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Sentencia AC-628-21 — Registro 16232

Resumen

Resolución que confirma desestimación de oposición por prescripción formulada con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Titulo Extrajudicial interpuesta contra impetrante como parte ejecutada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la Sala de lo Constitucional al examinar el presente caso, se da cuenta de que las partes no se comportaron como se espera de una relación cliente-profesional, sino que su relación se desarrolló como patrono-trabajador, es decir concurren los elementos necesarios para calificar a una relación laboral, mismos que el artículo 20 del Código del Trabajo enumera y que son: a) Actividad personal del trabajador; b) subordinación o dependencia del trabajador respecto al patrono quien podrá darle órdenes en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y c) un salario como retribución del servicio. Entonces, pese a que el contrato se denominó de servicios profesionales en el fondo se trataba de un contrato individual de trabajo, entendiéndose por éste como aquél por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o prestar servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de ésta, a cambio de una remuneración, (artículo 19 del Código del Trabajo). En conclusión, el nombre del contrato pretendía encubrir una relación protegida por la legislación tuitiva de lo laboral y las normas de la constitución y de los instrumentos internacionales relativas al derecho del trabajo con su espíritu de tutela a la parte más vulnerable de la relación laboral. En vista de lo anterior se descarta de manera rotunda que sea la jurisdicción contenciosa administrativa la correcta para dirimir el asunto de marras. Por lo que se concluye que este asunto se subsume en la excepción descrita en el literal a) del artículo 4 de la precitada ley, que dice: “No corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo: a) Las cuestiones de orden civil, mercantil, laboral y penal y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la Administración Pública, se atribuyan por una ley a otra jurisdicción o correspondan al Derecho Agrario…” En conclusión, procede la denegatoria de la presente garantía constitucional de amparo.”-La Sala de lo Constitucional mantiene su posición, en virtud de lo cual procede denegar la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."(8): Que esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente como ya lo dijimos, se limitó a trascribir el contenido de las normas constitucionales que considera violados. CONSIDERANDO (9): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (10): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera ninguno de los derechos constitucionales invocados por el recurrente como lo es el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en consecuencia no se vulnera el derecho a la defensa también invocado por el recurrente, toda vez que la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, observando el principio de legalidad que deben observar los impartidores de justicia al momento de emitir sus resoluciones, garantizando la supremacía de la Constitución de la República, misma que debe imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, pues se aprecia que la sentencia recurrida dictada por el Tribunal de instancia, da respuesta a cada uno de los agravios expresados en el recurso de apelación, en apego al principio de legalidad establecido en la Constitución de la República. En ese orden de ideas esta Sala reitera a manera de conclusión, como ya lo ha dejado plasmado en diferentes sentencias, que el dictado de una resolución que sea contrario a las pretensiones de las partes, no supone per se vulneración a derechos fundamentales"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de marzo del año dos mil veintitrés. VISTO: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados TONY HUMERTO RIVAS ANDINO Y DANIEL MEJIA NUÑEZ, a favor de la señora BESSY WALQUIRIA GENOVEZ CALIX, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de febrero de dos mil veinte, con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Titulo Extrajudicial promovida por el Abogado JORGE ALFREDO CALIX MINEROS en su condición de Representante Procesal de la sociedad mercantil denominada BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA), en contra de la señora BESSY WALQUIRIA GENOVES CALIX. Estimando los recurrentes que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cinco (5) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, compareció el Abogado Jorge Alfredo Calix Mineros, en su condición de Representante Procesal de la sociedad mercantil denominada Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. (Banco Ficohsa), promoviendo demanda de ejecución forzosa de título extrajudicial en contra de la señora Bessy Walquiria Genoves Calix. (Folios 1-36 del expediente del A-quo) 2) En fecha uno (01) de marzo de dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la señora Bessy Walquiria Genovés Calix, presentando escrito de oposición a la demanda de ejecución forzosa de título extrajudicial promovida por el Abogado Jorge Alfredo Calix Mineros, en su condición de Representante Procesal de la sociedad mercantil denominada Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. (Banco Ficohsa), en su contra. (Folios 42-45 del expediente del A-quo) 3) En fecha tres (03) de febrero de dos mil veinte (2020), el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, falló: “…PRIMERO: DESESTIMAR la oposición formulada por la señora BESSY WALQUIRIA GENOVÉS CALIX, como parte ejecutada, contra la Demanda de Ejecución de Titulo Extrajudicial promovida por el Abogado JORGE ALFREDO CALIX MINEROS, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA), por los argumentos esgrimidos en los fundamentos de derecho. SEGUNDO: ORDENAR que se siga adelante las actuaciones de apremio sobre los bienes de la deudora hasta obtener la cantidad de CIENTO VEINTIOCHO MIL SETENCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS (L. 128, 716.00), más intereses y costas del presente proceso. TERCERO: CON COSTAS, a la parte ejecutada. CUARTO: Quede firme el presente fallo si en el plazo de ley no se interpone recurso de apelación. NOTIFÍQUESE…” (Folios 179-180 vuelto del expediente del A-quo) 4) La Corte de Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por los Abogados Tony Humberto Rivas Andino y Daniel Mejía Núñez, en su condición de representantes legales de la señora Bessy Walquiria Genoves Calix, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos falló: “…PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha tres (03) de febrero de dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán.- SEGUNDO: Se confirma la misma. - TERCERO: SE CONDENA en costas en esta instancia al apelante.- Y MANDA. Que una vez firme la presente se devuelvan al juzgado de su procedencia los antecedentes respectivos junto con la certificación del presente fallo para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE…” (Folios 15-19 vuelto de la pieza del Ad-quem) 5) En fecha quince (15) de junio de dos mil veintiuno (2021), comparecieron ante este Tribunal, los Abogados Tony Humberto Rivas Andino y Daniel Mejía Núñez, interponiendo acción de amparo a favor de la señora Bessy Walquiria Genovés Calix, contra la sentencia relacionada en el numeral antecede, por considerar que la misma es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 6) En fecha diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por los Abogados Tony Humberto Rivas Andino y Daniel Mejía Núñez, en consecuencia, se ordenó dar la vista de los antecedentes al Fiscal, por el término de cuarenta y ocho horas para la emisión del dictamen correspondiente. (Folio 27 de la pieza de amparo) 7) Que en fecha diez (10) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Diana Elizabeth Rodríguez, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Que del estudio de la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Civil, se aprecia que en el apartado de la motivación fáctica jurídica, en el numeral tercero, señala que es errónea la argumentación expuesta por parte del apelante, pues lo que la parte ejecutante ha utilizado como título de ejecución es el contrato de apertura de crédito acompañado con la certificación de saldo emitido por el contador de la institución financiera, el cual de conformidad al artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero, adquiere el carácter ejecutivo en consecuencia es dotada de fuerza ejecutiva y cuyo plazo de prescripción es diferente al plazo de prescripción o caducidad de aquellos valores. Sobre el particular, esta representación fiscal estima que la resolución emitida por el Tribunal de Alzada se encuentra fundamentada en los artículos 166 de la Ley del Sistema Financiero y 53 de la Ley de Tarjeta de Crédito que establecen: "Los documentos de crédito, junto con el estado de cuenta certificado, serán títulos ejecutivos…", tal como acontece en el presente caso, al constar en autos la documentación que sirvió de base a la presente demanda, como ser el Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente y uso por medio de tarjeta de crédito (F.7 al 11), como la Certificación de Saldos emitida por el Contador General de BANCO FICOHSA (F.5), de fecha 22 de noviembre del 2018, en la cual se determina que la señora BESSY WALQUIRIA GENOVES CALIX mantiene obligaciones vencidas con la referida institución bancaria, estando en mora desde el 31 de julio del año 2018, indicando con precisión el saldo adeudado más los intereses normales y moratorios, precisando la suma total a cargo del tarjetahabiente. Consecuencia de lo anterior, la Corte de Apelaciones desestimó la oposición de prescripción planteada por el recurrente, por considerar que según la certificación de saldo se establece que la parte ejecutada se encuentra en mora desde el 31 de julio del 2018, -fecha a partir de la cual el saldo adeudado se convierte en una cantidad liquida y exigible- y la demanda fue presentada el cinco (5) de diciembre del 2018, por lo que la demanda de ejecución forzosa de titulo extrajudicial fue presentada en tiempo y forma, cumpliendo con todos los requisitos legales para esta clase de acción, sin esta prescrita tal como lo refiere el recurrente, de conformidad con lo establecido en el artículo 782.4 del Código Procesal Civil, cuando dispone que la ejecución forzosa procede cuando se promueve en virtud de alguno de los títulos enumerados, entre los cuales se encuentran los documentos que, por disposición de la ley, tengan reconocido este carácter de fuerza ejecutiva, siempre que de ellos surja la obligación de pagar cantidad liquida y exigible. IV. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, en virtud que la resolución impugnada vulnera el debido proceso y demás derechos constitucionales invocados por la impetrante.” (Folios 30-33 de la pieza de amparo) CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, de tal forma que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO (2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la Demanda de Ejecución de Titulo Extrajudicial promovida por la Sociedad Mercantil BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S. A. (FICOHSA) en contra de la señora BESSY WALQUIRIA GENOVES CALIX, resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia de fecha tres de febrero del año dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve DESESTIMAR la Oposición formulada por la señora Bessy Walquiria Genovez Calix, como parte ejecutada en la Demanda de Demanda de Ejecución de Titulo Extrajudicial promovida por BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S. A. (FICOHSA). CONSIDERANDO (3): Que el recurrente tanto en la interposición del recurso como en la formalización del mismo, hace una relación de los antecedentes de la causa, desde el momento en que se interpuso la demanda, hasta que la Corte Primera de Apelaciones declara Sin Lugar el recurso de apelación, centrando su argumento en los puntos siguientes: 1) Que el titular no ejercito su derecho dentro del plazo legalmente indicado en el título valor, por lo cual la acción ya es prescrita; 2) Que la sentencia de fecha tres de febrero del dos mil veinte dictada por el Juzgado de Letras Civil y la sentencia de fecha veintiséis de marzo del dos mil veintiuno, dictada por la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, no apreciaron que la obligación que firmó la señora Bessy Walquiria Genovés Calix, con la sociedad mercantil BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S. A., nació con el Contrato de Apertura de Crédito en cuenta corriente y usos por medio de Tarjeta de crédito, de fecha quince de mayo del dos mil trece, y no de una certificación de saldos emitida por el Contador General de la sociedad ejecutante; y 3) Que el contrato de Apertura de crédito en cuenta corriente y uso por medio de tarjeta de crédito, según el contenido del artículo 782 del Código Procesal Civil, no se considera un titulo de ejecución. CONSIDERANDO (4): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase[3]. El citado autor sostiene, que con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto y, consecuentemente, el acierto en las resoluciones, reduciendo al máximo los contingentes errores judiciales, por lo demás inevitable como en cualquier actividad humana. Continua el autor señalando que la posibilidad de yerro puede afectar a: * La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empleadas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir, la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos de la realización del juicio de hecho.[4] CONSIDERANDO (5): Que de los carentes argumentos esgrimidos por el recurrente en Amparo y la revisión de los antecedentes, esta Sala advierte que la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de marzo del año dos mil veintiuno, brinda respuesta a cada uno de los agravios expuestos por el recurrente, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. El recurrente en atención a su inconformidad con la resolución dictada por el Ad-quem, en un corto argumento expone además que el contrato de Apertura de crédito en cuenta corriente y uso por medio de tarjeta de crédito, según el contenido del artículo 782 del Código Procesal Civil, no se considera un título de ejecución. Pero lo cierto es que este argumento no fue expuesto en el recurso de apelación que se promoviera contra la resolución dictada por el A-quo, por ello la Corte no da respuesta al mismo, pues el tribunal de apelación no puede pues, resolver otras cuestiones que aquellas, que le han sido trasladadas, en virtud del principio “Tantum Devolutum Quantum Apellatum”. CONSIDERANDO (6): Que los derechos constitucionales que el recurrente considera vulnerados son los siguientes: Artículo 82, párrafo primero, “El derecho de defensa es inviolable.”; Artículo 90, párrafo primero, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”, los que relaciona con el artículo 64 que reza: “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuye, restringen o tergiversan.”; asimismo el recurrente invoca como vulnerados los artículos 8[5] y 30[6] de la Declaración Universal de Derechos Humanos. CONSIDERANDO (7): Que si bien el pedidor del recurso de amparo, expone que la sentencia de fecha veintiséis de marzo del dos mil veintiuno, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, violenta preceptos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República como ser el derecho de defensa y debido proceso, lo cierto es que en ninguno de los acápites del recurso, el pedidor desarrolla ninguno de ellos con expresión del porque la resolución impugnada vulnera derechos fundamentales, limitándose únicamente a la transcripción de los mismos. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente como ya lo dijimos, se limitó a trascribir el contenido de las normas constitucionales que considera violados. CONSIDERANDO (9): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (10): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera ninguno de los derechos constitucionales invocados por el recurrente como lo es el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en consecuencia no se vulnera el derecho a la defensa también invocado por el recurrente, toda vez que la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, observando el principio de legalidad que deben observar los impartidores de justicia al momento de emitir sus resoluciones, garantizando la supremacía de la Constitución de la República, misma que debe imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, pues se aprecia que la sentencia recurrida dictada por el Tribunal de instancia, da respuesta a cada uno de los agravios expresados en el recurso de apelación, en apego al principio de legalidad establecido en la Constitución de la República. En ese orden de ideas esta Sala reitera a manera de conclusión, como ya lo ha dejado plasmado en diferentes sentencias, que el dictado de una resolución que sea contrario a las pretensiones de las partes, no supone per se vulneración a derechos fundamentales. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 59, 80, 82, 90, 92, 95, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por los abogados TONY HUMBERTO RIVAS ANDINO Y DANIEL MEJIA NUÑEZ, a favor de la señora BESSY WALQUIRIA GENOVES CALIX, contra la resolución de fecha VEINTISEIS (26) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada DUBÓN VILLEDA.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN PADILLA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha dos de marzo de dos mil veintitrés, recaídas en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-628-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.

[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

[3] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 25.

[4] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 30 y 31.

[5] Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

[6] Artículo 30. Nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.