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Sentencia AC-770-23 — Registro 17271

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgó la acción de Amparo en relación a la demanda para el pago de deuda por ejecución directa y exclusiva contra bien inmueble hipotecado promovida. Estimando el recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIERANDO (6): Que el artículo 693 del código Procesal Civil claramente establece el computo de los plazos y literalmente expresa: “Los plazos para recurrir se contaran siempre a partir del día siguiente de la notificación de la resolución que se pretenda impugnar, o del siguiente a la notificación de su aclaración”, como ha sucedido en el presente caso, se precluyó el plazo de impugnación sin considerar lo dispuesto en el artículo anteriormente relacionado y a lo dispuesto en el artículo 204 numeral 4 del código procesal civil, procede entonces garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos tal como lo dispone la Alzada al otorgar la garantía de amparo notificar a los representantes procesales de las partes la providencia de fecha dos (2) de junio del año dos mil veintidós (2022), indicando que no cabe recurso contra dicha providencia, pero el plazo para recurrir la resolución cuya aclaración ha sido declarada sin lugar, comienza a computarse desde el día siguiente a la notificación de esta providencia de fecha dos(2) de junio del año dos mil veintidós (2022), es decir, el plazo de diez días para recurrir el auto definitivo de fecha 6 de mayo del 2022 cuyo plazo no ha comenzado a correr tal como ha quedado despejado en el fallo venido en consulta de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (7): Que el objeto de la Ley Sobre Justicia Constitucional es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico Constitucional, en ese contexto la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en que la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado concede a las partes procesales en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y que son de obligatorio cumplimiento en los diferentes procesos judiciales que conocen los órganos jurisdiccionales en aplicación y respeto a la tutela judicial efectiva.CONSIDERANDO (8): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional en aplicación a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, CONFIRMA la sentencia venida en consulta de fecha 29 de mayo del 2023 y su rectificación de oficio de fecha 1 de junio del 2023 dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de francisco Morazán que falla Otorgando la Acción de Amparo interpuesta por el abogado José Humberto Sosa Canizales a favor de Alex Javier Carranza.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de noviembre de dos mil veintitrés. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha uno (1) de junio del año dos mil veintitrés (2023), dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que otorgó la acción de Amparo interpuesta por el Abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES, contra actuaciones del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fechas doce (12 ) de septiembre y veintiocho (28) de octubre del año dos mil veintidós (2022), en relación a la demanda para el pago de deuda por ejecución directa y exclusiva contra bien inmueble hipotecado promovida por LA SOCIEDAD MERCANTIL BANCO LAFISE S.A., contra LA FEDERACION HONDUREÑA DE LA MICROEMPRESA Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA y LA SOCIEDAD MERCANTIL ARQUITECTURA Y DESARROLLO S. DE R.L.- Estimando el recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado ALEX JAVIER CARRNZA POLANCO, reclamando cobro de honorarios profesionales devengados, honorarios debidos y no pagados, contra la Sociedad mercantil BANCO LAFISE, S.A. (HONDURAS).- (folio 1 al 9 de la del Juzgado) 2) Que el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce (12) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), RESOLVIO: UNICO: Tener por recluido e irremediablemente perdido el plazo de diez (10) días concedidos Abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES, en su condición de representante procesal del señor ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO y al Abogado SAUL ARMANDO REYES SAA, en su condición de representante procesal de LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA BANCO LAFISE (HONDURAS) para que procedieran a interponer el recurso de Apelación correspondiente mismo que a la fecha es vencido dicho termino.…”.(Folio 192 de la pieza del Juzgado)3)Que el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veintidós (2022), RESOLVIO: Declara Sin Lugar el recurso de Apelación contra el auto definitivo presentado por el Abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES, en su condición de representante procesal del señor ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, como parte demandante en virtud de que los términos judiciales empezaron correr desde el día siguiente en que se hubiere hecho la última notificación y en el caso que nos ocupa el mismo se encuentra vencido en virtud de constar en autos que dicho termino empezó a correr el día dieciocho de mayo del año dos mil veintidós y el auto de fecha seis de mayo del año dos mil veintidós.…”.(Folio 196 de la pieza del Juzgado) 4)Que en fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil veintitrés (2023) compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES, interponiendo recurso de amparo a favor de la señora ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO.- contra las resoluciones de fecha doce (12 ) de septiembre y veintiocho (28) de octubre del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, Manifestando el recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folio 01 al 16 la pieza del Juzgado). 5) Que luego de efectuado el trámite para el recurso de Amparo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha uno (1) de junio del año dos mil veintitrés (2023), dictó sentencia mediante la cual RESOLVIO: PRIMERO: OTORGAR la garantía de amparo, interpuesta por el Abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES, a favor de ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, contra el auto de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil veintidós (2022) y providencia de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veintidós (2022) dictados por Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en la pieza separada de reclamación de honorarios profesionales . SEGUNDO: No obliga ni le es aplicable a ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO. Las resoluciones de fecha doce (12) de septiembre y veintiocho (28) de octubre ambas del año dos mil veintidós (2022). - (Folio 81 de la pieza de Corte de Apelaciones). 6) Que en fecha siete (7) de junio del año dos mil veintitrés (2023), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito en estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la sentencia recaída en consulta ante este Alto Tribunal de Justicia en aplicación del artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es la pronunciada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Civil de Departamento de Francisco Morazán en fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veintitrés (2023) que por unanimidad de votos falla Primero: Otorgar la garantía de Amparo interpuesta por el abogado José Humberto Sosa Canizales a favor de Alex Javier Carranza Polanco, contra el auto de fecha dos (2) de septiembre del año dos mil veintidós (2022) y providencia de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veintidós (2022) dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento e Francisco Morazán, en la pieza separada de reclamación de honorarios profesionales del expediente 0801-2015-06846 CPEH. Segundo: No obliga ni le es aplicable a Alex Javier Carranza Polanco, las resoluciones de fecha dos (2) de septiembre y veintiocho (28) de octubre ambas del año dos mil veintidós (2022). Tercero: Al recibo del expediente, el juzgado de primera instancia, debe notificar a los representantes procesales de las partes la providencia de fecha dos (2) de junio del año dos mil veintidós (2022), indicando que no cabe recurso contra dicha providencia, pero el plazo para recurrir la resolución cuya aclaración ha sido declarada sin lugar, comienza a computarse desde el día siguiente a la notificación de esta providencia de fecha dos (2) de junio del año dos mil veintidós (2022). Y MANDA…”. Consta de autos que dicho fallo fue notificado a las partes procesales el treinta ay uno (31) de mayo del dos mil veintitrés (2023) (ver folios 77 al 80) pieza principal del amparo. CONSIDERANDO (2): Que en fecha primero (1) de junio del año en curso (2023) como obra a folio 81 y v. de la pieza de amparo, la honorable Corte de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán en aplicación del artículo 204.3 del Código Procesal Civil procede a rectificar de oficio los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que se incurrió en la resolución judicial de fecha 29 de mayo del 2023, acto procesal dentro del plazo señalado en la misma norma para efectos de aclaración y corrección de la aludida resolución, refiriendo en la parte dispositiva lo siguiente: “… que esta Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dispone: RECTIFICAR de Oficio el literal primero y segundo de la parte dispositiva de la sentencia proferida por este Tribunal en fecha veintinueve (29) de mayo del dos mil veintitrés (2023), el que deberá leerse de la siguiente manera: “… PRIMERO: OTORGAR la garantía de amparo interpuesta por el abogado José Humberto Sosa Canizales a favor de Alex Javier Carranza Polanco, contra el auto de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil veintidós (2022) y providencia de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veintidós (2022) dictados por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la pieza separada de Reclamación de Honorarios profesionales del expediente 0801-1915-06846-CPEH.CONSIDERANDO (3): Que los motivos de impugnación invocados por el amparista es contra dos resoluciones pronunciadas por el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán de fecha doce (12) de septiembre y veintiocho (28) de octubre, ambas del año 2022, retrotraen como antecedente el auto definitivo de fecha seis (6) de mayo del dos mil veintidós dictado por el juzgado de Letras Civil de este Departamento, que resolvió declarar Sin Lugar el cobro de honorarios profesionales reclamados por el abogado Alex Javier Carraza Polanco contra Banco Lafise S.A., contra dicho auto el reclamante de honorarios profesionales solicitó al Juzgador aclaración y emisión de pronunciamientos omitidos en dicha resolución del 6 de mayo del 2022, invocando como vulneradas las garantías contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución dela república. CONSIDERNADO (4): Que esta Sala observa, que el fallo en amparo de fecha 29 de mayo del 2023 emitido por la Corte de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán y posteriormente rectificado de Oficio por la Alzada en tiempo y forma en fecha primero (1) de junio del dos mil veintitrés (2023) y venido en consulta como un solo pronunciamiento judicial, hace una relación de los antecedes y motiva de manera fundamentada y cronológica todos los actos procesales realizados por las representantes de las partes ante el órgano recurrido, haciendo una exposición clara y sucinta de todo lo actuado y establece en el párrafo “QUINTO: Para resolver la presente garantía de amparo, se debe recordar que las resoluciones de los órganos jurisdiccionales civiles se denominan providencia, autos y sentencias (Art.193.1 CPC). A razón del articulo 136.1 y 197.2 del Código Procesal Civil se establece que las resoluciones deben notificarse a las partes e indicar si la misma es firme o si cabe recurso contra ella con expresión en este último caso, del recurso que proceda, órgano ante el cual deba interponerse y el plazo para recurrir. La norma explica cual es el contenido formal de las resoluciones (providencia, auto y sentencia) y posteriormente establece contenido, también formal, específico para cada resolución (art.197, 198,199 y 200 del CPC). En el caso del expediente de primera instancia el juzgado de oficio, mediante auto, hoy traído en amparo, de fecha 12 de septiembre del 2022 ha precluido el plazo otorgado a los profesionales del derecho para que pudieran recurrir en apelación el auto que se dictó en fecha 6 de mayo del 2022, pero acontece lo siguiente: 1) uno de los representantes procesales de las partes, Abogado Sosa Canizales, solicitó aclaración de la resolución de fecha 6 de mayo del 2022. Acto que realizó en fecha 20 de mayo de 2022 y le fue denegado el 2 de junio del 2022 vía providencia. 2) Al noticiarle a los profesionales del derecho el auto de fecha 6 de mayo del 2022, la secretaria Adjunta no indicó si la resolución era firme o si procede recurso contra ella. La norma procesal civil establece que la resolución que resuelva una solicitud de aclaración, corrección, defecto o subsanación, debe notificársele a las partes, sea que se declare procedente o no, pues si la resolución que se pretendía fuera aclarada, corregida o subsanada era recurrible, el plazo comenzará computarse desde el día siguiente de la notificación del auto que reconociera o negara la omisión de pronunciarse. Como se dijo, el abogado Sosa Canizales solicito aclarar la resolución de fecha 6 de mayo del 2022 y ésta le fue denegada en fecha 2 de junio del 2022, pero a dicha providencia la juez de primera instancia que la dictó fijó al final previo a su firma, la formula “CUMPLASE” y, nunca fue notificada a ninguno de los profesionales del derecho. Siendo, así las cosas, el plazo para recurrir el auto de fecha 6 de mayo del 2022, no ha empezado a computare y, en consecuencia, no debió precluirse”. CONSIDERANDO (5): Que el fallo venido en consulta de fecha 29 de mayo y rectificado de oficio el 1 de junio del mismo año y que otorga el Recurso de Amparo, emitido por la Corte de Apelaciones de lo civil del Departamento de Francisco Morazán se ha emitido en estricto cumplimiento a las leyes y procedimientos normativos aplicables, actos procesales sustentados en estricto derecho, el fallo judicial reúne todos los requisitos formales y esenciales, se ha respetado las garantías constitucionales y leyes ordinarias, es evidente que todas y cada una de las actuaciones del órgano judicial recurrido han sido examinadas por el Tribunal de Alzada y tomar una decisión ajustada a derecho en la que se respeten al agraviado las garantías conculcadas y se restablezcan los derechos, en consecuencia, esta Sala de lo Constitucional comparte el discernimiento de la Alzada y es del criterio que se confirme la resolución venida en consulta a fin de que alcance la firmeza tal y como lo dispone la ley. CONSIERANDO (6): Que el artículo 693 del código Procesal Civil claramente establece el computo de los plazos y literalmente expresa: “Los plazos para recurrir se contaran siempre a partir del día siguiente de la notificación de la resolución que se pretenda impugnar, o del siguiente a la notificación de su aclaración”, como ha sucedido en el presente caso, se precluyó el plazo de impugnación sin considerar lo dispuesto en el artículo anteriormente relacionado y a lo dispuesto en el artículo 204 numeral 4 del código procesal civil, procede entonces garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos tal como lo dispone la Alzada al otorgar la garantía de amparo notificar a los representantes procesales de las partes la providencia de fecha dos (2) de junio del año dos mil veintidós (2022), indicando que no cabe recurso contra dicha providencia, pero el plazo para recurrir la resolución cuya aclaración ha sido declarada sin lugar, comienza a computarse desde el día siguiente a la notificación de esta providencia de fecha dos(2) de junio del año dos mil veintidós (2022), es decir, el plazo de diez días para recurrir el auto definitivo de fecha 6 de mayo del 2022 cuyo plazo no ha comenzado a correr tal como ha quedado despejado en el fallo venido en consulta de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (7): Que el objeto de la Ley Sobre Justicia Constitucional es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico Constitucional, en ese contexto la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en que la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado concede a las partes procesales en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y que son de obligatorio cumplimiento en los diferentes procesos judiciales que conocen los órganos jurisdiccionales en aplicación y respeto a la tutela judicial efectiva.CONSIDERANDO (8): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional en aplicación a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, CONFIRMA la sentencia venida en consulta de fecha 29 de mayo del 2023 y su rectificación de oficio de fecha 1 de junio del 2023 dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de francisco Morazán que falla Otorgando la Acción de Amparo interpuesta por el abogado José Humberto Sosa Canizales a favor de Alex Javier Carranza. POR TANTO: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 1, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán en fecha veintinueve de mayo y primero de junio del año dos mil veintitrés, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado VALLECILLO PAREDES. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha treinta de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0770-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL