ALMACENES XTRA, S. A., contra la sentencia emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veintiuno (2021); 2) Que la autoridad recurrida proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia, restituyendo al recurrente en Amparo los derechos que le han sido vulnerados. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelva los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de septiembre de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0826-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.
[2] Dr. Miguel Hernández Terán, EL DEBIDO PROCESO EN LA DOCTRINA, DerechoEcuador.com, publicado en fecha 24 de noviembre del año 2005.
[3] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11.