Sentencia AC-651-23 — Registro 17798
Resumen
Demandante interpuso denuncia ante el Juzgado de Letras especial contra la Violencia Doméstica de San Pedro Sula, presentando la misma denuncia , es decir por los mismos hechos, que está conociendo el Juzgado de Paz, la Sala de lo Constitucional, en su función revisora de las sentencias dictadas en amparo y venidas en consulta ,ha encontrado irregularidades procesales en el desarrollo de acción de merito. Considerando la Sala Constitucional revocar sobreseimiento dictado en dicha acción en relación a la substanciación de la misma
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
(2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada en fecha doce de mayo del año dos mil veintitrés, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el abogado MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON, contra la resolución emitida de forma verbal, en fecha veintisiete de marzo del año dos mil veintitrés, por la Juez AURORA MONTES, del Juzgado de Letras Especial contra la Violencia Doméstica de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la denuncia de Violencia Doméstica, promovida por la señora DEMANDATE, contra el señor IMPUTADO.- CONSIDERANDO (3): Que los antecedentes en el presente caso son los siguiente: El 25 de diciembre del 2022, en la residencial La Granja, en la ciudad de El progreso, depto. De Yoro, colonia en la cual habita solo el señor IMPUTADO, recibió la visita de su esposa, DEMANDANTE, aconteciendo hechos constitutivos de violencia doméstica. Señala el recurrente que la ofendida interpuso la denuncia ante la Dirección Policial de Investigaciones (D.P.I.), no se sabe si ese mismo día o cuando, señala que la denuncia se registró con el número 2363. Relata que la denuncia 2363 fue remitida al Juzgado de Paz de lo Penal de El Progreso, Yoro, quien tiene atribuciones para conocer de casos de contra la violencia doméstica, por no existir juzgado de letras especializado, registrando la denuncia en el expediente No. 46-2023, comenzando el procedimiento de ley. señala el recurrente sin indicar fecha, que se le impuso las medidas que manda la ley, y que, a la fecha de la interposición del amparo, su representado está cumpliendo las medidas. Sigue manifestando el recurrente que la señora DEMANDATE interpuso denuncia ante el Juzgado de Letras especial contra la Violencia Doméstica de San Pedro Sula, presentando la misma denuncia 2363, es decir por los mismos hechos, que está conociendo el Juzgado de Paz de El progreso, denuncia que fue registrada bajo el número de expediente 627-2023. Expone el recurrente, que en resolución verbal de fecha 27 de marzo del dos mil veintitrés, la Juez de letras especial contra la Violencia doméstica resolvió: “que independientemente que en el expediente se encuentre el escrito de personamiento y un incidente de litispendencia, ella también seguirá conociendo el caso y que no importa que esos mismos hechos ya están iniciadas las diligencias en El Progreso, y que perfectamente varios jueces de varias ciudades pueden conocer los mismos hechos de manera simultánea o paralela, y que el día que algún juez dicte el fallo es mi trabajo como representante del denunciado llevar la denuncia a los demás juzgados que estén conociendo el mismo caso, acto seguido la secretaria, de la juez AURORA MONTES le impuso las medidas de seguridad argumentando que perfectamente él debe estar cumpliendo las medidas impuestas en el juzgado de El Progreso y por los mismos hechos también debe cumplir las medidas impuestas el día de ayer,…” Señala el impetrante que el amparo debe prosperar, en tanto existe cosa Juzgada, y menciona como elementos de prueba el expediente no. 46-2023 que obra en el Juzgado de Paz de El progreso, Yoro, como el expediente No. 627-2023 que obra en el Juzgado de Letras especial contra la violencia doméstica, ya que en ambos se juzgan los mismos hechos. Sostiene que la resolución verbal aludida vulnera el artículo 90 y 95 constitucional contentivos del debido proceso y la prohibición del doble juzgamiento. CONSIDERANDO (4): Que la resolución recurrida en amparo, es la emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha doce de mayo del año dos mil veintitrés, que literalmente dice: “MOTIVACION FÁCTICA Y JURÍDICA PRIMERO: El recurrente en la interposición del Recurso de Amparo argumenta que, el día lunes veintisiete de marzo del año dos mil veintitrés a las dos de la tarde, en presencia de su poderdante, la Juez del Juzgado de Letras Especial contra la Violencia Doméstica AURORA MONTES, les manifestó que, independientemente que en el expediente se encuentre el escrito de personamiento y un incidente de litispendencia ella también seguirá conociendo el caso y que no importa que esos mismos hechos ya estén iniciadas las diligencias de El Progreso, y que perfectamente varios jueces de varias ciudades pueden conocer los mismos hechos de manera simultánea o paralela, y que el día que algún juez dicte el fallo es su trabajo como representante del denunciado llevar la denuncia a los demás juzgados que estén conociendo el mismo caso, acto seguido la secretaria de la juez Aurora Montes le impuso las medidas de seguridad argumentando que perfectamente él debe estar cumpliendo las medidas impuestas en el Juzgado de El Progreso y por los mismos hechos también debe cumplir las medidas impuestas. SEGUNDO: Señala el amparista que la señora DEMANDANTE presentó una denuncia de violencia doméstica con número 2363 contra su representado el señor IMPUTADO y ésta presento la denuncia ante el Juzgado de Paz de lo Penal de la ciudad de El Progreso, Yoro, y también lo hizo en el Juzgado de Letras Especial contra la Violencia Doméstica. Alega como normas jurídicas violentadas el artículo 90 de la Constitución y el artículo 210 del Código Procesal Civil (Cosa Juzgada Material). TERCERO: Del estudio de los autos y del informe rendido por el Juez de Primera Instancia, se aprecia lo siguiente: Que en fecha 17 de marzo del año 2023 se dictó auto de admisión en la denuncia registrada en el Juzgado de Letras Especial contra la Violencia Doméstica bajo el número 627-2023 presentada por la señora DEMANDATE contra el señor IMPUTADO y que la juez AURA MONTES informa que realizó un reconocimiento judicial al Juzgado de Paz de lo Penal de la ciudad de El Progreso, Yoro, específicamente al expediente registrado en ese juzgado bajo el número 46-2023 constatando que se presentó otra denuncia y que se dictó sentencia en la cual el señor IMPUTADO fue sentenciado por actos de violencia doméstica en contra de la señora DEMANDATE. CUARTO: El artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional establece que la finalidad de la acción de amparo es mantener o restituir el goce de los derechos y garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones y otros Instrumentos establecen, y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no es aplicable, por contravenir, disminuir y tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. El recurso de amparo es un mecanismo para hacer valer los derechos fundamentales establecidos en la constitución, es pues un medio de control de la constitucionalidad, y procesalmente hablando se considera un recurso extraordinario porque el agraviado debe de agotar todos los recursos o medios para subsanar el agravio sufrido antes de promover su acción de amparo, disponiendo el artículo 48 de la citada Ley que “La acción de amparo deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquélla en que este haya tenido conocimiento de tal acción u omisión que, a su juicio, le perjudica o pueda perjudicarle”. QUINTO: Nuestra legislación determina como requisito previo para promover la acción constitucional de amparo, el agotamiento previo de los recursos ordinarios o acciones legales que puedan asistir al afectado, estableciendo inclusive que la falta de ejercicio de estos recursos constituye una causal para declarar no admisible la acción constitucional de amparo, por estimarse que la falta de agotamiento de estos recursos conlleva al consentimiento o conformidad con el acto o acción denunciada. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha dejado establecido en su jurisprudencia, que conforme con el principio de definitividad, se exige que de manera previa al inicio del juicio de garantías, el quejoso haya ejercido todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales para procurar la subsanación del acto reclamado; de igual forma, se sabe que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado. SEXTO: El artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional señala todas las causas por la cuales puede ser declarada la inadmisibilidad de la acción de amparo, entre ellas las de mera legalidad y cuando en asuntos judiciales puramente civiles, tuviere recursos o acciones legales en el mismo juicio (numerales 1 y 7). En el caso que nos ocupa, la resolución verbal que el amparista ha recurrido, no consta en autos, ni la juez al emitir su informe hace referencia a la misma, tampoco se desprende de los autos que el recurrente haya hecho uso de los recursos ordinarios que la ley le otorga para impugnar la resolución que le afecta, recursos que conforme a la Ley sobre Justicia Constitucional deben haberse agotado previo a interponer la presente acción de amparo, en tal virtud, es procedente sobreseer el referido amparo.” CONSIDERANDO (5): Sigue manifestando el recurrente que la señora DEMANDANTE, interpuso denuncia ante el Juzgado de Letras especial contra la Violencia Doméstica de San Pedro Sula, presentando la misma denuncia 2363, es decir por los mismos hechos, que está conociendo el Juzgado de Paz de El progreso, denuncia que fue registrada bajo el número de La Juez del Juzgado de Letras Especial contra la Violencia Doméstica de San Pedro Sula, en fecha doce de abril de dos mil veintitrés, emitió resolución mediante la cual tiene por recibido el exhorto enviado por la Corte de Apelaciones, en virtud de la acción de amparo interpuesta, esto en cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 52 de la Ley sobre Justicia Constitucional, disposición que ordena que en el auto de admisión de la demandan de amparo, se mande comunicación o exhorto a la autoridad, persona o entidad contra quien se interpone el amparo, para que remita los respectivos antecedentes o rinda un informe. Así, una vez recibido el exhorto la Juez, en el numeral dos de la parte dispositiva de resolución antes referida, ordena a la secretaría del despacho, dar cumplimiento al exhorto recibido de parte del tribunal de alzada a efecto de que envíe los antecedentes del caso, y que deje un extracto de las actuaciones principales para seguir conocimiento del caso, (ver folio 8v. p.p.). Es necesario mencionar que, en los antecedentes recibidos para conocer en consulta del amparo supra, no existen los antecedentes ni el informe que ordena el artículo 52 de la Ley sobre Justicia Constitucional, por lo que esta Sala se pregunta fundamentada en qué, la Corte de Apelaciones resolvió el recurso de amparo. CONSIDERANDO (6): Que la vulneración al derecho de defensa y al debido proceso planteada por el recurrente, en la interposición y formalización de la acción de amparo interpuesta, lo constituye, a juicio del impetrante una resolución verbal, de fecha veintisiete de marzo del dos mil veintitrés, emitida por la Juez del Juzgado de Letras Especial contra la Violencia Doméstica de San Pedro Sula, sin indicar en que momento procesal fue emitida, en qué audiencia, pues no hay en los antecedentes referencia a registro de ese acto procesal, ni registros posteriores como notificaciones o interposición de recursos etc. CONSIDERANDO (7): Que, no obstante, se haya planteado la cuestión de fondo, se debe mencionar que, la sala de lo constitucional, en su función revisora de las sentencias dictadas en amparo y venidas en consulta de acuerdo con el artículo 68 de la ley sobre Justicia Constitucional, ha encontrado irregularidades procesales en el desarrollo de la garantía de amparo. Se debe mencionar que, una vez admitida la acción de amparo, en el exhorto enviado por la Corte de Apelaciones a la Juez de Letras Especial contra la Violencia Doméstica, le indica claramente que “…en el término de veinticuatro (24) horas rinda informe del expediente de mérito No. (627-2023) sobre la resolución que el abogado MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON, reclama.”; exhorto que no fue cumplimentado por parte de la Juez. Así las cosas, la Corte de Apelaciones debió percatarse del no envío de los antecedentes o en su caso del informe, y correspondía dictar un auto de apremio mandando a requerir a la juez, bajo el apercibimiento de que, si no cumple dentro del término de veinticuatro horas, se tendría como violado el derecho o garantía que motiva la acción, y se resolverá sin más trámite, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, esto por disposición del artículo 53 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. En este caso ni el Juez ni la Corte de Apelaciones respetaron el debido proceso pues inobservaron lo dispuesto en la ley Sobre Justicia Constitucional, violentando así el principio de legalidad. CONSIDERANDO (8): La Sala de lo Constitucional, conociendo en consulta la acción de amparo y en aplicación del artículo 69 de la ley sobre Justicia Constitucional, revoca el sobreseimiento venido en consulta y sin más trámite otorga el amparo interpuesto en aplicación de lo dispuesto en el artículo 53 de la ley antes mencionada por tenerse como violado el derecho que motiva la acción.
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 53 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 148 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. – Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de noviembre de dos mil veintitrés. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), que Sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el abogado MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON, la resolución emitida de forma verbal, en fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), por la Juez AURORA MONTES, del Juzgado de Letras Especial contra la Violencia Doméstica de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la denuncia de Violencia Doméstica, promovida por la señora DEMANDATE, contra el señor IMPUTADO.-.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 80, 82 Y 90 de de ANTECEDENTES 1)Que en fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula departamento de Cortés, el Abogado MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON, Interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor IMPUTADO, contra la resolución emitida de forma verbal, en fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), por la Juez AURORA MONTES, del Juzgado de Letras Especial Contra la Violencia Doméstica de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés. 2) Que la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha doce (12) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), dictó sentencia en la cual: FALLA: SOBRESEER el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON actuando en su condición de representante procesal del señor IMPUTADO, en contra la resolución de forma verbal emitida por la juez AURORA MONTES, el día lunes 27 de marzo del año dos mil 2023, Juez del Juzgado de Letras Especial contra la Violencia Doméstica, en el proceso registrado bajo el número 627-2023, contentivo de denuncia de Violencia Domestica promovida por la señora DEMANDATE contra el señor IMPUTADO. Y MANDA: Que, una vez notificada el presente Fallo, se remitan los autos en consulta a la Honorable Corte Suprema de Justicia. - Es ponente Abogada EDNA JUDITH GONZALES. - NOTIFIQUESE. (Folio 19 al 20 de la pieza de Corte de Apelaciones) 3) Que en fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada en fecha doce de mayo del año dos mil veintitrés, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el abogado MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON, contra la resolución emitida de forma verbal, en fecha veintisiete de marzo del año dos mil veintitrés, por la Juez AURORA MONTES, del Juzgado de Letras Especial contra la Violencia Doméstica de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la denuncia de Violencia Doméstica, promovida por la señora DEMANDATE, contra el señor IMPUTADO.- CONSIDERANDO (3): Que los antecedentes en el presente caso son los siguiente: El 25 de diciembre del 2022, en la residencial La Granja, en la ciudad de El progreso, depto. De Yoro, colonia en la cual habita solo el señor IMPUTADO, recibió la visita de su esposa, DEMANDANTE, aconteciendo hechos constitutivos de violencia doméstica. Señala el recurrente que la ofendida interpuso la denuncia ante la Dirección Policial de Investigaciones (D.P.I.), no se sabe si ese mismo día o cuando, señala que la denuncia se registró con el número 2363. Relata que la denuncia 2363 fue remitida al Juzgado de Paz de lo Penal de El Progreso, Yoro, quien tiene atribuciones para conocer de casos de contra la violencia doméstica, por no existir juzgado de letras especializado, registrando la denuncia en el expediente No. 46-2023, comenzando el procedimiento de ley. señala el recurrente sin indicar fecha, que se le impuso las medidas que manda la ley, y que, a la fecha de la interposición del amparo, su representado está cumpliendo las medidas. Sigue manifestando el recurrente que la señora DEMANDATE interpuso denuncia ante el Juzgado de Letras especial contra la Violencia Doméstica de San Pedro Sula, presentando la misma denuncia 2363, es decir por los mismos hechos, que está conociendo el Juzgado de Paz de El progreso, denuncia que fue registrada bajo el número de expediente 627-2023. Expone el recurrente, que en resolución verbal de fecha 27 de marzo del dos mil veintitrés, la Juez de letras especial contra la Violencia doméstica resolvió: “que independientemente que en el expediente se encuentre el escrito de personamiento y un incidente de litispendencia, ella también seguirá conociendo el caso y que no importa que esos mismos hechos ya están iniciadas las diligencias en El Progreso, y que perfectamente varios jueces de varias ciudades pueden conocer los mismos hechos de manera simultánea o paralela, y que el día que algún juez dicte el fallo es mi trabajo como representante del denunciado llevar la denuncia a los demás juzgados que estén conociendo el mismo caso, acto seguido la secretaria, de la juez AURORA MONTES le impuso las medidas de seguridad argumentando que perfectamente él debe estar cumpliendo las medidas impuestas en el juzgado de El Progreso y por los mismos hechos también debe cumplir las medidas impuestas el día de ayer,…” Señala el impetrante que el amparo debe prosperar, en tanto existe cosa Juzgada, y menciona como elementos de prueba el expediente no. 46-2023 que obra en el Juzgado de Paz de El progreso, Yoro, como el expediente No. 627-2023 que obra en el Juzgado de Letras especial contra la violencia doméstica, ya que en ambos se juzgan los mismos hechos. Sostiene que la resolución verbal aludida vulnera el artículo 90 y 95 constitucional contentivos del debido proceso y la prohibición del doble juzgamiento. CONSIDERANDO (4): Que la resolución recurrida en amparo, es la emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha doce de mayo del año dos mil veintitrés, que literalmente dice: “MOTIVACION FÁCTICA Y JURÍDICA PRIMERO: El recurrente en la interposición del Recurso de Amparo argumenta que, el día lunes veintisiete de marzo del año dos mil veintitrés a las dos de la tarde, en presencia de su poderdante, la Juez del Juzgado de Letras Especial contra la Violencia Doméstica AURORA MONTES, les manifestó que, independientemente que en el expediente se encuentre el escrito de personamiento y un incidente de litispendencia ella también seguirá conociendo el caso y que no importa que esos mismos hechos ya estén iniciadas las diligencias de El Progreso, y que perfectamente varios jueces de varias ciudades pueden conocer los mismos hechos de manera simultánea o paralela, y que el día que algún juez dicte el fallo es su trabajo como representante del denunciado llevar la denuncia a los demás juzgados que estén conociendo el mismo caso, acto seguido la secretaria de la juez Aurora Montes le impuso las medidas de seguridad argumentando que perfectamente él debe estar cumpliendo las medidas impuestas en el Juzgado de El Progreso y por los mismos hechos también debe cumplir las medidas impuestas. SEGUNDO: Señala el amparista que la señora DEMANDANTE presentó una denuncia de violencia doméstica con número 2363 contra su representado el señor IMPUTADO y ésta presento la denuncia ante el Juzgado de Paz de lo Penal de la ciudad de El Progreso, Yoro, y también lo hizo en el Juzgado de Letras Especial contra la Violencia Doméstica. Alega como normas jurídicas violentadas el artículo 90 de la Constitución y el artículo 210 del Código Procesal Civil (Cosa Juzgada Material). TERCERO: Del estudio de los autos y del informe rendido por el Juez de Primera Instancia, se aprecia lo siguiente: Que en fecha 17 de marzo del año 2023 se dictó auto de admisión en la denuncia registrada en el Juzgado de Letras Especial contra la Violencia Doméstica bajo el número 627-2023 presentada por la señora DEMANDATE contra el señor IMPUTADO y que la juez AURA MONTES informa que realizó un reconocimiento judicial al Juzgado de Paz de lo Penal de la ciudad de El Progreso, Yoro, específicamente al expediente registrado en ese juzgado bajo el número 46-2023 constatando que se presentó otra denuncia y que se dictó sentencia en la cual el señor IMPUTADO fue sentenciado por actos de violencia doméstica en contra de la señora DEMANDATE. CUARTO: El artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional establece que la finalidad de la acción de amparo es mantener o restituir el goce de los derechos y garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones y otros Instrumentos establecen, y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no es aplicable, por contravenir, disminuir y tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. El recurso de amparo es un mecanismo para hacer valer los derechos fundamentales establecidos en la constitución, es pues un medio de control de la constitucionalidad, y procesalmente hablando se considera un recurso extraordinario porque el agraviado debe de agotar todos los recursos o medios para subsanar el agravio sufrido antes de promover su acción de amparo, disponiendo el artículo 48 de la citada Ley que “La acción de amparo deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquélla en que este haya tenido conocimiento de tal acción u omisión que, a su juicio, le perjudica o pueda perjudicarle”. QUINTO: Nuestra legislación determina como requisito previo para promover la acción constitucional de amparo, el agotamiento previo de los recursos ordinarios o acciones legales que puedan asistir al afectado, estableciendo inclusive que la falta de ejercicio de estos recursos constituye una causal para declarar no admisible la acción constitucional de amparo, por estimarse que la falta de agotamiento de estos recursos conlleva al consentimiento o conformidad con el acto o acción denunciada. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha dejado establecido en su jurisprudencia, que conforme con el principio de definitividad, se exige que de manera previa al inicio del juicio de garantías, el quejoso haya ejercido todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales para procurar la subsanación del acto reclamado; de igual forma, se sabe que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado. SEXTO: El artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional señala todas las causas por la cuales puede ser declarada la inadmisibilidad de la acción de amparo, entre ellas las de mera legalidad y cuando en asuntos judiciales puramente civiles, tuviere recursos o acciones legales en el mismo juicio (numerales 1 y 7). En el caso que nos ocupa, la resolución verbal que el amparista ha recurrido, no consta en autos, ni la juez al emitir su informe hace referencia a la misma, tampoco se desprende de los autos que el recurrente haya hecho uso de los recursos ordinarios que la ley le otorga para impugnar la resolución que le afecta, recursos que conforme a la Ley sobre Justicia Constitucional deben haberse agotado previo a interponer la presente acción de amparo, en tal virtud, es procedente sobreseer el referido amparo.” CONSIDERANDO (5): Sigue manifestando el recurrente que la señora DEMANDANTE, interpuso denuncia ante el Juzgado de Letras especial contra la Violencia Doméstica de San Pedro Sula, presentando la misma denuncia 2363, es decir por los mismos hechos, que está conociendo el Juzgado de Paz de El progreso, denuncia que fue registrada bajo el número de La Juez del Juzgado de Letras Especial contra la Violencia Doméstica de San Pedro Sula, en fecha doce de abril de dos mil veintitrés, emitió resolución mediante la cual tiene por recibido el exhorto enviado por la Corte de Apelaciones, en virtud de la acción de amparo interpuesta, esto en cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 52 de la Ley sobre Justicia Constitucional, disposición que ordena que en el auto de admisión de la demandan de amparo, se mande comunicación o exhorto a la autoridad, persona o entidad contra quien se interpone el amparo, para que remita los respectivos antecedentes o rinda un informe. Así, una vez recibido el exhorto la Juez, en el numeral dos de la parte dispositiva de resolución antes referida, ordena a la secretaría del despacho, dar cumplimiento al exhorto recibido de parte del tribunal de alzada a efecto de que envíe los antecedentes del caso, y que deje un extracto de las actuaciones principales para seguir conocimiento del caso, (ver folio 8v. p.p.). Es necesario mencionar que, en los antecedentes recibidos para conocer en consulta del amparo supra, no existen los antecedentes ni el informe que ordena el artículo 52 de la Ley sobre Justicia Constitucional, por lo que esta Sala se pregunta fundamentada en qué, la Corte de Apelaciones resolvió el recurso de amparo. CONSIDERANDO (6): Que la vulneración al derecho de defensa y al debido proceso planteada por el recurrente, en la interposición y formalización de la acción de amparo interpuesta, lo constituye, a juicio del impetrante una resolución verbal, de fecha veintisiete de marzo del dos mil veintitrés, emitida por la Juez del Juzgado de Letras Especial contra la Violencia Doméstica de San Pedro Sula, sin indicar en que momento procesal fue emitida, en qué audiencia, pues no hay en los antecedentes referencia a registro de ese acto procesal, ni registros posteriores como notificaciones o interposición de recursos etc. CONSIDERANDO (7): Que, no obstante, se haya planteado la cuestión de fondo, se debe mencionar que, la sala de lo constitucional, en su función revisora de las sentencias dictadas en amparo y venidas en consulta de acuerdo con el artículo 68 de la ley sobre Justicia Constitucional, ha encontrado irregularidades procesales en el desarrollo de la garantía de amparo. Se debe mencionar que, una vez admitida la acción de amparo, en el exhorto enviado por la Corte de Apelaciones a la Juez de Letras Especial contra la Violencia Doméstica, le indica claramente que “…en el término de veinticuatro (24) horas rinda informe del expediente de mérito No. (627-2023) sobre la resolución que el abogado MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON, reclama.”; exhorto que no fue cumplimentado por parte de la Juez. Así las cosas, la Corte de Apelaciones debió percatarse del no envío de los antecedentes o en su caso del informe, y correspondía dictar un auto de apremio mandando a requerir a la juez, bajo el apercibimiento de que, si no cumple dentro del término de veinticuatro horas, se tendría como violado el derecho o garantía que motiva la acción, y se resolverá sin más trámite, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, esto por disposición del artículo 53 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. En este caso ni el Juez ni la Corte de Apelaciones respetaron el debido proceso pues inobservaron lo dispuesto en la ley Sobre Justicia Constitucional, violentando así el principio de legalidad. CONSIDERANDO (8): La Sala de lo Constitucional, conociendo en consulta la acción de amparo y en aplicación del artículo 69 de la ley sobre Justicia Constitucional, revoca el sobreseimiento venido en consulta y sin más trámite otorga el amparo interpuesto en aplicación de lo dispuesto en el artículo 53 de la ley antes mencionada por tenerse como violado el derecho que motiva la acción. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5), 316 No. 1) de la Constitución de la República, 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 52, 53, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 3 y 148 del Código Procesal Civil, FALLA: REVOCANDO el sobreseimiento dictado por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha doce de mayo del año dos mil veintitrés, en el recurso de amparo interpuesto por el abogado MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON, contra la resolución emitida de forma verbal, en fecha veintisiete de marzo del año dos mil veintitrés, por la Juez AURORA MONTES, del Juzgado de Letras Especial contra la Violencia Doméstica de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la denuncia de Violencia Doméstica, promovida por la señora DEMANDATE, contra el señor IMPUTADO. 2.- OTORGANDO EL AMPARO INTERPUESTO al tenerse como violado el derecho que motiva la acción, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó Magistrado Wagner Vallecillo.- NOTIFIQUESE. Sello y firmas. SONIA MARLINA Dubon VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO Padilla. WAGNER VallEcillo PAREDES. FRANCISCA Villela ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Sello y firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal con el número SCO-0651-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.