Sentencia AC-633-23 — Registro 17647
Resumen
En Consulta la sentencia que otorgó el recurso de amparo contra la resolución del Juzgado de Letras, en relación a un incidente de nulidad alegado sobre la Homologación del Acuerdo de Transacción Extrajudicial, en la demanda ordinaria de Reivindicación de dominio de propiedad para el pago de daños y perjuicios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" … Esta Sala es del criterio que la resolución que hoy se recurre en amparo debe ser confirmada, puesto que tal como se aprecia de autos y como ha quedado claramente establecido en los considerandos que anteceden, queda evidenciada la vulneración de las garantías constitucionales señaladas por el impetrante por haberse constatado que la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán en fecha cinco de abril de dos mil veintidós, en donde se establece que la homologación del acuerdo de transacción extrajudicial se encuentra firme y con carácter de cosa juzgada y consecuentemente declara sin lugar el incidente de nulidad absoluta de actuaciones, no se encuentra dictada conforme a derecho, puesto que deja en indefensión al recurrente al decir que el acuerdo transaccional se encuentra firme, cuando podemos apreciar que en el auto de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, el Juzgado resuelve únicamente en el sentido de que se dé estricto cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho, pero omite dar trámite a la oposición que en su momento planteara el abogado Darwin Lindolfo García. En consecuencia, para esta Sala de lo Constitucional, resulta pertinente confirmar la sentencia venida en consulta..."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de diciembre de dos mil veintitrés. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha siete de noviembre de dos mil veintidós, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, a favor del señor ORLANDO AURELIO MONTOYA VALLADARES, contra la resolución dictada en fecha nueve de marzo de dos mil veintitrés, por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en relación a un incidente de nulidad alegado en la demanda ordinaria de Reivindicación de dominio de propiedad para el pago de daños y perjuicios, promovida por la señora GLORIA ILDAURA MEJIA, contra el señor ORLANDO AURELIO MONTOYA VALLADARES. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve de agosto de dos mil once, el Abogado JIMMY ROMMEL BARRIOS CARDENAS, actuando en su condición de Apoderado legal de los HEREDEROS MEJIA MEJIA, representados por la señora GLORIA ILDAURA MEJIA, todos herederos Ab-Intestato del señor FRANCISCO WILFREDO MEJIA ZEPEDA (Q.D.D.G), promoviendo demanda por el Procedimiento Ordinario de Reivindicación de Dominio de Propiedad y Todos sus Derechos reales, y a petición secundaria el pago de daños y perjuicios, contra el señor RICARDO DIAZ DEL VALLE LORENZANA. (Folios 01 al 10 del Tomo I de la primera pieza de antecedentes). 2) Que en fecha diez de agosto de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, celebró Audiencia de Conciliación en la cual se estableció lo siguiente: Que la parte demandante manifestó que llegaron a un convenio de porcentaje que correspondió al 26% en cuanto a las condiciones de la parte demandada, por lo cual desisten de los daños y perjuicios y que cada quien quedó en uso de los derechos reales, manteniéndose al margen si surgía otro reclamo, en consecuencia el Juez tuvo por ratificado el convenio. Por otra parte, el representante del señor ORLANDO AURELIO MONTOYA, manifestó que se oponían al convenio, el cual no había sido consensuado por ambas familias, por lo que solicitaba una nueva audiencia de conciliación. En consecuencia, el Juez tuvo por hecha la manifestación, teniendo por ratificada la transacción por las partes, la cual sería homologada posteriormente por el Juzgado. (Folios 1341 al 1342 del Tomo IV de la primera pieza de los antecedentes). 3) Que en fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán dictó resolución en la cual resuelve: “PRIMERO: …Tener por hecha la Homologación del Acuerdo de Transacción Extrajudicial, y se le reconozca a la señora GLORIA ILDAURA MEJIA, como propietaria sobre derechos de propiedad, derechos reales del dominio, fideicomisos y demás derechos correspondientes de los bienes inmuebles descritos a su favor bajo el número 31 tomo 4351, trasladada a matrícula 0000101376 del Instituto de la Propiedad del Departamento de Francisco Morazán. SEGUNDO: Se le reconozca a la señora GLORIA ILDAURA MEJIA, como única y legítima propietaria sobre los bienes inmuebles hoy litigio, bajo afectación del Decreto ejecutivo PCM-067-2005, y constituido bajo fideicomiso siendo depositario el Banco de los Trabajadores bajo los siguientes términos pactado por las partes: a) La demandante GLORIA ILDAURA MEJIA, se compromete a ceder a favor de los demandados por una sola vez y única vez por medio de su representante procesal paga a favor de los demandados el equivalente al 26% sobre el valor del pago efectuado en fideicomiso por una sola vez, al estar debidamente acreditado y presentado el monto recaudado en el informe oficial ante este Juzgado, correspondientes a los bienes inmuebles en litigio, los cuales fueron afectados por el Estado de Honduras por vía del Decreto Ejecutivo PCM-0672005, identificados como colonias: Los Pinos, Plan de los Pinos y Altos de los Pinos. b) Absolver a los demandados de todas las pretensiones deducidas en su contra en este proceso. c) La parte demandada reconoce como única y exclusiva propietaria de los inmuebles en litigio descrita en la cláusula PRIMERA de este acuerdo a favor de la demandante la señora GLORIA ILDAURA MEJIA. d) La parte demandada acepta el cobro y reclamo vía judicial o extrajudicial del fideicomiso decretado bajo Convenio Ejecutivo PCM-067-2005, y suscrito ante el depositario BANCO DE LOS TRABAJADORES. e) La parte demandada acepta que la demandante GLORIA ILDAURA MEJIA, se ubican sus antecedentes registrales de sus propiedades en los sitios denominados “CARRANZA” aceptando los demandados ubicarse en el sitio “AZACUALPA” mediando entre estos tres sitios que los separa por el norte que son: GUAYABO MUNUARE, LA CULEBRA y los CASTROS. f) La parte demandada se compromete a no realizar ningún tipo de demanda o acción civil de reclamo o pretensión de dominio, o dejar sin ningún valor ni efecto demandas pasadas, presentes o futuras por cualquiera de los codemandados herederos FONSECA y BARRIENTOS. En caso de incumplimiento sobre esto, la parte demandante que habilitada a reclamar lo pagado más el 20% sobre el monto cancelado a título de daños y perjuicios. g) Ambas partes se comprometen una vez recibido el fideicomiso al pago de honorarios profesionales de sus representantes procesales. h) La demandante GLORIA ILDAURA MEJIA, acepta condiciones y porcentajes descritos, siendo el equivalente de ella el 74% menos el 20% en pago de honorarios a su representante procesal abogado JIMMY ROMMEL BARRIOS CARDENAS, una vez recibido el fideicomiso, por lo cual los porcentajes descritos en este acuerdo deberán ser entregados a cada uno de los a cada uno en los porcentajes pactados a través del depositario del fideicomiso en Banco de los Trabajadores. i) AMBAS PARTES aceptan TODAS las condiciones antes descritas. TERCERO: Se le otorga el plazo de quince (15) días a las partes a fin de impugnar el presente acuerdo transaccional homologado, por las causas que invalidan los contratos como nulidad absoluta y nulidad relativa así como las demás razones establecidas en el Código Procesal Civil, la cual abarca desde las partes que acordaron transaccionalmente hasta terceros a quienes afecte o puedan sufrir un perjuicio una vez transcurrido este plazo y no haciendo ninguna de las partes uso de ello, pondrá fuerza de ejecución y tendrá efecto de cosa juzgada. (Folios 1402-1403 del Tomo IV de la primera pieza). 4) Que en fecha uno de abril de dos mil veintidós, el Abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor ORLANDO AURELIO MONTOYA VALLADARES, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, interponiendo Incidente de Nulidad de Resolución contra la resolución de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho, de la que se hace relación el numeral que precede. (Folios 1623 al 1627 del Tomo IV de la primera pieza de antecedentes). 5) Que en fecha cinco de abril de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución en la cual: “RESUELVE: PRIMERO: Admítase el escrito que antecede, junto con el documento acompañado el cual se manda agregar a sus antecedentes.- Vista que la resolución de fecha veinte de septiembre del año dos mil dieciocho, que homologado el acuerdo de transacción extrajudicial se encuentra firme y con carácter de cosa juzgada, en consecuencia se inadmite a trámite el Incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones interpuesto por el compareciente.…”. (Folio 1631 del Tomo IV de la primera pieza de los antecedentes).6) Que en fecha veintinueve de julio de dos mil veintidós, el Abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, compareció ante la Corte de Segunda de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, interponiendo recurso de amparo a favor del señor ORLANDO AURELIO MONTOYA VALLADARES, contra la resolución dictada en fecha cinco de abril de dos mil veintidós, por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, por considerar la recurrente que la misma viola los Artículos 82 y 90 consignados en la Constitución de la República. 7) Que, seguido el procedimiento establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones emitió su fallo en fecha nueve de marzo de dos mil veintitrés, mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: OTORGAR LA ACCION DE AMPARO impetrado..…” (Folios 32 al 36 de la segunda pieza [Corte de Apelaciones]). 8) Que en fecha dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos Y garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocerán en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha nueve de marzo de dos mil veintitrés dictada por la Corte de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán que otorgó el recurso de amparo interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a un incidente de nulidad alegado en la demanda ordinaria de reivindicación de dominio de propiedad para el pago de daños y perjuicio promovida por la señora GLORIA ILDAURA MEJIA contra el señor ORLANDO AURELIO MONTOYA VALLADARES. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante expuso en su acción de amparo que el acto contra el cual se reclama lo constituye la resolución de fecha cinco de abril de dos mil veintidós que inadmitió a trámite el incidente de nulidad absoluta de actuaciones interpuesto por el compareciente, el cual versa sobre la homologación hecha del acuerdo de transacción extrajudicial y el reconocimiento realizado a la señora GLORIA ILDAURA MEJIA como propietaria sobre los derechos de propiedad, derechos reales de dominio, fideicomisos y demás derechos correspondientes al bien inmueble inscrito a su favor; estipulando el Juzgado de Letras Civil que inadmite a trámite dicho incidente de nulidad por encontrarse el referido acuerdo de homologación firme y con carácter de cosa juzgada. CONSIDERANDO (5): Continúa manifestando el recurrente que se otorgaron quince días a las partes a fin de impugnar el referido acuerdo transaccional homologado por las causas que se encuentran contempladas en el Código Procesal Civil, que abarcan desde las partes que acordaron transaccionalmente hasta terceros, a quienes afectan o puedan sufrir un perjuicio una vez transcurrido este plazo, y no haciendo ninguna de las partes uso de ellos, pondrá fuerza de ejecución teniendo efecto de cosa juzgada; y al haberse opuesto esta representación sin que el tribunal lo reconociera, se está violentando el principio de legalidad, dejando en indefensión al señor Orlando Aurelio Montoya Valladares. CONSIDERANDO (6): Que el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán en su resolución de fecha cinco de abril de dos mil veintidós establece que, vista la resolución de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho, en donde se homologa el acuerdo de transacción extrajudicial, la cual se encuentra firme y con carácter de cosa juzgada, en consecuencia, inadmite a trámite el incidente de nulidad absoluta de actuaciones interpuesta; argumentando que el artículo 195 del Código Procesal Civil dispone que son resoluciones firmes aquellas contra las que no cabe recurso alguno, bien por no preverlo la ley, bien porque estando previsto hubiere transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado o porque habiéndolo presentado desistiera el recurrente o porque haya sido inadmitido a trámite definitivamente. CONSIDERANDO (7): Que la Corte Segunda de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán en su resolución establece que del estudio de los antecedentes se desprende que, si bien es cierto, el auto de fecha cinco de abril de dos mil veintidós, emitido por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán resuelve escrito de fecha uno de abril de dos mil veintidós, relacionado al incidente de nulidad interpuesto por el abogado Darwin Lindolfo García, manifestando que la resolución de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho que homologaba el acuerdo extrajudicial, se encuentra firme y con carácter de cosa juzgada, en consecuencia se inadmitió tal incidente; no menos cierto es que se aprecia en autos que el recurrente presentó en tiempo (al día 14 del plazo concedido para tal efecto) formal oposición a la homologación del acuerdo transaccional de fecha diez de agosto de dos mil dieciocho, argumentando falta de consentimiento de su representado; aun así el Juzgado resolvió de la siguiente manera: “previo a resolver lo solicitado por el compareciente, dese estricto cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho que corre a folio 1364 del expediente de mérito”. CONSIDERANDO (8): Que para la Corte Segunda de Apelaciones, dicho pronunciamiento por parte del Juzgado de Letras, omite darle trámite a la oposición planteada por el hoy recurrente, dejándolo en indefensión; por tanto, se evidencia que ha existido vulneración al derecho constitucional al debido proceso y al derecho de defensa, tal como lo manifestó en su momento el amparista. En consecuencias, esta alzada es del parecer que el presente recurso de amparo debe ser otorgado. CONSIDERANDO (9): Que del estudio de los antecedentes y del contenido de la acción de amparo interpuesta, se aprecia que la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, se encuentra apegada a derecho puesto que como bien lo expone dicha Corte de Apelaciones, el hoy recurrente presentó la oposición de la homologación del acuerdo transaccional dentro de los quince días que se le habían concedido para tal efecto; sin embargo, el Juzgado de Letras resolvió únicamente ordenando dar estricto cumplimiento al auto de fecha veinte de septiembre de dos mi dieciocho, el cual manda requerir a los demandados por medio de sus apoderados legales para que en el plazo de diez días procediera a nombrar un profesional del derecho único común; sin hacer referencia en ese auto ni en los subsiguientes a la oposición al acuerdo transaccional extrajudicial realizada por el abogado Darwin Lindolfo García. CONSIDERANDO (10): Que en ese orden de ideas, esta Sala es del criterio que la resolución que hoy se recurre en amparo debe ser confirmada, puesto que tal como se aprecia de autos y como ha quedado claramente establecido en los considerandos que anteceden, queda evidenciada la vulneración de las garantías constitucionales señaladas por el impetrante por haberse constatado que la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán en fecha cinco de abril de dos mil veintidós, en donde se establece que la homologación del acuerdo de transacción extrajudicial se encuentra firme y con carácter de cosa juzgada y consecuentemente declara sin lugar el incidente de nulidad absoluta de actuaciones, no se encuentra dictada conforme a derecho, puesto que deja en indefensión al recurrente al decir que el acuerdo transaccional se encuentra firme, cuando podemos apreciar que en el auto de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, el Juzgado resuelve únicamente en el sentido de que se dé estricto cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho, pero omite dar trámite a la oposición que en su momento planteara el abogado Darwin Lindolfo García. En consecuencia, para esta Sala de lo Constitucional, resulta pertinente confirmar la sentencia venida en consulta. CONSIDERANDO (11): Que por las razones ya expuestas en el presente recurso de amparo, esta Sala es del parecer que la resolución recurrida contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 41, 45, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 199, 487.2 del Código Procesal Civil; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha nueve de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual se otorgó el recurso de amparo interpuesto por el abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA a favor del señor ORLANDO AURELIO MONTOYA VALLADARES. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SONIA MARILINA DUBÓN VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil veinticuatro, certificación de la Sentencia de fecha catorce de diciembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal con el número SCO-0633-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.