Sentencia AC-752-22 — Registro 16955
Resumen
Acto recurrido que declaró sin lugar un recurso de apelación y confirmó la resolución dictada por el juez de letras, en la cual resolvió admitir la solicitud de Adopción de Medida Cautelar de suspensión de los acuerdos sociales, en relación a la demanda vía procedimiento declarativo ordinario para la Nulidad de una Asamblea General de Accionistas promovida
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" La tutela judicial efectiva supone que los recurrentes sean oídos y tengan derecho a una decisión fundada en derecho independientemente que sea favorable o adversa al impetrante, en ese sentido, el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, prescribe que, nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, y entre las garantías que tienen las partes se encuentra la de que su litigio sea resuelto en una sentencia debidamente motivada; sobre la motivación es preciso traer a colación el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que establece el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías, entre las cuales sin duda se deriva el derecho a la motivación, así lo ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar a la motivación como una de las “debidas garantías” a que se refiere esta norma. La Corte ha sostenido: “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Es por esto que las decisiones que adopten los órganos jurisdiccionales deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. Dicho esto, al examinar la decisión del tribunal de apelaciones se aprecia una adecuada motivación para efectos de confirmar el pronunciamiento del juzgado de letras; el hecho de que el recurrente, no esté de acuerdo con la decisión adoptada por el tribunal de apelaciones, no puede representar per se, un quebranto al debido proceso y tutela judicial efectiva; la Sala Constitucional únicamente debe ocuparse de examinar si concurre o no la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados pues el fallo del Tribunal de Apelaciones se encuentra debidamente fundamentado y motivado y no puede considerarse arbitrario..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de junio del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ESTHELA JANETH VALLADARES, a favor del Señor DAVID ROBERT SELLON DYKSTRA, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós, que declaró sin lugar un recurso de apelación y confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía, en fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, en relación a la demanda vía procedimiento declarativo ordinario para la Nulidad de una Asamblea General de Accionistas promovida por la Abogada ESTHELA JANETH VALLADARES, contra la Sociedad Mercantil LAWSON ROCK INVESTMENT S.A., a través del señor MARCO ABILIO GARCIA SEVILLA. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 90 Y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha treinta de agosto de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía, la Abogada ESTHELA JANETH VALLADARES, en su condición de Apoderada Legal del Señor DAVID ROBERT SELLON DYKSTRA, como accionista de la Sociedad Mercantil LAWSON ROCK INVESTMENT S.A., promoviendo Demanda Vía Procedimiento Declarativo Ordinario para la Nulidad de una Asamblea General de Accionistas contra la Sociedad Mercantil LAWSON ROCK INVESTMENT S.A., a través del señor MARCO ABILIO GARCIA SEVILLA; para que previos los trámites legales y mediante sentencia definitiva, se declarara la nulidad de la Asamblea General de Accionistas de LAWSON ROCK INVESTMENT S.A., celebrada en fecha 24 de junio de 2019, sin reunir los requisitos legales para ello; la nulidad de acuerdos sociales supuestamente adoptados en dicha asamblea, por ser según el demandante, contrarios a la Ley, la restitución del señor DAVID ROBERT SELLON DYKSTRA, como Administrador de la mencionada Sociedad; la nulidad del Instrumento Público No. 325 autorizada por Notario en fecha 24 de junio de 2019, mediante la cual se protocoliza e inscribe el acta de dicha Asamblea; la cancelación del Asiento Registral No. 32, Tomo 103 del Registro de Comerciantes Sociales del Instituto de la Propiedad de Islas de la Bahía, en cual se inscribió el Instrumento Público antes descrito; y la condena en costas a la parte demandada. Asimismo, la parte demandante solicitó se decretara medida cautelar para que se suspendieran los acuerdos sociales impugnados mediante la demanda, debiendo decretarse dicha medida, sin la audiencia de la parte contraria. (Folios 01-11 de la pieza principal de los antecedentes) 2) El Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía, dictó resolución en fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en la cual resolvió: “…PRIMERO: Admitir la solicitud de Adopción de Medida Cautelar de suspensión de los acuerdos sociales inscrito bajo asiento número cincuenta y tres (53) del Tomo diez y nueve (19) y al margen del asiento número treinta y dos (32) del tomo ciento tres (103), del Registro de Comerciantes Sociales del Instituto de la Propiedad y que dicha medida se inscriba en el antecedente registral de la sociedad LAWSON ROCK INVESTMENT S.A., que se encuentra inscrito en el Registro de Comerciantes Sociales del Instituto de la Propiedad bajo asiento número cincuenta y tres (53) del Tomo diecinueve (19), del Instituto de la Propiedad de este Departamento de Islas de la Bahía,… SEGUNDO: Tener a la ABOGADA ESTHELA JANETH VALLADARES RAMOS, inscrita en el colegio de Abogados de Honduras bajo número 5636 como Apoderada Judicial del señor DAVID R. SELLON DYKSTRA. TERCERO: Declara ha lugar la adopción de la medida cautelar de Suspensión de los acuerdos sociales inscrito bajo asiento número cincuenta y tres (53) del Tomo diez y nueve (19) y al margen del asiento número treinta y dos (32) del tomo ciento tres (103), del Registro de Comerciantes Sociales del Instituto de la Propiedad y que dicha medida se inscriba en el antecedente registral de la sociedad LAWSON ROCK INVESTMENT S.A., que se encuentra inscrito en el Registro de Comerciantes Sociales del Instituto de la Propiedad bajo asiento número cincuenta y tres (53) del Tomo diecinueve (19), del Instituto de la Propiedad de este departamento, en consecuencia que se procede a la adopción de Medida Cautelar de Suspensión de acuerdos sociales, nombrándose para tal caso como ejecutor delegado a la ministra de fe por ley a la abogada YADIRA LIZETH HERNANDEZ, para que levante el acta correspondiente, librándose el respectivo mandamiento al Instituto de la Propiedad antes mencionado, previo rendimiento de la caución fijada. CUARTO: Fijar una cuantía de TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (LPS. 300,000.00) que deberá enterar la solicitante, a favor de este Juzgado, en forma de Garantía Bancaria, para responder por los prejuicios que pudiese causar la medida ordenada mediante el presente Auto motivado a la Sociedad Mercantil LAWSON ROCK INVESTMENT S.A., misma que deberá otorgarse previo a que este juzgado libre el mandamiento o exhorto correspondiente al Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de esta ciudad puerto de Roatán, Islas de la Bahía. QUINTO: La medida cautelar de Suspensión de Acuerdos Sociales, adoptada mediante el presente Auto motivado estará en vigencia por el término de tiempo que contempla el proceso ordinario promovido por la Abogada ESTHELA JANETH VALLADARES RAMOS, en su condición de apoderada legal del señor DAVID R. SELLON DYKSTRA, contra la sociedad mercantil denominada LAWSON ROCK INVESTMENT S.A., demanda que se encuentra registrada bajo Expediente número 103-2019, si este no rindiera contra cautela suficiente, para responder por los eventuales perjuicios que puedan derivarse del levantamiento de la medida y para garantizar que el efectivo cumplimiento de la Sentencia estimatoria que se dictare….” (Folios 44-47 de la pieza separada de Medida Cautelar) 3) En fecha cinco de noviembre de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía, el Abogado ERICK JOSUE SPEARS RAMOS, accionando en su condición de Apoderado y Representante Procesal del señor MARCO AVILIO GARCIA SEVILLA, quien fuera demandado en su condición de Comisario de la sociedad mercantil LAWSON ROCK INVESTMENT S.A., presentando Oposición a la Medida Cautelar, de la que se hace relación en el numeral que precede, y solicitando admitir la oposición presentada y con carácter urgente convocara a las partes a audiencia según lo manda el Artículo 392 numeral 1 del Código Procesal Civil; se levantara la medida cautelar de Suspensión de Acuerdos Sociales Decretada, la cual fue ejecutada en fecha doce de septiembre de dos mil diecinueve; y decidir sobre la caución para el levantamiento de dicha medida, que fuere ofrecida en el escrito de oposición. (Folios 56-59 de la pieza separada de 4) Seguido el procedimiento, el Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía, emitió resolución en fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, en la cual resolvió: “PRIMERO: DECLARA CON LUGAR la oposición a la medida cautelar de suspensión de acuerdos sociales inscritos bajo asientos números 53 del tomo 19 y al margen del asiento 32 del tomo 103 del Registro de Comerciantes Sociales del Instituto de la Propiedad, que fuere interpuesta por el abogado ERICK JOSUE SPEARS RAMOS, en su condición de representante procesal del señor MARCO AVILIO GARCIA SEVILLA, demandado en su condición de Comisario de la Sociedad Mercantil LAWSON ROCK INVESTMENT SOCIEDAD ANONIMA. SEGUNDO: Declarar con lugar el ofrecimiento de la caución por la cantidad de TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (LPS. 300,000.00) ofertada por el Abogado ERICK JOSUE SPEARS RAMOS en su condición de representante procesal del señor MARCO AVILIO GARCIA SEVILLA. - TERCERO: Ordénese el levantamiento de la medida cautelar referida una vez presentada la caución mediante cheque certificado por la cantidad de TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (LPS. 300,000.00) por la parte demandada, la cual se deberá de realizar dentro del plazo de diez días a partir de la notificación del presente auto. Y una vez cumplida la misma líbrese para tal efecto mandamiento al Instituto de la Propiedad, Registro de Comerciantes para que se deje sin valor y efecto la misma y que fuese inscrita bajo número setenta del tomo ciento cuatro del Registro de Comerciantes Sociales…” (Folios 77-80 de la pieza separada de Medida Cautelar) 5) Conociendo del recurso de apelación presentado por la Abogada ESTHELA JANETH VALLADARES RAMOS, actuando en su condición antes indicada, contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó Resolución en fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós, mediante la cual en la cual resolvió: “…PRIMERO: DECLARAR no ha lugar el Recurso de Apelación; SEGUNDO: CONFIRMANDO la resolución de fecha quince de febrero del año dos mil veintiuno.….” (Folios 08-11 de la segunda pieza de los antecedentes) 6) La Abogada ESTHELA JANETH VALLARES RAMOS, compareció ante este Tribunal en fecha doce de mayo de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor del señor DAVID ROBERT SELLON DYKSTRA, contra la Resolución de quince de febrero de dos mil veintiuno, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 Y 321 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala por formalizada su acción, en fecha veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. (Folios 01-07 y 42 del recurso de amparo) 7) En fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA y por emitido su dictamen, quien fue de la opinión porque “NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo al no concurrir las vulneraciones constitucionales alegadas por el impetrante.” (Folios 45-53 del recurso de amparo) CONSIDERANDO (1): Conforme lo disponen los artículos 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 3, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3) El recurrente al formalizar la acción constitucional de amparo, estableció que la resolución pronunciada por el Tribunal de Apelaciones vulnera el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República en cuanto a la Tutela Judicial efectiva, en relación al cumplimiento de formalidades legales que impone la rigurosa aplicación de los artículos 193.2 literal b) y 351.1 y 2 y 383.2 del Código Procesal Civil relacionados con el artículo 321 constitucional y en relación con los artículos 18, 19, 25, 35, 36 y 37 del Código Iberoamericano de Ética Judicial. Argumenta que se ha generado una incertidumbre al haber declarado sin lugar el recurso de apelación y el recurso de reposición, pues se le permite al señor SCOTT DAVID CAMBEL retomar el cargo de administrador único de la sociedad aún y cuando su nombramiento es ilegal como ilegal son los acuerdos tomados en la asamblea impugnada sin reunir los requisitos legales que dieron origen a la demanda. CONSIDERANDO (4): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (5): Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, estima necesario distinguir entre el procedimiento cautelar que es dentro del cual se ha gestado la acción de amparo, y el proceso ordinario declarativo que es donde se conoce la pretensión principal, en ese orden de ideas al examinar el caso de marras, resulta que se viene denunciando la infracción al debido proceso arguyendo que la desestimación del recurso de apelación, le permite al señor SCOTT DAVID CAMBEL retomar el cargo de administrador único de la sociedad aún y cuando su nombramiento es ilegal como ilegal son los acuerdos tomados en la asamblea impugnada sin reunir los requisitos legales que dieron origen a la demanda; siendo esta cuestión objeto de controversia del juicio principal y que no puede ser sujeta a examen vía acción de amparo. Lo que sí puede examinar este Tribunal Constitucional en lo relativo a la observancia o no de las formalidades establecidas en la ley para la tramitación de las medidas cautelares, en ese sentido, se advierte que, en el procedimiento cautelar, los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia, han observado lo prescrito en los artículos 351. 1.2, 356 y 383.2 del Código Procesal Civil, en virtud de que el juzgado de letras consideró la concurrencia de los presupuestos para dictar la medida cautelar in audita parte, prosiguiendo el trámite, dando lugar a la oposición en el momento procesal previsto por el código en igualdad de condiciones, en donde la parte demandada al momento de oponerse a la caución, amparado en el artículo 391 del Código Procesal Civil, ofreció una caución para impedir la práctica de la medida cautelar, habiendo resuelto el juez, luego de celebrada la audiencia de oposición, declarar con lugar la oposición a la medida cautelar originalmente dictada y declarar con lugar la caución ofrecida por el demandado para impedir la práctica de la medida cautelar, fijándose en la cantidad de trescientos mil lempiras. CONSIDERANDO (6): La tutela judicial efectiva supone que los recurrentes sean oídos y tengan derecho a una decisión fundada en derecho independientemente que sea favorable o adversa al impetrante, en ese sentido, el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, prescribe que, nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, y entre las garantías que tienen las partes se encuentra la de que su litigio sea resuelto en una sentencia debidamente motivada; sobre la motivación es preciso traer a colación el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que establece el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías, entre las cuales sin duda se deriva el derecho a la motivación, así lo ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar a la motivación como una de las “debidas garantías” a que se refiere esta norma. La Corte ha sostenido: “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Es por esto que las decisiones que adopten los órganos jurisdiccionales deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. Dicho esto, al examinar la decisión del tribunal de apelaciones se aprecia una adecuada motivación para efectos de confirmar el pronunciamiento del juzgado de letras; el hecho de que el recurrente, no esté de acuerdo con la decisión adoptada por el tribunal de apelaciones, no puede representar per se, un quebranto al debido proceso y tutela judicial efectiva; la Sala Constitucional únicamente debe ocuparse de examinar si concurre o no la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados pues el fallo del Tribunal de Apelaciones se encuentra debidamente fundamentado y motivado y no puede considerarse arbitrario. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 7 inciso 2), 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1, 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 62,90 párrafo primero, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ESTHELA JANETH VALLADARES, a favor del Señor DAVID ROBERT SELLON DYKSTRA, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós. Y MANDA: Con la certificación de este fallo remítase los antecedentes al Tribunal de su procedencia y que se continúe con el trámite procedente. Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha veintidós de junio de dos mil veintitrés, recaídas en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-752-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL